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Un apoyo aéreo a la prevención en eventos masivos

El Ayuntamiento de Zaragoza está estudiando utilizar sistemas de drones automáticos para la prevención de situaciones peligrosas en eventos multitudinarios. Como parte del proyecto Flying Forward 2020, la ciudad se concentrará en analizar el uso de esta tecnología con dos aspectos diferenciados: el control del uso del espacio público y el control de los movimientos de personas y vehículos en celebraciones masivas en la vía pública durante dos años consecutivos.

La información a tiempo real arrojada por las cámaras de estos dispositivos podría ayudar en la prevención de avalanchas humanas y a la apertura de rutas para los servicios de emergencia durante las concentraciones masivas en espacios públicos restringidos, lo que facilitará una reducción del tiempo de acceso de los servicios de emergencia y una mejora en la planificación y la gestión de la seguridad en la ciudad.

El proyecto Flying Forward 2020, en el que participa el Ayuntamiento de Zaragoza junto a otras cinco ciudades europeas, es uno de los aprobados por la Unión Europea en su convocatoria de fondos para investigación, desarrollo e innovación del programa H2020 «Hacia una movilidad urbana aérea sostenible». La iniciativa está liderada por Brainport Development NV (Holanda) y ha conseguido una subvención de seis millones de euros, de los cuales 246.625 euros corresponden a Zaragoza. El objetivo es analizar las condiciones que deben establecerse para el desarrollo de aplicaciones de uso de drones integradas en el entorno urbano.

Nuevas posibilidades para la intervención en situaciones de emergencia

Por otro lado, los Bomberos de Zaragoza han creado una nueva unidad de intervención con drones para situaciones de emergencia que, a finales de septiembre, contará con 18 pilotos titulados. Estos drones, capaces de volar a 30 metros de altura con una autonomía de 30 minutos, pueden ser utilizados en numerosas intervenciones gracias a sus aplicaciones; por ejemplo en accidentes con sustancias químicas, para prevenir situaciones de riesgo a los bomberos.

Pero los sistemas de drones pueden ser muy eficaces también en la búsqueda de personas desaparecidas. Estos aparatos permiten su despliegue también durante la noche, ya que el rastreo de las imágenes continúa sin detenimiento hasta que se detectan indicios que lleven al desaparecido. Los drones que utilizan los Bomberos de Zaragoza pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora y están equipados con una cámara térmica y una cámara zoom que graba imágenes en alta resolución. Sus aplicaciones futuras son numerosas, ya que admiten complementos tecnológicos, como sensores olfativos, que podrían ser muy útiles en la búsqueda de cadáveres, o un altavoz.

¿Qué tan efectiva es la vigilancia policial predictiva?

Los avances en la digitalización de la información están cambiando los métodos policiales para “pronosticar” la probabilidad de que se cometan delitos. La inteligencia artificial y el big data han facilitado enormemente el acceso a grandes cantidades de datos. Sin embargo, aunque la vigilancia predictiva tiene mucho potencial, algunos agentes de policía cuestionan su eficacia para la prevención del delito.

El debate sobre la efectividad y los impactos de este enfoque policial relativamente novedoso en los países de la UE fue el tema central de la conferencia web organizada por Efus el pasado 25 de junio, en el marco de su grupo de trabajo sobre Seguridad e Innovación. En aquel encuentro virtual participaron distintos expertos en el campo de las nuevas tecnologías de seguridad urbana, quienes intercambiaron las experiencias que se llevan a cabo sobre vigilancia policial predictiva en distintos lugares de Europa.

Por ejemplo, en los Países Bajos implementan desde el 2017 un Sistema de Anticipación del Crimen, que identifica puntos críticos dentro de un territorio. Los datos provienen de múltiples bases de datos, como la base de datos central holandesa de delitos, e incluyen información sobre delitos anteriores y delincuentes conocidos. En la Baja Sajonia (Alemania) también han optado por un enfoque policial predictivo en respuesta al aumento de los robos domésticos. Esta región alemana ha desarrollado internamente un software llamado “PreMAP”, que utiliza un enfoque denominado de “casi repetición”, para identificar factores predictivos como el tipo de bienes robados y el modus operandi de los robos.

