Uno para todos. 32 años del 112

El pasado día 11 de febrero se celebró el día europeo del 112, el teléfono común de emergencias de los estados miembros de la Unión Europea. La efeméride, acordada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea en 2009, pretende crear consciencia sobre las bondades de disponer de un teléfono único para todos los estados al que acceder desde cualquier red de telefonía fija y móvil y de forma gratuita, a la vez que se consolida el instrumento como símbolo de la Unión Europea. Este año se celebra su 32º aniversario y se confirma que su popularidad continúa aumentando año tras año.

El 112 en números

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la directiva europea 1972/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas establece que la Comisión debe presentar antes del 21 de diciembre de 2020, y a partir de entonces cada dos años, un informe sobre la eficacia de la implantación del número único europeo de emergencias 112. El primer informe de este tipo se publicó el 21 de diciembre de 2020 y recientemente han sido presentados los datos para 2021.

El informe revela que durante el año 2021 las llamadas al teléfono de emergencias 112 aumentaron en un 3% en comparación con 2019, llegando a los 153 millones sobre un total de 270 millones de llamadas de emergencias. Cabe recordar que todavía existen países que compaginan teléfonos nacionales de emergencia con el teléfono único 112. De este modo, las llamadas al 112 representaron el 56% del total de llamadas de emergencias durante 2021.

Las llamadas desde teléfonos móviles superaron ampliamente las realizadas desde teléfonos fijos. Durante 2021, el 78% de las emergencias fueron comunicadas desde dispositivos de telefonía móvil. Cabe destacar que los porcentajes varían significativamente en función de los países. En el caso de Luxemburgo el porcentaje se localiza en un 46%, en Alemania representa el 63% mientras que en Chipre y la República Checa se sitúan en 96% i 99% respectivamente.

En relación al tiempo de media para contactar con los servicios de emergencia, 25 estados reportaron menos de 10 segundos de tiempo medio de respuesta. De los 3 segundos de Países Bajos a los 15.4 de Suecia. En el caso español la media se sitúa en 6.5 segundos.

En muchas ocasiones los estados reportan información relacionada con las llamadas abandonadas, aquellas que se pierden antes de que se pueda establecer contacto con una persona que atienda la emergencia. Este abandono puede deberse a diferentes motivos: congestión de llamadas, fallos técnicos o desconexión de llamadas que se realizaron de forma involuntaria. En este caso, países como la República Checa reportan un elevado 36% de llamadas abandonadas que contrasta con un insignificante 0.3% de Eslovenia. En el caso español, el porcentaje de llamadas abandonadas asciende hasta el 8.7%

Es importante destacar que, en España, los centros de atención de llamadas del 112 son gestionados por las comunidades autónomas existiendo 19 servicios distintos.

España es uno de los países donde se mantienen teléfonos alternativos para ciertos tipos de urgencia. No obstante, el 112 se presenta como una opción más ventajosa. En primer lugar, porque atiende todo tipo de urgencias, ya sean sanitarias, accidentes, incendios, robos, emergencias químicas… En segundo lugar, su funcionamiento está garantizado en todo el territorio nacional mediante un sistema de llamadas gratuitas, ya sea desde teléfonos móviles o fijos. Finalmente, el 112 permite realizar llamadas desde teléfonos móviles incluso estando bloqueados, sin tarjetas SIM activa o fuera de cobertura.

La gestión de las emergencias y las nuevas tecnologías

Una de las grandes ventajas que la penetración de la telefonía móvil inteligente está provocando en la gestión de las emergencias es la posibilidad de disponer de la ubicación de las personas que realizan este tipo de llamadas. La implementación de Advanced Mobile Location (AML) financiada en 10 estados de la Unión Europea, junto con el uso de los datos del sistema de navegación por satélite Galileo de la UE, prevé poder llegar a salvar más de 10.000 vidas en un plazo de 10 años gracias a la rápida intervención que podrá realizarse por tener a las personas localizadas. Esta nueva tecnología permite localizar a la persona en un radio aproximado de entre 15 y 20 metros. La tecnología tradicional existente hasta ahora solo permitía precisar entre 2 y 5 kilómetros en áreas urbanas y entre 40 y 50 kilómetros en zonas montañosas. La mejora en la precisión es determinante en lo que se refiere a gestión de la emergencia.

En este sentido, la Comisión adoptó un Reglamento, vigente desde el pasado 22 de marzo de 2022, que obliga a los fabricantes de telefonía móvil inteligente a garantizar que los datos de Galileo y WI-FI, como mínimo, estarán disponibles en las comunicaciones de emergencia. En el informe presentado por la Comisión se pone de manifiesto que, en la gran mayoría de países estudiados, dieciocho junto con Islandia y Noruega, la falta de información sobre la localización de la persona se produce en menos de un 3% de los casos. Solamente en países como Estonia (4%), Portugal (5%), España (12.3%), Italia (9.4%) o Croacia (13.8%) se supera ese porcentaje.

