Los efectos extremos del cambio climático: la gestión del riesgo

El cambio climático es un fenómeno global que está afectando a todas las regiones del mundo. Entre sus consecuencias más visibles se encuentran los desastres naturales, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la desertificación o la disminución de los recursos hídricos, entre otras.

Los fenómenos climáticos extremos tienen un impacto significativo en la seguridad pública provocando situaciones de emergencia. Esta realidad supone un gran desafío en la gestión de los recursos públicos y privados y obliga a todas las administraciones y organizaciones supranacionales a elaborar programas de actuación con los que hacer frente al incremento de los riesgos que amenazan a nuestras sociedades.

Tal vez no podamos evitar determinados episodios asociados a la crisis climática, pero podemos trabajar para minimizar su impacto gestionando de antemano el riesgo. En este artículo explicamos de qué manera se trabaja en el abordaje del riesgo sistémico.

Los efectos de la crisis climática y sus números

El último informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) muestra que los eventos climáticos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas intensas han aumentado en frecuencia e intensidad en muchos lugares del mundo en las últimas décadas. La organización, creada en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tiene como objetivo proporcionar a los gobiernos de todos los niveles información científica que puedan utilizar para desarrollar políticas climáticas. Entre sus órganos, cuenta con el Grupo de Trabajo sobre Soporte de Datos para las Evaluaciones de Cambio Climático (TG-Data) encargado de brindar información sobre la conservación, trazabilidad, estabilidad, disponibilidad y transparencia de datos en escenarios relacionados con los informes del IPCC. 

Así pues, entre algunas de las certezas científicas manifestadas está la de que la temperatura media global de la superficie terrestre ha sufrido un aumento superior a 1.5ºC por encima de los niveles preindustriales, periodo de tiempo tomado como referencia en los estudios sobre cambio climático y que situamos a mediados del siglo XIX. Desde entonces, debido a la quema de combustibles fósiles, principalmente, la concentración de CO2 en la atmosfera ha aumentado alrededor del 50%. Esta realidad ha provocado que los últimos años, desde 2015, hayan sido los más cálidos de todos los registros disponibles hasta el momento. El aumento de la temperatura provoca el derretimiento de los glaciares y el hielo polar y la expansión térmica de los océanos que, a su vez, ha hecho que el nivel del mar incremente en 3.3.mm por año en los últimos 25, según datos de la Agencia Espacial Europea (ESA).

En paralelo, cada vez son más y más intensos los episodios de sequía. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), alrededor del 41% de la población mundial vive en zonas donde la escasez de agua es un problema recurrente que impacta significativamente en la producción agrícola y en la seguridad alimentaria de muchas regiones del mundo. El Objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 6 trata de “garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos” pero lo cierto es que la situación actual, y la prevista para los próximos años, provoca desplazamientos y conflictos entre poblaciones derivados de la ausencia de recursos hídricos.

La alteración de los patrones de lluvia y los episodios severos de sequía provocan que los incendios forestales sean cada vez más intensos e incontrolables por el estado de una vegetación altamente estresada. En España, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, el año 2022 fue dramático en lo que a número de hectáreas quemadas se refiere. Los 7 primeros meses del año las comunidades autónomas habían reportado un total de 162.447 hectáreas calcinadas situando a España como el primer país de la Unión Europea en el siniestro ranquin de la desforestación.

GAR 2022. Reducir el riesgo.

El Global Assessment Report on Risk Reduction (GAR) es el informe que cada dos años publica la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). Este instrumento tiene como objetivo analizar el estado actual de la reducción del riesgo en el mundo y elaborar recomendaciones para mejorar su gestión a nivel global.

Centrado en temas como la adaptación al cambio climático, la gestión de riesgos en las ciudades, su gobernanza y el diseño e inversión en programas que permitan reducirlos, el informe es el resultado de una colaboración internacional entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos/as y expertos/as en reducción de riesgos. Su contenido se basa en la investigación y el análisis de los datos recopilados por estas organizaciones en países de todo el mundo.