El acceso a estos datos permite a la policía acelerar el proceso de recopilación y análisis de datos y desarrollar métodos policiales predictivos. El uso de datos y métodos estadísticos permite «pronosticar» la probabilidad de delitos en dos áreas centrales: los lugares potenciales del delito y las personas que podrían verse involucradas en actividades delictivas, ya sea como víctimas o como perpetradores.

Debates éticos, legales y sociales

El Dr. Oskar Gstrein de la Universidad de Groningen (Países Bajos), que colabora con el proyecto Cutting Crime Impact (CCI), analizó durante la conferencia los aspectos éticos, legales y sociales de la vigilancia policial predictiva y destacó los problemas relacionados con la selección de datos y el sesgo de las máquinas, la transparencia y la responsabilidad y la estigmatización de determinadas comunidades y barrios. Para mitigar la estigmatización y aumentar la responsabilidad social se hace necesario, según apuntó el Dr. Gstrein, involucrar en los procesos de selección de datos a estos grupos sociales.

Por otro lado, Günter Okon y Kira Langanki del Instituto Alemán de Pronóstico Basado en Patrones (IfmPt), que desarrolla el software PreCOPS, destacaron que los oficiales de policía necesitan capacitación constante para comprender cómo funciona la tecnología y evaluar y responder adecuadamente a los hallazgos a partir de los datos. Esto se debe a que los oficiales a veces dudan de la eficiencia del enfoque y no necesariamente tienen los recursos o el tiempo para desarrollar respuestas innovadoras a los pronósticos.

Además, es importante comprender las expectativas de un servicio de policía para desarrollar un software que cumpla con dichas expectativas. El Dr. Gstein se hizo eco de esto y destacó que la policía también debe comprender cómo funciona un sistema en términos de protección de datos. Los oradores coincidieron en que el enfoque de vigilancia predictiva debe implementarse para complementar las técnicas ya existentes, pero en ningún caso debe ser una metodología que venga a sustituirlas.

En conclusión, la tecnología puede presentar una oportunidad para enfrentar el sesgo en los datos policiales históricos y cuestionar cómo se recopilaron y seleccionaron. Si se usa correctamente y en cooperación con la sociedad civil, puede aumentar la responsabilidad policial. Sin embargo, para ello hay que comprender la tecnología detrás de la vigilancia policial predictiva y discutir su efectividad, ya que esto permite ir más allá de las narrativas fáciles, ya sean extremadamente optimistas o pesimistas, y entablar conversaciones fructíferas sobre preocupaciones éticas, legales y sociales.

Encuestas de victimización: poner luz sobre las cifras de delincuencia

Los fenómenos relacionados con la seguridad urbana son muy complejos. Y el diseño de políticas públicas para prevenir hechos cotidianos como la delincuencia hace que sea necesaria la existencia de ciertos instrumentos que permitan comprender mejor lo que nos rodea. Ese es el caso de las encuestas de victimización, de las que el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB) ha querido reivindicar su vigencia y uso en las metrópolis, a través de la publicación “30 años de la Encuesta de Vicitmitzación del Área Metropolitana de Barcelona”.

Este libro, disponible de momento únicamente en formato electrónico, reúne artículos nacionales e internacionales destinados a los investigadores científicos del ámbito de la seguridad urbana. Además, celebra el trigésimo aniversario de la encuesta que se realizó en el Área Metropolitana de Barcelona, a través de textos que recuerdan cómo se gestó, cómo funcionó y las conclusiones que brindó esa experiencia.

El director del IERMB, Ricard Gomà, señala en el texto de presentación de la publicación que la importancia de las encuestas de seguridad y victimización en la actualidad tiene que ver con que permiten medir de forma más científica la percepción de seguridad en los entornos urbanos y poner luz sobre las cifras opacas referidas a la delincuencia.

Esto se debe a que las fuentes de datos que suelen capturar la información relativa a la seguridad urbana suelen canalizarse a través de los registros policiales, las denuncias ciudadanas y la actividad judicial. Y a pesar que estas fuentes de información son muy útiles para el mantenimiento de la seguridad, el estudio y la investigación de la delincuencia exige instrumentos como las encuestas de victimización, que ofrecen una definición social de la delincuencia; ya que una persona puede expresar si se siente víctima o no, independientemente de si ha denunciado o no.