También en el ámbito de la comunicación de las emergencias, el pasado 21 de febrero entró en funcionamiento el sistema ES-Alert que permite enviar mensajes de alerta generalizada de forma inmediata a los teléfonos móviles que se encuentren localizados en un área afectada por alguna emergencia. La gestión de este sistema de alarmas se llevará a cabo también desde los Centros de Emergencias de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

La integración de este sistema permitirá dar una respuesta mucho más rápida y eficaz en situaciones de riesgos elevados sobre la población de un territorio determinado. El proceso, denominado “112 inverso”, estará disponible en cualquier punto del territorio español que disponga de cobertura 2G, 3G, 4G o 5G. La puesta en marcha de esta plataforma forma parte de las medidas del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, incluido a su vez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El acoso escolar: un compromiso internacional, una gestión local

En los últimos años ha crecido la preocupación social por los actos de violencia o acoso entre iguales (bullying) y de ciberacoso (ciberbullying). El bullying es un problema grave que afecta a muchos niños y niñas en todo el mundo. Este fenómeno se refiere a la violencia psicológica, física o verbal que se ejerce sobre una persona por parte de otra o varias personas, de manera repetitiva y con la intención de intimidar, humillar o causar daño. Aunque el bullying no es un fenómeno nuevo, en los últimos años se ha hecho más visible gracias a la conciencia que se ha generado en torno a él.

Un problema generalizado

Según varios estudios, el bullying afecta a una gran cantidad de niños en todo el mundo. Así lo pone de manifiesto el informe Behind the numbers: Ending school violence anb bullying promovido por la UNESCO, el organismo de Naciones Unidas especializado en educación, ciencia y cultura. En él se señala que el 32% de los estudiantes de todo el mundo, uno de cada tres, han sufrido algún tipo de bullying en la escuela en el mes anterior a la realización de las encuestas. Además, se estima que el 20% de los estudiantes han sido víctimas de acoso en línea, lo que aumenta la presión sobre ellos incluso fuera del entorno escolar.

El informe, que cuenta con algo más de dos años de existencia, supone el mayor estudio realizado sobre la cuestión, aportando datos de 144 países para estudiantes entre los 9 y los 15 años de edad.

El estudio también revela que la intimidación física es la más frecuente en muchas regiones, con la excepción de Norteamérica y Europa donde es más común la intimidación psicológica. Por otro lado, el acoso sexual se manifiesta como el segundo más común. Sufrido por un 11.2% de los niños/as encuestados, se identifica con las bromas, comentarios o gestos hostiles de carácter sexual. A esto hay que añadir el incremento de nuevas formas de violencia sexual asociadas al espacio virtual. Entre el 12% y el 22% de los niños y niñas encuestados aseguraron haber recibido algún mensaje con contenido sexual en el último año.

Uno de los apartados más interesantes presentados por el informe tiene que ver con aquellos factores que influyen en la violencia escolar o bullying. La apariencia física se presenta como una de las causas más presentes, el 15,5% de los estudiantes declaró haber recibido acoso o burlas entorno a su rostro o cuerpo. En segundo lugar, la raza y la nacionalidad son las causas más frecuentes manifestadas por las personas acosadas, pero junto a estas, otras como la desventaja socioeconómica, la condición de inmigrante o el clima escolar del centro educativo, condicionan las probabilidades de que los/las jóvenes sufran acoso en el ámbito escolar.

El impacto del bullying en los niños/as que lo sufren puede ser devastador. Quienes lo sufren pueden experimentar una amplia gama de problemas emocionales como ansiedad, depresión, baja autoestima, miedo o tristeza. Además, el acoso escolar puede tener un impacto negativo en su rendimiento académico y en la capacidad de quienes lo sufren para relacionarse con los demás. En casos extremos, el bullying puede incluso llevar al suicidio elevándolo como principal causa de muerte entre los jóvenes en determinados países.

Un compromiso internacional

La educación se presenta como una de las prioridades de la UNESCO, organismo encargado de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Este programa se enmarca en la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. La educación, fundamental para avanzar en esa dirección, cuenta con su propio objetivo. El ODS 4, propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

A este objetivo hay que añadir alguna de las metas relacionadas con el ODS 16, en concreto, la meta 16.1 que propone “reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”.

En buena medida, las campañas de sensibilización junto a los muchos programas realizados en la lucha contra el acoso escolar han generado una tendencia que el propio informe, ya en 2019, comienza a registrar. Se observa como en los últimos años se ha producido una disminución paulatina en la prevalencia del acoso escolar en los centros educativos de la mitad de los países del entorno europeo.

