Encuestas de victimización (III): variables e indicadores

Encuestas de victimización

Con esta entrada terminamos la serie de artículos dedicados a las encuestas de victimización. En las dos primeras entregas hemos hablado del origen de estos estudios, de su objeto de estudio y de las principales referencias a nivel mundial y en el estado español.

Con esta entrada presentamos las principales variables e indicadores y compartimos las mejores estrategias de análisis para la elaboración de un informe de resultados en el ámbito de la victimización y la percepción de seguridad.

La victimización

La principal unidad de medición de la victimización responde al nombre de índice de victimización. En esencia, este indicador mide la prevalencia de la victimización, esto es, el porcentaje de personas encuestadas que ha sido víctima de uno o más hechos de entre los contemplados en el estudio. En algunos casos, Estados Unidos y México son un ejemplo, la prevalencia se focaliza en los hogares seleccionados para el estudio, en el caso de las tres encuestas existentes en Catalunya la unidad de muestra es la persona seleccionada.

Como se ha señaladoen la primera y la segunda entrega de esta serie, hay que atender al contenido de ese índice de victimización, esto es, al tipo de hechos del que se construye. En otras palabras, el valor de ese porcentaje está relacionado con la cifra, siempre es preferible que sea baja, pero también con el tipo de experiencias que la conforman, siempre es preferible contabilizar hurtos a robos con violencia o agresiones físicas, esto es, hechos de menor impacto para las personas que los sufren. Así pues, cualquier análisis de los índices de victimización debe atender a la tendencia, aumento o disminución, de la prevalencia de la victimización, pero también a su composición.

En relación a esa composición, las encuestas de victimización suelen incorporar una variable denominada recuerdo espontáneo. La pregunta suele encontrarse al inicio del cuestionario y consiste en preguntar a las personas encuestadas si en el último año recuerdan haber sido víctimas de algún delito. Lo peculiar de esta pregunta es que su formulación se realiza antes de exponer ningún hecho concreto. De esta manera, se asegura que las respuestas de las personas relatan hechos presentes en su memoria, sin ninguna inducción externa. Esta variable es relevante en la medida que permite conocer qué porcentaje de las personas victimizadas recuerda por si sola los hechos y qué porcentaje los recuerda después de ser interpelado de forma directa sobre los mismos.

Como norma general, cabe suponer que los hechos recordados de forma espontánea han generado un mayor impacto en las personas que los relatan. Idealmente, se quiere un porcentaje bajo de recuerdo espontáneo y lo más alejado posible del índice de victimización. Esta realidad confirmaría una victimización de bajo impacto para las personas que la sufren.

Junto a la prevalencia encontramos la incidencia de esa victimización. En este caso hablamos del número total de hechos experimentados por la ciudadanía en un periodo de tiempo determinado. A diferencia de la prevalencia, que cuenta a las víctimas individuales, la incidencia cuenta cada evento delictivo. En esencia, suele presentarse relacionando el total de personas entrevistadas y el total de hechos registrados, expresándose como el porcentaje de hechos por cada 100 habitantes. Es lo que conocemos como índice de hechos delictivos. De este indicador nace también la ratio de multivictimización, el valor promedio de hechos sufridos por cada persona víctima. Hay que tener en cuenta que los aumentos de incidencia no siempre van acompañados de mayor prevalencia. En otras palabras, pueden aumentar los hechos, pero quedar repartidos entre el mismo número de personas, incluso menos produciéndose un aumento de la ratio de multivictimización.

La denuncia

Si las encuestas de victimización deben servir, entre otras cosas, para conocer la magnitud de la cifra negra, los hechos no informados a la administración, es importante conocer si las experiencias de victimización declaradas en la encuesta fueron denunciadas.

La construcción del índice de denuncia se realiza sobre la base de hechos que previamente han sido considerados delictivos. Lo peculiar de la situación es que ese carácter delictivo es expresado por la persona entrevistada. En efecto, no cabría esperar que aquello que no ha sido considerado delictivo fuese denunciado. Es por eso que más allá del conocimiento jurídico que la ciudadanía pueda tener sobre el sistema penal, lo que se busca es la percepción de las personas sobre el carácter delictivo de los hechos que sufren. Esa es, en definitiva, la percepción sobre la que nacerá la iniciativa de denunciar o no hacerlo.

Por otro lado, es importante especificar que la denuncia debe materializarse con la firma y presentación formal de un documento ante la policía o los juzgados, de lo contrario, podrían estar registrándose como denuncias simples quejas ciudadanas, comprometiendo de ese modo el objetivo de iluminar la cifra negra.

De este modo, el índice de denuncia debe entenderse como el porcentaje de hechos denunciados mediante la firma de un documento ante la policía o los juzgados entre aquellos hechos considerados delictivos.

Junto al índice de denuncia general, el que resulta del análisis conjunto de todos los tipos de hechos, conviene desglosar la lectura por ámbitos. De este modo, suelen encontrarse diferencias significativas entre hechos relacionados con el domicilio o la seguridad personal, con niveles de denuncia más elevados, y hechos como las estafas y engaños, con un historial muy humilde en lo que a denuncia se refiere.

Las encuestas de victimización suelen incorporar preguntas relacionadas con los motivos que provocan que las personas no denuncien hechos declarados como experiencias de victimización. Entre los más habituales se encuentra la escasa importancia que se le dio a los hechos, la certeza de que la policía no puede hacer gran cosa, o los desincentivos relacionados con el procedimiento de denuncia (esperas, papeleos…)

La percepción de seguridad

Como se ha explicado en anteriores entregas de la serie, las preguntas sobre victimización se complementan con las de percepción de seguridad. De este modo, las encuestas de victimización son estudios relevantes en el terreno de los hechos, pero también en el de las opiniones o percepciones.

De forma muy resumida. La percepción de seguridad suele abordarse desde tres puntos de vista.

Hablamos de una aproximación cognitiva cuando pedimos a las personas un análisis lo más objetivo posible de la seguridad en su municipio o barrio. Ciertamente, la percepción sobre cualquier cosa tiene un componente de subjetividad indisociable de su naturaleza, no obstante, se espera de las respuestas un diagnóstico genérico sin valorar de manera específica experiencias personales. Es evidente que las percepciones se construyen, también, de las experiencias individuales, pero en este caso se persigue una valoración (una nota entre 0 y 10) global. En otras palabras, nada impide que una persona victimizada pueda considerar que, pese a todo, su ciudad es un lugar seguro.

Una segunda manera de valorar cómo percibimos la seguridad se relaciona con una aproximación al fenómeno de tipo emotivo. En este sentido, suelen incorporarse preguntas relativas al nivel de preocupación que genera la delincuencia o los niveles de pesimismo u optimismo con la evolución que esta pueda tener.

Finalmente, también es relevante conocer hasta qué punto las personas modifican su comportamiento con la finalidad de evitar ser víctimas de determinados hechos. Algunos ejemplos se relacionan con el hecho de dejar de pasear a determinadas horas o por determinados lugares, o la instalación de sistemas de seguridad en los domicilios para evitar robos.

