¿Por qué la policía necesita reconectarse con lo local?

Las definiciones respecto a qué significa que la población esté y se sienta segura ha ido cambiando a lo largo de los años. Sin duda, la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y las restricciones sociales sin precedentes que se impusieron para limitar su extensión han tenido un efecto acelerador en este cambio de paradigma. Dentro de este contexto, las fuerzas y cuerpos de seguridad se enfrentan al reto de recuperar la percepción de seguridad en aquellos lugares que dejaron de ser percibidos como seguros, para que la ciudadanía pueda volver a disfrutar de sus libertades sin miedo y en armonía con los demás. En este sentido, el centro de estudios británico The Police Foundation ha publicado un artículo en el que aboga por recuperar el trabajo de los policías locales en el terreno y así reconectar con la ciudadanía, para mejorar la percepción de seguridad de la población. En FEPSU te compartimos algunas de sus conclusiones.

Cambios de paradigma

En el artículo Police in place. Why the police need to reconnect locally, el director de investigación de The Police Foundation, Andy Higgins, hace un repaso sobre cómo a lo largo de los últimos años emerge en distintas partes del mundo una sensación de deterioro local, que lleva a la población a percibir como inseguros lugares que antes eran vistos como espacios públicos seguros.

Al mismo tiempo, la Covid-19 no solo redujo durante un tiempo el rango de lugares en los que desarrollábamos nuestras actividades, sino que también nuestras rutinas diarias de pronto se vieron cubiertas por un peligro invisible y por un mayor escrutinio, aprehensión e indignación hacia las acciones de aquellos con quienes compartimos nuestros espacios. Por este motivo, para Higgins, se vuelve necesario repensar lo que significa estar y sentirse seguros en el espacio público y entre nuestros vecinos y vecinas, mientras emergemos hacia un mundo diferente después de haber experimentado una pandemia global.

Dentro de este contexto, se hace necesaria una acción policial preventiva y cercana a la población, que actúe desde los barrios para atajar aquellas problemáticas sociales que se dan a nivel local.

No perder de vista lo local

Higgins explica que la tarea de las agencias encargadas de mantener la seguridad se ha complejizado en esta era moderna, en la que las personas viven interconectadas y se relacionan entre ellas en distintos dominios, físicos y virtuales, los cuales contienen riesgos para la seguridad. Además, debido a esta complejidad, muchas veces los problemas locales de los vecindarios parecen triviales y se les acaba dedicando menos recursos y espacios de reflexión.

«Nuestra búsqueda por respuestas a los problemas sociales que sean más sofisticadas, basadas en la evidencia y eficientes también nos ha empujado hacia lo universal y nos ha alejado de lo situado. Hemos estado, quizá, muy ocupados buscando lo que funciona, sin tener en cuenta que muy pocas cosas funcionan igual en todos lados, y que las intervenciones basadas en los lugares, específicas y orientadas a problemas concretos suelen tener resultados más efectivos», señala el investigador de The Police Foundation.

Por este motivo, en la actualidad se vuelve más necesario que nunca prestar atención a las particularidades de cada lugar y las relaciones que estas generan, para poder entender mejor lo que hace que los lugares sean más o menos seguros y que la gente que vive en ellos se sientan más o menos seguros.

No solo hace falta recuperar modelos de policía comunitaria de décadas pasadas o replicar estrategias de resolución de conflictos predeterminadas, sino que hoy más que nunca se hace necesario reconectar con el compromiso de desarrollar un entendimiento sofisticado de las necesidades de la comunidad junto a la necesidad de la policía de estar realmente presente en los lugares, hablar con las personas que viven y pasan tiempo ahí, así como entender los problemas en sus contextos locales.

Una policía situada

La gestión de las restricciones sociales aplicadas durante la pandemia de la Covid-19 nos ha dejado muchas enseñanzas respecto a lo que debe ser la acción policial de proximidad. Durante los meses más duros de la crisis sanitaria, la policía se vio ante un nuevo reto: ¿cómo conseguir la complicidad de la población para implementar las medidas de control social más restrictivas para la vida de las personas desde la Segunda Guerra Mundial?

La naturaleza de estas normas, que no podían ser impuestas, empujaron a los policías, sobre todo locales, a buscar el consenso y activar la complicidad de la población a través de la persuasión. Sin embargo, esto no fue igual de sencillo en todos los lugares, ya que cada contexto presenta sus propias particularidades respecto a la relación entre agentes policiales y población.

