Los fenómenos relacionados con la seguridad urbana son muy complejos. Y el diseño de políticas públicas para prevenir hechos cotidianos como la delincuencia hace que sea necesaria la existencia de ciertos instrumentos que permitan comprender mejor lo que nos rodea. Ese es el caso de las encuestas de victimización, de las que el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB) ha querido reivindicar su vigencia y uso en las metrópolis, a través de la publicación “30 años de la Encuesta de Vicitmitzación del Área Metropolitana de Barcelona”.
Este libro, disponible de momento únicamente en formato electrónico, reúne artículos nacionales e internacionales destinados a los investigadores científicos del ámbito de la seguridad urbana. Además, celebra el trigésimo aniversario de la encuesta que se realizó en el Área Metropolitana de Barcelona, a través de textos que recuerdan cómo se gestó, cómo funcionó y las conclusiones que brindó esa experiencia.
El director del IERMB, Ricard Gomà, señala en el texto de presentación de la publicación que la importancia de las encuestas de seguridad y victimización en la actualidad tiene que ver con que permiten medir de forma más científica la percepción de seguridad en los entornos urbanos y poner luz sobre las cifras opacas referidas a la delincuencia.
Esto se debe a que las fuentes de datos que suelen capturar la información relativa a la seguridad urbana suelen canalizarse a través de los registros policiales, las denuncias ciudadanas y la actividad judicial. Y a pesar que estas fuentes de información son muy útiles para el mantenimiento de la seguridad, el estudio y la investigación de la delincuencia exige instrumentos como las encuestas de victimización, que ofrecen una definición social de la delincuencia; ya que una persona puede expresar si se siente víctima o no, independientemente de si ha denunciado o no.
Fotos: Ajuntament de Barcelona. Flickr
La revisión y evaluación de los textos contenidos en el documento “30 años de la Encuesta de Vicitmitzación del Área Metropolitana de Barcelona” ha estado a cargo de Carlos González Murciano, Marta Murrià Sangenís y Cristina Sobrino Garcés. Esta última fue una de las moderadoras del ciclo de debates organizado por FEPSU “La seguridad urbana tras el Covid-19: aprendizajes y desafíos para el mundo local”, que se celebró el pasado mes de julio de 2020.
En este enlace podéis encontrar más información sobre la publicación del IERMB.
La vuelta a una relativa normalidad tras meses de confinamiento ha comportado algunos cambios en los hábitos de consumo y ocio de la población, sobre todo en lo que respecta a la vida nocturna. En la mayoría de ciudades se ha experimentado un incremento del uso del espacio público, pero también se ha detectado la necesidad de nuevas herramientas para gestionar los conflictos que este uso puede ocasionar. No solo se debe reforzar la sensibilización en el consumo de sustancias, especialmente entre los más jóvenes, sino que también se deben promover nuevas actividades de ocio nocturno que podrían ser más efectivas a la hora de reducir los riesgos de contagio en el contexto actual de pandemia. Para esto, sin embargo, hacen falta más recursos humanos para las administraciones locales, así como unas directrices sanitarias más claras y creatividad e imaginación en la implementación de nuevas estrategias.
Estas han sido algunas de las consideraciones que guiaron el tercer debate del ciclo de encuentros virtuales sobre “La seguridad urbana tras el Covid-19: aprendizajes y desafíos para el mundo local”, que tuvo lugar el 16 de julio y se dedicó a reflexionar sobre los nuevos retos en la gestión de la vida nocturna. Estos webinars han sido organizados por el Foro Español para la Seguridad Urbana (FEPSU), en colaboración con el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (Efus). A continuación os compartimos algunas de las conclusiones de esta tercera sesión:
El ocio nocturno se desplaza
Tras el confinamiento, buena parte de las actividades nocturnas se ha trasladado al espacio público, sobre todo en el caso de los más jóvenes. Los cuerpos y fuerzas de seguridad han detectado una mayor concentración de personas y consumo de alcohol en plazas, parques e incluso en zonas forestales. Esto se debe a la falta de oferta de ocio nocturno tradicional, un hecho que ha provocado que toda la carga del control y la gestión de la vida nocturna quede en manos de las policías locales. Para hacer frente a esta situación será necesario realizar intervenciones educativas para reducir el consumo y la conflictividad, en lugar de simplemente provocar un desplazamiento de esta actividad de un lugar a otro.