Existen numerosos estudios que acreditan una correlación positiva entre la percepción de seguridad de la ciudadanía y la valoración que ésta realiza de los servicios policiales. En otras palabras, cuando la policía goza de una legitimidad sólida, los niveles de seguridad percibidos son mayores. Es por ello que conviene dedicar preguntas de una encuesta de victimización a conocer la valoración de los cuerpos de policía existentes sobre un territorio. Esta valoración puede registrarse de forma genérica, es el caso de la clásica puntuación entre 0 y 10, o puede concretarse en funciones específicas como el sistema de recepción de denuncia. Del mismo modo, también puede diferenciarse atendiendo a quien toma la iniciativa en el contacto: ciudadanos/as que recurren a la policía o policías que contactan con ciudadanos/as.

Con esta tercera entrega terminamos la serie dedicada a las encuestas de victimización. A lo largo de tres artículos hemos conocido su razón de ser, el papel que pueden desempeñar en el diseño de políticas de seguridad, algunos referentes tanto internacionales como nacionales y el funcionamiento de sus principales indicadores y variables.

Desde FEPSU trabajamos en visibilizar toda la investigación y el conocimiento generado en el ámbito de la seguridad, la prevención y la convivencia. Síguenos en redes y conoce lo que hacemos a través de nuestra newsletter. Seguimos trabajando.

Encuestas de victimización (II): referentes internacionales y comparabilidad

En esta entrada seguiremos profundizando en las encuestas de victimización como instrumento de medición de la seguridad y analizaremos las experiencias más o menos cercanas, en un ámbito de estudio consolidado desde finales de siglo pasado.


Las encuestas de victimización en el mundo

Uno de los primeros esfuerzos notables en el estudio de la victimización fue el Programa Nacional de Encuestas sobre delincuencia y Justicia que evolucionó hasta convertirse en la actual Encuesta Nacional de Victimización Delictiva (NCVS). Hasta el día de hoy y desde 1973, la NCVS ha madurado convirtiéndose en la fuente más importante de datos sobre la victimización delictiva en los Estados Unidos.

La encuesta la realiza la Oficina del Censo de Estados Unidos de parte de la Oficina de Estadísticas Judiciales (BJS) del Departamento de Justicia y permite recabar información sobre los delitos desde la perspectiva de las víctimas, sin importar si estos se reportaron o no a la policía. De esta manera, junto al registro numérico del tipo y cantidad de hechos, se obtiene información de las características de las persones y de los hogares, el momento y lugar en el que suceden los hechos, las lesiones que provocan i el posible empleo de armas.

Uno de los elementos singulares de la NCVS se encuentra en la selección de la muestra. A diferencia de lo que sucede con otros estudios de las mismas características, la unidad de nuestra básica son los domicilios, no las personas, y el seguimiento de estos espacios se lleva a cabo durante tres años y medio. Se consideran miembros de un hogar las personas de 12 años o más que residen en él de forma habitual en el momento de la entrevista. De esta manera, en caso de que los inquilinos de un hogar seleccionado cambien de ubicación, los nuevos moradores serán los encargados de continuar con la monitorización del espacio reportando sus experiencias.

Más reciente, pero con un trabajo exhaustivo en los últimos años encontramos la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad (ENVIPE) coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Méjico. Desde su primera edición en 2011, el estudio ha presentado un informe anual de manera ininterrumpida.

De la misma manera que la NCVS, EVIPE trabaja sobre un muestreo en que la unidad primaria está constituida por manzanas con un mínimo y máximo de viviendas, dependiendo de si se trata de un entorno rural o urbano. En este caso, las entrevistas se realizan a personas de 18 años o más y el estudio permite presentar resultados a nivel nacional y para cada una de las 31 realidades federativas, incluyendo Ciudad de Méjico. En su edición de 2022 la muestra se constituyó de 102.093 viviendas, cosa que de una idea del alcance y ambición del proyecto.

ENVIPE recoge datos sobre victimización, pero en la sección cuarta de su cuestionario desarrolla con mucho detalle cuestiones relacionas con la percepción de seguridad de los participantes en el estudio. De este modo, se recogen preguntas acerca de la preocupación por temas como la pobreza, desempleo, narcotráfico o corrupción; sobre el sentimiento de inseguridad en determinados espacios como la casa, el trabajo, la calle, el banco…; o las probabilidades estimadas de sufrir un robo total o parcial de vehículo, un asalto en su habitación o un fraude o clonación de tarjeta bancaria, entre otros.

ENVIPE es un claro ejemplo de aquellos estudios que complementan el registro de victimización con datos sobre percepción de seguridad, pudiendo con ello realizar cruces de variables que permitan encontrar correlaciones entre los dos ámbitos. Es de esta manera como la criminología conoce que entre las personas victimizadas los niveles de inseguridad manifestados suelen ser significativamente más elevados.

En el entorno europeo, probablemente, el estudio más referenciado sea la Crime Survey for England and Wales (CSEW). Realizada por la Oficina de Estadística Nacional desde 1981 se consolidó como encuesta de referencia para buena parte de las iniciativas presentadas por países vecinos.

La CSEW siempre se ha presentado como un estudio innovador en los enfoques y la selección de módulos de sus cuestionarios. Junto a los hechos delictivos más clásicos (robos con violencia, hurtos, agresiones…) el estudio comenzó a registrar fraudes y estafas con la finalidad de conseguir el mejor retrato posible de la criminalidad sufrida por su muestra. En este mismo sentido, recientemente, la CSEW incorpora entrevistas con chicos/as jóvenes de 10 a 15 años de edad. Entre otras, las personas seleccionadas reciben preguntas sobre el uso de internet y su comportamiento en línea: qué cosas hacen mientras navegan por la red, si han sufrido alguna experiencia negativa en el entorno o si, para el caso de los/las jóvenes de 13 a 15 años, si han enviado o recibido mensajes con contenido sexual.

Más allá de los registros clásicos de victimización, esta nueva experiencia debe servir para realizar una valoración de riesgo. De este modo, los padres o tutores de los/las chicos/as participantes reciben tras la entrevista un informe sobre la valoración del riesgo de sufrir determinadas experiencias vinculadas, únicamente, a los comportamientos declarados en la encuesta.

Otra de las particularidades de la CSEW está relacionada con el hecho de que todas las entrevistas se realizan de forma presencial. Los hogares seleccionados reciben una carta e información adicional sobre el estudio, al cabo de unos días, las personas encargadas de realizar la entrevista se personan en los domicilios y seleccionan aleatoriamente una persona de 16 años y más para responder el cuestionario.


Las encuestas de victimización en el estado español

En el estado español no existe una encuesta de victimización encargada de monitorizar la victimización y la percepción de seguridad de los ciudadanos. Es cierto que desde el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se han elaborado estudios concretos sobre victimización y seguridad ciudadana (1999) o delincuencia, seguridad ciudadana e imagen de la policía (1995), pero no se ha desarrollado un instrumento de medición sistematizado en el tiempo que permita elaborar ciclos de seguridad y examinar grandes tendencias y evoluciones.

En este sentido, Catalunya supone una curiosa anomalía. A día de hoy son tres las encuestas de victimización con registros de más de 25 años.