Como destaca Higgins, «la gente sigue reglas y coopera con los agentes, no porque teman las consecuencias de una desobediencia, sino porque creen que es lo correcto que hay que hacer». Por lo tanto, la única forma de conseguir legitimidad y autoridad a partir de la cual provocar la complicidad y la cooperación de la ciudadanía es que los agentes locales de policía sean percibidos como justos, bienintencionados, dignos de confianza y respetuosos, así como personas capaces de escuchar y permitir que los demás se expresen.

«Solo una policía arraigada en el terreno, conectada con las comunidades y familiarizada con las historias que viven y explican, puede generar un entendimiento mutuo y conseguir la confianza en las comunidades», subraya el director de investigación de The Police Foundation. Por estas razones es vital que la policía sea capaz de tener a la población de su lado cuando suceda lo inesperado o cuando la situación social se ponga tensa. Esto significa recolocar a los agentes policiales ahí donde puedan escuchar, hacer contacto cercano, volverse familiares y llegar a conocer y a sentir y comprender algo de lo que significa estar y vivir en ese lugar y en ese momento concreto.

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones la importancia de que la policía local trabaje con distintos actores relevantes para la comunidad, desde el municipio y los agentes sociales, hasta las autoridades estatales o regionales. Por ejemplo, hemos destacado los beneficios y las limitaciones de las aplicaciones de alerta de delitos para mejorar la prevención y la seguridad. También nos hemos preguntado qué tan efectiva es la vigilancia policial predictiva o cómo funciona la tecnología de sensores portátiles y su potencial para la seguridad en el trabajo de las policías locales. Síguenos en Twitter y Facebook para estar al tanto de los próximos artículos, eventos y novedades.

Involucrar a la ciudadanía para conseguir un ocio nocturno seguro

El ocio nocturno es una de las actividades de gestión más compleja por lo que respecta a la seguridad urbana, ya que en él intervienen distintos actores con intereses dispares y, en ocasiones, confrontados. La pandemia de la Covid-19 ha complejizado aún más esta relación entre seguridad y vida nocturna, ya que ha supuesto el cierre temporal o la limitación de horas de actividad de la mayoría de establecimientos de ocio, así como el traslado de la mayor parte de esta actividad a espacios públicos al aire libre. Por ello, para la prevención de conflictos y la garantía de la convivencia durante la vida nocturna se hace necesario el diálogo entre los distintos actores implicados: empresas privadas, policías locales, entidades vecinales y administraciones, entre otros. En Barcelona, el ayuntamiento ha querido hacer una apuesta firme por un mejor abordaje de esta problemática y ha anunciado la creación de una ‘Mesa ciudadana por una noche cívica y segura’, en la que se sentarán representantes de distintos sectores de la sociedad para compartir sus propuestas. En FEPSU te lo explicamos. 

Un diálogo múltiple para mejores soluciones

La ‘Mesa ciudadana por una noche cívica y segura’ de Barcelona se constituirá en noviembre de 2021 y estará compuesta por servicios públicos del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya y por entidades sociales y económicas de la ciudad, como asociaciones vecinales y gremios de hostelería, ocio nocturno y restauración, así como representantes de los grupos políticos municipales. El objetivo de la mesa será recoger las reflexiones sobre el ocio nocturno de todos los sectores implicados para generar propuestas que se puedan aplicar entre la primavera y el verano del año 2022.

Otra de las metas de este espacio de debate es hacer un abordaje integral del fenómeno del ocio y las actividades nocturnas en Barcelona desde los diversos sectores de la ciudad que están relacionados. Será un espacio donde generar propuestas de actuaciones a medio y largo plazo para una noche cívica y segura en la ciudad.

Como explican desde el Ayuntamiento de Barcelona, la mesa tiene una finalidad eminentemente propositiva y se pedirá a todos los integrantes que aporten propuestas, ya sean de carácter general o relacionadas directamente con sus ámbitos de actuación. El análisis de las actividades de ocio nocturno y las propuestas que se realicen en este debate ciudadano servirán de referente para el diseño de planes de actuación. Como por ejemplo, para el Plan de Actuación para una Noche Cívica y Segura que, coordinado por el Área de Prevención y Seguridad del consistorio, se elaborará y se presentará ante los miembros de la mesa.