La revisión y evaluación de los textos contenidos en el documento “30 años de la Encuesta de Vicitmitzación del Área Metropolitana de Barcelona” ha estado a cargo de Carlos González Murciano, Marta Murrià Sangenís y Cristina Sobrino Garcés. Esta última fue una de las moderadoras del ciclo de debates organizado por FEPSU “La seguridad urbana tras el Covid-19: aprendizajes y desafíos para el mundo local”, que se celebró el pasado mes de julio de 2020.

En este enlace podéis encontrar más información sobre la publicación del IERMB.

Por una nueva gestión del ocio nocturno

La vuelta a una relativa normalidad tras meses de confinamiento ha comportado algunos cambios en los hábitos de consumo y ocio de la población, sobre todo en lo que respecta a la vida nocturna. En la mayoría de ciudades se ha experimentado un incremento del uso del espacio público, pero también se ha detectado la necesidad de nuevas herramientas para gestionar los conflictos que este uso puede ocasionar. No solo se debe reforzar la sensibilización en el consumo de sustancias, especialmente entre los más jóvenes, sino que también se deben promover nuevas actividades de ocio nocturno que podrían ser más efectivas a la hora de reducir los riesgos de contagio en el contexto actual de pandemia. Para esto, sin embargo, hacen falta más recursos humanos para las administraciones locales, así como unas directrices sanitarias más claras y creatividad e imaginación en la implementación de nuevas estrategias.

Estas han sido algunas de las consideraciones que guiaron el tercer debate del ciclo de encuentros virtuales sobre “La seguridad urbana tras el Covid-19: aprendizajes y desafíos para el mundo local”, que tuvo lugar el 16 de julio y se dedicó a reflexionar sobre los nuevos retos en la gestión de la vida nocturna. Estos webinars han sido organizados por el Foro Español para la Seguridad Urbana (FEPSU), en colaboración con el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (Efus). A continuación os compartimos algunas de las conclusiones de esta tercera sesión:

El ocio nocturno se desplaza

Tras el confinamiento, buena parte de las actividades nocturnas se ha trasladado al espacio público, sobre todo en el caso de los más jóvenes. Los cuerpos y fuerzas de seguridad han detectado una mayor concentración de personas y consumo de alcohol en plazas, parques e incluso en zonas forestales. Esto se debe a la falta de oferta de ocio nocturno tradicional, un hecho que ha provocado que toda la carga del control y la gestión de la vida nocturna quede en manos de las policías locales. Para hacer frente a esta situación será necesario realizar intervenciones educativas para reducir el consumo y la conflictividad, en lugar de simplemente provocar un desplazamiento de esta actividad de un lugar a otro.

Mensajes claros y trabajo transversal

La elaboración de campañas de comunicación con mensajes claros sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer es una labor que debe hacerse de forma transversal entre administraciones públicas y los entes privados que promocionan el ocio nocturno, así como otros actores que participan de la vida nocturna urbana. Además, hay que potenciar la calle como un espacio con potencial para las relaciones personales, el ocio y la cultura, sobre todo entre los adolescentes, que no han tenidoa su disposición durante el confinamiento otros espacios de esparcimiento en donde no haya una intervención adulta.

Adaptarse a la “nueva normalidad”

El contexto actual obliga a adaptar la regulación del espacio público, ya que la pandemia del Covid-19 ha cambiado las actividades que en él se desarrollan y la sensibilidad de la población hacia los conflictos que estas actividades pueden ocasionar. Además, se deben buscar nuevos mecanismos de prevención (de los conflictos y de los contagios) que vayan más allá de las sanciones, ya que ha quedado demostrado que no pueden ser la única respuesta. Mientras tanto, las administraciones deben ser tolerantes y pacientes con la población, hasta que la nueva regulación no esté clara.

Otro ocio nocturno es posible

La situación post-confinamiento se presenta también como una oportunidad para cambiar e intentar poner sobre la mesa una nueva oferta de ocio nocturno en las ciudades. Es imprescindible intentar implicar a los jóvenes y adolescentes en la coproducción de actividades de ocio que no impliquen el consumo de alcohol y en las que se puedan mantener las medidas de seguridad sanitaria, que son ahora más necesarias que nunca. Además, las estrategias de gestión de la vida nocturna deberán incorporar a otros grupos sociales, más allá de los jóvenes; ya que la crisis económica que se avecina hará también más presentes en el espacio público grupos vulnerables con consumos problemáticos.