La Encuesta de Victimización de Barcelona (EVB) se realiza anualmente de forma ininterrumpida desde 1984 lo que la convierte en el estudio más longevo de estas características en todo el estado. Desde el año 2015 combina las encuestas telefónicas con aquellas autoadministradas a través de internet por las personas seleccionadas. Este cambio originó la posibilidad de llegar a grupos de población con los que resulta más difícil contactar por teléfono: jóvenes y población de nacionalidad extranjera, por ejemplo.

La EVB selecciona su muestra entre la población empadronada en Barcelona de 16 años y más, y exceptuando las ediciones de 2016 y 2018, ha contado con 4.000 personas por edición, cosa que permite que sus resultados puedan desagregarse por distritos manteniendo la representatividad estadística. De esta manera, en cada uno de los estratos (distritos) se exigen cuotas por sexo, grupo de edad y nacionalidad (española i/o extranjera) asegurando que la realidad de estos colectivos se analiza de forma representativa.

En esencia, la EVB divide su objeto de estudio en cuatro grandes bloques. Junto a los clásicos módulos de victimización y percepción de la seguridad, encontramos preguntas centradas en profundizar en la victimización desde el punto de vista del territorio, y en aquellos aspectos relacionados con la convivencia, un elemento clave en el desarrollo de las competencias en el mundo local. De esta manera, incidentes relacionados con el ruido en los vecindarios y calles, ocupaciones, suciedad o vandalismo, se incorporan a una base de datos que permitirá cruzar las variables con experiencias de victimización y percepción.

Desde el año 1990 la EVB comparte trabajo de campo con la Encuesta de Victimización del Área Metropolitana de Barcelona (EVAMB). Con la finalidad de extender el estudio a los 36 municipios del área el estudio estratifica su muestra en ámbitos territoriales y las seis ciudades de más de 75.000 habitantes.

Una de las posibilidades que ofrecen estos estudios supramunicipales consiste en la ampliación de muestra de alguno de los municipios que la componen. Es el caso de Hospitalet del Llobregat que con ello consigue mayor precisión en sus resultados disminuyendo los márgenes de erros que cualquier operación estadística de estas características lleva asociado. La gran ventaja de estas operaciones se encuentra en el hecho de compartir cuestionario y por lo tanto mantener la comparabilidad con otras realidades territoriales. Por otra parte, abre la puerta a este tipo de investigaciones a muchos Ayuntamientos que, ya sea por los costes asociados ya sea por la falta de conocimientos técnicos en la materia, no podrían disponer de datos de victimización, percepción de seguridad o convivencia si no fuera bajo el paraguas de una iniciativa mayor.

En último lugar, la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya (ESPC) supone el estudio de victimización con mayor universo de población: Catalunya. Realizado por el Departamento de Interior desde 1999 celebra su 25 aniversario durante 2024. Durante algunas ediciones compartió trabajo de campo con las dos encuestas anteriores, pero desde 2013 se realiza cada dos años centrando su contenido en tres grandes bloques: victimización, percepción de seguridad y valoración de la policía.

El bloque de victimización se estructura en 7 ámbitos temáticos: hechos relacionados con el vehículo, los domicilios, las segundas residencias, los negocios urbanos, el patrimonio de proximidad (atraco, tirón, robo de móvil…), con las personas (agresiones físicas, amenazas…) o con los engaños, fraudes y estafas. En este sentido, las estafas se incorporaron al estudio en 2015 y cabe destacar que, en sus últimas ediciones, y en buena medida por los efectos asociados al confinamiento, han condicionado algunos indicadores obligando a matizar algunas tendencias. No obstante, reservamos el análisis y evolución de los principales indicadores para una tercera entrega de esta serie dedicada a las encuestas de victimización.

Desde FEPSU trabajamos por dar a conocer los principales instrumentos de estudio y análisis de la seguridad, percepción y convivencia en las ciudades. Con ello, compartimos con nuestros socios posibilidades para avanzar en el desarrollo de las mejores políticas públicas.

¡Bienvenida, Cerdanyola del Vallès!

¡Sumamos un nuevo miembro! Desde el FEPSU estamos felices de anunciar que Cerdanyola del Vallès ha formalizado su adhesión a nuestra red de ciudades y regiones para compartir conocimiento y experiencias en el ámbito de la seguridad urbana y la convivencia.

¡Descubre aquí algunas de las acciones destacadas de la ciudad de Cerdanyola del Vallès!

La concienciación sobre el uso de los VMP

Desde la Policía Local de Cerdanyola del Vallès, siendo conscientes de los peligros que suponen los vehículos de movilidad personal (VMP) y los patinetes eléctricos, han impulsado la creación de la Unidad de Educación para la Movilidad Segura. Los agentes de dicha unidad se desplazan a los centros de eduación secundaria e invitan a los jóvenes a reflexionar sobre la influencia del entorno, la atención, la adaptación o la vulnerailidad y los riesgos asumidos cuando se desplazan en patinete eléctrico utilizando la metodología R.O.A. (Reflexiona, Ofrece y Aplica).

Formación policial sobre violencia de género

Para mejorar la atención prestada a las víctimas de violencia de género, la Policía Local de Cerdanyola del Vallès participa en formaciones sobre esta tipología de violencia desde el ámbito social, jurídico y policial. Disponer de conocimientos sobre la idiosincrasia de esta tipología de violencia ofrece sin duda herramientas muy valiosas a la polícia para ofrecer la mejor atención posible, obtener una mejor declaración en un entorno más cómodo y confiable para la víctima y evitar la victimización secundaria.

Cerdanyola del Vallès, contra el incivismo

Ante un aumento de acciones incívicas, el ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés decidió emprender un plan contra el incivismo, el cual consiste en intensificar la vigilancia de este tipo de conductas por parte de agentes de la policía local de pasiano. Esta actuación se realiza en coordinacion con el Servicio de Espacio Público para actuar en las zonas con más concentración de incivismo. El objetivo final es concienciar sobre este tipo de conductas y prevenirlas antes que sancionar.

«Esta es una medida para trabajar por una ciudad más limpia y segura. Entre todos tenemos que velar por que todo aquello que no haríamos en nuestra casa, tampoco lo hagamos en la calle».

Jaume Folch, concejal de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Civismo del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès. Fuente: Cerdanyola Info

Estamos muy felices de poder contar con la presencia de Cerdanyola del Vallès en el FEPSU. Ampliar la red significa sumar conocimiento y experiencia para trabajar para una sociedad más segura y nos anima a seguir trabajando juntos.

Encuestas de victimización (I): comprendiendo la realidad

Las encuestas de victimización son una herramienta crucial en la comprensión del estado de la seguridad pública, la convivencia y la percepción de inseguridad. A lo largo de las últimas décadas, estas encuestas se han convertido en una valiosa fuente de información para los investigadores, responsables de políticas públicas y la sociedad en general. En este artículo, exploraremos en profundidad qué son las encuestas de victimización, sus objetivos, y su utilidad como complemento del dato institucional. 

¿Por qué hacer encuestas de victimización?

