Violencia y paz en las ciudades

Las ciudades juegan un rol central en el desarrollo de sociedades democráticas donde se favorezca la equidad, la justicia, la convivencia y el respeto hacia los derechos humanos. En este contexto, donde el mundo es cada vez más urbanizado, ¿cuáles son los tipos de violencia que se presentan en las ciudades y que ponen en peligro la paz social de los entornos urbanos? El informe La violencia y la paz en las ciudades, más allá de la seguridad hegemónica, elaborado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau (Delàs) y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), intenta responder a esta y otras preguntas a través de una visión sobre las políticas de seguridad donde se replantean las definiciones relacionadas con la violencia directa y la seguridad de las personas. En FEPSU te compartimos algunos de los enfoques más interesantes de esta investigación. 

Comprendiendo la violencia

El informe elaborado por la investigadora del Centre Delàs, Tica Font, y el investigador del IDHC, Karlos Castilla, parte de un marco conceptual que repiensa el concepto de la paz. Como señalan la autora y el autor del documento, “la paz no se contrapone a la guerra sino a la violencia, una violencia que se expresa por diversas vías o tipos”. 

Entre los distintos tipos de violencia que operan en el día a día de las ciudades no se encuentra solo la violencia directa, donde se incluyen el maltrato, la intimidación e incluso el asesinato; sino también las violencias estructurales, como la falta de acceso a derechos básicos como la educación, la sanidad y la vivienda; así como las violencias de tipo cultural, que se transmiten socialmente y son utilizadas para normalizar, legitimar y justificar tanto la violencia estructural como la directa. 

Por otro lado, la violencia debe ser entendida, en primer término, como una construcción social compleja conformada, la cual se estructura a partir de acciones, palabras, actitudes, sistemas o estructuras que causan daño físico, psicológico, social o medioambiental; que, en último término, impiden a una persona o colectivo alcanzar su potencial humano pleno. 

“La violencia es una respuesta que puede elegirse, lo que la diferencia radicalmente del conflicto”, apuntan en el informe. Esto es así porque los conflictos pueden ser gestionados de múltiples maneras y su existencia no implica necesariamente el uso de la violencia. Para abordarlos, las herramientas más adecuadas son siempre el diálogo y la negociación

Finalmente, para comprender la violencia hay que diferenciarla de la agresividad, ya que esta última es “una característica humana individual, que emerge como respuesta a una amenaza percibida o real”. En este sentido, puede igualmente ser educada por la socialización y no necesariamente ha de expresarse por medio de la violencia.

La violencia en todas sus caras

Además de hacer estos apuntes conceptuales, el informe analiza los tipos de violencia presentes en las ciudades y las organiza en distintas categorías, entre las cuales se encuentran: 

  • El desplazamiento intenso de personas de zonas rurales a la ciudad, ya que se considera una emigración forzada que viene determinada por el mercado laboral. Además, estos desplazamientos se ven afectados también por fenómenos de gentrificación y terciarización, los cuales limitan el goce de los derechos de estas personas. 
  • La segregación por motivos socioeconómicos y étnicos supone también una forma de desigualdad socioespacial, que se expresa no sólo en los indicadores de renta, sino también en el acceso a derechos sociales básicos, como la educación, la salud, las zonas verdes o la cultura, entre otros. 
  • Diversos tipos de violencias estructurales, como puede ser la violencia de género, por ejemplo, expresada no sólo en forma de agresiones directas; sino también como desigualdades en el ámbito laboral, espacial o psicológico. Además, también existen violencias estructurales como la xenofobia, el racismo o la LGTBIfobia, que vienen determinadas por el hecho de que las ciudades no son espacios homogéneos, sino lugares donde conviven múltiples comunidades étnicas, culturales, lingüísticas, religiosas o de identidades sexuales. En este sentido, el fomento de la convivencia y del respeto se vuelve una tarea crucial. 
  • La ciudad es también un espacio donde se producen violencias directas, desde las más obvias y evidentes, hasta otras que están relacionadas con eventos multitudinarios musicales o deportivos, espacios de ocio nocturno, la desatención de ancianos, el acoso infantil y juvenil en escuelas o redes sociales; entre otras. 

El derecho a la ciudad

Finalmente, el informe hace hincapié en cómo las distintas formas de violencia que están presentes en las ciudades inciden en los derechos humanos y la importancia de que existan garantías en el sistema jurídico para no solo sancionar los actos de violencia, sino también para su prevención y así garantizar los derechos de todos y todas. 

