La micromovilidad, ventajas y desafíos

La micrmovolidad en una ciudad.

En los últimos años, la micromovilidad se ha convertido en una tendencia en auge en las principales ciudades de todo el mundo. El uso de bicicletas y patinetes eléctricos ha transformado la forma en que nos desplazamos, ofreciendo alternativas más sostenibles, económicas y ágiles para recorrer las calles urbanas. En este artículo, exploramos la situación de la micromovilidad en las ciudades españolas, incluyendo un breve análisis de la normativa vigente, datos de volumen de usuarios y accidentalidad, así como algunos consejos de seguridad.

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Los vehículos de movilidad personal (VPM) y sus usuarios/as

La micromovilidad, que engloba los medios de transporte individual de pequeño tamaño y propulsión humana o eléctrica, se ha convertido en una solución cada vez más popular para sortear los problemas de tráfico, mejorar la calidad del aire y fomentar un estilo de vida más activo.

El pasado mes de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España por el incumplimiento sistemático de la norma comunitaria de calidad del aire en las ciudades de Madrid y Barcelona. La normativa, aprobada por la comisión en 2010, fija los límites anuales de seguridad en relación a la exposición de dióxido de nitrógeno (NO2), una sustancia altamente nociva para la salud de quienes la inhalan de forma continuada. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) viene estimando la mortalidad prematura asociada a este tipo de exposición desde 2014 cifrando en 49.000 los casos para toda Europa y en 5.900 para España.

Más allá de la movilidad sostenible que proporcionan estos vehículos, se abre un camino muy interesante en todo lo relativo a la intermodalidad, esto es, la combinación de bicis y patinetes con otros medios de trasporte público como el tren o los autobuses que facilita la entrada a las grandes ciudades desde poblaciones vecinas. De esta manera, usar el patinete para llegar al tren, desplazarse al centro de la ciudad y de ahí al destino final de nuevo con el vehículo de micromovilidad, se presenta como una alternativa sólida al uso del coche para desplazamientos puerta a puerta.

En España, la micromovilidad ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Las ciudades han implementado sistemas de alquiler de bicicletas y patinetes, contribuyendo con ello a un aumento en el número de usuarios. Según datos recientes, el número de desplazamientos en bicicleta en las ciudades españolas ha aumentado en un 11% en el último año, mientras que el uso de patinetes eléctricos se ha multiplicado por cuatro.

Uno de los estudios más recientes es el presentado por la proveedora de servicios de micromovilidad Tier Mobility. Los resultados del trabajo de campo, realizado en 36 ciudades de 14 países europeos, sitúan a España como el primer país con el mayor porcentaje de usuarios/as de ese tipo de vehículo, alrededor del 30%. Entre las ciudades españolas Madrid se sitúa en el primer puesto con un 43% de personas que declaran usar patinetes eléctricos de manera habitual.

La comodidad, el precio y la facilidad de su conducción son las principales razones, la seguridad y la falta de infraestructuras, las principales preocupaciones. De este modo, bicicletas y patinetes eléctricos son vistos como aliados para una movilidad más sostenible y eficiente, especialmente en distancias cortas y medianas.

No obstante, su llegada en masa y la escasa exigencia para conducirlos provocan algunos problemas relacionados con la seguridad de las ciudades que los acogen. Solamente en el municipio de Barcelona para el año 2022 se registraron alrededor de 900 incidencias con vehículos de movilidad personal implicados, y los últimos datos oficiales muestran que en 2021 se duplicaron las víctimas mortales por accidentes de patinetes eléctricos respecto a 2020, 13 y 6 respectivamente. Por todo ello, entendemos que la transformación de los patrones de movilidad en las ciudades requiere un acercamiento de las instituciones y se posiciona como un tema clave en la seguridad vial de las mismas.

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Regulación disponible

Como sucede con todos los fenómenos que de manera repentina pasan a formar parte del día a día de las ciudades, se necesita cierto margen para adecuar su regulación a las necesidades y problemas que plantean.

El caso de los vehículos de micromovilidad no es una excepción y a día de hoy el contenido de las normas que los regulan sigue siendo desconocido por buena parte de los/las usuarios/as.

La competencia normativa de los VPM y las bicicletas se reparte entre el estado y las corporaciones municipales. El estado regula con carácter general la seguridad vial y la circulación a través de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Dicha legislación se desarrolla a través del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación recientemente modificado por el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, que, ahora sí, formaliza la regulación de los vehículos de movilidad personal.

A partir de las bases fijadas por la legislación estatal las ordenanzas municipales pueden establecer su regulación específica. De este modo, ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia presentan algunas diferencias como la edad mínima para conducirlos (Madrid y Sevilla la establece en 15 años y Barcelona y Valencia fijan los 16, pero Pamplona la sitúa en 14), la circulación por calzadas generales (permitida en Madrid, Valencia o Barcelona cuando su velocidad esté limitada a 30 km/h), el uso del casco (obligatorio en Pamplona pero recomendado en Barcelona y Madrid) o la obligatoriedad de disponer de un seguro a terceros obligatorio (Benidorm, Palencia, Córdoba o Mahón sí lo exigen pero ciudades como Madrid o Barcelona todavía no).

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha elaborado un manual de características técnicas de los VMP que establece los requisitos obligatorios de que deberán disponer estos vehículos a partir de 2024, tanto en lo relativo a sus equipamientos como a la calidad de su fabricación. De este modo, todos los modelos y marcas existentes en el mercado deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas. Por otro lado, la nueva regulación prevé una moratoria que permitirá seguir circulando a los vehículos sin certificación hasta enero de 2027.

A continuación, detallamos algunos elementos de la regulación común para toda España, no sin aconsejar que antes de utilizar estos vehículos, sus usuarios/as profundicen en la normativa local de cada ciudad.

A día de hoy, las 10 normas principales sobre el uso de VMP son las siguientes:

  1. No pueden circular por las aceras.
  2. Tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos.
  3. Solo puede ocuparlos una persona, por eso son vehículos de movilidad personal.
  4. Prohibido el uso de auriculares y/o teléfonos móviles.
  5. Su velocidad máxima es de 25 km/h.
  6. Sus conductores están sometidos a las mismas tasas de consumo de alcohol que los de otros vehículos.
  7. No es necesario permiso de circulación.
  8. Deben disponer de sistema de frenado.
  9. Deben disponer de dispositivo de advertencia acústica (timbre).
  10. Deben disponer de luces y dispositivos reflectantes traseros y delanteros.

Desde FEPSU seguimos comprometidos con la seguridad y la sostenibilidad de nuestras ciudades, así como con el estudio y difusión de las medidas que nos permiten hacer frente a los nuevos retos.

Seguridad y personas mayores: la prospectiva hecha realidad

El envejecimiento de la población es una realidad en España y en muchos países del entorno. El aumento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad han llevado a un cambio demográfico significativo. En este contexto, es fundamental comprender las características y los datos relacionados con el envejecimiento de la población, así como los riesgos principales que sufren las personas mayores en relación con la seguridad pública.

En este artículo te explicamos de qué manera deben trabajar las ciudades para garantizar la seguridad de la población de edad más avanzada y presentamos algunas de las iniciativas de nuestros socios en esa dirección.

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Nos hacemos mayores

El envejecimiento de la población es un fenómeno global y España y sus países vecinos no son una excepción. En los últimos años se ha observado un aumento constante del número de personas mayores de 65 años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística se estima que en España el porcentaje de personas mayores de 65 años alcanzará el 30% de la población total en las próximas décadas.

El envejecimiento de la población plantea desafíos en diversos aspectos como la atención médica, la seguridad social y, por supuesto, la seguridad pública de las personas mayores.

Uno de los indicadores demográficos básicos más usados para expresar esta realidad es el índice de envejecimiento, esto es, el porcentaje de personas mayores de 64 años sobre la población menor de 16 años. A uno de enero de 2022, en España, el porcentaje se ha registrado en 135.5, contabilizándose alrededor de 135 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, 4.4 puntos por encima del valor del año anterior.

El último año registrado en el que las personas jóvenes fueron más que las mayores es 1999. Con el inicio de siglo el indicador comienza a situarse por encima de 100 y desde entonces ha experimentado un aumento paulatino hasta el 135.5% actual.

Las principales razones de este envejecimiento se encuentran en la combinación de dos factores: la baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida.