La seguridad pública como objeto de investigación plantea algunas dificultades concretas entre las que destaca el problema de la llamada «cifra negra». Los datos administrativos de los que se dispone, ya sean de procedencia policial o judicial, a menudo dibujan un escenario incompleto al referenciar exclusivamente aquellos incidentes que llegan a ser comunicados a la policía, jueces y magistrados o administración de justicia en general. No obstante, no todos los actos relacionados con la seguridad son puestos en conocimiento de estas instancias administrativas.

Entre las motivaciones para no denunciar actividad delictiva encontramos un catálogo de razones variado. En ocasiones, la causa se relaciona con la percepción, cuando la víctima no considera que el hecho agresor tenga una relevancia suficientemente significativa. Es habitual que la consideración de que un hecho sea poco relevante contribuya a forjar la idea de que policía y sistema judicial pueden hacer bien poca cosa al respecto. En otros casos, la falta de confianza en el sistema judicial o en la policía es la razón por la que no se informa de determinados hechos. Finalmente, optar por no denunciar también puede estar relacionado con la privacidad en aquellos casos donde la víctima no desea involucrar a la policía compartiendo determinadas experiencias de victimización. 

Con el fin de complementar la información policial y radiografiar de forma más precisa el estado de la seguridad pública, en las décadas de 1960 y 1970, en paralelo al desarrollo de la victimología como disciplina académica, se comenzaron a generalizar este tipo de encuestas, convirtiéndose en una herramienta importante a la hora de identificar aspectos del delito que los datos administrativos disponibles no pueden capturar fácilmente.

Las encuestas de victimización son estudios diseñados para recopilar información sobre las experiencias de las personas que han sido víctimas de delitos, así como sobre aquellas que no han sufrido incidentes delictivos. A diferencia de las estadísticas tradicionales de delincuencia que se basan en informes policiales, las encuestas de victimización se centran en la perspectiva de la víctima, proporcionando una visión más completa y precisa de la realidad de la seguridad en una sociedad.

En paralelo, es habitual que las encuestas de victimización dispongan de módulos – preguntas, en su defecto- sobre la percepción de inseguridad de las personas encuestadas. Más allá de las experiencias de victimización declaradas, importantísimas como complemento de los registros policiales, este tipo de estudios permite conocer la relación directa y subjetiva de las personas con el estado de la seguridad, una realidad que en ocasiones no mantiene una relación coherente y previsible con los niveles de delincuencia.

Por último, es importante tener en cuenta que las reglas para medir qué entendemos por delito pueden ser diferentes según el país en el que nos encontremos, lo que dificulta establecer comparaciones de actividad delictiva. En este sentido, las encuestas de victimización pueden ser un aliado al permitir trabajar con hechos que no respondan estrictamente a la tipología penal. Si bien es cierto que en ese caso se diluye su carácter complementario, esta posibilidad abre un camino interesante en investigaciones que quieran trazar una línea clara entre tipicidad penal y victimización. En otras palabras, el sentimiento de victimización puede venir provocado por hechos no delictivos, más allá de las leyes penales. Conocer esa realidad nos ayuda a comprender la relación que mantiene con la seguridad la ciudadanía.

El diseño de las políticas públicas en materia de seguridad

El objetivo principal de las encuestas de victimización es la recopilación de información que permita influir en el diseño de políticas públicas destinadas a mejorar la seguridad ciudadana.

En ese sentido, las encuestas permiten medir con mayor precisión la magnitud de un problema, proporcionar una imagen más precisa a los decisores públicos. En ocasiones, las estadísticas oficiales pueden subestimar un problema social –muy habitual en conflictos asociados a la convivencia- por no encontrarse registrado fielmente en los recorridos institucionales habituales. El contacto directo con los ciudadanos proporciona información de mayor calidad que puede perderse en los procesos de medición oficiales que configuran los principales indicadores en la materia.

En paralelo, analizando los datos recopilados por las encuestas de victmización se pueden identificar patrones y tendencias en la comisión de delitos, en la percepción de seguridad y en el estado de la convivencia en una ciudad. Esto es crucial para entender cómo cambian las dinámicas de la seguridad en el tiempo y para orientar la formulación de políticas de seguridad más efectivas.

Junto al diseño de esas políticas públicas de seguridad, es importante poder evaluar qué tan eficaces han sido. Las encuestas de victimización permiten evaluar la efectividad de las políticas públicas en la prevención del delito y la protección de los ciudadanos. Este enfoque, basado en la experiencia de las víctimas, proporciona información valiosa para ajustar estrategias y asignar recursos de manera más eficiente.

De este modo, las encuestas en el ámbito de la seguridad se presentan como instrumentos versátiles a la hora de correlacionar la victimización y la percepción de seguridad con determinadas realidades sociales. Es habitual encontrar preguntas sobre variables sociodemográficas: nivel de ingresos, nivel de estudios, ocupación, país de origen o posibles situaciones de diversidad funcional. El cruce de estas variables con los registros de victimización y percepción de seguridad, nos permite entender la victimización desde otro punto de vista. Junto con el valor de saber qué cosas pasan y cuántas veces, aprendemos sobre las realidades personales de quienes soportan esa victimización. Ser capaces de dibujar un mapa de correlaciones de estas características nos permite disponer de una herramienta muy valiosa en materia de predicción y prevención del delito.

Este artículo es el primero de una serie en la que analizaremos las principales encuestas en el ámbito de la seguridad, así como los principales resultados en sus últimas ediciones. Desde FEPSU trabajamos en difundir proyectos e investigaciones en el campo de la prevención, la seguridad y la convivencia

Formaciones temáticas, un pilar esencial

Una de las principales actividades que se desarrollan en el FEPSU son las formaciones dirigidas a nuestros miembros. De temáticas variadas, las formaciones del FEPSU tienen por objetivo profundizar sobre aspectos concretos de la gestión de la seguridad y la convivencia en nuestras ciudades, así como contribuir a la actualización y reciclaje de conocimientos.

Acompáñanos a hacer un repaso de las formaciones que hemos llevado a cabo este año.

Atención policial a víctimas y agresores de violencia de género

Comprender el comportamiento del agresor y conocer buenas prácticas en la atención a víctimas de violencia de género es esencial para que los cuerpos policiales puedan atender correctamente los casos. Por ello, la aplicación de conocimientos de psicología básica (procesos de la memoria) y psicología forense impartidos en esta formación son clave.

Para esta formación del FEPSU contamos con el Dr. Miguel Ángel Soria, Doctor en psicología y psicólogo forense, y con Marta Caballé, psicóloga forense. Si deseas saber más sobre la formación, te invitamos a visitar nuestra entrada del blog.

Aspectos jurídicos de la práctica policial

El abogado penalista Josep Lluís Florensa, con amplia experiencia en la defensa de agentes de policía en procedimientos penales, fue el encargado de impartir esta formación, que contó con dos ediciones presenciales.

Siguiendo una metodología eminentemente práctica, los agentes participantes pudieron conocer más en profundidad el marco normativo y jurisprudencial en el que se enmarca su actividad y el proceso de un juicio penal. Así, durante el transcurso de la formación los asistentes tuvieron la ocasión de poder plantear sus dudas, muchas de ellas basadas en casos reales que habían vivido.

Convivencia en los entornos urbanos

La conflictología es una ciencia clave en la gestión de la convivencia en nuestras ciudades. Es por ello que, contando con la experiencia de la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat en la gestión de conflictos en el espacio público y comunitario, llevamos a cabo esta formación sobre convivencia en los entornos urbanos.