Un plan de actuación para el ocio nocturno

El Plan de Actuación para una Noche Cívica y Segura que ha de surgir de las discusiones llevadas a cabo en la mesa diseñará y ejecutará propuestas para abordar las diferentes dimensiones del fenómeno de las concentraciones en el espacio público: dimensiones policiales, de gestión y de mantenimiento del espacio público, así como de gestión de conflictos, limpieza, comunicación y sensibilización, inspecciones, procesos de mediación, medidas alternativas a la sanción, sanciones y apoyo a actividades de ocio alternativo.

La creación de la mesa y el diseño del Plan de Actuación son dos nuevas acciones que llevará a cabo el Ayuntamiento de Barcelona para hacer frente al fenómeno de las concentraciones en el espacio público como actividad de ocio nocturno y que se suman a las diferentes actuaciones a corto y medio plazo que se han realizado por parte del consistorio para contener el fenómeno. 

Por un lado, se han reforzado los dispositivos de mantenimiento del espacio público y los dispositivos de la Guardia Urbana de Barcelona. En este sentido, el Plan de Verano del cuerpo de policía barcelonés ya preveía estas situaciones y por ello se diseñó un dispositivo de verano revisable semana a semana para poder adaptarse a los nuevos requerimientos. Desde principios de la época estival se ha puesto en marcha un dispositivo específico, compartido y coordinado con el cuerpo de Mossos d’Esquadra, para actuar en el espacio público priorizando el descanso vecinal y el cumplimiento de las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia. Gracias a este dispositivo, se ha desalojado un total de 271.000 personas de más de 2.000 espacios de la ciudad, donde se han encontrado concentraciones de entre 50 y 3.000 personas.

Además, se han incorporado 400 nuevos agentes de Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra que se han destinado prioritariamente a preservar los entorno vecinales. La mitad del dispositivo nocturno de la policía local de la ciudad se dedica a la prevención y la gestión de las incidencias que puedan ocasionar estas concentraciones y mantienen una interlocución con las vecinas y vecinos de las zonas más afectadas por el fenómeno desde el primer día y de forma periódica, pues su implicación es de máxima importancia para encontrar las soluciones más adecuadas. 

La seguridad en la vida nocturna, un reto

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones los distintos retos que supone para la seguridad urbana la gestión del ocio nocturno, así como las mejores estrategias de prevención de conflictos de convivencia ocasionada en las ciudades por este tipo de actividades. El Foro Europeo de Seguridad Urbana (Efus), por ejemplo, se ha interesado ampliamente por resaltar aquellos proyectos innovadores que trabajan por buscar una vida nocturna segura en las ciudades, sobre todo aquellas iniciativas locales que consiguen diversificar los espacios y promover nuevas actividades de ocio, que son dos elementos claves para garantizar una buena convivencia entre la ciudadanía y el ocio nocturno.

En este espacio también hemos compartido las principales conclusiones del proyecto ToNite, un estudio multidisciplinar de la vida nocturna y una investigación etnográfica y social sobre la percepción local de la seguridad urbana durante la noche desarrollado en la ciudad de Torino (Italia), la cual ha compartido diversas herramientas y métodos para mejorar el empoderamiento y el diálogo con la comunidad para una mejor gestión del ocio nocturno; prácticas que pueden ser fácilmente replicadas en distintas ciudades. 

Finalmente, en FEPSU también hemos analizado cómo la vida nocturna se ha visto particularmente afectada por las restricciones relacionadas con la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Ahora que la pandemia parece estar más controlada en la mayoría de países de la Unión Europea, los municipios europeos buscan reiniciar la vida nocturna, sin que esto implique un problema a la hora de garantizar la seguridad de estos espacios. En esta pieza te contamos algunas de las propuestas del grupo de trabajo sobre vida nocturna y seguridad de Efus, que intentan responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo reiniciar la vida nocturna de forma segura?

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Aplicaciones móviles de alerta de delitos: beneficios y limitaciones

En seguridad urbana, la tecnología se puede utilizar para promover un modelo de seguridad integrado, en el que la misma se coproduce con la ciudadanía. La población suele participar a través de las redes sociales en sus diversas formas: plataformas, redes, aplicaciones o servicios de mensajería. También existen aplicaciones móviles de alerta de delitos, que funcionan de diferentes formas y para distintos propósitos. Algunas tienen como objetivo recopilar información sobre los niveles de criminalidad en una ciudad y ofrecer orientación general a las víctimas. Otras se centran en delitos específicos, como delitos de odio o violencia contra la mujer. Por otro lado, algunas ofrecen un canal de comunicación directo con los servicios de la policía local o con instancias de apoyo a las víctimas, mientras que otros solo ofrecen apoyo entre pares. El proyecto Cutting Crime Impact (CCI) ha recopilado distintas iniciativas de este estilo en una guía informativa, para analizar su impacto en las realidades locales. En FEPSU te compartimos algunos de los puntos más interesantes de la misma. 