Coordinación entre municipios

Para conseguir gestionar mejor el ocio nocturno es clave el trabajo en red entre distintas administraciones locales, ya que muchas veces estas actividades traspasan las fronteras territoriales de los municipios y hace necesaria una coordinación en la prevención de conflictos. Se debe procurar optar por un trabajo con la población que tenga un enfoque educativo y preventivo, donde la sanción sea el último paso.

Estas han sido algunas de las principales conclusiones de esta tercera sesión del ciclo de webinars sobre la seguridad urbana tras el Covid-19, que ha contado con las intervenciones iniciales de Ariadna Ros, responsable de prevención del Distrito de Sants-Montjuïc, Ayuntamiento de Barcelona; Albert Artero, jefe de la Unidad nocturna 3 de la Guardia Urbana de Barcelona; y Mireia Espejo, educadora social y técnica de Edpac (Educación para la acción crítica). La sesión ha sido moderada por Martí Navarro Regàs, gestor de proyectos del Efus.

Puedes consultar en el siguiente enlace el relato completo de la jornada.

Reconstruir la convivencia a partir de lo colectivo

La pandemia ha hecho más visible aún la desigualdad social, especialmente en el caso de las personas sin hogar y la población migrante. La tensión provocada por el miedo al contagio ha incrementado también los estigmas frente a estos colectivos vulnerables. Todo esto en un contexto que ha intensificado la relación entre vecinos y ha agravado los conflictos de convivencia en las comunidades. Ante este panorama, las administraciones locales deben apostar por una prevención que aborde la seguridad desde una perspectiva amplia y que trabaje en red con las entidades sociales, para buscar soluciones colectivas a los problemas que surjan en la “nueva normalidad”.

Estas han sido algunas de las consideraciones que guiaron el segundo debate del ciclo de encuentros virtuales sobre “La seguridad urbana tras el Covid-19: aprendizajes y desafíos para el mundo local”, que tuvo lugar el 9 de julio y se dedicó a valorar los instrumentos de control de la crisis sanitaria. Estos webinars han sido organizados por el Foro Español para la Seguridad Urbana (FEPSU), en colaboración con el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS). A continuación os compartimos algunas de las conclusiones de esta segunda sesión:

Vecinos que vigilan y policías sobrecargadas

Las relaciones entre vecinos se han intensificado durante el confinamiento. Esto ha provocado fenómenos como el de los “policías de balcón”, que han intentado actuar con autoridad sobre personas que no querían en su entorno o que estaban incumpliendo la cuarentena. Pero la falta de autoridad real de estas personas sobre el cumplimiento de las normas de aislamiento no ha hecho más que cargar con más trabajo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a quienes se ha recurrido para todos los problemas de convivencia que se presentaban, incluso para aquellos temas donde no había un trasfondo policial. En general, la actitud de estos “policías de balcón” solo ha conseguido crear problemas mayores a partir de pequeños actos de incivismo.

La desigualdad social, en evidencia

En general, con la pandemia no se han creado nuevos colectivos vulnerables, sino que ha empeorado la situación de la población que ya se encontraba en riesgo de exclusión o conflicto social. Además, el miedo al contagio ha incrementado la estigmatización de algunos colectivos vulnerables, como los migrantes o las personas sin hogar. Estas últimas se han visto especialmente afectadas por la pandemia, no solo por el riesgo de contagio al que se exponían, sino también por la estigmatización por parte del resto de ciudadanos. Además, la gestión del confinamiento de esta población ha sido una labor compleja para las administraciones.

Trabajar en red para mejorar la detección

Una de las labores más complicadas durante el estado de alarma ha sido detectar los casos de problemas de convivencia relacionados con violencia de género. En este sentido, el trabajo en red entre administraciones, entidades y cuerpos y fuerzas de seguridad ha sido clave. En el caso de la violencia de género, por ejemplo, la mayoría de municipios ha mantenido en funcionamiento sus unidades de atención a la víctima durante toda la cuarentena, así como la coordinación con organizaciones sociales y otros cuerpos y fuerzas de seguridad.