Algunos de los factores de éxito en la disminución del bullying tienen que ver con el compromiso político de promover un clima escolar y un entorno de aula seguro; establecer sistemas de denuncia y seguimiento de la violencia eficaces; formación y apoyo a los docentes o empoderamiento y participación de los estudiantes, y todo ello, realizado a través de programas e intervenciones basados en datos empíricos.

A partir de estas experiencias la UNESCO desarrolla un catálogo de recomendaciones para disminuir el acoso escolar. Entre las más relevantes destacamos las siguientes: la confección de un marco normativo en defensa de los derechos de los niños y niñas; la elaboración de investigaciones que permitan trabajar a partir de evidencia empírica; desarrollar proyectos que dispongan del apoyo de toda la comunidad educativa y siempre, en cualquier caso, proporcionar información y apoyo a los/las estudiantes para que puedan reaccionar libremente en caso de sufrir este tipo de situaciones.

La gestión local del acoso escolar

En anteriores entradas, el blog de FEPSU, presentó alguno de los proyectos realizados en materia de prevención de la discriminación en las aulas. En concreto, un catálogo de recomendaciones elaboradas por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE).

Con el objetivo de materializar los compromisos adoptados en la lucha contra el acoso escolar, los actores locales elaboran numerosas actividades en esa dirección. El pasado mes de enero, la Unidad de Relaciones y Mediación con la Comunidad (URMEC) de la Policía Municipal de Terrassa en colaboración con la Escuela La Granja Ability Training Center, organizó una jornada formativa específica dirigida a cuerpos policiales de toda Cataluña. Con el fin de tratar el acoso y la gestión de las emociones se pusieron en común herramientas y recursos para combatir esta problemática.

El tema central de la jornada giró en torno al trabajo en equipo contra el acoso, entendiendo el sistema emocional desde la vivencia, dotando de los recursos suficientes a los agentes y mandos de las Policías Locales que luchan contra la violencia en las aulas.

La jornada también sirvió para que la Policía Municipal de Terrassa compartiese con los asistentes el funcionamiento del servicio de prevención contra el bullying que ofrece la institución en la ciudad.

A través de los agentes de la URMEC, la Policía Municipal de Terrassa realiza un proyecto de acompañamiento integral a los/las alumnos/as de las escuelas de la ciudad para luchar y prevenir el acoso entre niños/as y jóvenes que se produce tanto dentro como fuera de las aulas.

El proyecto ofrece un servicio personalizado en las escuelas e institutos de Terrassa donde imparten charlas y sesiones formativas personalizadas, ya sea en la fase de primaria y secundaria, ya sea en intervenciones específicas o charlas con las familias. En el período comprendido entre enero y diciembre de 2022 se realizaron más de 70 sesiones a las que asistieron alrededor de 2.200 alumnos/as.

En las sesiones formativas sobre acoso en las aulas, la URMEC adapta el mensaje y los recursos en función de la edad de los alumnos y alumnas, así como la programación y el soporte gráfico. Con ello se busca conseguir que la sesión sea lo más personalizada posible. Asimismo, en todas las etapas educativas introducen y destacan la importancia de la gestión de las emociones para prevenir situaciones de acoso.

Desde FEPSU compartimos una certeza: aquello que la sociedad ofrece a sus jóvenes es aquello que le devolverán el día de mañana. Es por eso que aplaudimos proyectos como el de nuestro socio en Terrassa, iniciativas que nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, una sociedad libre de violencia.

Ocupación ilegal: falsas creencias y gestión de la convivencia

En los últimos años, el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas ha destacado entre los temas que más preocupan a la opinión pública. A menudo, un tratamiento poco exhaustivo y riguroso por parte de los medios de comunicación, contribuye a generar falsas creencias entorno al hecho aumentando con ello la percepción de inseguridad de la ciudadanía. En este artículo proponemos una breve aproximación al contexto jurídico y social que acompaña al fenómeno de la ocupación ilegal, a la vez que presentamos algunas de las herramientas operativas con las que minimizar el impacto negativo que pueden provocar sobre la convivencia en los espacios comunitarios.

¿Qué es una ocupación?

El pasado mes de noviembre, el Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU) organizó su conferencia nacional en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias de Madrid. Bajo el lema Retos para una sociedad con una convivencia pacífica y segura, algunos de los miembros de FEPSU presentaron proyectos en materia de seguridad y convivencia realizados recientemente. De este modo, durante dos jornadas se trataron temas relacionados con la convivencia en el espacio público y en el espacio comunitario entre los que destacó una mesa monográfica sobre la gestión de las ocupaciones con impacto negativo. En los próximos párrafos concretamos algunas de las cuestiones planteadas.

Es importante destacar que el término ocupación no es una categoría jurídica. No existe como tal el delito de ocupación, sino que usamos la palabra para referirnos a aquellos casos en los que alguien hace uso de un inmueble ajeno fuera de los supuestos previstos por la ley.