Empoderar e informar

Las aplicaciones de alerta de delitos pueden ayudar y empoderar a las víctimas de diferentes formas. Al aclarar sus derechos legales y proporcionar información sobre los servicios de apoyo a las víctimas y los posibles pasos siguientes, estas aplicaciones permiten a la ciudadanía tomar una decisión informada con respecto a sus opciones. Pueden ayudarlos a navegar lo que podría ser una red confusa de servicios disponibles para ellos, permitiéndoles tomar el control de la situación. 

Las aplicaciones también pueden empoderar a los grupos discriminados o vulnerabilizados, como los miembros del colectivo LGBTIQ+, para buscar apoyo en casos de violencias o discriminaciones experimentadas y así denunciarlo, si no formalmente a la policía, al menos de forma anónima a través de la aplicación, proporcionando un importante primer paso en el proceso de denuncia antes de acudir a las autoridades.

Información e impacto en políticas públicas 

Además de empoderar y apoyar a las víctimas, las aplicaciones de alerta de delitos pueden ser una fuente de información sobre los tipos de delitos que a menudo no se denuncian. Pueden esclarecer realidades que no se reflejan en las estadísticas oficiales sobre delincuencia. Esto plantea una serie de preguntas: ¿A quién se debe informar de las alertas: a las autoridades locales u otras instancias, como los servicios de apoyo a las víctimas? ¿Cómo pueden los agentes de seguridad locales trabajar en respuestas conjuntas con otros servicios?

Estas aplicaciones pueden también tener impactos en las políticas públicas. Como fuente de información, las aplicaciones de alerta de delitos pueden ayudar a las autoridades a comprender mejor las experiencias de los diferentes colectivos de la comunidad y adaptar sus políticas públicas a las necesidades reales. También puede fomentar respuestas que incluyan a todas las partes interesadas relevantes en la elaboración de soluciones. Además, estas aplicaciones móviles pueden permitir asociaciones con el sector privado e integrar su experiencia en la creación de bases de datos sobre delitos no denunciados. 

Implicaciones sociales y éticas

A pesar de los beneficios que estas aplicaciones, su mal manejo también puede significar consecuencias negativas para la población y para determinados colectivos. Existe el riesgo de que los datos recopilados de las aplicaciones de alerta de delitos se utilicen de formas que lleven a la estigmatización de los vecindarios. Por ejemplo, la idea de utilizar ubicaciones de alerta para crear un «mapa de calor» puede implicar sesgos de varios tipos.

La activación de una alerta puede basarse en una percepción de inseguridad básicamente subjetiva del usuario, más que en una situación objetiva de peligro. Estos sentimientos subjetivos se proyectan en los barrios, ya que lo que una persona encuentra inspirador en un entorno concreto, otra persona puede encontrarlo inseguro y aterrador. Además, estas percepciones de inseguridad pueden estar generadas a partir de prejuicios conscientes o inconscientes, lo que lleva a la discriminación en la recopilación de datos. Una posible falta de diversidad en la base de usuarios de una aplicación puede exacerbar este problema, y existe el peligro de que el tamaño de la muestra de usuarios sea demasiado pequeño para usarse como base para conclusiones generales.

Además, las aplicaciones que dependen de una comunidad abierta de usuarios para recibir y responder a alertas pueden correr el riesgo de ser infiltradas por personas con la intención de robar datos o utilizarlos para cometer delitos. Una mala encriptación puede permitir monitorear las alertas y, por ejemplo, acceder a la ubicación de una víctima en peligro, poniéndola en mayor riesgo.