En este sentido, la autora y el autor del documento resaltan que en el caso de España la mayoría de normas e instituciones se dirigen a  atender las violencias directas, unas cuantas a las violencias estructurales y son casi nulas las que se dirigen a las violencias culturales

Por este motivo, se hace necesario entender el “derecho a la ciudad” como “un punto de encuentro de todas las garantías de los derechos humanos (normativas, no jurisdiccionales, jurisdiccionales y ciudadanos) frente a las violencias en los entornos locales o más cercanos a la vida cotidiana de las personas”.

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La prevención de los delitos de odio por motivos de identidad sexual o de género: claves y retos

El aumento de denuncias por delitos de odio en los últimos años ha llevado a las administraciones a replantearse las políticas y acciones relacionadas con su prevención y abordaje. A pesar del confinamiento por la pandemia, durante el año 2020 se registraron un total de 282 delitos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género. Con la recuperación de la normalidad, en el primer trimestre de 2021 estos delitos han aumentado un 43%, según los datos del Ministerio del Interior. Por estos motivos, desde FEPSU impulsamos el pasado 23 de noviembre un webinar destinado a analizar cómo prevenir y abordar este tipo de delitos. Aquí te resumimos algunos de los puntos clave que se discutieron en el debate. 

El papel clave de los municipios

El coloquio estuvo moderado por el regidor de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Dénia, Javier Scotto Di Tella Manresa; y contó con la participación de la subdirectora general de Soporte al Sistema de Seguridad en el Ámbito Local del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, Begoña Curto; la responsable de la Unidad de Apoyo y Protección de la Mujer, Menor y Mayor de la Policía Municipal de Madrid, Marta Fernández Ulloa; el Secretario de Gestión Policial de la Diversidad de UNIJEPOL, David Garfella; y la Fiscal de la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, Patricia Rodríguez Lastras. 

El primer tema que se trató fue el papel clave de los municipios en la batalla contra la discriminación. Scotto Di Tella ha señalado que para detener el crecimiento de los delitos de odio es necesario abordar la cuestión desde una perspectiva municipal, ya que “el municipalismo actúa allí donde hay un problema”. 

En este sentido, es vital la creación en cada municipio de un Protocolo de Seguridad y Atención a las Víctimas, que vaya acompañado de formación a los agentes de policía y de la insistencia en una elaboración perfecta y minuciosa de los atestados policiales. Estos protocolos deben servir para abordar y prevenir cualquier muestra de “diversifobia”, como la ha descrito el regidor, en referencia a la discriminación hacia cualquier tipo de diversidad. 

Scotto Di Tella ha subrayado que la crisis sanitaria provocada por la pandemia ha conllevado una involución en este tipo de abordajes, ya que, sobre todo durante el confinamiento, se ha aumentado la invisibilización del problema de estos delitos a la vez que no se han desarrollado planes municipales al respecto. Por estos motivos, el municipalismo debe servir para priorizar políticas en favor de la diversidad, analizar los resultados de estas actuaciones, movilizar actores y sensibilizar a la ciudadanía. 

Prevenir, detectar y gestionar

Por otro lado, Begoña Curto ha explicado que existen tres pilares para tratar los delitos de odio: prevenir, detectar y gestionar. En primer término, Curto ha explicado que es básico disponer de un interlocutor con la comunidad LGTBIQ+ para identificar los colectivos susceptibles de sufrir delitos de odio y discriminación, así como para demostrar que la policía rechaza estas conductas.

En lo que respecta a la detección, los agentes de policía deben tener en cuenta indicadores que definan y complementen el relato de los delitos de odio, como los comentarios y expresiones del presunto autor de la agresión, su estética para saber si tiene tatuajes contrarios al colectivo, la presencia de banderas o pancartas vejatorias, etc.

Finalmente, una vez ocurre el delito de odio, hay que abrir tres ámbitos de trabajo, según lo establecido en el protocolo para el abordaje de las infracciones de odio y discriminación para las policías locales, como el que funciona en Catalunya. El primero es el trabajo con la víctima, para lo cual los agentes cuentan con 21 pautas para tratarla, como no minimizar los hechos ocurridos. Otro pilar es el de las acciones con el presunto autor del delito de odio. La gestión también debe contar con un reportaje fotográfico que apoye la documentación policial y un informe detallando las lesiones físicas y el estado emocional de la víctima.