Sí se consideran delitos, y como tales están regulados en la legislación penal, el allanamiento de morada (art. 202 y 203 del Código Penal) y la usurpación (art. 245 del Código Penal). En el primero de los casos el bien jurídico protegido es la morada, entendida como aquel espacio que constituye el domicilio de una o varias personas, aquel en el que desarrollan su vida más privada. Es importante destacar que las segundas residencias son consideradas morada, por más que solo se permanezca en ellas durante periodos de vacaciones.

En el segundo supuesto, el delito de usurpación, el bien jurídico a proteger es la propiedad, tratándose de un delito contra el patrimonio. Así pues, estamos ante un delito de usurpación en aquellos casos en los que se ocupe ilegalmente una vivienda deshabitada sin el consentimiento de sus propietarios.

Carlos Rodríguez, Fiscal Decano de Madrid, aseguró en su ponencia en la conferencia nacional de FEPSU que “existe la creencia de que no se dispone de medidas ágiles para hacer frente al problema de las ocupaciones y la recuperación de las viviendas.” Esta creencia contribuye a generar una alarma social que desde un punto de vista jurídico y operativo no estaría justificada.

El allanamiento de morada constituye un delito que permite la actuación policial inmediata desalojando a los ocupantes del inmueble y restituyendo la propiedad al titular de la morada. En el caso de la usurpación, cuando se comete con violencia o intimidación se procede de la misma manera y en los casos que no es así, siempre que los ocupantes no hayan constituido su morada, también podrán ser desalojados rápidamente. Para aquellos supuestos en los que los ocupantes se encuentren desarrollando plenamente su vida en el inmueble, el desalojo necesitará una orden judicial por entrar en juego el derecho a la inviolabilidad de domicilio del artículo 18.2 del texto constitucional. En este sentido, Iván Nogales, miembro de la policía local de Santa Coloma de Gramanet, destaca la importancia de que las comunidades de propietarios conozcan el fenómeno de la ocupación ilegal y lo denuncien cuando sucedan en sus comunidades. 

Cabe destacar que cada vez son más las instancias judiciales que han tenido a bien incluir las usurpaciones, en su versión delictiva leve, dentro del grupo de delitos que pueden ser enjuiciados mediantejuicios rápidos o inmediatos. Este tipo de juicios se celebran en el Juzgado de guardia lo que supone una reducción muy significativa de los plazos para recuperar la vivienda. Por otro lado, podrán celebrarse siempre que concurran las circunstancias siguientes: que los ocupantes puedan ser identificados, que no se haya ejercido violencia contra los propietarios, y que se solicite la recuperación de la vivienda como medida cautelar.

Hasta aquí la vía penal. Fuera de ella pueden existir otros supuestos de ocupación, principalmente, relacionados con casos de impago de rentas del alquiler; finalización de contrato de alquiler; o ejecuciones hipotecarias, entre otros. En cualquiera de estos casos, al encontrarnos fuera de los requisitos necesarios para la causa penal, los procesos de desahucio siguen la vía civil, por lo general, mediante un procedimiento verbal de desahucio.

Llegados a este punto interesa detenerse en el coste temporal de estos procedimientos. La vía penal es la más rápida. En los juicios inmediatos por delitos leves la recuperación de la finca por parte de la víctima es inmediata.  Asumiendo el riesgo de la generalización, estos casos permiten la realización de los desalojos en poco más de una semana. No obstante, cuando no se den los requisitos que permitan tratar la usurpación como un delito leve y por tanto enjuiciarlo mediante un juicio rápido, este tipo de denuncias suelen resolverse en un plazo de entre 1 y 3 meses. Para los casos de allanamiento de morada, como ya dijimos, la actuación policial es inmediata.

En el caso de la vía civil, el procedimiento verbal de desahucio puede variar significativamente dependiendo de si el inquilino o persona ocupante se opone formalmente a la demanda o no lo hace. En cualquier caso, volviendo a generalizar, este proceso puede situarse entre los 3 y 6 meses de media para su resolución en primera instancia.

Falsas creencias y convivencia

En ese caso, ¿de dónde procede la idea de que tras una ocupación la recuperación de la vivienda es lenta, costosa y muy garantista con los ocupantes? ¿De dónde la idea de que podemos salir el fin de semana y al volver encontrar nuestra casa ocupada no pudiendo acceder de nuevo en mucho tiempo? ¿Qué hay de cierto pues, en el hecho de que transcurridas 48 horas desde la ocupación la policía ya no puede hacer nada?

Indudablemente, alguna de estas ideas puede resultarnos conocida. Ya sea desde medios de comunicación ya sea a través de determinados discursos políticos, este tipo de afirmaciones aumentan el miedo de las personas y tienen una gran incidencia en la construcción de su percepción de inseguridad.

