Foto: Christian Bolaños
Las ciudades siempre han convivido con animales. Antes lo hacían de manera más visible: caballos en las calles, gallinas en los patios, perros de trabajo en los mercados. La urbanización fue relegando esa presencia animal a los márgenes, pero nunca la eliminó. Hoy, en un movimiento que combina cambios demográficos, transformaciones en los modelos de familia y una nueva relación afectiva con el mundo animal, los animales han vuelto al centro de la vida urbana de una manera que los gestores públicos no habían anticipado del todo. Las ciudades se enfrentan a un reto nuevo relacionado con el espacio, la normativa, la convivencia y la equidad en el uso del entorno compartido.
En este artículo analizamos esa realidad desde dos ángulos complementarios. Por un lado, el de la fauna sinantrópica: los animales no domésticos —palomas, gaviotas, cotorras, jabalíes— que han encontrado en la ciudad un hábitat estable y cuya gestión plantea dilemas entre el control de poblaciones, la salud pública y el bienestar animal. Por otro, el de las mascotas, y en particular los perros, cuyo crecimiento sostenido en los últimos años está redibujando el uso del espacio público en las principales ciudades españolas y europeas.
La fauna que nadie invitó
La ecología urbana utiliza el término fauna sinantrópica para referirse a los animales no domésticos que han establecido una relación estrecha y estable con el entorno humano, especialmente con el espacio urbano transformado por el ser humano. Las palomas son su ejemplo más visible y antiguo. Su presencia en las ciudades data de décadas. Ya en los años setenta y ochenta comenzaron a documentarse los daños que sus excrementos, altamente corrosivos por su contenido en ácido úrico, provocaban en edificios, monumentos históricos y materiales como la piedra caliza, el mármol o el cobre. En los años noventa, la preocupación se extendió a la salud pública al identificarse a las palomas como portadoras de enfermedades transmisibles que afectan a las vías respiratorias.
A partir de 2010, el fenómeno se convirtió también en un problema de convivencia vecinal. La alimentación regular de colonias por parte de algunos ciudadanos, práctica afectuosa para quienes la ejercen, pero generadora de conflicto para quienes soportan sus consecuencias, pasó a ser objeto de regulación municipal. Hoy, ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia o Terrassa contemplan en sus ordenanzas sanciones de hasta 750 euros por alimentar a palomas en el espacio público. Algunas, como Santa Cruz de Tenerife, elevan esa cifra hasta los 1.500 euros. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, mantiene un enfoque más permisivo: su ordenanza no prohíbe la alimentación de palomas, aunque sí sanciona con hasta 600 euros el deterioro del espacio público derivado de esa práctica.
El debate sobre cómo gestionar estas colonias ha evolucionado significativamente. Los métodos de control que se aplicaron en décadas anteriores han cedido terreno ante enfoques más sostenibles que también responden a la presión de los movimientos en favor del bienestar animal. El pienso anticonceptivo, distribuido en dispensadores ubicados en zonas con colonias estables, y la esterilización de huevos son hoy las alternativas preferidas por muchos ayuntamientos. El Ayuntamiento de Terrassa, socio de FEPSU, lanzó en 2024 la campaña «No alimenteu els coloms», un ejemplo de cómo la comunicación ciudadana se convierte en herramienta de gestión de la convivencia. Zaragoza hizo algo similar en 2021 bajo el lema «Sus sobras alimentan a las plagas». Dos ciudades, dos enfoques comunicativos distintos, un mismo objetivo.
El boom de las mascotas: una tendencia estructural
Si la fauna sinantrópica plantea retos de gestión que las ciudades llevan décadas intentando resolver, el crecimiento de las mascotas, y en especial de los perros, representa un fenómeno más reciente en su escala actual, aunque igualmente complejo en sus implicaciones para la convivencia urbana.
Los datos son elocuentes. En España hay aproximadamente 9,5 millones de perros censados, lo que sitúa al país en el cuarto lugar europeo en población canina, solo por detrás de Rusia, Reino Unido y Alemania. Sumando todas las especies: gatos, aves, peces, reptiles y pequeños mamíferos, la patronal del sector ANFAAC estima que hay más de 30 millones de mascotas en el país, cifra que equivale al 61% de los hogares españoles conviviendo con al menos un animal de compañía. El sector económico asociado a su cuidado facturó 5.770 millones de euros en 2025, con un crecimiento del 8,3% respecto al año anterior, generando unos 75.000 empleos directos.