En el primer caso, los datos revelan un descenso muy significativo, el 39% menos de nacimientos que diez años atrás. Por otro lado, a pesar de reducirse en 1.5 años en 2020 por causa de la pandemia, la esperanza de vida experimenta un aumento progresivo en las últimas décadas. De los 77.07 años en 1991 ha pasado a situarse alrededor de los 83 años en 2022.

Las políticas públicas de seguridad no pueden obviar esta realidad y conviene integrar esta perspectiva en todas las fases de su elaboración.

Algunos de los riesgos principales están relacionados con la inseguridad en el entorno urbano. Las personas mayores pueden ser más vulnerables a la delincuencia, así lo han manifestado algunas teorías criminológicas que con más o menos evidencia empírica identifican esa vulnerabilidad física con un mayor sentimiento de inseguridad. La falta de movilidad, la fragilidad física y una menor capacidad para defenderse aumentan su riesgo, aunque los cierto es que los valores relativos a la victimización de los grupos de edad más avanzada que registran los principales estudios sobre la materia de que disponemos suelen ser los más bajos. Una de las explicaciones se encuentra en el hecho de que una mayor vulnerabilidad quedaría compensada con una actitud más prudente y precavida. A la vez, la exposición de las personas mayores en el espacio público se reduce a franjas de tiempo más cortas en comparación con otros segmentos de población lo que podría explicar ese menor protagonismo en determinados ámbitos de victimización.

Más allá de la seguridad pública relacionada con la delincuencia, en el caso de las personas mayores es importante atender a un diseño urbanístico inclusivo de las ciudades. Los entornos urbanos deben diseñarse pensando en su accesibilidad, con aceras en buen estado, señalización clara, ausencia de obstáculos y rampas adecuadas para facilitar su movilidad. Es esencial que se adopten medidas para garantizar entornos urbanos seguros, iluminados y accesibles para todos/as.

Finalmente, otro de los aspectos relevantes cuando pensamos en el bienestar de las personas mayores tiene que ver con la soledad y el aislamiento que algunas de ellas sufren de forma no deseada. Es importante fomentar la participación social y comunitaria, así como garantizar espacios seguros y amigables y programas de actividades adaptadas a sus intereses.

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Algunas iniciativas

Las iniciativas públicas centradas en el estudio de la situación de las personas mayores no son algo nuevo. En este sentido, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya elaboró para el periodo 2015-2018 el Plan Integral de Seguridad de las personas mayores. En paralelo, el mes de febrero de 2015 se presentaba una edición especial de la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya centrada en el diagnóstico de la seguridad y su percepción por parte de este grupo de personas.

Recientemente, el pasado mes de mayo, el Ajuntament de Barcelona presentó una nueva guía práctica con recomendaciones sobre cómo combatir el edatismo que sufren las personas mayores. El documento final es fruto de la colaboración entre la asociación SomSeniors y el Departament de Promoció de les Persones Grans del mismo Ajuntament de Barcelona, y sirve, entre otras cosas, para incorporar algunas de las medidas presentes en el informe mundial sobre discriminación por edad elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Actualmente, el colectivo de gente mayor de 65 años presenta un alto grado de diversidad que no siempre es reconocido. Esta situación puede provocar distintas formas de discriminación y maltrato hacia estas personas. En esencia, a partir del análisis de los principales estereotipos y estigmas asociados a las personas mayores, el documento persigue cambiar la mirada con la que percibimos el envejecimiento actuando desde las administraciones, entidades, medios de comunicación y empresas.

Entre algunas de las recomendaciones se encuentra la necesidad de desmitificar la eterna juventud; mostrar las oportunidades que ofrece la etapa de envejecimiento; la toma en consideración y respeto de las opiniones del colectivo o la necesidad de valorar la participación que las personas mayores tienen en la familia y la sociedad, entre otras.

En esa misma dirección el Ayuntamiento de Madrid dispone de un servicio de “Acompañamiento a la integración social de personas mayores que se sienten solas”.

El servicio, dirigido a la prevención, detección y atención de la soledad y aislamiento no deseado de las personas mayores de 65 años, entre otros, persigue los objetivos de capacitar y empoderar a estas personas en la gestión y prevención de las consecuencias negativas del envejecimiento, así como lograr, en casos de riesgo de aislamiento, un acercamiento a las personas mayores que les permita conducir esas situaciones a la inclusión social.

El programa trabaja a partir de dos tipos de intervenciones. En las individuales se realizan llamadas y visitas al domicilio para valorar las circunstancias personales o factores de riesgo que permitan detectar situaciones de soledad no deseada. En esos casos, las intervenciones aportan compañía, seguridad y ayuda en las salidas al exterior de la persona, con ello se crean y fortalecen sus vínculos sociales favoreciendo la integración comunitaria.

El segundo tipo de intervenciones tiene carácter grupal. Mediante hasta ocho sesiones realizadas en dependencias municipales como Centros de Servicios Sociales o bibliotecas, se realizan talleres de una hora y media agrupados en cuatro tipos de contenidos: envejecimiento activo, habilidades sociales, apoyo social o abordaje de la soledad.

A medida que envejecemos, enfrentamos riesgos y desafíos específicos en relación con la seguridad pública y la vida en las ciudades, pero también con el bienestar de las personas mayores y su integración en la comunidad. Desde Fepsu aplaudimos todas las iniciativas que nuestros socios llevan a cabo para minimizar los efectos negativos que esta realidad supone para las personas.

Formación interna: «Gestión de la convivencia en los entornos urbanos»

Hoy en día las ciudades deben enfrentar múltiples problemas en términos de convivencia. Se trata de retos que administraciones públicas deben hacer frente para promover entornos urbanos pacíficos y una mejor calidad de vida para sus habitantes. En este contexto, la gestión de la convivencia es un eje clave que las políticas municipales deben tener en cuenta, y por ello FEPSU impulsa la formación «Gestión de la convivencia en los entornos urbanos».

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Sobre la formación

La formación, que tendrá lugar el día 8 de junio de 2023 de 10h a 14h, tiene por objetivo dotar de una base teórica y práctica en la gestión de los conflictos urbanos de diferente índole para así contribuir a ciudades con unos niveles óptimos en términos de convivencia.

Durante la sesión se introducirán los fundamentos esenciales de la conflictología para la posterior resolución de un caso práctico en grupo. Finalmente, se pondrán en común los resultados de los diferentes grupos para abrir un debate sobre las diferentes perspectivas a la hora de gestionar los conflictos y las mejores fórmulas para cada uno.

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L’Hospitalet de Llobregat y la gestión de la convivencia

La formación se llevará a cabo por Óscar Negredo, coordinador del Servicio de Mediación Comunitaria de L’Hospitalet de Llobregat, ciudad que además se encuentra a la vanguardia como modelo de la gestión de la convivencia y conflictos comunitarios.

Con esta formación seguimos en la línea de abordar los problemas de convivencia en nuestra sociedad que tuvo inicio en la conferencia anual de Madrid de 2022 «Retos para una sociedad con una convivencia pacífica y segura», en la que se trataron los diferentes aspectos de la gestión de la convivencia así como las acciones que se pueden tomar en dicha materia.

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Programa

A continuación, puedes consultar el programa de la formación:

1. Parte teórica

  • Tipología de conflictos públicos
  • Herramientas para analizar conflictos públicos complejos
  • Identificación de actores estratégicos
  • Metodologías para abordar conflictos públicos complejos
  • Evaluación

2. Resolución de un caso práctico

3. Puesta en común del caso práctico

¿Por qué somos (in)felices? El papel de la seguridad

felicidad, bienestar y seguridad

En los últimos años se observa una tendencia creciente en las instituciones y políticas públicas a la hora de considerar la felicidad y el bienestar de las personas como un objetivo importante en sí mismo. Cada vez son más las iniciativas que presentan directamente y como prioritario el objetivo de la felicidad. Su omnipresencia es indudable.

Ahora bien. ¿En qué consiste ser feliz? ¿Cómo se mide ese estado? ¿Qué lugar ocupa la seguridad en la receta de un bien tan preciado? En este artículo explicamos de qué manera se mide la felicidad y cuál es la relación que mantiene con la percepción de seguridad de las personas.