Adaptar la mediación a la distancia

Uno de los servicios que se ha visto especialmente afectado por la cuarentena en todos los municipios ha sido el de mediación comunitaria, ya que han tenido que trasladar sus técnicas y herramientas a la atención telefónica o vía videollamada. Sin embargo, muchas administraciones locales lo han encarado como una oportunidad de agilizar cambios en las formas de trabajar con la ciudadanía. Ha quedado patente, por otro lado, la necesidad de compaginar el trabajo que realizan los y las agentes de las policías locales con el de perfiles profesionales en mediación a la hora de gestionar conflictos relacionados con la convivencia y no recurrir tanto a la denuncia por infracción de normas.

Apostar por la prevención

Muchos programas de ámbito comunitario y social que trabajan desde una perspectiva de prevención se han visto directamente interrumpidos por la cuarentena, a pesar de que esta crisis sanitaria ha dejado al descubierto la importancia de los mismos. La situación actual obliga a explorar nuevas formas de llegar a la ciudadanía, así como a apostar por iniciativas duraderas, ya que la prevención no da resultados a corto plazo. En un contexto en el que el individualismo se abre paso, se debe apostar urgentemente por medidas preventivas de los conflictos de convivencia que favorezcan la búsqueda de soluciones colectivas a problemas colectivos.

Estas han sido algunas de las principales conclusiones de esta segunda sesión del ciclo de webinars sobre la seguridad urbana tras el Covid-19, que ha contado con las intervenciones iniciales de Xavier Fernández Rivero, concejal de Seguridad, Vía Pública y Protección Civil del Ayuntamiento de Terrassa; Nourdine Alghouch, representante de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes (Málaga); y Óscar Negredo, Coordinador del Servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat. La sesión ha sido moderada por Anabel Rodríguez Basanta, delegada de FEPSU.
Puedes consultar en el siguiente enlace el relato completo de la jornada.

*Fuente de las fotos: Ayuntamiento de Barcelona

Otra regulación de la crisis sanitaria es posible

La gestión de la emergencia sanitaria ha implicado un gran esfuerzo por parte de las administraciones públicas y cuerpos y fuerzas de seguridad, ya que ha sido necesario implementar restricciones de derechos con una rapidez inusual y sin instrumentos reguladores claros. Y a medida que la sociedad se encamina hacia una “nueva normalidad”, sigue habiendo dudas respecto a la regulación de temas como el uso de mascarillas o la distancia social. Un reto al cual deberán hacer frente los organismos públicos, en medio de un contexto que ha tensionado su relación con la población.

Estas han sido algunas de las consideraciones que guiaron el primer debate del ciclo de encuentros virtuales sobre “La seguridad urbana tras el Covid-19: aprendizajes y desafíos para el mundo local”, que tuvo lugar el 2 de julio y se dedicó a valorar los instrumentos de control de la crisis sanitaria. Estos webinars han sido organizados por el Foro Español para la Seguridad Urbana (FEPSU), en colaboración con el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS). A continuación os compartimos algunas de las conclusiones de esta primera sesión:

Normas complejas, muchas denuncias

A pesar de que la mayor parte de la población ha tenido un comportamiento ejemplar durante el confinamiento, en el conjunto del Estado español se interpusieron más de un millón de denuncias entre el 14 de marzo y el 23 de mayo. La complejidad de las normas que regulaban el estado de alarma y la velocidad a la que se publicaban, ha provocado que los cuerpos y fuerzas de seguridad tuvieran que interpretar, ante cada caso concreto, si había o no un incumplimiento de la norma. Esto ha provocado una sensación de inseguridad jurídica para la población (que desconocía si alguna de sus acciones podía ser o no sancionada), pero también para los y las agentes de los cuerpos de seguridad.

Tensiones antiguas que afloran

Es evidente que durante el estado de alarma se ha incrementado la tensión en la relación entre la administración y la población, principalmente por las restricciones a la libertad de circulación y por la falta de claridad sobre dónde estaban los límites de esta restricción. Esto ha afectado especialmente a los colectivos vulnerables, como las personas sin techo, las trabajadoras del hogar y los menores. Pero, a pesar que esta crisis sanitaria es un fenómeno inédito, las tensiones que han surgido tienen que ver con conflictos o cuestiones no resueltas ya existentes en la sociedad, como por ejemplo la situación de personas que trabajan de forma irregular y no pueden acreditar su situación laboral.