Mensajes claros y trabajo transversal
La elaboración de campañas de comunicación con mensajes claros sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer es una labor que debe hacerse de forma transversal entre administraciones públicas y los entes privados que promocionan el ocio nocturno, así como otros actores que participan de la vida nocturna urbana. Además, hay que potenciar la calle como un espacio con potencial para las relaciones personales, el ocio y la cultura, sobre todo entre los adolescentes, que no han tenidoa su disposición durante el confinamiento otros espacios de esparcimiento en donde no haya una intervención adulta.
Adaptarse a la “nueva normalidad”
El contexto actual obliga a adaptar la regulación del espacio público, ya que la pandemia del Covid-19 ha cambiado las actividades que en él se desarrollan y la sensibilidad de la población hacia los conflictos que estas actividades pueden ocasionar. Además, se deben buscar nuevos mecanismos de prevención (de los conflictos y de los contagios) que vayan más allá de las sanciones, ya que ha quedado demostrado que no pueden ser la única respuesta. Mientras tanto, las administraciones deben ser tolerantes y pacientes con la población, hasta que la nueva regulación no esté clara.
Otro ocio nocturno es posible
La situación post-confinamiento se presenta también como una oportunidad para cambiar e intentar poner sobre la mesa una nueva oferta de ocio nocturno en las ciudades. Es imprescindible intentar implicar a los jóvenes y adolescentes en la coproducción de actividades de ocio que no impliquen el consumo de alcohol y en las que se puedan mantener las medidas de seguridad sanitaria, que son ahora más necesarias que nunca. Además, las estrategias de gestión de la vida nocturna deberán incorporar a otros grupos sociales, más allá de los jóvenes; ya que la crisis económica que se avecina hará también más presentes en el espacio público grupos vulnerables con consumos problemáticos.
Coordinación entre municipios
Para conseguir gestionar mejor el ocio nocturno es clave el trabajo en red entre distintas administraciones locales, ya que muchas veces estas actividades traspasan las fronteras territoriales de los municipios y hace necesaria una coordinación en la prevención de conflictos. Se debe procurar optar por un trabajo con la población que tenga un enfoque educativo y preventivo, donde la sanción sea el último paso.
Estas han sido algunas de las principales conclusiones de esta tercera sesión del ciclo de webinars sobre la seguridad urbana tras el Covid-19, que ha contado con las intervenciones iniciales de Ariadna Ros, responsable de prevención del Distrito de Sants-Montjuïc, Ayuntamiento de Barcelona; Albert Artero, jefe de la Unidad nocturna 3 de la Guardia Urbana de Barcelona; y Mireia Espejo, educadora social y técnica de Edpac (Educación para la acción crítica). La sesión ha sido moderada por Martí Navarro Regàs, gestor de proyectos del Efus.
La pandemia ha hecho más visible aún la desigualdad social, especialmente en el caso de las personas sin hogar y la población migrante. La tensión provocada por el miedo al contagio ha incrementado también los estigmas frente a estos colectivos vulnerables. Todo esto en un contexto que ha intensificado la relación entre vecinos y ha agravado los conflictos de convivencia en las comunidades. Ante este panorama, las administraciones locales deben apostar por una prevención que aborde la seguridad desde una perspectiva amplia y que trabaje en red con las entidades sociales, para buscar soluciones colectivas a los problemas que surjan en la “nueva normalidad”.