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Progreso y crecimiento: dos cosas distintas

En 2009, un grupo de prestigiosos economistas entre los que se encontraban los premio nobel Joseph Stiglitz y Amartya Sen reciben un encargo del entonces presidente francés Nicolas Sarkozi. Los efectos de la crisis económica de finales de la primera década del SXXI son ya una realidad y cada vez toman más relevancia las voces que cuestionan que los indicadores de crecimiento económico como el Producto Interior Bruto (PIB) sean los únicos protagonistas a la hora de medir el bienestar de nuestras sociedades. Del trabajo realizado por esa comisión nace uno de los informes más citados de la última década: Mismeasuring Our Lives. Why GDP Doesn’t Add Up (Medir mal nuestras vidas. ¿Por qué no cuadra el PIB?)

La premisa del informe planteó que el crecimiento del PIB en la economía de un país, no asegura que su población se beneficie directa y equilibradamente de ese incremento. Tal y como aseguró Stiglitz en su día, “una de las razones por las que la mayor parte de la gente percibe que está peor, aunque el PIB medio suba, es porque efectivamente está peor”.

Esta realidad pone de manifiesto los problemas de utilizar exclusivamente el PIB como medida del bienestar económico y confirma la necesidad de proponer nuevos indicadores que permitan medir el bienestar y la felicidad de una manera más fiable y precisa. Los autores argumentan que, aunque el PIB es una medida útil de la producción y el crecimiento de una economía, no refleja otros aspectos importantes en la vida de las personas como el nivel de desigualdad existente en una sociedad, la distribución de la riqueza o el impacto ambiental.

El cambio de paradigma se confirma y los fundamentos teóricos que lo sustentan deben servir de inspiración a gobiernos de todo el mundo para construir nuevos sistemas de medición con los que evaluar sus políticas públicas.

Durante los siguientes años nacerán conceptos como el de “Felicidad Nacional Bruta” y se crearán Ministerios de la Felicidad en las estructuras políticas de muchos países. El bienestar de los ciudadanos se consolidará como un objetivo más allá del crecimiento económico y al albor de esa realidad, nacerán nuevas medidas como el índice global de felicidad, el índice de bienestar sostenible, el índice de desarrollo humano, el índice de progreso real o el índice de capital social, entre otros.

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Medir la felicidad y el bienestar

La principal novedad de estos indicadores se encuentra en la manera como se construyen. La mayoría proponen una medida basada en factores económicos, pero junto a estos incluyen otros de tipos social y ambiental a base de variables como el estado de salud, la educación, el empleo y la seguridad.

Es el caso del Índice global de felicidad, publicado anualmente por Naciones Unidas con la finalidad de medir la felicidad en 157 países. Su construcción consiste en agregar valores relativos al PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de años de vida saludable, la libertad para tomar decisiones vitales, la generosidad o la percepción de la corrupción.

En 2023, Finlandia ha encabezado el ranquin y España se ha situado en la posición número 32 con una puntuación de 6.436, 1.368 por debajo de la líder finesa siendo la percepción sobre la corrupción una de las categorías que más penaliza su puntuación final.

Junto al Índice global de felicidad, el Índice de bienestar económico sostenible (IBES) se presenta como un indicador económico alternativo, también aspirante a reemplazar al PIB como indicador de bienestar social. Se compone de una veintena de variables de distinta naturaleza representativas de aquello que influye en el bienestar personal.

Un elemento interesante en su construcción lo encontramos en el hecho de incluir los “costes derivados del crimen”. De esta manera, la seguridad de las personas aparece como una realidad mesurable confirmando la necesidad de acercarnos al concepto de bienestar desde una perspectiva amplia y multidimensional.

En este caso, el crimen se presenta como un coste social que afecta negativamente al bienestar de las personas de ahí que se incorpore con signo negativo al cálculo del indicador. Hay que tener en cuenta que en algunos casos los costes derivados de las actividades delictivas son evidentes (valor de objetos robados, gastos médicos de lesiones…), en otros, la dificultad de identificarlos y cuantificarlos es mayor. Es el caso de los traumas asociados a la experiencia de victimización, la percepción de inseguridad o el sufrimiento.

Pese a que la metodología de cálculo de esta variable puede ser cambiante en función del país generando algunas desconfianzas sobre la fiabilidad del indicador, la simple agregación de los niveles de delincuencia registrados por la policía sirve para completar el retrato social y comenzar a estudiar posibles relaciones entre la seguridad pública y el bienestar de las personas.

Bajo esta misma tradición se desarrolla el Better Life Index (Índice para una vida mejor) de la Organización para la Coperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La organización, formada por 38 miembros entre los cuales se encuentra España, elabora el informe How’s life (Cómo es la vida) cada dos años como parte de una iniciativa que se propone promover mejores políticas para una vida mejor.

La evaluación propone un enfoque multidimensional que cubre 11 campos del bienestar actual. De este modo, entre algunos de los temas registrados destacan los ingresos y riqueza, la vivienda, el trabajo y calidad del empleo, las conexiones sociales, el equilibrio vida-trabajo o la seguridad. Un total de 80 indicadores para analizar si la vida de las personas de 37 países y 4 países socios está mejorando.

En el campo de la seguridad las variables analizadas giran en torno al volumen de homicidios, el sentimiento de seguridad al caminar solos/as de noche y las muertes en carretera. Con la finalidad de evitar los problemas derivados de trabajar exclusivamente con valores promedios, el estudio también presenta un apartado sobre las desigualdades originadas por la brecha entre grupos de población.

La edición de 2020, la última disponible, confirma que desde los primeros resultados en 2010 algunos aspectos del bienestar han mejorado. En general, se viven vidas más largas y seguras. La esperanza de vida ha aumentado en casi un año situándose alrededor de los 80. En paralelo, la tasa promedia de homicidios ha disminuido un tercio, también las muertes en carretera y puede confirmarse que las personas se sienten más seguras cuando caminan solas de noche por la calle.

No obstante, analizar los datos promedios generales puede ocultar tanta información como la que se enseña. Los promedios no siempre son válidos para todos los países ni para todos los grupos de población. Conscientes de ello, How’s life también presenta los datos ateniendo a la brecha de género o edad, por poner algunos ejemplos. De este modo, en un indicador como el de las conexiones sociales se observa que la gente mayor tiene el triple de posibilidades de no encontrar apoyo social ante una adversidad. Por otro lado, en lo relativo al balance de afecto negativo, esto es, la experimentación superior de sentimientos negativos (ira, tristeza, preocupación…) que positivos (alegría, descanso…), las mujeres se sitúan 3 puntos porcentuales por encima de los hombres.

En general, estos y otros indicadores han proporcionado suficiente evidencia empírica para asegurar que existe una relación positiva entre la percepción de seguridad de las personas y su estado de felicidad o bienestar subjetivo. A pesar de eso es importante señalar que esa relación puede ser más compleja debido a la influencia de muchos otros factores de tipo social e individual.

Desde FEPSU trabajamos junto a nuestros socios en la construcción de ciudades más seguras convencidos de que los efectos de ese trabajo contribuyen a mejorar la vida y el bienestar de las personas que las habitan.

Los efectos extremos del cambio climático: la gestión del riesgo

El cambio climático es un fenómeno global que está afectando a todas las regiones del mundo. Entre sus consecuencias más visibles se encuentran los desastres naturales, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la desertificación o la disminución de los recursos hídricos, entre otras.

Los fenómenos climáticos extremos tienen un impacto significativo en la seguridad pública provocando situaciones de emergencia. Esta realidad supone un gran desafío en la gestión de los recursos públicos y privados y obliga a todas las administraciones y organizaciones supranacionales a elaborar programas de actuación con los que hacer frente al incremento de los riesgos que amenazan a nuestras sociedades.

Tal vez no podamos evitar determinados episodios asociados a la crisis climática, pero podemos trabajar para minimizar su impacto gestionando de antemano el riesgo. En este artículo explicamos de qué manera se trabaja en el abordaje del riesgo sistémico.

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Los efectos de la crisis climática y sus números

El último informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) muestra que los eventos climáticos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas intensas han aumentado en frecuencia e intensidad en muchos lugares del mundo en las últimas décadas. La organización, creada en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tiene como objetivo proporcionar a los gobiernos de todos los niveles información científica que puedan utilizar para desarrollar políticas climáticas. Entre sus órganos, cuenta con el Grupo de Trabajo sobre Soporte de Datos para las Evaluaciones de Cambio Climático (TG-Data) encargado de brindar información sobre la conservación, trazabilidad, estabilidad, disponibilidad y transparencia de datos en escenarios relacionados con los informes del IPCC. 

Así pues, entre algunas de las certezas científicas manifestadas está la de que la temperatura media global de la superficie terrestre ha sufrido un aumento superior a 1.5ºC por encima de los niveles preindustriales, periodo de tiempo tomado como referencia en los estudios sobre cambio climático y que situamos a mediados del siglo XIX. Desde entonces, debido a la quema de combustibles fósiles, principalmente, la concentración de CO2 en la atmosfera ha aumentado alrededor del 50%. Esta realidad ha provocado que los últimos años, desde 2015, hayan sido los más cálidos de todos los registros disponibles hasta el momento. El aumento de la temperatura provoca el derretimiento de los glaciares y el hielo polar y la expansión térmica de los océanos que, a su vez, ha hecho que el nivel del mar incremente en 3.3.mm por año en los últimos 25, según datos de la Agencia Espacial Europea (ESA).

En paralelo, cada vez son más y más intensos los episodios de sequía. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), alrededor del 41% de la población mundial vive en zonas donde la escasez de agua es un problema recurrente que impacta significativamente en la producción agrícola y en la seguridad alimentaria de muchas regiones del mundo. El Objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 6 trata de “garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos” pero lo cierto es que la situación actual, y la prevista para los próximos años, provoca desplazamientos y conflictos entre poblaciones derivados de la ausencia de recursos hídricos.

La alteración de los patrones de lluvia y los episodios severos de sequía provocan que los incendios forestales sean cada vez más intensos e incontrolables por el estado de una vegetación altamente estresada. En España, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, el año 2022 fue dramático en lo que a número de hectáreas quemadas se refiere. Los 7 primeros meses del año las comunidades autónomas habían reportado un total de 162.447 hectáreas calcinadas situando a España como el primer país de la Unión Europea en el siniestro ranquin de la desforestación.

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GAR 2022. Reducir el riesgo.

El Global Assessment Report on Risk Reduction (GAR) es el informe que cada dos años publica la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). Este instrumento tiene como objetivo analizar el estado actual de la reducción del riesgo en el mundo y elaborar recomendaciones para mejorar su gestión a nivel global.

Centrado en temas como la adaptación al cambio climático, la gestión de riesgos en las ciudades, su gobernanza y el diseño e inversión en programas que permitan reducirlos, el informe es el resultado de una colaboración internacional entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos/as y expertos/as en reducción de riesgos. Su contenido se basa en la investigación y el análisis de los datos recopilados por estas organizaciones en países de todo el mundo.

En su edición de 2022, el GAR estudia cómo los sistemas de gobernanza pueden evolucionar para mejorar el abordaje de los riesgos sistémicos del futuro en un mundo superpoblado e interconectado como el actual en el que el impacto de los desastres se extiende globalmente, realidad evidenciada por la crisis sanitaria asociada a la COVID-19.

Entre el contenido de la sexta edición del GAR encontramos algunas predicciones de futuro. De confirmarse la tendencia señalada por el informe para los próximos años y hasta 2030, el mundo debe prepararse para un aumento del 40% de desastres climatológicos por año y del 30% de los episodios de sequía. Debe prepararse para ver cómo se triplican los eventos de temperatura extrema anuales. A su vez, entre las conclusiones del estudio destaca la evidencia de que el impacto de estos desastres provoca efectos en cascada en otros aspectos de la desigualdad estructural o social. Se dispone de evidencia empírica que muestra como la violencia contra las mujeres y las niñas aumenta después de los desastres.

La actividad desarrollada alrededor del GAR sigue una máxima clara: para minimizar la incertidumbre y reducir el riesgo, en primer lugar, hay que comprenderlo. En este sentido, los trabajos presentados persiguen materializar el desarrollo sostenible y evitar el impacto de futuros desastres transformando los sistemas y nuestras sociedades desde el presente. En resumen: trabajar la resiliencia reduciendo la vulnerabilidad, la exposición y la desigualdad, es una forma de reducir el coste ambiental, económico y humano que determinados desastres generan en nuestro entorno.

Para ello, el GAR2022 realiza un llamado a la acción a través de una serie de recomendaciones. En primer lugar, se debe medir aquello que valoramos. En este sentido, es recomendable que los sistemas financieros y de inversión y seguros actualicen el cálculo de los activos financieros en riesgo a largo plazo. Junto a esto, la planificación fiscal de los estados debe adaptarse a los nuevos riesgos incluyendo nuevos componentes de incertidumbre en sus presupuestos nacionales.

En segundo lugar, se recomienda el diseño de sistemas que permitan conocer de qué manera las personas toman decisiones sobre el riesgo. Es necesario reformular cómo se comercializan los productos de seguros y mejorar la comunicación sobre por qué estos son necesarios. A su vez, los estudios sobre análisis de riesgos deben percibirse como herramientas necesarias para aportar conocimiento en escenarios de incertidumbre, pero en ningún caso deben tomarse como elementos de predicción 100% fiables. El análisis de los datos por si solo es insuficiente si no se combina con un conocimiento local y con la opinión de expertos.

Finalmente, es necesario avanzar en una gestión del riesgo que huya de análisis excesivamente sectoriales. Para ello, es imprescindible adoptar nuevas “terminologías del riesgo” que sean funcionales más allá de los peligros individuales y que permitan operar en diferentes disciplinas gracias a mecanismos de “colaboración lateral”.

Desde FEPSU trabajamos sobre la idea de que invertir en la comprensión del riesgo es la base para un desarrollo sostenible. El pasado 2022, el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS) emitió un comunicado manifestando su posicionamiento entorno a los efectos que el cambio climático tiene sobre el diseño de las políticas de seguridad urbana. En este sentido, los socios se comprometen a adoptar las siguientes medidas:

  • Establecer un grupo de trabajo formado por expertos conectado con las redes de trabajo existentes para comprender mejor el impacto del cambio climático y sus efectos sobre la seguridad urbana.
  • Trabajar con las autoridades locales y regionales en Europa para el diseño de medidas prácticas que mejoren la evaluación, prevención e impactos potenciales del cambio climático en la seguridad urbana.
  • Reforzar la cooperación entre todos los servicios de la ciudad y la sociedad civil en la elaboración de planes integrales de adaptación al cambio climático urbano y estrategias de resiliencia.

La salud mental en los cuerpos de policía: del tabú a la política pública

La salud mental en los cuerpos de policía es un tema crítico y a menudo subestimado. Algunos de los estereotipos asociados a las estructuras policiales y a la naturaleza del trabajo desempeñado por sus profesionales han contribuido a silenciar una realidad de la que, cada vez con más intensidad, se demanda su abordaje por parte de las administraciones competentes.

Las políticas orientadas a la creación de programas de bienestar para agentes de policía no son algo nuevo. Existen iniciativas que de forma más o menos ambiciosa han tratado de establecer criterios que definan de qué manera se vela por la salud mental de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. A menudo se asocia esta problemática desde la incidencia que tiene sobre el volumen de efectivos disponibles y su impacto en las plantillas, pero lo cierto es que la calidad del trabajo realizado también se resiente cuando los/las agentes de policía desarrollan sus funciones afectados por este tipo de problemas.

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El trabajo de policía

Cada vez son más las campañas de sensibilización sobre salud mental que desde las administraciones públicas se lanzan para concienciar a la sociedad en la necesidad de abordar los síntomas y eliminar los estigmas asociados a determinadas patologías.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó en 2003 que no es posible considerar la salud sin tener en cuenta la salud mental, considerando que una lista de enfermedades profesionales que no asimila determinados trastornos mentales, por definición, es una lista incompleta. La Declaración de Helsinki, firmada en el año 2005 por los estados miembros de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y el Consejo (Resolución EUR/RC55/R2), incorpora la salud mental como prioridad en la agenda europea e identifica la salud mental como un asunto de salud pública.

De este modo, no puede decirse que la salud mental sea algo ajeno a las agendas políticas de las distintas administraciones. No obstante, la salud mental de los/las profesionales del trabajo policial y de los servicios de emergencias, exige un tratamiento diferenciado por las características del entorno en el que se realiza.

A menudo se espera que los/as agentes de policía estén en su mejor forma física y mental en todo momento, pero la realidad es que muchos de ellos/as se enfrentan a desafíos significativos que pueden condicionar su bienestar psicológico.

Tanto en España como a nivel internacional, múltiples estudios han abordado este tema arrojando luz sobre la prevalencia de problemas de salud mental en entre los/las profesionales de los cuerpos de policía y emergencias y la necesidad de abordar estos problemas de manera efectiva.

Existe cierto tabú entorno a las enfermedades mentales y el suicidio. Los medios de comunicación suelen silenciar una realidad bajo la falsa creencia de que su tratamiento mediático, en el caso del suicidio, puede producir un efecto llamada. Es lo que se conoce como el efecto Werther, término acuñado desde la sociología a mediados de la década de los setenta en referencia al protagonista de la novela de Goethe, “Las penas del joven Werther”, en la que los desamores de un muchacho de corta edad le llevan a terminar con su vida.

De forma bastante generalizada, la mayoría de estudios concluyen que el impacto de la violencia laboral que supone el trabajo de policía y personal de emergencias está significativamente asociado con una mayor incidencia de trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. De este modo, estos colectivos tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos de salud mental en comparación con la población general. Algunos datos manifiestan que entre los efectivos policiales existe el doble de probabilidades de manifestar conductas suicidas.

El estrés laboral y la exposición a situaciones traumáticas se definen como riesgos psicosociales importantes en el desarrollo de las funciones de estos colectivos, de ahí la necesidad de facilitar herramientas que permitan la autoprotección necesaria para evitar o minimizar efectos nocivos para su salud mental.

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El abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial

El pasado 27 de marzo asistimos a la jornada Abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial organizada por la Guàrdia Urbana de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona. El acto, al que asistieron representantes de más de 50 policías locales, se estructuró en tres mesas dedicadas a la prevención del suicidio en el ámbito policial, la intervención operativa en tentativas de suicidio y las enfermedades mentales y su impacto en el servicio policial.

Bajo la idea generalizada de que para prevenir un problema es necesario hablar sobre él, la primera de las mesas sirvió para presentar las herramientas desarrolladas en los últimos años desde el consistorio barcelonés.

En primer lugar, los Departamentos de Riesgos Laborales del cuerpo de bomberos de Barcelona y su policía municipal, trabajan conjuntamente con el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones (INAD) del Parc de Salut y Mar del Hospital del Mar de Barcelona en un programa de atención psicológica dirigido a los agentes. Se trata de un servicio voluntario y confidencial que ha servido para atender a más de 700 agentes, aproximadamente un 15% de sus plantillas.

A su vez, la mesa sirvió para, de la mano de Beatriz Almenar Pasies, técnica del del departamento, presentar el Protocolo de prevención del suicidio del que dispone la Guàrdia Urbana de Barcelona desde 2019. La herramienta, que “en el segundo año de su implementación ya había llegado a toda la plantilla a través de un programa de formación interna”, tiene como objetivo la detección de conductas de riesgo entre los policías. El seguimiento del estado del/la agente, la retirada del arma de fuego como medida preventiva o la derivación del/la profesional a un centro sanitario para recibir atención psicológica urgente, son algunas de las medidas previstas atendiendo a la gravedad de cada caso.

El protocolo de prevención del suicidio de Guàrdia Urbana de Barcelona propone un programa de actuación que junto a las vías de intervención expuestas requiere de una toma de conciencia por parte de los/las agentes. En este sentido, buena parte de las formaciones realizadas persiguen dotar a los/las profesionales de un compromiso consigo mismos estableciendo la autoprotección como primera vía de protección. Los talleres recrean situaciones de riesgo que deben ser gestionadas por los participantes. A partir de ahí, se comparte la vivencia emocional que supone la actuación con la finalidad de extraer un aprendizaje que prepare emocionalmente a los/las agentes para situaciones de estas características. Es así como se consigue minimizar el impacto que pueda suponer sobre su salud mental la intervención en determinadas situaciones.

El compromiso por avanzar en materia de salud mental trasciende la realidad de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. En este sentido, Lídia Ametller, técnica de salud mental en el Ajuntament de Barcelona, presentó el flamante Plan de Salut Mental 2023-2030. El nuevo instrumento refuerza las 111 acciones del antiguo plan con 90 nuevas medidas desarrolladas mediante el trabajo conjunto en el seno de una comisión interdisciplinar. Este grupo, formado por instituciones y expertos/as en este campo, desarrolla propuestas procedentes de más de 500 organizaciones de la ciudad.

La celebración de la jornada también sirvió para valorar las actuaciones que los cuerpos de seguridad y otros servicios de emergencias realizan ante casos de tentativa de suicidio por parte de la ciudadanía. David Ruíz, técnico de operaciones de CAT112, el teléfono de emergencias de la Generalitat de Catalunya, informó que en 2022 el servicio recibió más de 20.000 llamadas relacionadas con tentativas de suicidio y concluyó que en los relativo al servicio de llamadas de emergencia «al gestor de emergencias se le pide que sea muy concreto: que diga lo que está pasando y sobretodo, que diga donde está pasando»

Desde FEPSU aplaudimos iniciativas como esta. Iniciativas que permiten avanzar en el conocimiento de los problemas que nuestra sociedad refleja.

Uno para todos. 32 años del 112

El pasado día 11 de febrero se celebró el día europeo del 112, el teléfono común de emergencias de los estados miembros de la Unión Europea. La efeméride, acordada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea en 2009, pretende crear consciencia sobre las bondades de disponer de un teléfono único para todos los estados al que acceder desde cualquier red de telefonía fija y móvil y de forma gratuita, a la vez que se consolida el instrumento como símbolo de la Unión Europea. Este año se celebra su 32º aniversario y se confirma que su popularidad continúa aumentando año tras año.

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El 112 en números

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la directiva europea 1972/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas establece que la Comisión debe presentar antes del 21 de diciembre de 2020, y a partir de entonces cada dos años, un informe sobre la eficacia de la implantación del número único europeo de emergencias 112. El primer informe de este tipo se publicó el 21 de diciembre de 2020 y recientemente han sido presentados los datos para 2021.

El informe revela que durante el año 2021 las llamadas al teléfono de emergencias 112 aumentaron en un 3% en comparación con 2019, llegando a los 153 millones sobre un total de 270 millones de llamadas de emergencias. Cabe recordar que todavía existen países que compaginan teléfonos nacionales de emergencia con el teléfono único 112. De este modo, las llamadas al 112 representaron el 56% del total de llamadas de emergencias durante 2021.

Las llamadas desde teléfonos móviles superaron ampliamente las realizadas desde teléfonos fijos. Durante 2021, el 78% de las emergencias fueron comunicadas desde dispositivos de telefonía móvil. Cabe destacar que los porcentajes varían significativamente en función de los países. En el caso de Luxemburgo el porcentaje se localiza en un 46%, en Alemania representa el 63% mientras que en Chipre y la República Checa se sitúan en 96% i 99% respectivamente.

En relación al tiempo de media para contactar con los servicios de emergencia, 25 estados reportaron menos de 10 segundos de tiempo medio de respuesta. De los 3 segundos de Países Bajos a los 15.4 de Suecia. En el caso español la media se sitúa en 6.5 segundos.

En muchas ocasiones los estados reportan información relacionada con las llamadas abandonadas, aquellas que se pierden antes de que se pueda establecer contacto con una persona que atienda la emergencia. Este abandono puede deberse a diferentes motivos: congestión de llamadas, fallos técnicos o desconexión de llamadas que se realizaron de forma involuntaria. En este caso, países como la República Checa reportan un elevado 36% de llamadas abandonadas que contrasta con un insignificante 0.3% de Eslovenia. En el caso español, el porcentaje de llamadas abandonadas asciende hasta el 8.7%

Es importante destacar que, en España, los centros de atención de llamadas del 112 son gestionados por las comunidades autónomas existiendo 19 servicios distintos.

España es uno de los países donde se mantienen teléfonos alternativos para ciertos tipos de urgencia. No obstante, el 112 se presenta como una opción más ventajosa. En primer lugar, porque atiende todo tipo de urgencias, ya sean sanitarias, accidentes, incendios, robos, emergencias químicas… En segundo lugar, su funcionamiento está garantizado en todo el territorio nacional mediante un sistema de llamadas gratuitas, ya sea desde teléfonos móviles o fijos. Finalmente, el 112 permite realizar llamadas desde teléfonos móviles incluso estando bloqueados, sin tarjetas SIM activa o fuera de cobertura.

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La gestión de las emergencias y las nuevas tecnologías

Una de las grandes ventajas que la penetración de la telefonía móvil inteligente está provocando en la gestión de las emergencias es la posibilidad de disponer de la ubicación de las personas que realizan este tipo de llamadas. La implementación de Advanced Mobile Location (AML) financiada en 10 estados de la Unión Europea, junto con el uso de los datos del sistema de navegación por satélite Galileo de la UE, prevé poder llegar a salvar más de 10.000 vidas en un plazo de 10 años gracias a la rápida intervención que podrá realizarse por tener a las personas localizadas. Esta nueva tecnología permite localizar a la persona en un radio aproximado de entre 15 y 20 metros. La tecnología tradicional existente hasta ahora solo permitía precisar entre 2 y 5 kilómetros en áreas urbanas y entre 40 y 50 kilómetros en zonas montañosas. La mejora en la precisión es determinante en lo que se refiere a gestión de la emergencia.

En este sentido, la Comisión adoptó un Reglamento, vigente desde el pasado 22 de marzo de 2022, que obliga a los fabricantes de telefonía móvil inteligente a garantizar que los datos de Galileo y WI-FI, como mínimo, estarán disponibles en las comunicaciones de emergencia. En el informe presentado por la Comisión se pone de manifiesto que, en la gran mayoría de países estudiados, dieciocho junto con Islandia y Noruega, la falta de información sobre la localización de la persona se produce en menos de un 3% de los casos. Solamente en países como Estonia (4%), Portugal (5%), España (12.3%), Italia (9.4%) o Croacia (13.8%) se supera ese porcentaje.

También en el ámbito de la comunicación de las emergencias, el pasado 21 de febrero entró en funcionamiento el sistema ES-Alert que permite enviar mensajes de alerta generalizada de forma inmediata a los teléfonos móviles que se encuentren localizados en un área afectada por alguna emergencia. La gestión de este sistema de alarmas se llevará a cabo también desde los Centros de Emergencias de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

La integración de este sistema permitirá dar una respuesta mucho más rápida y eficaz en situaciones de riesgos elevados sobre la población de un territorio determinado. El proceso, denominado “112 inverso”, estará disponible en cualquier punto del territorio español que disponga de cobertura 2G, 3G, 4G o 5G. La puesta en marcha de esta plataforma forma parte de las medidas del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, incluido a su vez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El acoso escolar: un compromiso internacional, una gestión local

En los últimos años ha crecido la preocupación social por los actos de violencia o acoso entre iguales (bullying) y de ciberacoso (ciberbullying). El bullying es un problema grave que afecta a muchos niños y niñas en todo el mundo. Este fenómeno se refiere a la violencia psicológica, física o verbal que se ejerce sobre una persona por parte de otra o varias personas, de manera repetitiva y con la intención de intimidar, humillar o causar daño. Aunque el bullying no es un fenómeno nuevo, en los últimos años se ha hecho más visible gracias a la conciencia que se ha generado en torno a él.

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Un problema generalizado

Según varios estudios, el bullying afecta a una gran cantidad de niños en todo el mundo. Así lo pone de manifiesto el informe Behind the numbers: Ending school violence anb bullying promovido por la UNESCO, el organismo de Naciones Unidas especializado en educación, ciencia y cultura. En él se señala que el 32% de los estudiantes de todo el mundo, uno de cada tres, han sufrido algún tipo de bullying en la escuela en el mes anterior a la realización de las encuestas. Además, se estima que el 20% de los estudiantes han sido víctimas de acoso en línea, lo que aumenta la presión sobre ellos incluso fuera del entorno escolar.

El informe, que cuenta con algo más de dos años de existencia, supone el mayor estudio realizado sobre la cuestión, aportando datos de 144 países para estudiantes entre los 9 y los 15 años de edad.

El estudio también revela que la intimidación física es la más frecuente en muchas regiones, con la excepción de Norteamérica y Europa donde es más común la intimidación psicológica. Por otro lado, el acoso sexual se manifiesta como el segundo más común. Sufrido por un 11.2% de los niños/as encuestados, se identifica con las bromas, comentarios o gestos hostiles de carácter sexual. A esto hay que añadir el incremento de nuevas formas de violencia sexual asociadas al espacio virtual. Entre el 12% y el 22% de los niños y niñas encuestados aseguraron haber recibido algún mensaje con contenido sexual en el último año.

Uno de los apartados más interesantes presentados por el informe tiene que ver con aquellos factores que influyen en la violencia escolar o bullying. La apariencia física se presenta como una de las causas más presentes, el 15,5% de los estudiantes declaró haber recibido acoso o burlas entorno a su rostro o cuerpo. En segundo lugar, la raza y la nacionalidad son las causas más frecuentes manifestadas por las personas acosadas, pero junto a estas, otras como la desventaja socioeconómica, la condición de inmigrante o el clima escolar del centro educativo, condicionan las probabilidades de que los/las jóvenes sufran acoso en el ámbito escolar.

El impacto del bullying en los niños/as que lo sufren puede ser devastador. Quienes lo sufren pueden experimentar una amplia gama de problemas emocionales como ansiedad, depresión, baja autoestima, miedo o tristeza. Además, el acoso escolar puede tener un impacto negativo en su rendimiento académico y en la capacidad de quienes lo sufren para relacionarse con los demás. En casos extremos, el bullying puede incluso llevar al suicidio elevándolo como principal causa de muerte entre los jóvenes en determinados países.

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Un compromiso internacional

La educación se presenta como una de las prioridades de la UNESCO, organismo encargado de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Este programa se enmarca en la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. La educación, fundamental para avanzar en esa dirección, cuenta con su propio objetivo. El ODS 4, propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

A este objetivo hay que añadir alguna de las metas relacionadas con el ODS 16, en concreto, la meta 16.1 que propone “reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”.

En buena medida, las campañas de sensibilización junto a los muchos programas realizados en la lucha contra el acoso escolar han generado una tendencia que el propio informe, ya en 2019, comienza a registrar. Se observa como en los últimos años se ha producido una disminución paulatina en la prevalencia del acoso escolar en los centros educativos de la mitad de los países del entorno europeo.

Algunos de los factores de éxito en la disminución del bullying tienen que ver con el compromiso político de promover un clima escolar y un entorno de aula seguro; establecer sistemas de denuncia y seguimiento de la violencia eficaces; formación y apoyo a los docentes o empoderamiento y participación de los estudiantes, y todo ello, realizado a través de programas e intervenciones basados en datos empíricos.

A partir de estas experiencias la UNESCO desarrolla un catálogo de recomendaciones para disminuir el acoso escolar. Entre las más relevantes destacamos las siguientes: la confección de un marco normativo en defensa de los derechos de los niños y niñas; la elaboración de investigaciones que permitan trabajar a partir de evidencia empírica; desarrollar proyectos que dispongan del apoyo de toda la comunidad educativa y siempre, en cualquier caso, proporcionar información y apoyo a los/las estudiantes para que puedan reaccionar libremente en caso de sufrir este tipo de situaciones.

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La gestión local del acoso escolar

En anteriores entradas, el blog de FEPSU, presentó alguno de los proyectos realizados en materia de prevención de la discriminación en las aulas. En concreto, un catálogo de recomendaciones elaboradas por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE).

Con el objetivo de materializar los compromisos adoptados en la lucha contra el acoso escolar, los actores locales elaboran numerosas actividades en esa dirección. El pasado mes de enero, la Unidad de Relaciones y Mediación con la Comunidad (URMEC) de la Policía Municipal de Terrassa en colaboración con la Escuela La Granja Ability Training Center, organizó una jornada formativa específica dirigida a cuerpos policiales de toda Cataluña. Con el fin de tratar el acoso y la gestión de las emociones se pusieron en común herramientas y recursos para combatir esta problemática.

El tema central de la jornada giró en torno al trabajo en equipo contra el acoso, entendiendo el sistema emocional desde la vivencia, dotando de los recursos suficientes a los agentes y mandos de las Policías Locales que luchan contra la violencia en las aulas.

La jornada también sirvió para que la Policía Municipal de Terrassa compartiese con los asistentes el funcionamiento del servicio de prevención contra el bullying que ofrece la institución en la ciudad.

A través de los agentes de la URMEC, la Policía Municipal de Terrassa realiza un proyecto de acompañamiento integral a los/las alumnos/as de las escuelas de la ciudad para luchar y prevenir el acoso entre niños/as y jóvenes que se produce tanto dentro como fuera de las aulas.

El proyecto ofrece un servicio personalizado en las escuelas e institutos de Terrassa donde imparten charlas y sesiones formativas personalizadas, ya sea en la fase de primaria y secundaria, ya sea en intervenciones específicas o charlas con las familias. En el período comprendido entre enero y diciembre de 2022 se realizaron más de 70 sesiones a las que asistieron alrededor de 2.200 alumnos/as.

En las sesiones formativas sobre acoso en las aulas, la URMEC adapta el mensaje y los recursos en función de la edad de los alumnos y alumnas, así como la programación y el soporte gráfico. Con ello se busca conseguir que la sesión sea lo más personalizada posible. Asimismo, en todas las etapas educativas introducen y destacan la importancia de la gestión de las emociones para prevenir situaciones de acoso.

Desde FEPSU compartimos una certeza: aquello que la sociedad ofrece a sus jóvenes es aquello que le devolverán el día de mañana. Es por eso que aplaudimos proyectos como el de nuestro socio en Terrassa, iniciativas que nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, una sociedad libre de violencia.

Ocupación ilegal: falsas creencias y gestión de la convivencia

En los últimos años, el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas ha destacado entre los temas que más preocupan a la opinión pública. A menudo, un tratamiento poco exhaustivo y riguroso por parte de los medios de comunicación, contribuye a generar falsas creencias entorno al hecho aumentando con ello la percepción de inseguridad de la ciudadanía. En este artículo proponemos una breve aproximación al contexto jurídico y social que acompaña al fenómeno de la ocupación ilegal, a la vez que presentamos algunas de las herramientas operativas con las que minimizar el impacto negativo que pueden provocar sobre la convivencia en los espacios comunitarios.

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¿Qué es una ocupación?

El pasado mes de noviembre, el Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU) organizó su conferencia nacional en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias de Madrid. Bajo el lema “Retos para una sociedad con una convivencia pacífica y segura”, algunos de los miembros de FEPSU presentaron proyectos en materia de seguridad y convivencia realizados recientemente. De este modo, durante dos jornadas se trataron temas relacionados con la convivencia en el espacio público y en el espacio comunitario entre los que destacó una mesa monográfica sobre la gestión de las ocupaciones con impacto negativo. En los próximos párrafos concretamos algunas de las cuestiones planteadas.

Es importante destacar que el término ocupación no es una categoría jurídica. No existe como tal el delito de ocupación, sino que usamos la palabra para referirnos a aquellos casos en los que alguien hace uso de un inmueble ajeno fuera de los supuestos previstos por la ley.

Sí se consideran delitos, y como tales están regulados en la legislación penal, el allanamiento de morada (art. 202 y 203 del Código Penal) y la usurpación (art. 245 del Código Penal). En el primero de los casos el bien jurídico protegido es la morada, entendida como aquel espacio que constituye el domicilio de una o varias personas, aquel en el que desarrollan su vida más privada. Es importante destacar que las segundas residencias son consideradas morada, por más que solo se permanezca en ellas durante periodos de vacaciones.

En el segundo supuesto, el delito de usurpación, el bien jurídico a proteger es la propiedad, tratándose de un delito contra el patrimonio. Así pues, estamos ante un delito de usurpación en aquellos casos en los que se ocupe ilegalmente una vivienda deshabitada sin el consentimiento de sus propietarios.

Carlos Rodríguez, Fiscal Decano de Madrid, aseguró en su ponencia en la conferencia nacional de FEPSU que “existe la creencia de que no se dispone de medidas ágiles para hacer frente al problema de las ocupaciones y la recuperación de las viviendas.” Esta creencia contribuye a generar una alarma social que desde un punto de vista jurídico y operativo no estaría justificada.

El allanamiento de morada constituye un delito que permite la actuación policial inmediata desalojando a los ocupantes del inmueble y restituyendo la propiedad al titular de la morada. En el caso de la usurpación, cuando se comete con violencia o intimidación se procede de la misma manera y en los casos que no es así, siempre que los ocupantes no hayan constituido su morada, también podrán ser desalojados rápidamente. Para aquellos supuestos en los que los ocupantes se encuentren desarrollando plenamente su vida en el inmueble, el desalojo necesitará una orden judicial por entrar en juego el derecho a la inviolabilidad de domicilio del artículo 18.2 del texto constitucional. En este sentido, Iván Nogales, miembro de la policía local de Santa Coloma de Gramanet, destaca la importancia de que las comunidades de propietarios conozcan el fenómeno de la ocupación ilegal y lo denuncien cuando sucedan en sus comunidades. 

Cabe destacar que cada vez son más las instancias judiciales que han tenido a bien incluir las usurpaciones, en su versión delictiva leve, dentro del grupo de delitos que pueden ser enjuiciados mediantejuicios rápidos o inmediatos. Este tipo de juicios se celebran en el Juzgado de guardia lo que supone una reducción muy significativa de los plazos para recuperar la vivienda. Por otro lado, podrán celebrarse siempre que concurran las circunstancias siguientes: que los ocupantes puedan ser identificados, que no se haya ejercido violencia contra los propietarios, y que se solicite la recuperación de la vivienda como medida cautelar.

Hasta aquí la vía penal. Fuera de ella pueden existir otros supuestos de ocupación, principalmente, relacionados con casos de impago de rentas del alquiler; finalización de contrato de alquiler; o ejecuciones hipotecarias, entre otros. En cualquiera de estos casos, al encontrarnos fuera de los requisitos necesarios para la causa penal, los procesos de desahucio siguen la vía civil, por lo general, mediante un procedimiento verbal de desahucio.

Llegados a este punto interesa detenerse en el coste temporal de estos procedimientos. La vía penal es la más rápida. En los juicios inmediatos por delitos leves la recuperación de la finca por parte de la víctima es inmediata.  Asumiendo el riesgo de la generalización, estos casos permiten la realización de los desalojos en poco más de una semana. No obstante, cuando no se den los requisitos que permitan tratar la usurpación como un delito leve y por tanto enjuiciarlo mediante un juicio rápido, este tipo de denuncias suelen resolverse en un plazo de entre 1 y 3 meses. Para los casos de allanamiento de morada, como ya dijimos, la actuación policial es inmediata.

En el caso de la vía civil, el procedimiento verbal de desahucio puede variar significativamente dependiendo de si el inquilino o persona ocupante se opone formalmente a la demanda o no lo hace. En cualquier caso, volviendo a generalizar, este proceso puede situarse entre los 3 y 6 meses de media para su resolución en primera instancia.

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Falsas creencias y convivencia

En ese caso, ¿de dónde procede la idea de que tras una ocupación la recuperación de la vivienda es lenta, costosa y muy garantista con los ocupantes? ¿De dónde la idea de que podemos salir el fin de semana y al volver encontrar nuestra casa ocupada no pudiendo acceder de nuevo en mucho tiempo? ¿Qué hay de cierto pues, en el hecho de que transcurridas 48 horas desde la ocupación la policía ya no puede hacer nada?

Indudablemente, alguna de estas ideas puede resultarnos conocida. Ya sea desde medios de comunicación ya sea a través de determinados discursos políticos, este tipo de afirmaciones aumentan el miedo de las personas y tienen una gran incidencia en la construcción de su percepción de inseguridad.

Las falsas creencias alrededor de la ocupación ilegal en España no inventan un problema inexistente, pero distorsionan notablemente sus características y condicionan la percepción ciudadana que de él se tiene. Como confirmó Iván Nogales, sargento de la policía local de Santa Coloma de Gramanet durante su ponencia en la conferencia nacional de FEPSU, “la mayor parte de las ocupaciones en nuestro país se producen por bandas organizadas en inmuebles de entidades bancarias para alquilarlos a terceros”.De este modo, las ocupaciones de domicilios o segundas residencias de particulares suponen un porcentaje residual del total de los bienes inmuebles afectados por el problema. A título de ejemplo, en la última edición de la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya las ocupaciones de segundas residencias no llegaron al 0.2% del total de hechos registrados, y en ningún caso se puede vislumbrar un aumento destacable desde 2015, año en el que se incorporaron a la cesta de hechos registrados por el estudio.

De este modo, actualmente, el principal problema de las ocupaciones es el impacto o alteración que generan en la convivencia de las comunidades que las sufren. A menudo, conllevan riesgos derivados por las conexiones precarias y fraudulentas de los suministros, en otros casos, traen consigo los efectos de una delincuencia asociada: narcopisos, redes de prostitución… En cualquier caso, siempre condicionan la demanda ciudadana en el mercado de la vivienda contribuyendo a la guetificación de determinadas zonas.