Otro modelo es posible

Debido a la imprevisibilidad y gravedad de la crisis sanitaria en marzo era muy difícil aplicar un modelo regulatorio diferente al que se utilizó, pero en la situación actual las administraciones deberían preparar instrumentos y criterios más claros para que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan gestionar mejor futuras situaciones de confinamiento. Una de las posibilidades que se abren es la de dar más relevancia a las instituciones locales y autonómicas, por ejemplo a través del uso de las ordenanzas de convivencia como una alternativa para gestionar la crisis sanitaria y dotarse de un sistema sancionador propio. Además, se debería poder tomar en cuenta también las medidas alternativas a la sanción como un instrumento de prevención fundamental.

Estas han sido algunas de las principales conclusiones de esta primera sesión del ciclo de webinars sobre la seguridad urbana tras la Covid-19, que ha contado con las intervenciones iniciales de José Martínez Espasa, comisario jefe de la Policía Local de Dénia; Carlos Alberto Amoedo Souto, director de la cátedra de Derecho local UDC-Diputación de A Coruña; y Anaïs Franquesa Griso, Codirectora de Irídia, Asociación de derechos humanos en Cataluña. La sesión ha sido moderada por Cristina Sobrino Garcés, investigadora del área de Seguridad y convivencia del IERMB y profesora asociada de la UPF, UDG y UOC.

Puedes consultar en el siguiente enlace el relato completo de la jornada.

Prevenir el contagio en las actividades culturales

Después de varios meses de confinamiento, las ciudades y los municipios españoles vuelven a recobrar poco a poco la normalidad en sus espacios públicos. Esto incluye también la realización de diversas actividades culturales, que en el contexto actual deberán tener en cuenta una serie de medidas de prevención necesarias para evitar el contagio de COVID19. El Ayuntamiento de Barcelona ha unificado estos criterios de prevención en una única guía de recursos, que contempla la posibilidad de realizar eventos tanto en espacios cerrados como en el espacio público.

La cultura ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, ya que muchas de sus actividades implican una agrupación masiva de personas o, en su defecto, una aglomeración de público sin distancia de seguridad entre ellos y sin elementos de separación o protección. La percepción general sobre este tipo de eventos es que no se podrán volver a celebrar hasta que no se llegue a una situación de relativa normalidad o que se realizarán solo de forma muy reducida.

Sin embargo, el consistorio barcelonés se ha propuesto “analizar las problemáticas específicas de cada tipo de evento cultural, para extraer una serie de criterios que permitan llevarlos a cabo de manera adaptada a las medidas básicas de protección y prevención, incluso antes de que haya una situación de normalidad y siempre mediante un contraste y autorización previa por parte de Protección Civil y la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB)”.

Es por este motivo que han elaborado esta guía, validada por la autoridad sanitaria, en la que se analizan diversos tipos de actividades culturales, agrupadas en cuatro clases: Actividades en museos, archivos de tipo patrimonial y centros de arte; actividades en bibliotecas, centros cívicos y fábricas de creación; actividades de artes escénicas; y actividades culturales en la vía pública.

Podéis encontrar más información en el siguiente enlace: www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/guia-recursos

Covid-19 Prevención social

Las secuelas psicológicas del confinamiento en los jóvenes

El confinamiento al que se ha visto obligada la población por culpa de la pandemia de la COVID-19 ha podido generar conflictos de convivencia dentro de los hogares y dejar secuelas psicológicas, como ansiedad y estados depresivos, sobre todo en las personas más jóvenes.

Para prevenir algunas de estas situaciones, el Ayuntamiento de Zaragoza ha habilitado un servicio de asesoría psicológica para jóvenes a través del teléfono y del correo electrónico. Este servicio, que habitualmente se hacía de forma presencial, ha detectado en los últimos cuatro meses un aumento en las peticiones de ayuda de jóvenes por motivos de ansiedad y conflictos familiares.

Desde el 15 de marzo, el Centro de Información y Asesoramiento Juvenil (CIPAJ) de Zaragoza ha atendido a 245 personas, la mayoría mujeres (un 83%). A pesar que los jóvenes no se encuentran entre los grupos de riesgo del nuevo coronavirus, la pandemia les ha afectado en la medida en que su vida social y académica se ha detenido de golpe en un momento crucial para su desarrollo.

El principal motivo de consulta ha sido la ansiedad, que representa un 33% de los casos. Según el CIPAJ, la causa mayoritaria de este trastorno ha sido la “situación prolongada de confinamiento y la incertidumbre por la suspensión de oposiciones y de la actividad laboral y lectiva,”.