En su edición de 2022, el GAR estudia cómo los sistemas de gobernanza pueden evolucionar para mejorar el abordaje de los riesgos sistémicos del futuro en un mundo superpoblado e interconectado como el actual en el que el impacto de los desastres se extiende globalmente, realidad evidenciada por la crisis sanitaria asociada a la COVID-19.

Entre el contenido de la sexta edición del GAR encontramos algunas predicciones de futuro. De confirmarse la tendencia señalada por el informe para los próximos años y hasta 2030, el mundo debe prepararse para un aumento del 40% de desastres climatológicos por año y del 30% de los episodios de sequía. Debe prepararse para ver cómo se triplican los eventos de temperatura extrema anuales. A su vez, entre las conclusiones del estudio destaca la evidencia de que el impacto de estos desastres provoca efectos en cascada en otros aspectos de la desigualdad estructural o social. Se dispone de evidencia empírica que muestra como la violencia contra las mujeres y las niñas aumenta después de los desastres.

La actividad desarrollada alrededor del GAR sigue una máxima clara: para minimizar la incertidumbre y reducir el riesgo, en primer lugar, hay que comprenderlo. En este sentido, los trabajos presentados persiguen materializar el desarrollo sostenible y evitar el impacto de futuros desastres transformando los sistemas y nuestras sociedades desde el presente. En resumen: trabajar la resiliencia reduciendo la vulnerabilidad, la exposición y la desigualdad, es una forma de reducir el coste ambiental, económico y humano que determinados desastres generan en nuestro entorno.

Para ello, el GAR2022 realiza un llamado a la acción a través de una serie de recomendaciones. En primer lugar, se debe medir aquello que valoramos. En este sentido, es recomendable que los sistemas financieros y de inversión y seguros actualicen el cálculo de los activos financieros en riesgo a largo plazo. Junto a esto, la planificación fiscal de los estados debe adaptarse a los nuevos riesgos incluyendo nuevos componentes de incertidumbre en sus presupuestos nacionales.

En segundo lugar, se recomienda el diseño de sistemas que permitan conocer de qué manera las personas toman decisiones sobre el riesgo. Es necesario reformular cómo se comercializan los productos de seguros y mejorar la comunicación sobre por qué estos son necesarios. A su vez, los estudios sobre análisis de riesgos deben percibirse como herramientas necesarias para aportar conocimiento en escenarios de incertidumbre, pero en ningún caso deben tomarse como elementos de predicción 100% fiables. El análisis de los datos por si solo es insuficiente si no se combina con un conocimiento local y con la opinión de expertos.

Finalmente, es necesario avanzar en una gestión del riesgo que huya de análisis excesivamente sectoriales. Para ello, es imprescindible adoptar nuevas “terminologías del riesgo” que sean funcionales más allá de los peligros individuales y que permitan operar en diferentes disciplinas gracias a mecanismos de “colaboración lateral”.

Desde el FEPSU trabajamos sobre la idea de que invertir en la comprensión del riesgo es la base para un desarrollo sostenible. El pasado 2022, el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS) emitió un comunicado manifestando su posicionamiento entorno a los efectos que el cambio climático tiene sobre el diseño de las políticas de seguridad urbana. En este sentido, los socios se comprometen a adoptar las siguientes medidas:

  • Establecer un grupo de trabajo formado por expertos conectado con las redes de trabajo existentes para comprender mejor el impacto del cambio climático y sus efectos sobre la seguridad urbana.
  • Trabajar con las autoridades locales y regionales en Europa para el diseño de medidas prácticas que mejoren la evaluación, prevención e impactos potenciales del cambio climático en la seguridad urbana.
  • Reforzar la cooperación entre todos los servicios de la ciudad y la sociedad civil en la elaboración de planes integrales de adaptación al cambio climático urbano y estrategias de resiliencia.