Por otro lado, existen varios riesgos de protección de datos asociados con las aplicaciones de alerta de delitos. En primer lugar, los usuarios anónimos o pseudoanónimos podrían combinar sus datos con otros conjuntos de datos y registros, lo que podría significar que un usuario no puede permanecer inidentificable cuando lo desee. Los marcos legales existentes, en particular el marco de protección de datos de la UE, no abordan las técnicas de análisis de datos en evolución que podrían llevar a tal compromiso del anonimato. También existe la preocupación de que estas aplicaciones contribuyan a una sutil erosión de la privacidad por parte de la tecnología, ya que algunos pueden argumentar que su seguimiento de la ubicación de los usuarios es una forma de vigilancia.

Buenas prácticas 

A pesar de estas dificultades, el proyecto CCI ha decidido resaltar aquellas aplicaciones que por sus buenas prácticas están teniendo resultados satisfactorios. Una de ellas, por ejemplo, es App-Elles, una app gratuita de seguridad personal contra la violencia de género, desarrollada en 2015 por Resonantes, una organización francesa sin fines de lucro que aborda la violencia contra mujeres y niñas. La aplicación tiene dos propósitos principales: proporcionar ayuda y recursos y proporcionar una funcionalidad de alerta.

En España, en cambio, el Instituto de Derecho y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha desarrollado la aplicación RightsApp, financiada por el programa de Justicia de la Unión Europea. Su principal objetivo es empoderar a los ciudadanos europeos cuando se convierten en víctimas de delitos y ofrece servicios como una conexión directa con los servicios de emergencia, un recopilatorio de información sobre los derechos de las víctimas y la opción de buscar entidades como comisarías, centros de apoyo y consulados, por ciudad, país y tipo de entidad.

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones las posibilidades de la tecnología para garantizar una buena prevención del delito y un mantenimiento de la seguridad urbana. Por ejemplo, hemos destacado una aplicación móvil para mejorar la seguridad y la prevención impulsada por el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, hemos analizado cómo usar la tecnología para prevenir amenazas a la seguridad y también hemos abordado los criterios éticos para un buen uso de la inteligencia artificial. Síguenos en Twitter y Facebook para estar al tanto de los próximos artículos, eventos y novedades.

Las redes, primer eslabón para una prevención de los delitos de odio

Los delitos de odio han en ido aumento en España en el último año. El primer trimestre de 2021 ha visto especialmente una tendencia al alza en este tipo de crímenes, sobre todo en lo que se refiere a aquellos motivados por la orientación sexual, los cuales se han incrementado en un 43% respecto al mismo período del año pasado. Ante esta realidad, las distintas administraciones —estatales, autonómicas y locales— están tomando medidas para prevenir este tipo de situaciones. En concreto, la Fiscalía General del Estado ha anunciado la implementación de un protocolo para combatir los discursos de odio en Internet, como una estrategia clara para atajar este tipo de delitos antes de que ocurran y garantizar así una mejor prevención. En FEPSU te explicamos las distintas acciones que se están desarrollando en el país y reflexionamos alrededor de los datos más recientes sobre este tipo de crímenes. 

Un protocolo interinstitucional

La Unidad Especializada de Criminalidad Informática de La Fiscalía General del Estado ha puesto en marcha a inicios de septiembre los diferentes procedimientos del protocolo para combatir el discurso de odio en línea. Dicho protocolo fue suscrito a inicios de 2021 por la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, distintas secretarías de Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, así como por organizaciones de la sociedad civil y por empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos. 

El protocolo se enmarca en el acuerdo interinstitucional para colaborar en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia, el cual fue suscrito el 19 de septiembre de 2018. De esta manera, la Unidad Especializada de Criminalidad Informática se encargará de forma preferente de gestionar la retirada o el bloqueo en el entorno digital de aquellos contenidos ilegales, para garantizar así el ágil y efectivo cumplimiento de la ley y la debida protección de las víctimas y personas vulnerables.

La implementación de este protocolo tiene especial importancia si se tiene en cuenta que la propia Fiscalía constata en su Memoria 2020 que las redes sociales han sido el medio principal a través del cual se ha vehiculado la mayoría de delitos de odio por motivo ideológico, los cuáles han ido en aumento en el último año. La orientación sexual, el racismo y lo xenofobia, sin embargo, continúan siendo los motivos más numerosos de crímenes discriminatorios. Además, la Unidad de Criminalidad Informática ha alertado también de una progresión de las conductas en línea que atentan contra la libertad sexual, sobre todo de los menores de edad. 