Poner a la víctima en el centro

El caso de la Unidad de Gestión de la Diversidad de Madrid ha servido para explorar un caso de éxito de abordaje y prevención local de este tipo de delitos. Marta Fernández Ulloa ha afirmado que la ​​clave de las actuaciones policiales es “poner a la víctima en el centro” y ello pasa, por ejemplo, por dejar por escrito todos los detalles en el atestado policial y reconvertir las comisarías en espacios de confianza y confidencialidad, con el objetivo de incentivar la denuncia y combatir la infradenuncia. 

Las funciones esenciales de la Unidad de la Gestión de la Diversidad son la lucha contra la discriminación e intolerancia y el facilitar que las personas discriminadas puedan ejercer sus derechos. Dentro de las funciones está la cooperación con las entidades de la comunidad LGTBIQ+, las cuales Marta Fernández considera como “vías de entrada” para que los agentes de policía puedan investigar casos de delito de odio. 

Precisamente esta comunicación es la que está dando mejores resultados, ya que sirve para que se denuncien delitos, poder crear un mapa de riesgos y estrategias (como desplegar patrullas de alta visibilidad) y compartir el trabajo policial con estas organizaciones.

¿Cómo convertir a la policía en aliada?

El éxito de muchas de estas medidas y estrategias depende, en buena medida, de un cambio de cultura dentro de las propias policías locales. David Garfella ha señalado que la organización interna de la policía debe cambiar para fomentar la formación en Derechos Humanos, con agentes más sensibilizados y predispuestos, así como mejorando protocolos y tomando denuncias con mayor fidelidad. 

Según Grafella, esto solo se puede lograr mediante la transversalidad y el acercamiento a los colectivos LGTBIQ+, para conocer qué necesitan. En este aspecto es destacable el papel del “agente enlace”, que actúa como una cara visible de la policía que mantiene una comunicación constante con los colectivos. Grafella ha solicitado, por otro lado, que se refuercen los instrumentos legales para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, así como la creación de una Ley integral de igualdad de trato y contra la discriminación.

La prevención en línea

Por su parte, Patricia Rodríguez Lastras ha resaltado que un factor clave en la prevención de este tipo de delitos es la erradicación de los discursos de odio en Internet. En este sentido, el Estado español fue uno de los primeros en crear una red de especialistas en delitos de odio por Internet, persiguiendo aquellos que exceden por completo los límites de la libertad de expresión para humillar a colectivos como el LGTBIQ+ y fomentar la violencia contra las personas diversas. 

Rodríguez Lastras ha afirmado que, para proteger a las víctimas, es fundamental eliminar los contenidos rápidamente para evitar la revictimización y el aumento de popularidad de estas publicaciones vejatorias. En este aspecto, el punto de contacto creado en España permite contactar directamente y de forma ágil con compañías dedicadas a las redes sociales como Facebook, Twitter y Google sin recurrir a una comisión rogatoria hacia otros países como Estados Unidos, sede de la mayoría de estas compañías. 

Si quieres conocer más sobre las claves y los retos en la prevención y el abordaje de los delitos de odio por motivo de orientación sexual o identidad de género, no dudes en consultar el relato completo del webinar organizado por FEPSU. Te compartimos también algunos de los recursos que los y las ponentes compartieron durante la jornada, como el Protocolo para abordar las infracciones de odio y discriminación para las policías locales y el Protocolo de seguridad contra las violencias sexuales entornos de ocio, ambos de la Generalitat de Catalunya; así como la explicación sobre el trabajo de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid

Las redes, primer eslabón para una prevención de los delitos de odio

Los delitos de odio han en ido aumento en España en el último año. El primer trimestre de 2021 ha visto especialmente una tendencia al alza en este tipo de crímenes, sobre todo en lo que se refiere a aquellos motivados por la orientación sexual, los cuales se han incrementado en un 43% respecto al mismo período del año pasado. Ante esta realidad, las distintas administraciones —estatales, autonómicas y locales— están tomando medidas para prevenir este tipo de situaciones. En concreto, la Fiscalía General del Estado ha anunciado la implementación de un protocolo para combatir los discursos de odio en Internet, como una estrategia clara para atajar este tipo de delitos antes de que ocurran y garantizar así una mejor prevención. En FEPSU te explicamos las distintas acciones que se están desarrollando en el país y reflexionamos alrededor de los datos más recientes sobre este tipo de crímenes. 