Óscar Negredo, coordinador del Servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat fue en encargado de impartir la formación que contó con un ejercicio práctico resuelto en grupos y en el que hubo un interesante intercambio de pareceres.

Conferencia 2023: entrevista y acompañamiento a víctimas y marchas exploratorias

La conferencia anual del FEPSU 2023 fue una ocasión perfecta para llevar a cabo formaciones en formato presencial. Cuando los cursos se desarrollan in-situ se fomenta más la interacción y los ejercicios prácticos acaban resultando más provechosos.

Una de las formaciones temáticas que llevamos a cabo fue la de técnicas de entrevista y comunicación con la víctima de
violencia de género
, focalizando en aquellas estrategias de recuperación del relato de victimización y comprensión de la memoria humana y el proceso de victimización. Para ello, contamos con el Dr. Miguel Ángel Soria, Doctor en psicología y psicólogo forense.

Otra de las formaciones llevadas a cabo en nuestro encuentro anual fue la de introducción a la metodología de la marcha exploratoria, que permite el análisis de los distintos elementos del espacio público conjuntamente con las personas que lo habitan en clave transformadora. Este análisis también permite analizar la ciudad con perspectiva de género, dado que identifica aquellos elementos del espacio público que contribuyen a generar inseguridad dentro del colectivo femenino.

La tercera formación temática fue la impartida por La CIBA, que llevó por título «Para un nuevo modelo feminista y comunitario de seguridad y acompañamiento a mujeres en situación de violencia machista», la cual permitió reflexionar sobre la prevención de las violencias machistas y la atención a las víctimas dentro de un modelo de «seguridad comunitaria y feminista».

Diseño urbano y convivencia: una aproximación a la metodología CPTED

CPTED son las siglas de Crime Prevention Through Environmental Design, una disciplina que busca intervenir sobre aquellos elementos del entorno urbano que provocan inseguridad subjetiva y objetiva. Para la formación contamos con Anna Almécija y Joan Jordan, expertos en CPTED y miembros de la Associació Catalana per a la Prevenció de la Inseguretat a través del Disseny Ambiental (ACPIDA).

La formación contó con un ejercicio práctico en el que los participantes debieron aplicar los fundamentos CTPED para promover un espacio más amigable y seguro.

Este 2023 ha sido un año lleno de formaciones. Para el próximo 2024 anunciaremos más formaciones y webinars internos y en abierto. ¡Más, próximamente!

¡Bienvenida, Ponferrada!

¡En el FEPSU celebramos la incorporación de la ciudad de Ponferrada! Con la localidad leonense sumamos 14 miembros a nuestra red de ciudades y regiones al servicio de una sociedad más segura.

El FEPSU sigue creciendo, hecho que inequívocamente tiene un impacto positivo para todos los miembros del Fórum y para la ciudad de Ponferrada, que podrá enriquecerse de todo el conocimiento que la red le pueda brindar y compartir sus experiencia con el resto de miembros.

Descubre más sobre Ponferrada y su trabajo en el campo de la seguridad y la convivencia en este artículo.

Ponferrada, la capital del Bierzo

La ciudad de Ponferrada se sitúa en la comunidad autónoma de Castilla y León. En concreto, es la capital de la comarca del Bierzo, y cuenta con una población de 63.052 habitantes. La riqueza cultural es uno de los rasgos principales de Ponferrada: es un municipio trilingüe – se conservan las lenguas leonesa y gallega, además del castellano -, y cuenta además con patrimonio arquitectónico como el Castillo de los Templarios o las casas solariegas.

Por otro lado, Ponferrada tiene 4 distritos y su extensión no se limita estrictamente a los límites de su municipio: 17 entidades locales menores y 20 entidades singulares conforman su núcleo urbano, lo que hace sin duda a Ponferrada un municipio singular.

Un compromiso con la seguridad urbana

La ciudad de Ponferrada es una localidad abierta con ganas de compartir y aprender sobre experiencias locales en seguridad y convivencia con un objetivo claro: poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y apostar e invertir en nuevas formas de hacer de su ciudad un lugar mejor.

En los próximos años, la localidad leonense pretende implantar un modelo de policía comunitaria y en el cual la ciudadanía sea partícipe de las decisiones que se toman en materia de seguridad. Por otro lado, la tecnología, la digitalización y la internacionalización son elementos clave que también forman parte de una estrategia que, de seguro, supondrá muchos retos a la vez que avances en materia de seguridad urbana.

La incorporación al FEPSU – y, por ende, al Efus – es uno de los eslabones clave en la conformación de una estrategia que hará de la ciudad de Ponferrada un lugar más seguro. En el FEPSU estamos muy felices de poder contar con otro miembro en nuestra red, ¡seguimos creciendo!

Si deseas saber más sobre Ponferrada, puedes visitar su web.

El FEPSU celebra su conferencia anual 2023

Los pasados días 26 y 27 de septiembre, el espacio La Ciba, centro referente en la creación de políticas públicas de igualdad para mujeres de Santa Coloma de Gramenet, acogió la Conferencia del Fórum Español para la Prevención y Seguridad Urbana (FEPSU) 2023 sobre “Retos actuales en seguridad urbana y convivencia”.

Como sucediera en Madrid en 2022, la conferencia sirvió de encuentro para las ciudades socias de la organización y una amplia representación de profesionales de distintas disciplinas vinculadas al ámbito de la seguridad pública.

Trabajar en red


El FEPSU persigue construir una red de ciudades y regiones que fomente el intercambio de conocimiento, herramientas y experiencias prácticas en el ámbito de la prevención y de la seguridad urbana. La alcaldesa de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, encargada de la inauguración de la jornada, así lo reiteró: “es positivo incorporar las experiencias de otras ciudades para mejorar las nuestras”.

En este sentido, la conferencia propuso un intercambio de ponencias donde el contenido de tipo académico reposó sobre programas de actuación concreta a lo largo de más de 25 intervenciones entre mesas de discusión y talleres. De este modo, técnicos/as, decisores/as públicos/as y profesionales de la academia presentaron sus diagnósticos sobre retos del presente y del futuro y compartieron los proyectos con los que hacerles frente desde sus ciudades.

Los 4 grandes retos


En esta segunda edición el programa de la Conferencia FEPSU se estructuró en cuatro grandes bloques.

El inicio de la primera jornada acogió un eje temático centrado en la prevención de la violencia y otras situaciones de vulnerabilidad entre el colectivo de los jóvenes. Por razones obvias, la mesa abordó solo algunos de los temas que afectan a los/las más jóvenes dirigiendo sus intervenciones hacia el problema de la violencia juvenil urbana, la detección y prevención del acoso escolar y las violencias sexuales entre jóvenes.

Durante más de una hora se analizó el fenómeno de la radicalización y violencia juvenil en Francia y sus similitudes y diferencias con el caso español; la propuesta para la prevención y detección del acoso escolar realizada desde la URMEC (Unidad de Relaciones y Medición con la Comunidad) en Terrassa; y las nuevas formas de violencia sexual, así como el trabajo en nuevas masculinidades realizado desde La Ciba de Santa Coloma de Gramenet.