Los delitos de odio, en aumento

Según los datos más recientes del Ministerio de Interior, en los últimos siete años los delitos de odio han aumentado un 9% en España. En 2020 se reportaron un total de 1.401 crímenes de este tipo, aunque hay que tener en cuenta que los datos del año anterior han estado condicionados por la pandemia y el confinamiento domiciliario. Si se toma en cuenta 2019, el último antes de la crisis sanitaria, el aumento respecto a 2014 es del 33%

Por otro lado, los delitos específicos por orientación sexual han tenido también una tendencia al alza. A pesar del confinamiento y de la reducción de los delitos en general durante el 2020, en ese año se registraron prácticamente los mismos delitos de odio por orientación sexual que en 2019: 282 frente a 283. Un dato que lleva a pensar que, de no haber existido las restricciones de movilidad e interacción social provocadas por la Covid-19, las cifras de delitos en 2020 habrían sido mayores que en 2019. 

En Catalunya, el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha llegado a reconocer que existen “grupos de gente que quedan para salir a cazar” a personas homosexuales o con otra identidad sexual diversa. Un hecho especialmente preocupante si se tiene en cuenta que según el Ministerio del Interior los delitos de odio por orientación sexual han crecido un 43% en el primer trimestre de 2021 y que en ese mismo período han salido a la luz diversos casos de agresiones a personas del colectivo LGTBI que han levantado la indignación social debido a su crudeza, como puede ser el asesinato de Samuel Luiz en A Coruña a principios de julio.

Debido a estos casos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para el 10 de septiembre una reunión extraordinaria de la Comisión de seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio que servirá para actualizar los criterios para que un delito sea reconocido como tal y adoptar los cambios pertinentes para mejorar su prevención.

Estrategias locales

Desde las administraciones locales se han ido desarrollando distintas estrategias para abordar los discursos de odio y garantizar así una mejor prevención de las muestras de intolerancia y discriminación. En 2017, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha la campaña #BCNvsOdi, la cual, a través de una página web y de distintas acciones en el espacio público, busca ser una plataforma de divulgación y sensibilización en materia de lucha contra el discurso de odio, tanto en su manifestación en línea como fuera de Internet, con información, materiales y recursos pedagógicos, informativos y de análisis para la ciudadanía.

Recientemente y en el mismo sentido, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha puesto en marcha la campaña de sensibilización La fuerza de las palabras, que busca divulgar experiencias, sentimientos y vivencias de los ciudadanos del municipio para generar narrativas interculturales que se enfrenten a los mensajes de odio y de crispación que se leen en las redes sociales

En FEPSU hemos reflexionado en distintas ocasiones sobre la importancia de la prevención a la hora de abordar los delitos de odio. Por ejemplo, hemos analizado cómo abordar la discriminación y promover la igualdad a través de los Derechos Humanos, así como la necesidad de ampliar la definición de acoso sexual para una mejor prevención o hemos desgranado también las cifras del racismo y la xenofobia, como principales causas de discriminación. ¡Únete a la conversación para conseguir una mejor seguridad urbana!

¿Cuál es la clave para garantizar espacios públicos seguros que beneficien a todos?

El mantenimiento de espacios públicos seguros y abiertos es un factor clave en el bienestar de las comunidades, ya que producen resultados positivos en la salud de la ciudadanía, el medio ambiente y la economía. Sin embargo, las bondades de los espacios públicos no se distribuyen de forma uniforme: diversas investigaciones demuestran que dentro de las ciudades, las personas racializadas y de bajos ingresos tienen más probabilidades de vivir en barrios mal mantenidos y que carecen de espacios de esparcimiento. En este sentido, una investigación de Brookings Institution, una organización estadounidense que trabaja en el análisis de políticas públicas a nivel local, nacional y global, se ha propuesto examinar los impactos holísticos de las inversiones en espacio público más allá de los datos, para ver cómo se distribuyen sus beneficios en la población. En FEPSU te compartimos algunas de sus principales conclusiones.

Inversiones con beneficios desiguales

Incluso en barrios donde hay equipamientos de calidad, sus beneficios pueden estar distribuidos de manera desigual. Esto se debe a que muchos de los indicadores económicos tradicionalmente relacionados con las inversiones en espacios públicos (como el generar valores más altos de terrenos y propiedades) pueden no afectar de manera directa a ciudadanos de bajos ingresos o pequeñas empresas, particularmente aquellos que alquilan sus hogares o arrendan sus locales de negocio. Estos supuestos beneficios podrían, incluso, llegar a impulsar el desplazamiento de una población más empobrecida, que no puede hacer frente al aumento de los precios del alquiler en los barrios renovados. 