Un protocolo interinstitucional

La Unidad Especializada de Criminalidad Informática de La Fiscalía General del Estado ha puesto en marcha a inicios de septiembre los diferentes procedimientos del protocolo para combatir el discurso de odio en línea. Dicho protocolo fue suscrito a inicios de 2021 por la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, distintas secretarías de Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, así como por organizaciones de la sociedad civil y por empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos. 

El protocolo se enmarca en el acuerdo interinstitucional para colaborar en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia, el cual fue suscrito el 19 de septiembre de 2018. De esta manera, la Unidad Especializada de Criminalidad Informática se encargará de forma preferente de gestionar la retirada o el bloqueo en el entorno digital de aquellos contenidos ilegales, para garantizar así el ágil y efectivo cumplimiento de la ley y la debida protección de las víctimas y personas vulnerables.

La implementación de este protocolo tiene especial importancia si se tiene en cuenta que la propia Fiscalía constata en su Memoria 2020 que las redes sociales han sido el medio principal a través del cual se ha vehiculado la mayoría de delitos de odio por motivo ideológico, los cuáles han ido en aumento en el último año. La orientación sexual, el racismo y lo xenofobia, sin embargo, continúan siendo los motivos más numerosos de crímenes discriminatorios. Además, la Unidad de Criminalidad Informática ha alertado también de una progresión de las conductas en línea que atentan contra la libertad sexual, sobre todo de los menores de edad. 

Los delitos de odio, en aumento

Según los datos más recientes del Ministerio de Interior, en los últimos siete años los delitos de odio han aumentado un 9% en España. En 2020 se reportaron un total de 1.401 crímenes de este tipo, aunque hay que tener en cuenta que los datos del año anterior han estado condicionados por la pandemia y el confinamiento domiciliario. Si se toma en cuenta 2019, el último antes de la crisis sanitaria, el aumento respecto a 2014 es del 33%

Por otro lado, los delitos específicos por orientación sexual han tenido también una tendencia al alza. A pesar del confinamiento y de la reducción de los delitos en general durante el 2020, en ese año se registraron prácticamente los mismos delitos de odio por orientación sexual que en 2019: 282 frente a 283. Un dato que lleva a pensar que, de no haber existido las restricciones de movilidad e interacción social provocadas por la Covid-19, las cifras de delitos en 2020 habrían sido mayores que en 2019. 

En Catalunya, el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha llegado a reconocer que existen “grupos de gente que quedan para salir a cazar” a personas homosexuales o con otra identidad sexual diversa. Un hecho especialmente preocupante si se tiene en cuenta que según el Ministerio del Interior los delitos de odio por orientación sexual han crecido un 43% en el primer trimestre de 2021 y que en ese mismo período han salido a la luz diversos casos de agresiones a personas del colectivo LGTBI que han levantado la indignación social debido a su crudeza, como puede ser el asesinato de Samuel Luiz en A Coruña a principios de julio.

Debido a estos casos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para el 10 de septiembre una reunión extraordinaria de la Comisión de seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio que servirá para actualizar los criterios para que un delito sea reconocido como tal y adoptar los cambios pertinentes para mejorar su prevención.

Estrategias locales

Desde las administraciones locales se han ido desarrollando distintas estrategias para abordar los discursos de odio y garantizar así una mejor prevención de las muestras de intolerancia y discriminación. En 2017, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha la campaña #BCNvsOdi, la cual, a través de una página web y de distintas acciones en el espacio público, busca ser una plataforma de divulgación y sensibilización en materia de lucha contra el discurso de odio, tanto en su manifestación en línea como fuera de Internet, con información, materiales y recursos pedagógicos, informativos y de análisis para la ciudadanía.

Recientemente y en el mismo sentido, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha puesto en marcha la campaña de sensibilización La fuerza de las palabras, que busca divulgar experiencias, sentimientos y vivencias de los ciudadanos del municipio para generar narrativas interculturales que se enfrenten a los mensajes de odio y de crispación que se leen en las redes sociales

En FEPSU hemos reflexionado en distintas ocasiones sobre la importancia de la prevención a la hora de abordar los delitos de odio. Por ejemplo, hemos analizado cómo abordar la discriminación y promover la igualdad a través de los Derechos Humanos, así como la necesidad de ampliar la definición de acoso sexual para una mejor prevención o hemos desgranado también las cifras del racismo y la xenofobia, como principales causas de discriminación. ¡Únete a la conversación para conseguir una mejor seguridad urbana!