Las falsas creencias alrededor de la ocupación ilegal en España no inventan un problema inexistente, pero distorsionan notablemente sus características y condicionan la percepción ciudadana que de él se tiene. Como confirmó Iván Nogales, sargento de la policía local de Santa Coloma de Gramanet durante su ponencia en la conferencia nacional de FEPSU, “la mayor parte de las ocupaciones en nuestro país se producen por bandas organizadas en inmuebles de entidades bancarias para alquilarlos a terceros”.De este modo, las ocupaciones de domicilios o segundas residencias de particulares suponen un porcentaje residual del total de los bienes inmuebles afectados por el problema. A título de ejemplo, en la última edición de la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya las ocupaciones de segundas residencias no llegaron al 0.2% del total de hechos registrados, y en ningún caso se puede vislumbrar un aumento destacable desde 2015, año en el que se incorporaron a la cesta de hechos registrados por el estudio.

De este modo, actualmente, el principal problema de las ocupaciones es el impacto o alteración que generan en la convivencia de las comunidades que las sufren. A menudo, conllevan riesgos derivados por las conexiones precarias y fraudulentas de los suministros, en otros casos, traen consigo los efectos de una delincuencia asociada: narcopisos, redes de prostitución… En cualquier caso, siempre condicionan la demanda ciudadana en el mercado de la vivienda contribuyendo a la guetificación de determinadas zonas.

Jesús María García Cortijo, intendente de la policía municipal de Madrid, destacó en su ponencia la importancia de la mediación a diferentes niveles. Por un lado, en relación a la comunidad y en todo aquello relativo a los problemas de convivencia que pueden generarse. Por otro lado, orientada a resolver de forma extrajudicial el conflicto jurídico de fondo: “tenemos una figura clave, la del agente mediador que intenta poner en contacto a morador y titular de la vivienda con la finalidad de acercar posturas”. Todo ello sin olvidar la importancia de contar con información fiable sobre las cuestiones de seguridad relacionadas con la ocupación o con el tipo de intervención que vaya a llevarse a cabo.

Queda claro que la ocupación ilegal es un problema complejo, asociado, en buena medida, a déficits estructurales relacionados con el parque de vivienda en España, especialmente en las grandes ciudades. También resulta evidente que se debe seguir trabajando para ofrecer una respuesta policial y judicial que llegue de la manera más rápida y coordinada posible. A pesar de eso, la magnitud del problema recomienda seguir explorando caminos como el de la mediación que a menudo suponen soluciones menos costosas y más rápidas que los procedimientos judiciales. También, la creación de servicios o respuestas municipales con perspectiva transversal, dirigidas a promover y mantener un buen clima de convivencia, en especial en los entornos de fincas que sufren los efectos de las ocupaciones. Hay que tener en cuenta que la finca ocupada va a requerir un determinado tipo de intervención (policial o judicial), pero el vecindario o comunidad adyacentes, también va a necesitar de un apoyo dirigido a restablecer la convivencia que puede haberse visto afectada por la ocupación conflictiva. En el mejor de los casos, dicha comunidad va a requerir una intervención a fin de reducir el impacto negativo de la ocupación.

Desde FEPSU aplaudimos las soluciones que algunos de nuestros socios han aportado al problema. Con ellas continuamos avanzando en la construcción de sociedades más seguras y fomentando la convivencia en los espacios comunitarios.

Percepciones y actitudes de la ciudadanía: la legitimidad policial

Con más o menos frecuencia, a menudo después de acontecimientos que sacuden a la opinión pública, las autoridades políticas y los profesionales del sector retoman el debate sobre legitimidad policial, tratando de precisar en qué punto se encuentra la confianza que la ciudadanía brinda a sus cuerpos policiales.

A raíz del confinamiento y la posterior desescalada en las restricciones a la movilidad, crece la sensación de que la legitimidad de la policía ha disminuido en algunos sectores de la población, especialmente entre los más jóvenes. Episodios como el de la ciudad de Mataró en el que un grupo de jóvenes se enfrentó a los Mossos d’Esquadra en los accesos a una discoteca, o los vividos en Madrid con motivo de los macrobotellones celebrados durante las fiestas del Pilar, han vuelto a situar el tema en la agenda política.

Sindicatos vinculados a distintos cuerpos policiales han denunciado en diferentes medios el incremento de la violencia sufrida por sus agentes y el sentimiento de impunidad con qué algunos jóvenes protagonizan estas conductas. A estas denuncias hay que añadir los datos publicados por el Ministerio del Interior acreditando un aumento significativo de los delitos de resistencia y desobediencia contra agentes de policía.

En el caso de Catalunya, Mossos d’Esquadra registró durante 2020 un máximo histórico por infracciones administrativas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, relacionadas con la desobediencia y resistencia a la autoridad, una de las infracciones graves recogidas en su artículo 36.