Los conflictos en las relaciones familiares han sido el segundo motivo de consulta (15%). La psicóloga del Servicio de Juventud de Zaragoza, Laura Zapata, ha señalado que han detectado conductas más irascibles o susceptibles en algunos jóvenes debido a la «ruptura de la dinámica habitual», especialmente en aquellos hogares con más miembros y menos metros cuadrados. “Buscaban su propio espacio dentro de casa y algunos se encerraban en su habitación durante muchas horas o incluso en el baño, si compartían cuarto”, ha comentado la psicóloga.

A esta situación de ruptura de la convivencia en el núcleo familiar hay que sumar los problemas generados por la vulnerabilidad sobrevenida en muchas familias zaragozanas. Según los datos del Ayuntamiento, los servicios sociales municipales han atendido a 10.000 familias durante el estado de alarma, un 42% más que el año pasado, de las que prácticamente la mitad son familias que nunca antes habían solicitado ayuda.

Es por estos motivos que la atención psicosocial de las familias más vulnerables y las estrategias de cooperación entre administraciones locales y entidades sociales, como el Plan de Emergencia Social de Zaragoza, son clave a la hora de prevenir los conflictos que pueda ocasionar las secuelas del confinamiento en la población.

La COVID-19 y los desafíos de la seguridad urbana

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto nuevos desafíos en materia de seguridad urbana para la gran mayoría de las ciudades europeas. “El gran reto será mantener los espacios públicos e inclusivos en un contexto como el actual”, ha asegurado la directora ejecutiva de EFUS, Elizabeth Johnston, durante una entrevista para la red sueca Säkraplatser (Lugares seguros), que se dedica mayoritariamente a la investigación sobre seguridad y prevención. Johnston ha conversado junto a la coordinadora de esta red, Vania Ceccato, y en FEPSU hemos recuperado y traducido algunos de los aspectos más interesantes de la entrevista, que se puede consultar íntegramente en inglés en la web de Säkraplatser.

La directora ejecutiva de EFUS ha señalado, al principio de la conversación, que la crisis generada por el nuevo coronavirus ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar el trabajo asociado entre las autoridades locales y nacionales de los Estados europeos. “Esta crisis ha demostrado que las ciudades tienen un papel clave”, ha afirmado Johnston.

Al mismo tiempo, también ha quedado patente que el trabajo colectivo entre el sector público, el sector privado y las iniciativas ciudadanas será más necesario que nunca en la prevención y la respuesta a las amenazas a la seguridad en los entornos urbanos. En este sentido, Johnston ha destacado las iniciativas ciudadanas que se han llevado a cabo en España en respuesta a los riesgos de violencia machista, por ejemplo, a través de la creación de redes vecinales y mecanismos autoorganizados de apoyo a las víctimas.

“Esta crisis ha ayudado a reforzar la noción de prevención. La prevención del crimen es ahora más importante que nunca y los mecanismos y las asociaciones que ya existían son ahora mucho más relevantes y se deben reforzar”, ha asegurado Johnston. El trabajo en red ha sido, debido a la impredecibilidad de esta crisis sanitaria, una herramienta muy útil a la hora de responder rápidamente a las crecientes necesidades de la población vulnerable que se ha visto especialmente afectada por la crisis, según la directora ejecutiva de EFUS.

Por otro lado, el contexto actual también revaloriza la noción de seguridad para la ciudadanía. “No hablamos de la seguridad de forma restringida, como algo que solo atañe a la policía o a los sistemas de justicia. La seguridad es un concepto muy amplio, especialmente en los entornos urbanos”, ha manifestado Johnston. En los últimos años, las ciudades europeas han adaptado la creciente necesidad de utilización del espacio público por parte de la ciudadanía a la también creciente necesidad de protegerse de peligros, como el terrorismo y ahora deberán hacerlo también ante nuevas amenazas a la salud.

Por este motivo, Johnston ha subrayado que hay que crear “estructuras sólidas” de prevención que sean fácilmente adaptables y reconfigurables, para mantener “ciudades abiertas”, al mismo tiempo que se protegen los entornos urbanos de posibles nuevas emergencias sanitarias. “La prevención ha sido mucho más necesaria de lo que hubiéramos podido imaginar”, ha señalado la directora ejecutiva de EFUS, Elizabeth Johnston.