Estas han sido algunas de las consideraciones que guiaron el segundo debate del ciclo de encuentros virtuales sobre “La seguridad urbana tras el Covid-19: aprendizajes y desafíos para el mundo local”, que tuvo lugar el 9 de julio y se dedicó a valorar los instrumentos de control de la crisis sanitaria. Estos webinars han sido organizados por el Foro Español para la Seguridad Urbana (FEPSU), en colaboración con el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS). A continuación os compartimos algunas de las conclusiones de esta segunda sesión:
Vecinos que vigilan y policías sobrecargadas
Las relaciones entre vecinos se han intensificado durante el confinamiento. Esto ha provocado fenómenos como el de los “policías de balcón”, que han intentado actuar con autoridad sobre personas que no querían en su entorno o que estaban incumpliendo la cuarentena. Pero la falta de autoridad real de estas personas sobre el cumplimiento de las normas de aislamiento no ha hecho más que cargar con más trabajo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a quienes se ha recurrido para todos los problemas de convivencia que se presentaban, incluso para aquellos temas donde no había un trasfondo policial. En general, la actitud de estos “policías de balcón” solo ha conseguido crear problemas mayores a partir de pequeños actos de incivismo.
La desigualdad social, en evidencia
En general, con la pandemia no se han creado nuevos colectivos vulnerables, sino que ha empeorado la situación de la población que ya se encontraba en riesgo de exclusión o conflicto social. Además, el miedo al contagio ha incrementado la estigmatización de algunos colectivos vulnerables, como los migrantes o las personas sin hogar. Estas últimas se han visto especialmente afectadas por la pandemia, no solo por el riesgo de contagio al que se exponían, sino también por la estigmatización por parte del resto de ciudadanos. Además, la gestión del confinamiento de esta población ha sido una labor compleja para las administraciones.
Trabajar en red para mejorar la detección
Una de las labores más complicadas durante el estado de alarma ha sido detectar los casos de problemas de convivencia relacionados con violencia de género. En este sentido, el trabajo en red entre administraciones, entidades y cuerpos y fuerzas de seguridad ha sido clave. En el caso de la violencia de género, por ejemplo, la mayoría de municipios ha mantenido en funcionamiento sus unidades de atención a la víctima durante toda la cuarentena, así como la coordinación con organizaciones sociales y otros cuerpos y fuerzas de seguridad.
Adaptar la mediación a la distancia
Uno de los servicios que se ha visto especialmente afectado por la cuarentena en todos los municipios ha sido el de mediación comunitaria, ya que han tenido que trasladar sus técnicas y herramientas a la atención telefónica o vía videollamada. Sin embargo, muchas administraciones locales lo han encarado como una oportunidad de agilizar cambios en las formas de trabajar con la ciudadanía. Ha quedado patente, por otro lado, la necesidad de compaginar el trabajo que realizan los y las agentes de las policías locales con el de perfiles profesionales en mediación a la hora de gestionar conflictos relacionados con la convivencia y no recurrir tanto a la denuncia por infracción de normas.
Apostar por la prevención
Muchos programas de ámbito comunitario y social que trabajan desde una perspectiva de prevención se han visto directamente interrumpidos por la cuarentena, a pesar de que esta crisis sanitaria ha dejado al descubierto la importancia de los mismos. La situación actual obliga a explorar nuevas formas de llegar a la ciudadanía, así como a apostar por iniciativas duraderas, ya que la prevención no da resultados a corto plazo. En un contexto en el que el individualismo se abre paso, se debe apostar urgentemente por medidas preventivas de los conflictos de convivencia que favorezcan la búsqueda de soluciones colectivas a problemas colectivos.
Estas han sido algunas de las principales conclusiones de esta segunda sesión del ciclo de webinars sobre la seguridad urbana tras el Covid-19, que ha contado con las intervenciones iniciales de Xavier Fernández Rivero, concejal de Seguridad, Vía Pública y Protección Civil del Ayuntamiento de Terrassa; Nourdine Alghouch, representante de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes (Málaga); y Óscar Negredo, Coordinador del Servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat. La sesión ha sido moderada por Anabel Rodríguez Basanta, delegada de FEPSU. Puedes consultar en el siguiente enlace el relato completo de la jornada.