Este crecimiento no es exclusivamente español. En Europa hay 106,4 millones de perros censados como mascotas, una cifra que creció en más de dos millones solo en el último año, según datos de FEDIAF (la federación europea del sector). En Bélgica, el porcentaje de hogares con perro pasó del 24% en 2021 al 31% en 2024. En términos generales, el continente alberga 352 millones de mascotas de todas las especies, repartidas en 166 millones de hogares. El fenómeno responde a causas estructurales que trascienden las fronteras: reducción del tamaño de los hogares, descenso de la natalidad, cambios en los modelos de convivencia y una redefinición del vínculo entre las personas y los animales de compañía, que en muchos hogares han pasado a ocupar el lugar afectivo que antes correspondía a otros miembros de la familia. En España, por cada niño menor de cuatro años existen hoy seis animales de compañía según señala el diario El Mundo combinando datos del INE y de la REIAC (Red Española de Identificación de Animales de Compañía). El dato no admite interpretaciones morales fáciles, pero sí refleja una transformación social de primer orden.
Cuántos perros caben en una ciudad
El número absoluto de perros en una ciudad dice poco si no se pone en relación con la población y, sobre todo, con la superficie disponible. No es lo mismo gestionar la presencia de perros en una ciudad extensa con amplias zonas verdes que en un municipio densamente poblado donde el espacio público es un bien escaso y disputado. Para ilustrar esta realidad proponemos construir un indicador sencillo: el número de perros por kilómetro cuadrado.
Madrid, con sus 604 kilómetros cuadrados de superficie municipal, cuenta con 323.175 perros censados según los datos de 2024 del Ayuntamiento, actualizados a partir del registro del Colegio Oficial de Veterinarios. Esto equivale a aproximadamente 535 perros por kilómetro cuadrado, y a un perro por cada once habitantes. Barcelona, con una superficie de apenas 101 kilómetros cuadrados, tiene censados cerca de 180.000 perros: una densidad de aproximadamente 1.780 perros por kilómetro cuadrado, más de tres veces la madrileña, en una ciudad que ya acumula cerca de 17.000 habitantes por kilómetro cuadrado. El contraste explica, en buena medida, por qué la presión sobre el espacio público es tan distinta en ambas ciudades y por qué las soluciones de gestión tampoco pueden ser las mismas.
El caso de los municipios del entorno metropolitano de Barcelona añade otra capa al análisis. L’Hospitalet de Llobregat, con apenas 12,5 kilómetros cuadrados y una densidad de población de más de 18.000 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más altas de España y de Europa, o Santa Coloma de Gramenet, con más de 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado, son ciudades donde el espacio público es un recurso extremadamente limitado. En ese contexto, la presencia de perros sin los espacios adecuados para su esparcimiento no es un problema de bienestar animal únicamente: es un problema de convivencia que afecta a toda la comunidad.
Un factor adicional complica el análisis: los censos no son fiables del todo. La entrada en vigor de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, aprobada en marzo de 2023, provocó un efecto regularizador masivo. En Madrid, el número de perros censados creció un 17,7% en 2023 respecto al año anterior, un incremento que los expertos atribuyen en parte al miedo a sanciones que llevó a muchos propietarios a registrar animales que llevaban años fuera del sistema. Esto significa que los datos anteriores a 2023, probablemente, subestimaban la población canina real en la mayoría de ciudades españolas.
La dog tax: lo que España no cobra y Europa sí
En varios países del centro y norte de Europa, la tenencia de perros lleva aparejado el pago de una tasa anual que financia los servicios municipales asociados: mantenimiento de parques caninos, instalación de papeleras con dispensadores de bolsas, gestión de animales abandonados y otros gastos derivados de la presencia de perros en el espacio público.
El modelo más consolidado es el alemán. La hundesteuer, literalmente, «impuesto sobre el perro», es de aplicación obligatoria en todos los municipios del país y varía entre los 30 y los 150 euros por el primer animal, con incrementos para perros adicionales y tarifas especiales para razas catalogadas como potencialmente peligrosas. En ciudades como Berlín o Frankfurt oscila entre los 100 y los 120 euros anuales. En conjunto, la tasa canina recauda en Alemania alrededor de 421 millones de euros al año. Suiza aplica un sistema cantonal con tasas de entre 50 y 150 francos. Austria sitúa la horquilla entre 30 y 80 euros anuales, con valores más elevados en Viena. Los Países Bajos mantienen una tasa similar, conocida como hondenbelasting, de entre 60 y 150 euros.