Percepciones y actitudes de los jóvenes

La literatura especializada en percepciones y actitudes frente a la policía es muy abundante, especialmente en Estados Unidos. En el caso europeo también son numerosas las publicaciones, pero son menos los trabajos centrados en la relación entre jóvenes y policia, y a menudo, las conclusiones de los estudios norteamericanos deben trasladarse con cautela al entorno europeo por las diferencias existentes en factores de tipo demográfico y socioeconómico.

Con el objetivo de identificar esa tendencia negativa en las relaciones entre jóvenes y policía y conocer mejor cómo se construyen, la Fundació per a la Seguretat Pública ha liderado un Estudio sobre percepciones y actitudes de la juventud con relación a la policía en Catalunya, publicado el pasado mes de junio.

La legitimidad es una “propiedad psicológica” que se otorga a una autoridad o institución al reconocerla como “apropiada, correcta y justa”. El elemento fundamental para consolidar esa legitimidad es la confianza que, en el contexto de la autoridad legal, debe entenderse como la “expectativa que el ciudadano tiene sobre el comportamiento de un/a agente en condiciones de incertidumbre”.

Uno de los factores decisivos en el reconocimiento de esa legitimidad es la denominada “justicia procesal”, esto es, que los ciudadanos se sientan tratados con respeto, dignidad y neutralidad por los agentes. La experiencia indirecta, cuando el conocimiento de encuentros desagradables con la policía proviene de terceras personas, aunque en menor medida, también influiría en la construcción de esa legitimidad.

Estas dinámicas relacionales son bastante similares entre jóvenes y población adulta. Cuando el trato recibido se considera justo aumenta la legitimidad con qué se percibe a la institución, qué a su vez, incrementa el cumplimiento de la ley. No obstante, sí se observan algunas diferencias en lo relativo a la voluntad de cooperación por parte de los jóvenes. En su caso, el trato recibido por la policía sería más influyente en la predisposición a colaborar con la institución.

Junto a un examen exhaustivo de los estudios en la materia, el informe final presenta los resultados de una aproximación cuantitativa y otra cualitativa para el escenario catalán. En el primer caso, se realizan encuestas a un total de 825 jóvenes entre los 14 i los 30 años. En el segundo, se ha trabajado con distintos grupos de discusión y siguiendo la metodología del abordaje etnográfico espontáneo, un sistema de inmersión grupal en el entorno natural de la población estudiada.

Las conclusiones confirman la teoría de la “justicia procesal” para el caso de Catalunya. Los jóvenes muestran un nivel de satisfacción mayor en sus contactos directos con la policía, 6.77 sobre 10, cuando son tratados con respeto, dignidad y neutralidad. En aquellos casos en los que se ha detectado un abuso de poder o un uso excesivo de la fuerza, la media desciende a un 3.9. Igualmente, ese nivel de satisfacción tras un contacto directo correlaciona de forma positiva con la percepción de la legitimidad policial, del mismo modo que sucede con la variable “confianza en la policía”. Finalmente, los datos parecen confirmar que en aquellos casos en qué la legitimidad otorgada a la policía es mayor, aumenta la voluntad de cooperar con la institución e incrementa el cumplimiento de la ley.

Los botellones i macrobotellones como factor de riesgo

Los grupos de discusión celebrados durante el trabajo de campo sirvieron para evidenciar las muchas modalidades que pueden adoptar los botellones, reuniones de jóvenes que en cualquier caso siempre mantienen un factor común: el consumo de alcohol en espacios públicos.

Los propios jóvenes destacan aspectos positivos como la “diversión”, “estar entre amigos”, “los precios económicos en comparación con discotecas” o “la improvisación en comparación con el ocio que supone comprar entradas anticipadas”. Por otro lado, los aspectos negativos manifestados son “el riesgo de recibir una multa”, “el frio en invierno”, “la inseguridad” o “la falta de espacios para orinar”, entre otros.

Los participantes en los grupos manifiestan detectar un aumento de la violencia desde antes de la pandemia, siendo los jóvenes de entre 16 y 18 años los que muestran mayor afectación por esta realidad.

En este contexto, la policía se percibe como un “agente controlador y represivo”, especialmente en lo relativo a las sanciones de multa que, pese a considerarse baja, a menudo se acompaña de sanciones por otras infracciones.

De este modo, los botellones, más o menos masivos, generan espacios en los que la agresividad en el comportamiento de los jóvenes se intensifica por diferentes factores. Por un lado, las responsabilidades individuales se diluyen en el grupo provocando la impunidad de algunas de las personas que cometen hechos delictivos o inician enfrentamientos con la policía. Por otro, la ausencia de normativa concreta sobre macrobotellones con gran afluencia de participantes complica los operativos policiales.