Es por este motivo que, según las investigadoras Hanna Love y Cailean Kok, es necesario mirar más allá de los indicadores tradicionales de valor económico para poder examinar los impactos reales de las inversiones en espacios públicos y cómo esto puede ayudar a la convivencia o incluso prevenir o reducir la delincuencia. Para hacer un análisis más profundo habría que preguntarse: ¿Quién se beneficia del valor que producen los espacios públicos? ¿Cómo se asignan dichos beneficios a los residentes de distintos orígenes, ingresos y estatus social en una comunidad? ¿Producen los espacios públicos beneficios adicionales que las medidas tradicionales de evaluación no están capturando? ¿Cómo se puede aprovechar el poder de las inversiones en espacios públicos para beneficiar a más personas en más lugares? 

Para intentar responder a estas preguntas, las autoras de la investigación han decidido ir más allá de los datos numéricos y han realizado un extenso trabajo de campo en tres ciudades estadounidenses que han experimentado conflictos sociales a lo largo de los años y con tasas de pobreza más altas que la media del país: Flint (Michigan), Albuquerque (Nuevo México) y Buffalo (Nueva York). En estas localidades se han realizado entrevistas para examinar la percepción de la ciudadanía, los pequeños negocios y otros actores interesados. A continuación compartimos algunas de las conclusiones de las autores en relación con cómo los espacios públicos pueden reducir o exacerbar las brechas sociales o promover la cohesión social.

Un diseño intencionado

Los primeros meses de la pandemia de la Covid-19, en que millones de personas redujeron sus vidas a sus hogares y los límites de su barrio, demostraron que la capacidad de vivir en un lugar donde se puedan satisfacer las necesidades diarias de forma segura es un privilegio de unos pocos. La desigualdad en el acceso a supermercados, espacios verdes y calles seguras jugó un papel muy importante en las consecuencias dispares que la pandemia ha tenido en la población de distintas clases sociales. 

Sin embargo, a pesar de que existe evidencia sobre la efectividad de la inversión en espacios públicos para reducir las brechas sociales, también hay un considerable número de investigaciones que apuntan a que las inversiones en espacios públicos pueden también aumentar las tensiones sociales y la desigualdad al no beneficiar a los residentes y negocios tradicionalmente excluidos o al priorizar la inversión en ciertos barrios, al mismo tiempo que se excluye a otros.

Como bien apuntan las investigadoras Hanna Love y Cailean Kok, los planificadores urbanos y las autoridades locales deben ser “intencionales en el diseño”, ya que si los espacios públicos están diseñados para un “público” o un “usuario medio”, es probable que acaben siendo excluyentes y que no logren su objetivo de generar cohesión social. Además, en este diseño intencionado se deben tener en cuenta todas las características relacionadas con la seguridad, como la presencia de la policía o los mecanismos de vigilancia.  

En los casos estudiados en la investigación del Brookings Institution se pudo ver, por ejemplo, que para garantizar la seguridad en los espacios públicos hay que conseguir inversiones que, aunque centradas en un barrio en concreto, consigan extender sus beneficios también a los barrios periféricos y así evitar que haya disputas entre los residentes de uno y de otro vecindario. En este sentido, también es relevante no diseñar espacios públicos para un conjunto generalizado de la población, sino hacerlo para llegar a quienes tienen más probabilidades de ser excluidos. 

De esta manera, queda claro que no hay una relación directa entre inversión en espacios públicos y una mayor cohesión social. Por el contrario, ciertas renovaciones del espacio público, diseñadas para beneficiar a los residentes de toda la ciudad en lugar de apuntar a aquellos que puedan estar más excluidos, pueden exacerbar las desigualdades sociales y de esta manera repercutir en la percepción de seguridad de los mismos espacios públicos. Por este motivo es clave que las autoridades locales garanticen que las inversiones en espacios públicos beneficien a todas las personas y que estén emparejadas también con un sólido apoyo a la infraestructura comunitaria crítica en los vecindarios más cercanos. 

Si quieres leer la investigación completa elaborada por la Brookings Institution, puedes visitar la página web del centro. En FEPSU hemos abordado la importancia del mantenimiento del espacio público y de la planificación urbana para la prevención del delito y la garantía de una seguridad urbana. A continuación te dejamos una serie de artículos en donde analizamos estos aspectos: