El cambio climático es un fenómeno global que está afectando a todas las regiones del mundo. Entre sus consecuencias más visibles se encuentran los desastres naturales, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la desertificación o la disminución de los recursos hídricos, entre otras.
Los fenómenos climáticos extremos tienen un impacto significativo en la seguridad pública provocando situaciones de emergencia. Esta realidad supone un gran desafío en la gestión de los recursos públicos y privados y obliga a todas las administraciones y organizaciones supranacionales a elaborar programas de actuación con los que hacer frente al incremento de los riesgos que amenazan a nuestras sociedades.
Tal vez no podamos evitar determinados episodios asociados a la crisis climática, pero podemos trabajar para minimizar su impacto gestionando de antemano el riesgo. En este artículo explicamos de qué manera se trabaja en el abordaje del riesgo sistémico.
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Los efectos de la crisis climática y sus números
El último informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) muestra que los eventos climáticos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas intensas han aumentado en frecuencia e intensidad en muchos lugares del mundo en las últimas décadas. La organización, creada en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tiene como objetivo proporcionar a los gobiernos de todos los niveles información científica que puedan utilizar para desarrollar políticas climáticas. Entre sus órganos, cuenta con el Grupo de Trabajo sobre Soporte de Datos para las Evaluaciones de Cambio Climático (TG-Data) encargado de brindar información sobre la conservación, trazabilidad, estabilidad, disponibilidad y transparencia de datos en escenarios relacionados con los informes del IPCC.
Así pues, entre algunas de las certezas científicas manifestadas está la de que la temperatura media global de la superficie terrestre ha sufrido un aumento superior a 1.5ºC por encima de los niveles preindustriales, periodo de tiempo tomado como referencia en los estudios sobre cambio climático y que situamos a mediados del siglo XIX. Desde entonces, debido a la quema de combustibles fósiles, principalmente, la concentración de CO2 en la atmosfera ha aumentado alrededor del 50%. Esta realidad ha provocado que los últimos años, desde 2015, hayan sido los más cálidos de todos los registros disponibles hasta el momento. El aumento de la temperatura provoca el derretimiento de los glaciares y el hielo polar y la expansión térmica de los océanos que, a su vez, ha hecho que el nivel del mar incremente en 3.3.mm por año en los últimos 25, según datos de la Agencia Espacial Europea (ESA).
En paralelo, cada vez son más y más intensos los episodios de sequía. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), alrededor del 41% de la población mundial vive en zonas donde la escasez de agua es un problema recurrente que impacta significativamente en la producción agrícola y en la seguridad alimentaria de muchas regiones del mundo. El Objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 6 trata de “garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos” pero lo cierto es que la situación actual, y la prevista para los próximos años, provoca desplazamientos y conflictos entre poblaciones derivados de la ausencia de recursos hídricos.
La alteración de los patrones de lluvia y los episodios severos de sequía provocan que los incendios forestales sean cada vez más intensos e incontrolables por el estado de una vegetación altamente estresada. En España, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, el año 2022 fue dramático en lo que a número de hectáreas quemadas se refiere. Los 7 primeros meses del año las comunidades autónomas habían reportado un total de 162.447 hectáreas calcinadas situando a España como el primer país de la Unión Europea en el siniestro ranquin de la desforestación.
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GAR 2022. Reducir el riesgo.
El Global Assessment Report on Risk Reduction (GAR) es el informe que cada dos años publica la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). Este instrumento tiene como objetivo analizar el estado actual de la reducción del riesgo en el mundo y elaborar recomendaciones para mejorar su gestión a nivel global.
Centrado en temas como la adaptación al cambio climático, la gestión de riesgos en las ciudades, su gobernanza y el diseño e inversión en programas que permitan reducirlos, el informe es el resultado de una colaboración internacional entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos/as y expertos/as en reducción de riesgos. Su contenido se basa en la investigación y el análisis de los datos recopilados por estas organizaciones en países de todo el mundo.
En su edición de 2022, el GAR estudia cómo los sistemas de gobernanza pueden evolucionar para mejorar el abordaje de los riesgos sistémicos del futuro en un mundo superpoblado e interconectado como el actual en el que el impacto de los desastres se extiende globalmente, realidad evidenciada por la crisis sanitaria asociada a la COVID-19.
Entre el contenido de la sexta edición del GAR encontramos algunas predicciones de futuro. De confirmarse la tendencia señalada por el informe para los próximos años y hasta 2030, el mundo debe prepararse para un aumento del 40% de desastres climatológicos por año y del 30% de los episodios de sequía. Debe prepararse para ver cómo se triplican los eventos de temperatura extrema anuales. A su vez, entre las conclusiones del estudio destaca la evidencia de que el impacto de estos desastres provoca efectos en cascada en otros aspectos de la desigualdad estructural o social. Se dispone de evidencia empírica que muestra como la violencia contra las mujeres y las niñas aumenta después de los desastres.
La actividad desarrollada alrededor del GAR sigue una máxima clara: para minimizar la incertidumbre y reducir el riesgo, en primer lugar, hay que comprenderlo. En este sentido, los trabajos presentados persiguen materializar el desarrollo sostenible y evitar el impacto de futuros desastres transformando los sistemas y nuestras sociedades desde el presente. En resumen: trabajar la resiliencia reduciendo la vulnerabilidad, la exposición y la desigualdad, es una forma de reducir el coste ambiental, económico y humano que determinados desastres generan en nuestro entorno.
Para ello, el GAR2022 realiza un llamado a la acción a través de una serie de recomendaciones. En primer lugar, se debe medir aquello que valoramos. En este sentido, es recomendable que los sistemas financieros y de inversión y seguros actualicen el cálculo de los activos financieros en riesgo a largo plazo. Junto a esto, la planificación fiscal de los estados debe adaptarse a los nuevos riesgos incluyendo nuevos componentes de incertidumbre en sus presupuestos nacionales.
En segundo lugar, se recomienda el diseño de sistemas que permitan conocer de qué manera las personas toman decisiones sobre el riesgo. Es necesario reformular cómo se comercializan los productos de seguros y mejorar la comunicación sobre por qué estos son necesarios. A su vez, los estudios sobre análisis de riesgos deben percibirse como herramientas necesarias para aportar conocimiento en escenarios de incertidumbre, pero en ningún caso deben tomarse como elementos de predicción 100% fiables. El análisis de los datos por si solo es insuficiente si no se combina con un conocimiento local y con la opinión de expertos.
Finalmente, es necesario avanzar en una gestión del riesgo que huya de análisis excesivamente sectoriales. Para ello, es imprescindible adoptar nuevas “terminologías del riesgo” que sean funcionales más allá de los peligros individuales y que permitan operar en diferentes disciplinas gracias a mecanismos de “colaboración lateral”.
Desde el FEPSU trabajamos sobre la idea de que invertir en la comprensión del riesgo es la base para un desarrollo sostenible. El pasado 2022, el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS) emitió un comunicado manifestando su posicionamiento entorno a los efectos que el cambio climático tiene sobre el diseño de las políticas de seguridad urbana. En este sentido, los socios se comprometen a adoptar las siguientes medidas:
- Establecer un grupo de trabajo formado por expertos conectado con las redes de trabajo existentes para comprender mejor el impacto del cambio climático y sus efectos sobre la seguridad urbana.
- Trabajar con las autoridades locales y regionales en Europa para el diseño de medidas prácticas que mejoren la evaluación, prevención e impactos potenciales del cambio climático en la seguridad urbana.
- Reforzar la cooperación entre todos los servicios de la ciudad y la sociedad civil en la elaboración de planes integrales de adaptación al cambio climático urbano y estrategias de resiliencia.