Los estudios realizados hasta el momento parecen tener claro el mecanismo mediante el que se construye la legitimidad de los cuerpos de seguridad. En adelante, las administraciones tienen el reto de mantener en niveles altos la confianza en la policía, de lo contrario, el mantenimiento del orden público y la protección ciudadana podrían verse afectados.

Puede consultarse el informe completo aquí.

Violencia y paz en las ciudades

Las ciudades juegan un rol central en el desarrollo de sociedades democráticas donde se favorezca la equidad, la justicia, la convivencia y el respeto hacia los derechos humanos. En este contexto, donde el mundo es cada vez más urbanizado, ¿cuáles son los tipos de violencia que se presentan en las ciudades y que ponen en peligro la paz social de los entornos urbanos? El informe La violencia y la paz en las ciudades, más allá de la seguridad hegemónica, elaborado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau (Delàs) y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), intenta responder a esta y otras preguntas a través de una visión sobre las políticas de seguridad donde se replantean las definiciones relacionadas con la violencia directa y la seguridad de las personas. En FEPSU te compartimos algunos de los enfoques más interesantes de esta investigación. 

Comprendiendo la violencia

El informe elaborado por la investigadora del Centre Delàs, Tica Font, y el investigador del IDHC, Karlos Castilla, parte de un marco conceptual que repiensa el concepto de la paz. Como señalan la autora y el autor del documento, “la paz no se contrapone a la guerra sino a la violencia, una violencia que se expresa por diversas vías o tipos”. 

Entre los distintos tipos de violencia que operan en el día a día de las ciudades no se encuentra solo la violencia directa, donde se incluyen el maltrato, la intimidación e incluso el asesinato; sino también las violencias estructurales, como la falta de acceso a derechos básicos como la educación, la sanidad y la vivienda; así como las violencias de tipo cultural, que se transmiten socialmente y son utilizadas para normalizar, legitimar y justificar tanto la violencia estructural como la directa. 

Por otro lado, la violencia debe ser entendida, en primer término, como una construcción social compleja conformada, la cual se estructura a partir de acciones, palabras, actitudes, sistemas o estructuras que causan daño físico, psicológico, social o medioambiental; que, en último término, impiden a una persona o colectivo alcanzar su potencial humano pleno. 

“La violencia es una respuesta que puede elegirse, lo que la diferencia radicalmente del conflicto”, apuntan en el informe. Esto es así porque los conflictos pueden ser gestionados de múltiples maneras y su existencia no implica necesariamente el uso de la violencia. Para abordarlos, las herramientas más adecuadas son siempre el diálogo y la negociación

Finalmente, para comprender la violencia hay que diferenciarla de la agresividad, ya que esta última es “una característica humana individual, que emerge como respuesta a una amenaza percibida o real”. En este sentido, puede igualmente ser educada por la socialización y no necesariamente ha de expresarse por medio de la violencia.

La violencia en todas sus caras

Además de hacer estos apuntes conceptuales, el informe analiza los tipos de violencia presentes en las ciudades y las organiza en distintas categorías, entre las cuales se encuentran: 

  • El desplazamiento intenso de personas de zonas rurales a la ciudad, ya que se considera una emigración forzada que viene determinada por el mercado laboral. Además, estos desplazamientos se ven afectados también por fenómenos de gentrificación y terciarización, los cuales limitan el goce de los derechos de estas personas. 
  • La segregación por motivos socioeconómicos y étnicos supone también una forma de desigualdad socioespacial, que se expresa no sólo en los indicadores de renta, sino también en el acceso a derechos sociales básicos, como la educación, la salud, las zonas verdes o la cultura, entre otros. 
  • Diversos tipos de violencias estructurales, como puede ser la violencia de género, por ejemplo, expresada no sólo en forma de agresiones directas; sino también como desigualdades en el ámbito laboral, espacial o psicológico. Además, también existen violencias estructurales como la xenofobia, el racismo o la LGTBIfobia, que vienen determinadas por el hecho de que las ciudades no son espacios homogéneos, sino lugares donde conviven múltiples comunidades étnicas, culturales, lingüísticas, religiosas o de identidades sexuales. En este sentido, el fomento de la convivencia y del respeto se vuelve una tarea crucial. 
  • La ciudad es también un espacio donde se producen violencias directas, desde las más obvias y evidentes, hasta otras que están relacionadas con eventos multitudinarios musicales o deportivos, espacios de ocio nocturno, la desatención de ancianos, el acoso infantil y juvenil en escuelas o redes sociales; entre otras. 

El derecho a la ciudad

Finalmente, el informe hace hincapié en cómo las distintas formas de violencia que están presentes en las ciudades inciden en los derechos humanos y la importancia de que existan garantías en el sistema jurídico para no solo sancionar los actos de violencia, sino también para su prevención y así garantizar los derechos de todos y todas. 