España no dispone de ninguna tasa nacional equivalente. Algunos municipios lo han intentado con resultados discretos: Zamora introdujo una tasa de nueve euros anuales en 2019, la retiró al cabo de unos años tras declarar que «había cumplido su función», y la experiencia no encontró continuidad significativa en otros municipios. Gijón y Palencia exploraron opciones similares sin llegar a implantarlas de forma estable.
El debate, sin embargo, está vivo. La Ley 7/2023 de Bienestar Animal establece que los municipios promoverán el acceso de animales a playas, parques y otros espacios públicos, lo que implica costes de habilitación y mantenimiento que actualmente recaen sobre el conjunto de la ciudadanía, independientemente de si tiene o no mascota. En ese contexto, algunos expertos plantean si tiene sentido avanzar hacia un modelo de financiación más similar al europeo. Los argumentos en contra no son menores: mantener un perro en España cuesta ya alrededor de 1.200 euros anuales de media, y añadir una tasa podría resultar regresivo para hogares con menor capacidad económica.
La respuesta local: ordenanzas, espacios y educación ciudadana
Ante la ausencia de un marco nacional uniforme que vaya más allá de las obligaciones de la Ley de Bienestar Animal, son los municipios los que asumen la gestión cotidiana de la convivencia entre personas y animales en el espacio público. El resultado es un mosaico regulatorio muy heterogéneo con enfoques que varían significativamente incluso entre ciudades próximas y con realidades urbanas similares.
Barcelona representa uno de los modelos más elaborados. Su Ordenança sobre la Protecció, la Tinença i la Venda d’Animals (OPTVA) se complementa con la Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona (OPAB), creada en 2009, que centraliza la gestión del censo, las licencias, las quejas y las sanciones relacionadas con animales. La ciudad cuenta con más de 200 espacios habilitados para perros, entre áreas específicas y las Zones d’Ús Compartit (ZUC) implantadas en 2023, con al menos una en cada uno de los 73 barrios de la ciudad. En estas zonas, durante franjas horarias determinadas, los perros pueden circular sin correa siempre que estén bajo el control visual de su responsable. Fuera de estos espacios, la correa es obligatoria en toda la ciudad. La inscripción en el censo es gratuita.
L’Hospitalet de Llobregat dispone de una ordenanza municipal propia que regula al detalle las condiciones de conducción de animales en el espacio público, los espacios de recreo canino, la gestión de colonias de gatos ferales y el acceso de animales a establecimientos. Madrid prohíbe la entrada de perros a zonas infantiles de plazas y publica anualmente un censo de animales domésticos por distrito a través de su portal de datos abiertos, lo que permite un seguimiento de la evolución de la población canina con un nivel de detalle inusual entre las grandes ciudades españolas. Terrassa, además de la campaña sobre palomas ya mencionada, gestiona el censo de animales de compañía a través de su propio servicio municipal y dispone de una ordenanza específica sobre protección y tenencia de animales.
La Ley 7/2023 de Bienestar Animal, en vigor desde septiembre de 2023, ha supuesto un salto cualitativo en el marco regulatorio estatal. Entre sus novedades más relevantes para la convivencia urbana destacan la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para todos los perros, pendiente aún de desarrollo reglamentario, la exigencia de un curso de formación para nuevos titulares de perros, la prohibición de la venta en tiendas físicas y la ampliación del acceso de mascotas a transportes y establecimientos públicos. La ley delega en los municipios la determinación de los espacios habilitados para el esparcimiento de animales, lo que refuerza el papel de los ayuntamientos como actores principales en la gestión de esta realidad.
Desde FEPSU entendemos que la convivencia en las ciudades se construye también en los pequeños gestos cotidianos: en la acera compartida, en el parque, en el portal del edificio. La presencia creciente de animales en el espacio urbano no es ni buena ni mala en sí misma: es una realidad que las ciudades deben gestionar con criterio, con recursos y con la participación de todos los actores implicados. Las administraciones locales, como principales responsables de ese espacio compartido, necesitan herramientas normativas, financiación adecuada y mecanismos de evaluación que les permitan responder a una realidad que no ha dejado de crecer y que todo indica que seguirá haciéndolo.