Save the date: Conferencia del FEPSU, Santa Coloma 2023

El Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana sigue con su compromiso de trabajar en red con las ciudades y comunidades autónomas, con las personas expertas en materia de seguridad y convivencia, para unas sociedades más seguras, pacíficas y felices. 

Por ello, nos complace anunciar que en septiembre de 2023 celebraremos nuestra Conferencia anual en Santa Coloma de Gramenet. En los próximos meses iremos anunciando más detalles sobre la conferencia a través de nuestros canales habituales.

Para conocer más sobre nuestra actividad: 

Si deseas conocer más acerca de la pasada conferencia anual, puedes acceder a la noticia en el siguiente link.

La salud mental en los cuerpos de policía: del tabú a la política pública

La salud mental en los cuerpos de policía es un tema crítico y a menudo subestimado. Algunos de los estereotipos asociados a las estructuras policiales y a la naturaleza del trabajo desempeñado por sus profesionales han contribuido a silenciar una realidad de la que, cada vez con más intensidad, se demanda su abordaje por parte de las administraciones competentes.

Las políticas orientadas a la creación de programas de bienestar para agentes de policía no son algo nuevo. Existen iniciativas que de forma más o menos ambiciosa han tratado de establecer criterios que definan de qué manera se vela por la salud mental de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. A menudo se asocia esta problemática desde la incidencia que tiene sobre el volumen de efectivos disponibles y su impacto en las plantillas, pero lo cierto es que la calidad del trabajo realizado también se resiente cuando los/las agentes de policía desarrollan sus funciones afectados por este tipo de problemas.

El trabajo de policía

Cada vez son más las campañas de sensibilización sobre salud mental que desde las administraciones públicas se lanzan para concienciar a la sociedad en la necesidad de abordar los síntomas y eliminar los estigmas asociados a determinadas patologías.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó en 2003 que no es posible considerar la salud sin tener en cuenta la salud mental, considerando que una lista de enfermedades profesionales que no asimila determinados trastornos mentales, por definición, es una lista incompleta. La Declaración de Helsinki, firmada en el año 2005 por los estados miembros de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y el Consejo (Resolución EUR/RC55/R2), incorpora la salud mental como prioridad en la agenda europea e identifica la salud mental como un asunto de salud pública.

De este modo, no puede decirse que la salud mental sea algo ajeno a las agendas políticas de las distintas administraciones. No obstante, la salud mental de los/las profesionales del trabajo policial y de los servicios de emergencias, exige un tratamiento diferenciado por las características del entorno en el que se realiza.

A menudo se espera que los/as agentes de policía estén en su mejor forma física y mental en todo momento, pero la realidad es que muchos de ellos/as se enfrentan a desafíos significativos que pueden condicionar su bienestar psicológico.

Tanto en España como a nivel internacional, múltiples estudios han abordado este tema arrojando luz sobre la prevalencia de problemas de salud mental en entre los/las profesionales de los cuerpos de policía y emergencias y la necesidad de abordar estos problemas de manera efectiva.

Existe cierto tabú entorno a las enfermedades mentales y el suicidio. Los medios de comunicación suelen silenciar una realidad bajo la falsa creencia de que su tratamiento mediático, en el caso del suicidio, puede producir un efecto llamada. Es lo que se conoce como el efecto Werther, término acuñado desde la sociología a mediados de la década de los setenta en referencia al protagonista de la novela de Goethe, “Las penas del joven Werther”, en la que los desamores de un muchacho de corta edad le llevan a terminar con su vida.

De forma bastante generalizada, la mayoría de estudios concluyen que el impacto de la violencia laboral que supone el trabajo de policía y personal de emergencias está significativamente asociado con una mayor incidencia de trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. De este modo, estos colectivos tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos de salud mental en comparación con la población general. Algunos datos manifiestan que entre los efectivos policiales existe el doble de probabilidades de manifestar conductas suicidas.