La gestión de la emergencia sanitaria ha implicado un gran esfuerzo por parte de las administraciones públicas y cuerpos y fuerzas de seguridad, ya que ha sido necesario implementar restricciones de derechos con una rapidez inusual y sin instrumentos reguladores claros. Y a medida que la sociedad se encamina hacia una “nueva normalidad”, sigue habiendo dudas respecto a la regulación de temas como el uso de mascarillas o la distancia social. Un reto al cual deberán hacer frente los organismos públicos, en medio de un contexto que ha tensionado su relación con la población.
Estas han sido algunas de las consideraciones que guiaron el primer debate del ciclo de encuentros virtuales sobre “La seguridad urbana tras el Covid-19: aprendizajes y desafíos para el mundo local”, que tuvo lugar el 2 de julio y se dedicó a valorar los instrumentos de control de la crisis sanitaria. Estos webinars han sido organizados por el Foro Español para la Seguridad Urbana (FEPSU), en colaboración con el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS). A continuación os compartimos algunas de las conclusiones de esta primera sesión:
Normas complejas, muchas denuncias
A pesar de que la mayor parte de la población ha tenido un comportamiento ejemplar durante el confinamiento, en el conjunto del Estado español se interpusieron más de un millón de denuncias entre el 14 de marzo y el 23 de mayo. La complejidad de las normas que regulaban el estado de alarma y la velocidad a la que se publicaban, ha provocado que los cuerpos y fuerzas de seguridad tuvieran que interpretar, ante cada caso concreto, si había o no un incumplimiento de la norma. Esto ha provocado una sensación de inseguridad jurídica para la población (que desconocía si alguna de sus acciones podía ser o no sancionada), pero también para los y las agentes de los cuerpos de seguridad.
Tensiones antiguas que afloran
Es evidente que durante el estado de alarma se ha incrementado la tensión en la relación entre la administración y la población, principalmente por las restricciones a la libertad de circulación y por la falta de claridad sobre dónde estaban los límites de esta restricción. Esto ha afectado especialmente a los colectivos vulnerables, como las personas sin techo, las trabajadoras del hogar y los menores. Pero, a pesar que esta crisis sanitaria es un fenómeno inédito, las tensiones que han surgido tienen que ver con conflictos o cuestiones no resueltas ya existentes en la sociedad, como por ejemplo la situación de personas que trabajan de forma irregular y no pueden acreditar su situación laboral.
Otro modelo es posible
Debido a la imprevisibilidad y gravedad de la crisis sanitaria en marzo era muy difícil aplicar un modelo regulatorio diferente al que se utilizó, pero en la situación actual las administraciones deberían preparar instrumentos y criterios más claros para que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan gestionar mejor futuras situaciones de confinamiento. Una de las posibilidades que se abren es la de dar más relevancia a las instituciones locales y autonómicas, por ejemplo a través del uso de las ordenanzas de convivencia como una alternativa para gestionar la crisis sanitaria y dotarse de un sistema sancionador propio. Además, se debería poder tomar en cuenta también las medidas alternativas a la sanción como un instrumento de prevención fundamental.
Estas han sido algunas de las principales conclusiones de esta primera sesión del ciclo de webinars sobre la seguridad urbana tras la Covid-19, que ha contado con las intervenciones iniciales de José Martínez Espasa, comisario jefe de la Policía Local de Dénia; Carlos Alberto Amoedo Souto, director de la cátedra de Derecho local UDC-Diputación de A Coruña; y Anaïs Franquesa Griso, Codirectora de Irídia, Asociación de derechos humanos en Cataluña. La sesión ha sido moderada por Cristina Sobrino Garcés, investigadora del área de Seguridad y convivencia del IERMB y profesora asociada de la UPF, UDG y UOC.