Jesús María García Cortijo, intendente de la policía municipal de Madrid, destacó en su ponencia la importancia de la mediación a diferentes niveles. Por un lado, en relación a la comunidad y en todo aquello relativo a los problemas de convivencia que pueden generarse. Por otro lado, orientada a resolver de forma extrajudicial el conflicto jurídico de fondo: “tenemos una figura clave, la del agente mediador que intenta poner en contacto a morador y titular de la vivienda con la finalidad de acercar posturas”. Todo ello sin olvidar la importancia de contar con información fiable sobre las cuestiones de seguridad relacionadas con la ocupación o con el tipo de intervención que vaya a llevarse a cabo.

Queda claro que la ocupación ilegal es un problema complejo, asociado, en buena medida, a déficits estructurales relacionados con el parque de vivienda en España, especialmente en las grandes ciudades. También resulta evidente que se debe seguir trabajando para ofrecer una respuesta policial y judicial que llegue de la manera más rápida y coordinada posible. A pesar de eso, la magnitud del problema recomienda seguir explorando caminos como el de la mediación que a menudo suponen soluciones menos costosas y más rápidas que los procedimientos judiciales. También, la creación de servicios o respuestas municipales con perspectiva transversal, dirigidas a promover y mantener un buen clima de convivencia, en especial en los entornos de fincas que sufren los efectos de las ocupaciones. Hay que tener en cuenta que la finca ocupada va a requerir un determinado tipo de intervención (policial o judicial), pero el vecindario o comunidad adyacentes, también va a necesitar de un apoyo dirigido a restablecer la convivencia que puede haberse visto afectada por la ocupación conflictiva. En el mejor de los casos, dicha comunidad va a requerir una intervención a fin de reducir el impacto negativo de la ocupación.

Desde FEPSU aplaudimos las soluciones que algunos de nuestros socios han aportado al problema. Con ellas continuamos avanzando en la construcción de sociedades más seguras y fomentando la convivencia en los espacios comunitarios.

Percepciones y actitudes de la ciudadanía: la legitimidad policial

Con más o menos frecuencia, a menudo después de acontecimientos que sacuden a la opinión pública, las autoridades políticas y los profesionales del sector retoman el debate sobre legitimidad policial, tratando de precisar en qué punto se encuentra la confianza que la ciudadanía brinda a sus cuerpos policiales.

A raíz del confinamiento y la posterior desescalada en las restricciones a la movilidad, crece la sensación de que la legitimidad de la policía ha disminuido en algunos sectores de la población, especialmente entre los más jóvenes. Episodios como el de la ciudad de Mataró en el que un grupo de jóvenes se enfrentó a los Mossos d’Esquadra en los accesos a una discoteca, o los vividos en Madrid con motivo de los macrobotellones celebrados durante las fiestas del Pilar, han vuelto a situar el tema en la agenda política.

Sindicatos vinculados a distintos cuerpos policiales han denunciado en diferentes medios el incremento de la violencia sufrida por sus agentes y el sentimiento de impunidad con qué algunos jóvenes protagonizan estas conductas. A estas denuncias hay que añadir los datos publicados por el Ministerio del Interior acreditando un aumento significativo de los delitos de resistencia y desobediencia contra agentes de policía.

En el caso de Catalunya, Mossos d’Esquadra registró durante 2020 un máximo histórico por infracciones administrativas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, relacionadas con la desobediencia y resistencia a la autoridad, una de las infracciones graves recogidas en su artículo 36.

Percepciones y actitudes de los jóvenes

La literatura especializada en percepciones y actitudes frente a la policía es muy abundante, especialmente en Estados Unidos. En el caso europeo también son numerosas las publicaciones, pero son menos los trabajos centrados en la relación entre jóvenes y policia, y a menudo, las conclusiones de los estudios norteamericanos deben trasladarse con cautela al entorno europeo por las diferencias existentes en factores de tipo demográfico y socioeconómico.

Con el objetivo de identificar esa tendencia negativa en las relaciones entre jóvenes y policía y conocer mejor cómo se construyen, la Fundació per a la Seguretat Pública ha liderado un Estudio sobre percepciones y actitudes de la juventud con relación a la policía en Catalunya, publicado el pasado mes de junio.

La legitimidad es una “propiedad psicológica” que se otorga a una autoridad o institución al reconocerla como “apropiada, correcta y justa”. El elemento fundamental para consolidar esa legitimidad es la confianza que, en el contexto de la autoridad legal, debe entenderse como la “expectativa que el ciudadano tiene sobre el comportamiento de un/a agente en condiciones de incertidumbre”.

Uno de los factores decisivos en el reconocimiento de esa legitimidad es la denominada “justicia procesal”, esto es, que los ciudadanos se sientan tratados con respeto, dignidad y neutralidad por los agentes. La experiencia indirecta, cuando el conocimiento de encuentros desagradables con la policía proviene de terceras personas, aunque en menor medida, también influiría en la construcción de esa legitimidad.

Estas dinámicas relacionales son bastante similares entre jóvenes y población adulta. Cuando el trato recibido se considera justo aumenta la legitimidad con qué se percibe a la institución, qué a su vez, incrementa el cumplimiento de la ley. No obstante, sí se observan algunas diferencias en lo relativo a la voluntad de cooperación por parte de los jóvenes. En su caso, el trato recibido por la policía sería más influyente en la predisposición a colaborar con la institución.

Junto a un examen exhaustivo de los estudios en la materia, el informe final presenta los resultados de una aproximación cuantitativa y otra cualitativa para el escenario catalán. En el primer caso, se realizan encuestas a un total de 825 jóvenes entre los 14 i los 30 años. En el segundo, se ha trabajado con distintos grupos de discusión y siguiendo la metodología del abordaje etnográfico espontáneo, un sistema de inmersión grupal en el entorno natural de la población estudiada.

Las conclusiones confirman la teoría de la “justicia procesal” para el caso de Catalunya. Los jóvenes muestran un nivel de satisfacción mayor en sus contactos directos con la policía, 6.77 sobre 10, cuando son tratados con respeto, dignidad y neutralidad. En aquellos casos en los que se ha detectado un abuso de poder o un uso excesivo de la fuerza, la media desciende a un 3.9. Igualmente, ese nivel de satisfacción tras un contacto directo correlaciona de forma positiva con la percepción de la legitimidad policial, del mismo modo que sucede con la variable “confianza en la policía”. Finalmente, los datos parecen confirmar que en aquellos casos en qué la legitimidad otorgada a la policía es mayor, aumenta la voluntad de cooperar con la institución e incrementa el cumplimiento de la ley.

Los botellones i macrobotellones como factor de riesgo

Los grupos de discusión celebrados durante el trabajo de campo sirvieron para evidenciar las muchas modalidades que pueden adoptar los botellones, reuniones de jóvenes que en cualquier caso siempre mantienen un factor común: el consumo de alcohol en espacios públicos.

Los propios jóvenes destacan aspectos positivos como la “diversión”, “estar entre amigos”, “los precios económicos en comparación con discotecas” o “la improvisación en comparación con el ocio que supone comprar entradas anticipadas”. Por otro lado, los aspectos negativos manifestados son “el riesgo de recibir una multa”, “el frio en invierno”, “la inseguridad” o “la falta de espacios para orinar”, entre otros.

Los participantes en los grupos manifiestan detectar un aumento de la violencia desde antes de la pandemia, siendo los jóvenes de entre 16 y 18 años los que muestran mayor afectación por esta realidad.

En este contexto, la policía se percibe como un “agente controlador y represivo”, especialmente en lo relativo a las sanciones de multa que, pese a considerarse baja, a menudo se acompaña de sanciones por otras infracciones.

De este modo, los botellones, más o menos masivos, generan espacios en los que la agresividad en el comportamiento de los jóvenes se intensifica por diferentes factores. Por un lado, las responsabilidades individuales se diluyen en el grupo provocando la impunidad de algunas de las personas que cometen hechos delictivos o inician enfrentamientos con la policía. Por otro, la ausencia de normativa concreta sobre macrobotellones con gran afluencia de participantes complica los operativos policiales.

Los estudios realizados hasta el momento parecen tener claro el mecanismo mediante el que se construye la legitimidad de los cuerpos de seguridad. En adelante, las administraciones tienen el reto de mantener en niveles altos la confianza en la policía, de lo contrario, el mantenimiento del orden público y la protección ciudadana podrían verse afectados.

Puede consultarse el informe completo aquí.