Tras una pausa para el café y el intercambio informal entre los/las socios/as de FEPSU, la jornada se reanudó para presentar uno de los bloques más aplaudidos de la conferencia: el abordaje de los problemas complejos o “wicked problems”.

“La resolución de los conflictos, tales como personas con problemas de salud mental, o el odio a la diversidad, es tan compleja como su origen, y podemos afirmar que no puede abordarse en términos exclusivamente policiales”, declaró Javier Scotto di Tella, 6o teniente de alcalde y concejal delegado en Denia, encargado de moderar las intervenciones de la mesa.


En este sentido, se profundizó en problemas vinculados a la salud mental. De inicio se presentaron herramientas de trabajo en la interacción con personas con problemas de salud mental que alteran la convivencia en las comunidades y la transversalidad en las actuaciones policiales en los casos de tentativas de suicidio. Ambas presentaciones corrieron a cargo de representantes de ciudades socias de FEPSU: Hospitalet del Llobregat y Barcelona, respectivamente. Finalmente, la presentación del flamante Protocolo para la prevención, la detección y la gestión de situaciones de odio y discriminación en el ámbito de la seguridad privada del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya puso fin a esta segunda mesa.

Exprimiendo el reloj para dar cabida a todas las preguntas e intervenciones suscitadas tras las ponencias, la mañana terminó reservando un espacio al testimonio directo de algunos de los socios evaluando su participación en proyectos europeos como Secu4All o PACTESUR, así como la explicación institucional de las metas futuras del European Forum for Urban Security (Efus), organización supranacional con la que conecta el FEPSU. Entre estas, una buena muestra de proyectos europeos y la presentación de su conferencia en Bruselas, ciudad elegida para tomar el relevo de Niza.


El tercer bloque, dedicado a Seguridad y género, destacó por su originalidad. Las personas inscritas a la conferencia pudieron asistir a tres talleres de carácter práctico muy celebrados. De este modo, tras una visita para conocer La Ciba – centro único en el estado español, concebido como un equipamiento de más de 8000 m2 pionero en la creación de políticas públicas de igualdad real y efectiva de todas las mujeres – los/las asistentes agotaron las plazas de los talleres que, por la naturaleza de la actividad, se desarrollaron en grupos más reducidos y con un marcado carácter práctico.


De esta manera, las propuestas giraron en torno a la metodología usada en la organización de marchas exploratorias, las técnicas de entrevista y comunicación con la víctima de violencia de género y la construcción de nuevos paradigmas sobre un modelo feminista y comunitario de seguridad.

La segunda jornada quedó reservada al cuarto bloque del programa: la ciudad 24 horas. Agrupadas en dos mesas las intervenciones versaron sobre temáticas que principalmente localizamos en el día de las ciudades – la primera de las mesas- o en su noche –el caso de la segunda mesa.

La inauguración de la segunda jornada fue a cargo del Sr. Pablo Enrique Rodríguez, director de la Policía Municipal de Madrid, ciudad que actualmente ostenta la presidencia del FEPSU. En un claro anticipo de lo que se hablaría a continuación, el discurso inaugural puso en valor el trabajo que desde las instituciones se realiza de la mano de grupos sociales y asociaciones empresariales, remarcando de este modo “la obligación que las instituciones de las ciudades tienen para con sus vecinos/as en relación con el cuidado de su calidad de vida”.


La primera de las mesas propuso un catálogo temático formado por algunos de los ámbitos de intervención que marcan la agenda política de muchas corporaciones municipales y a los que desde la web de FEPSU hemos dedicado varios artículos. De este modo, las intervenciones sobre gestión de las ocupaciones y mal uso de la vivienda; los desafíos de la micromovilidad; el impacto económico y social de la venta ambulante o la percepción de inseguridad en el espacio urbano, fueron sucediéndose evidenciando que la gestión de la convivencia en las ciudades durante el día a menudo es un rompecabezas que exige la colaboración de profesionales de muchas disciplinas.


Y tras el día, llegó la noche. Un espacio y tiempo singular, con desafíos propios en el campo de la convivencia y merecedor de una mesa específica desde la que abordar sus complejidades.

Albert Batlle Bastardas, Tercer Teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Área de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior fue el encargado de comenzar exponiendo el difícil equilibrio entre el ocio nocturno y la convivencia, realidad que motivó en la Ciudad de Barcelona “la creación una mesa para noche cívica y segura con aquellos que ocupan los espacios de ocio: jóvenes, empresas y organizaciones vecinales», iniciativa que, en su día, presentamos desde el blog de FEPSU.


Tomó el relevo Esteban Alonso Tejedor, inspector de la Comisaría Técnica de Seguridad de la Policía Municipal de Madrid para evidenciar la necesidad de realizar un control de actividades recreativas y espectáculos públicos como herramienta al servicio de la seguridad y convivencia y poniendo de manifiesto que la motivación de la actividad inspectora es la seguridad de los/las asistentes, en ningún caso una inercia sancionadora.


Finalizada la última mesa ya solo quedaba despedir el acto y emplazar a los/las asistentes a los grupos de trabajo y formaciones internas ofertadas por FEPSU a sus ciudades socias. Salvador Tovar Funes, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet dedicó su intervención a cerrar la conferencia recordando la necesidad de “innovar y ser creativos para dar respuesta a las demandas vecinales” y remarcando la importancia de espacios de encuentro como la conferencia anual de FEPSU para conseguirlo.

Todos los materiales de las intervenciones están disponibles en la web de FEPSU para ser consultados. Gracias a todos/as los participantes y asistentes al acto. Seguimos trabajando.

La micromovilidad, ventajas y desafíos

La micrmovolidad en una ciudad.

En los últimos años, la micromovilidad se ha convertido en una tendencia en auge en las principales ciudades de todo el mundo. El uso de bicicletas y patinetes eléctricos ha transformado la forma en que nos desplazamos, ofreciendo alternativas más sostenibles, económicas y ágiles para recorrer las calles urbanas. En este artículo, exploramos la situación de la micromovilidad en las ciudades españolas, incluyendo un breve análisis de la normativa vigente, datos de volumen de usuarios y accidentalidad, así como algunos consejos de seguridad.

Los vehículos de movilidad personal (VPM) y sus usuarios/as

La micromovilidad, que engloba los medios de transporte individual de pequeño tamaño y propulsión humana o eléctrica, se ha convertido en una solución cada vez más popular para sortear los problemas de tráfico, mejorar la calidad del aire y fomentar un estilo de vida más activo.

El pasado mes de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España por el incumplimiento sistemático de la norma comunitaria de calidad del aire en las ciudades de Madrid y Barcelona. La normativa, aprobada por la comisión en 2010, fija los límites anuales de seguridad en relación a la exposición de dióxido de nitrógeno (NO2), una sustancia altamente nociva para la salud de quienes la inhalan de forma continuada. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) viene estimando la mortalidad prematura asociada a este tipo de exposición desde 2014 cifrando en 49.000 los casos para toda Europa y en 5.900 para España.