El estrés laboral y la exposición a situaciones traumáticas se definen como riesgos psicosociales importantes en el desarrollo de las funciones de estos colectivos, de ahí la necesidad de facilitar herramientas que permitan la autoprotección necesaria para evitar o minimizar efectos nocivos para su salud mental.

El abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial

El pasado 27 de marzo asistimos a la jornada Abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial organizada por la Guàrdia Urbana de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona. El acto, al que asistieron representantes de más de 50 policías locales, se estructuró en tres mesas dedicadas a la prevención del suicidio en el ámbito policial, la intervención operativa en tentativas de suicidio y las enfermedades mentales y su impacto en el servicio policial.

Bajo la idea generalizada de que para prevenir un problema es necesario hablar sobre él, la primera de las mesas sirvió para presentar las herramientas desarrolladas en los últimos años desde el consistorio barcelonés.

En primer lugar, los Departamentos de Riesgos Laborales del cuerpo de bomberos de Barcelona y su policía municipal, trabajan conjuntamente con el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones (INAD) del Parc de Salut y Mar del Hospital del Mar de Barcelona en un programa de atención psicológica dirigido a los agentes. Se trata de un servicio voluntario y confidencial que ha servido para atender a más de 700 agentes, aproximadamente un 15% de sus plantillas.

A su vez, la mesa sirvió para, de la mano de Beatriz Almenar Pasies, técnica del del departamento, presentar el Protocolo de prevención del suicidio del que dispone la Guàrdia Urbana de Barcelona desde 2019. La herramienta, que “en el segundo año de su implementación ya había llegado a toda la plantilla a través de un programa de formación interna”, tiene como objetivo la detección de conductas de riesgo entre los policías. El seguimiento del estado del/la agente, la retirada del arma de fuego como medida preventiva o la derivación del/la profesional a un centro sanitario para recibir atención psicológica urgente, son algunas de las medidas previstas atendiendo a la gravedad de cada caso.

El protocolo de prevención del suicidio de Guàrdia Urbana de Barcelona propone un programa de actuación que junto a las vías de intervención expuestas requiere de una toma de conciencia por parte de los/las agentes. En este sentido, buena parte de las formaciones realizadas persiguen dotar a los/las profesionales de un compromiso consigo mismos estableciendo la autoprotección como primera vía de protección. Los talleres recrean situaciones de riesgo que deben ser gestionadas por los participantes. A partir de ahí, se comparte la vivencia emocional que supone la actuación con la finalidad de extraer un aprendizaje que prepare emocionalmente a los/las agentes para situaciones de estas características. Es así como se consigue minimizar el impacto que pueda suponer sobre su salud mental la intervención en determinadas situaciones.

El compromiso por avanzar en materia de salud mental trasciende la realidad de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. En este sentido, Lídia Ametller, técnica de salud mental en el Ajuntament de Barcelona, presentó el flamante Plan de Salut Mental 2023-2030. El nuevo instrumento refuerza las 111 acciones del antiguo plan con 90 nuevas medidas desarrolladas mediante el trabajo conjunto en el seno de una comisión interdisciplinar. Este grupo, formado por instituciones y expertos/as en este campo, desarrolla propuestas procedentes de más de 500 organizaciones de la ciudad.

La celebración de la jornada también sirvió para valorar las actuaciones que los cuerpos de seguridad y otros servicios de emergencias realizan ante casos de tentativa de suicidio por parte de la ciudadanía. David Ruíz, técnico de operaciones de CAT112, el teléfono de emergencias de la Generalitat de Catalunya, informó que en 2022 el servicio recibió más de 20.000 llamadas relacionadas con tentativas de suicidio y concluyó que en los relativo al servicio de llamadas de emergencia «al gestor de emergencias se le pide que sea muy concreto: que diga lo que está pasando y sobretodo, que diga donde está pasando»

Desde el FEPSU aplaudimos iniciativas como esta. Iniciativas que permiten avanzar en el conocimiento de los problemas que nuestra sociedad refleja.