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Las movilizaciones antirracistas que han sacudido Estados Unidos en los últimos meses han abierto un debate importante en el país sobre la prevención de la violencia: ¿Están dispuestas las ciudades a reducir el gasto policial para invertir más en programas comunitarios? El director ejecutivo de Cities United, Anthony Smith, y la directora ejecutiva del Prevention Institute, Rachel Davis, explican, en un artículo publicado en The Trace, cómo la pandemia del coronavirus está suponiendo recortes presupuestarios para proyectos que han demostrado ser efectivos en la prevención de la violencia armada. En FEPSU traducimos y compartimos algunos de los puntos más importantes de su propuesta.

Muchas ciudades en Estados Unidos experimentaron un pico de violencia con armas de fuego desde el inicio de la pandemia. La crisis provocada por la Covid-19 ha dejado a millones de personas desempleadas y luchando por mantener sus viviendas y poner comida en la mesa, creando un nivel de estrés sin precedentes. Esta situación tensó aún más la relación entre la ciudadanía y la policía, especialmente en el caso de la comunidad afroamericana tras las muertes de Breonna Taylor, Tony McDade y George Floyd. 

Una de las demandas del movimiento Black Lives Matter, que salió a las calles tras los recientes casos de violencia policial hacia personas negras, ha sido la del desvío de fondos de las fuerzas del orden hacia recursos comunitarios que apoyen a crear comunidades seguras y equitativas en primer lugar. Sin embargo, está pasando lo contrario: muchos gobiernos locales han anunciado recortes presupuestarios en programas con un historial comprobado de reducción de la violencia diaria, que amenaza sobre todo la seguridad y el bienestar de las comunidades afroamericanas. ¿Por qué es vital que las ciudades mantengan proyectos de prevención con un enfoque de salud pública?

Éxito contrastado de los programas de prevención

Tanto Smith como Davis señalan en su artículo que en Estados Unidos ha habido muchos casos de éxito de los proyectos comunitarios para prevenir la violencia. En enero, Milwaukee informó que ha tenido descensos constantes en las tasas de homicidio desde 2015, y en 2019 tuvo menos de 100 homicidios por segundo año consecutivo. Filadelfia registró una reducción del 55% en los asesinatos involucrados en grupos o miembros de pandillas entre 2011 y 2015. En 2019, West Palm Beach, Florida, registró una disminución de los homicidios del 29%.

Y aunque muchas de estas ciudades han vuelto a experimentar incrementos en la violencia tras la llegada de la pandemia del coronavirus, ahora es más necesario que nunca redoblar los esfuerzos en estos programas que han demostrado ser efectivos a largo plazo en la reducción de la inseguridad. Smith y Davis apuntan que el éxito de estos proyectos depende de dos factores clave: el desarrollo de planes integrales en cooperación con residentes, organizaciones sin fines de lucro y diversos agentes de la ciudad; y el empleo de un enfoque de salud pública para prevenir la violencia armada.

¿Qué es un enfoque de salud pública?

Una particularidad de los programas comunitarios de prevención que han tenido éxito en Estados Unidos es que han estado basados en un enfoque de salud pública. ¿Qué significa esto? Para empezar, se trata de planes integrales que reconocen el racismo y otras formas de discriminación como causas estructurales de muchos de los problemas de convivencia que tenemos en la actualidad en nuestras ciudades. Además, este tipo de enfoque se basa principalmente en los datos para observar el perfil específico de la violencia en una comunidad y permitir así que los actores que trabajan para la prevención se centren en las acciones que tendrán un mayor beneficio a un menor coste. 

Los planes de prevención con un enfoque de salud pública se forman a partir de las condiciones específicas de cada comunidad y están diseñados para ser colaborativos, ya que el proceso de desarrollo del proyecto reúne a los miembros de la comunidad con personas que representan a los sectores médicos, educativos, a las fuerzas del orden público, los servicios sociales y otros actores locales importantes que están representados en un plano de igualdad. Por último, es un enfoque que promueve que sean los propios afectados por la violencia quienes propongan soluciones y proporciona también un espacio para que los residentes de la comunidad puedan procesar su trauma. 

La prevención cuesta menos

Los programas de prevención comunitaria, además de tener un éxito contrastado en la reducción de la violencia a largo plazo, suponen también un menor gasto en recursos para las ciudades que los implementan. Sobre todo si se compara con el coste que supone responder a la violencia cuando esta ya se ha desarrollado en el espacio público: transporte de efectivos, atención de trauma y otros costos médicos, investigaciones policiales y costos de fiscales y defensores públicos, entre otros.  

Por este motivo, la coalición Liberate MKE, liderada por la African-American Roundtable en Milwaukee, defendió antes de la pandemia que debían incrementarse los fondos de los programas de prevención. Esta organización consiguió que se dirigieran con éxito 900 millones de dólares del presupuesto del Departamento de Policía para el empleo juvenil, viviendas asequibles de calidad y diversos esfuerzos de prevención de la violencia. Según Smith y Davis debería apostarse por medidas como esta no solo en el resto de ciudades de Estados Unidos, sino en el mundo entero, si lo que se quiere es que las ciudades brinden seguridad a las comunidades más desfavorecidas.

Anthony Smith es el director de Cities United, una red nacional de 130 alcaldes, comprometida con la creación de comunidades seguras, saludables y esperanzadoras. Rachel Davis es directora ejecutiva del Prevention Institute, una organización sin fines de lucro que trabaja en programas de prevención. Si quieres leer más artículos en los que se proponen estrategias de seguridad urbana, no te olvides de visitar el blog de FEPSU.


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