Más allá de la movilidad sostenible que proporcionan estos vehículos, se abre un camino muy interesante en todo lo relativo a la intermodalidad, esto es, la combinación de bicis y patinetes con otros medios de trasporte público como el tren o los autobuses que facilita la entrada a las grandes ciudades desde poblaciones vecinas. De esta manera, usar el patinete para llegar al tren, desplazarse al centro de la ciudad y de ahí al destino final de nuevo con el vehículo de micromovilidad, se presenta como una alternativa sólida al uso del coche para desplazamientos puerta a puerta.

En España, la micromovilidad ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Las ciudades han implementado sistemas de alquiler de bicicletas y patinetes, contribuyendo con ello a un aumento en el número de usuarios. Según datos recientes, el número de desplazamientos en bicicleta en las ciudades españolas ha aumentado en un 11% en el último año, mientras que el uso de patinetes eléctricos se ha multiplicado por cuatro.

Uno de los estudios más recientes es el presentado por la proveedora de servicios de micromovilidad Tier Mobility. Los resultados del trabajo de campo, realizado en 36 ciudades de 14 países europeos, sitúan a España como el primer país con el mayor porcentaje de usuarios/as de ese tipo de vehículo, alrededor del 30%. Entre las ciudades españolas Madrid se sitúa en el primer puesto con un 43% de personas que declaran usar patinetes eléctricos de manera habitual.

La comodidad, el precio y la facilidad de su conducción son las principales razones, la seguridad y la falta de infraestructuras, las principales preocupaciones. De este modo, bicicletas y patinetes eléctricos son vistos como aliados para una movilidad más sostenible y eficiente, especialmente en distancias cortas y medianas.

No obstante, su llegada en masa y la escasa exigencia para conducirlos provocan algunos problemas relacionados con la seguridad de las ciudades que los acogen. Solamente en el municipio de Barcelona para el año 2022 se registraron alrededor de 900 incidencias con vehículos de movilidad personal implicados, y los últimos datos oficiales muestran que en 2021 se duplicaron las víctimas mortales por accidentes de patinetes eléctricos respecto a 2020, 13 y 6 respectivamente. Por todo ello, entendemos que la transformación de los patrones de movilidad en las ciudades requiere un acercamiento de las instituciones y se posiciona como un tema clave en la seguridad vial de las mismas.

Regulación disponible

Como sucede con todos los fenómenos que de manera repentina pasan a formar parte del día a día de las ciudades, se necesita cierto margen para adecuar su regulación a las necesidades y problemas que plantean.

El caso de los vehículos de micromovilidad no es una excepción y a día de hoy el contenido de las normas que los regulan sigue siendo desconocido por buena parte de los/las usuarios/as.

La competencia normativa de los VPM y las bicicletas se reparte entre el estado y las corporaciones municipales. El estado regula con carácter general la seguridad vial y la circulación a través de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Dicha legislación se desarrolla a través del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación recientemente modificado por el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, que, ahora sí, formaliza la regulación de los vehículos de movilidad personal.

A partir de las bases fijadas por la legislación estatal las ordenanzas municipales pueden establecer su regulación específica. De este modo, ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia presentan algunas diferencias como la edad mínima para conducirlos (Madrid y Sevilla la establece en 15 años y Barcelona y Valencia fijan los 16, pero Pamplona la sitúa en 14), la circulación por calzadas generales (permitida en Madrid, Valencia o Barcelona cuando su velocidad esté limitada a 30 km/h), el uso del casco (obligatorio en Pamplona pero recomendado en Barcelona y Madrid) o la obligatoriedad de disponer de un seguro a terceros obligatorio (Benidorm, Palencia, Córdoba o Mahón sí lo exigen pero ciudades como Madrid o Barcelona todavía no).

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha elaborado un manual de características técnicas de los VMP que establece los requisitos obligatorios de que deberán disponer estos vehículos a partir de 2024, tanto en lo relativo a sus equipamientos como a la calidad de su fabricación. De este modo, todos los modelos y marcas existentes en el mercado deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas. Por otro lado, la nueva regulación prevé una moratoria que permitirá seguir circulando a los vehículos sin certificación hasta enero de 2027.

A continuación, detallamos algunos elementos de la regulación común para toda España, no sin aconsejar que antes de utilizar estos vehículos, sus usuarios/as profundicen en la normativa local de cada ciudad.

A día de hoy, las 10 normas principales sobre el uso de VMP son las siguientes:

  1. No pueden circular por las aceras.
  2. Tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos.
  3. Solo puede ocuparlos una persona, por eso son vehículos de movilidad personal.
  4. Prohibido el uso de auriculares y/o teléfonos móviles.
  5. Su velocidad máxima es de 25 km/h.
  6. Sus conductores están sometidos a las mismas tasas de consumo de alcohol que los de otros vehículos.
  7. No es necesario permiso de circulación.
  8. Deben disponer de sistema de frenado.
  9. Deben disponer de dispositivo de advertencia acústica (timbre).
  10. Deben disponer de luces y dispositivos reflectantes traseros y delanteros.

Desde el FEPSU seguimos comprometidos con la seguridad y la sostenibilidad de nuestras ciudades, así como con el estudio y difusión de las medidas que nos permiten hacer frente a los nuevos retos.

Seguridad y personas mayores: la prospectiva hecha realidad

El envejecimiento de la población es una realidad en España y en muchos países del entorno. El aumento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad han llevado a un cambio demográfico significativo. En este contexto, es fundamental comprender las características y los datos relacionados con el envejecimiento de la población, así como los riesgos principales que sufren las personas mayores en relación con la seguridad pública.

En este artículo te explicamos de qué manera deben trabajar las ciudades para garantizar la seguridad de la población de edad más avanzada y presentamos algunas de las iniciativas de nuestros socios en esa dirección.

Nos hacemos mayores

El envejecimiento de la población es un fenómeno global y España y sus países vecinos no son una excepción. En los últimos años se ha observado un aumento constante del número de personas mayores de 65 años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística se estima que en España el porcentaje de personas mayores de 65 años alcanzará el 30% de la población total en las próximas décadas.

El envejecimiento de la población plantea desafíos en diversos aspectos como la atención médica, la seguridad social y, por supuesto, la seguridad pública de las personas mayores.

Uno de los indicadores demográficos básicos más usados para expresar esta realidad es el índice de envejecimiento, esto es, el porcentaje de personas mayores de 64 años sobre la población menor de 16 años. A uno de enero de 2022, en España, el porcentaje se ha registrado en 135.5, contabilizándose alrededor de 135 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, 4.4 puntos por encima del valor del año anterior.

El último año registrado en el que las personas jóvenes fueron más que las mayores es 1999. Con el inicio de siglo el indicador comienza a situarse por encima de 100 y desde entonces ha experimentado un aumento paulatino hasta el 135.5% actual.

Las principales razones de este envejecimiento se encuentran en la combinación de dos factores: la baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida.

En el primer caso, los datos revelan un descenso muy significativo, el 39% menos de nacimientos que diez años atrás. Por otro lado, a pesar de reducirse en 1.5 años en 2020 por causa de la pandemia, la esperanza de vida experimenta un aumento progresivo en las últimas décadas. De los 77.07 años en 1991 ha pasado a situarse alrededor de los 83 años en 2022.

Las políticas públicas de seguridad no pueden obviar esta realidad y conviene integrar esta perspectiva en todas las fases de su elaboración.

Algunos de los riesgos principales están relacionados con la inseguridad en el entorno urbano. Las personas mayores pueden ser más vulnerables a la delincuencia, así lo han manifestado algunas teorías criminológicas que con más o menos evidencia empírica identifican esa vulnerabilidad física con un mayor sentimiento de inseguridad. La falta de movilidad, la fragilidad física y una menor capacidad para defenderse aumentan su riesgo, aunque los cierto es que los valores relativos a la victimización de los grupos de edad más avanzada que registran los principales estudios sobre la materia de que disponemos suelen ser los más bajos. Una de las explicaciones se encuentra en el hecho de que una mayor vulnerabilidad quedaría compensada con una actitud más prudente y precavida. A la vez, la exposición de las personas mayores en el espacio público se reduce a franjas de tiempo más cortas en comparación con otros segmentos de población lo que podría explicar ese menor protagonismo en determinados ámbitos de victimización.

Más allá de la seguridad pública relacionada con la delincuencia, en el caso de las personas mayores es importante atender a un diseño urbanístico inclusivo de las ciudades. Los entornos urbanos deben diseñarse pensando en su accesibilidad, con aceras en buen estado, señalización clara, ausencia de obstáculos y rampas adecuadas para facilitar su movilidad. Es esencial que se adopten medidas para garantizar entornos urbanos seguros, iluminados y accesibles para todos/as.

Finalmente, otro de los aspectos relevantes cuando pensamos en el bienestar de las personas mayores tiene que ver con la soledad y el aislamiento que algunas de ellas sufren de forma no deseada. Es importante fomentar la participación social y comunitaria, así como garantizar espacios seguros y amigables y programas de actividades adaptadas a sus intereses.

Algunas iniciativas

Las iniciativas públicas centradas en el estudio de la situación de las personas mayores no son algo nuevo. En este sentido, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya elaboró para el periodo 2015-2018 el Plan Integral de Seguridad de las personas mayores. En paralelo, el mes de febrero de 2015 se presentaba una edición especial de la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya centrada en el diagnóstico de la seguridad y su percepción por parte de este grupo de personas.

Recientemente, el pasado mes de mayo, el Ajuntament de Barcelona presentó una nueva guía práctica con recomendaciones sobre cómo combatir el edatismo que sufren las personas mayores. El documento final es fruto de la colaboración entre la asociación SomSeniors y el Departament de Promoció de les Persones Grans del mismo Ajuntament de Barcelona, y sirve, entre otras cosas, para incorporar algunas de las medidas presentes en el informe mundial sobre discriminación por edad elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Actualmente, el colectivo de gente mayor de 65 años presenta un alto grado de diversidad que no siempre es reconocido. Esta situación puede provocar distintas formas de discriminación y maltrato hacia estas personas. En esencia, a partir del análisis de los principales estereotipos y estigmas asociados a las personas mayores, el documento persigue cambiar la mirada con la que percibimos el envejecimiento actuando desde las administraciones, entidades, medios de comunicación y empresas.

Entre algunas de las recomendaciones se encuentra la necesidad de desmitificar la eterna juventud; mostrar las oportunidades que ofrece la etapa de envejecimiento; la toma en consideración y respeto de las opiniones del colectivo o la necesidad de valorar la participación que las personas mayores tienen en la familia y la sociedad, entre otras.

En esa misma dirección el Ayuntamiento de Madrid dispone de un servicio de Acompañamiento a la integración social de personas mayores que se sienten solas”.

El servicio, dirigido a la prevención, detección y atención de la soledad y aislamiento no deseado de las personas mayores de 65 años, entre otros, persigue los objetivos de capacitar y empoderar a estas personas en la gestión y prevención de las consecuencias negativas del envejecimiento, así como lograr, en casos de riesgo de aislamiento, un acercamiento a las personas mayores que les permita conducir esas situaciones a la inclusión social.

El programa trabaja a partir de dos tipos de intervenciones. En las individuales se realizan llamadas y visitas al domicilio para valorar las circunstancias personales o factores de riesgo que permitan detectar situaciones de soledad no deseada. En esos casos, las intervenciones aportan compañía, seguridad y ayuda en las salidas al exterior de la persona, con ello se crean y fortalecen sus vínculos sociales favoreciendo la integración comunitaria.

El segundo tipo de intervenciones tiene carácter grupal. Mediante hasta ocho sesiones realizadas en dependencias municipales como Centros de Servicios Sociales o bibliotecas, se realizan talleres de una hora y media agrupados en cuatro tipos de contenidos: envejecimiento activo, habilidades sociales, apoyo social o abordaje de la soledad.

A medida que envejecemos, enfrentamos riesgos y desafíos específicos en relación con la seguridad pública y la vida en las ciudades, pero también con el bienestar de las personas mayores y su integración en la comunidad. Desde el FEPSU aplaudimos todas las iniciativas que nuestros socios llevan a cabo para minimizar los efectos negativos que esta realidad supone para las personas.

Formación interna: «Gestión de la convivencia en los entornos urbanos»

Hoy en día las ciudades deben enfrentar múltiples problemas en términos de convivencia. Se trata de retos que administraciones públicas deben hacer frente para promover entornos urbanos pacíficos y una mejor calidad de vida para sus habitantes. En este contexto, la gestión de la convivencia es un eje clave que las políticas municipales deben tener en cuenta, y por ello el FEPSU impulsa la formación «Gestión de la convivencia en los entornos urbanos».

Sobre la formación

La formación, que tendrá lugar el día 8 de junio de 2023 de 10h a 14h, tiene por objetivo dotar de una base teórica y práctica en la gestión de los conflictos urbanos de diferente índole para así contribuir a ciudades con unos niveles óptimos en términos de convivencia.

Durante la sesión se introducirán los fundamentos esenciales de la conflictología para la posterior resolución de un caso práctico en grupo. Finalmente, se pondrán en común los resultados de los diferentes grupos para abrir un debate sobre las diferentes perspectivas a la hora de gestionar los conflictos y las mejores fórmulas para cada uno.

L’Hospitalet de Llobregat y la gestión de la convivencia

La formación se llevará a cabo por Óscar Negredo, coordinador del Servicio de Mediación Comunitaria de L’Hospitalet de Llobregat, ciudad que además se encuentra a la vanguardia como modelo de la gestión de la convivencia y conflictos comunitarios.

Con esta formación seguimos en la línea de abordar los problemas de convivencia en nuestra sociedad que tuvo inicio en la conferencia anual de Madrid de 2022 «Retos para una sociedad con una convivencia pacífica y segura», en la que se trataron los diferentes aspectos de la gestión de la convivencia así como las acciones que se pueden tomar en dicha materia.

Programa

A continuación, puedes consultar el programa de la formación:

1. Parte teórica

  • Tipología de conflictos públicos
  • Herramientas para analizar conflictos públicos complejos
  • Identificación de actores estratégicos
  • Metodologías para abordar conflictos públicos complejos
  • Evaluación

2. Resolución de un caso práctico

3. Puesta en común del caso práctico