En este sentido, la autora y el autor del documento resaltan que en el caso de España la mayoría de normas e instituciones se dirigen a  atender las violencias directas, unas cuantas a las violencias estructurales y son casi nulas las que se dirigen a las violencias culturales

Por este motivo, se hace necesario entender el “derecho a la ciudad” como “un punto de encuentro de todas las garantías de los derechos humanos (normativas, no jurisdiccionales, jurisdiccionales y ciudadanos) frente a las violencias en los entornos locales o más cercanos a la vida cotidiana de las personas”.

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Apuesta por la prevención a través del diseño

El Ayuntamiento de Terrassa se ha adherido a la Asociación catalana para la prevención de la inseguridad a través del diseño ambiental (ACPIDA), una apuesta clara del municipio con el objetivo de promover una visión integral de la seguridad y de las políticas dirigidas a su prevención y mantenimiento, utilizando el diseño urbanístico como herramienta clave de estas. En FEPSU te explicamos los motivos por los que esta ciudad, socia de nuestra red, se ha comprometido con esta estrategia de prevención, en auge en los últimos años en distintas localidades europeas. 

Búsqueda de la transversalidad

En la actualidad, existen varios estudios que evidencian que el entorno urbano es uno de los factores que condiciona la seguridad y que demuestran que la prevención del delito y la inseguridad se tiene que abordar de manera transversal, no solo con acción policial sino de también a través del diseño ambiental.

En este sentido, la teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad de Terrassa, Lluïsa Melgares, explica que “hay que trabajar la seguridad desde otras perspectivas, no solo la policial, por eso es una buena noticia la adhesión a esta asociación, que tiene la finalidad de difundir e impulsar la prevención del delito y la inseguridad a través del diseño ambiental”.

ACPIDA también tiene la finalidad de hacer seguimiento e implantación de los estándares internacionales en la materia y promover una nueva forma de concebir el diseño urbanístico, incorporando la interdisciplinariedad, para entender el espacio y el factor comunitario, y promover la integración de la diversidad en el diseño urbanístico, especialmente la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad

Una visión que se aplicará en el trabajo preventivo de la Unidad de Policía de Barrio de la Policía Municipal de Terrassa, con la voluntad de detectar, en colaboración con la ciudadanía, aquellas deficiencias o espacios que favorezcan la aparición de infracciones.

Trayectoría en seguridad urbana

Hay que destacar que el Ayuntamiento de Terrassa tiene una larga trayectoria y compromiso en la mejora de la seguridad desde la perspectiva urbana. Un ejemplo es su adhesión al FEPSU, donde reunimos a distintas autoridades locales y regionales con la meta de defender y promover las políticas públicas y de prevención. Desde la red buscamos, además, asumir y difundir los planteamientos y metodologías de la Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental.

En este sentido, celebramos que se haya puesto en marcha en Catalunya la ACPIDA, como espacio estructurado para la difusión de los principios y las metodologías de esta metodología de prevención a través del diseño, así como para la preparación de los actores sociales que lo deben poner en práctica. La ACPIDA, además, se constituye como capítulo de la Asociación Internacional para la Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental (CPTED) en Catalunya.

Una metodología contrastada

La prevención a través del diseño ambiental es una metodología de éxito contrastado, que se promueve e implementa desde hace muchos años en distintas localidades de Europa y el resto del mundo. En FEPSU hemos abordado en diversas ocasiones los beneficios de esta estrategia, por ejemplo a través de las aportaciones del proyecto PACTESUR para poder planificar mejor las medidas de seguridad física que se deben implementar en las ciudades para reducir la percepción de inseguridad por parte de la población. 

Además, también hemos resaltado cómo se ha ido avanzando hacia la estandarización del modelo de prevención del delito a través del diseño ambiental, como lo demuestra la aprobación del certificado ISO 22341, que estandariza a nivel mundial los elementos, estrategias y procesos básicos para prevenir y reducir la delincuencia y el miedo a la delincuencia en un entorno nuevo o previamente existente. 

Finalmente, recordamos que en la base del modelo de la CPTED se encuentra la constancia de que los espacios públicos pueden ser, al mismo tiempo, espacios para promover la cohesión social, así como lugares para acentuar la marginación y la exclusión de una parte de la población. Por este motivo, es importante que cada vez más localidades apliquen estas estrategias para mantener la seguridad urbana y conseguir una mejor prevención del delito

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8M: seguridad y prevención en femenino

Cada 8 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una conmemoración que tuvo su origen en 1910 en Copenhague, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Más tarde, en 1977 las Naciones Unidas adoptaron y reconocieron esta fecha, para invitar a todos los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil a reconocer la igualdad de género y la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad. Desde FEPSU nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir trabajando por la prevención y la lucha contra la violencia machista. Por este motivo, compartimos algunas estrategias para garantizar la seguridad de todas las mujeres en las ciudades. 

Educar desde la infancia

La igualdad de género forma parte central y transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por este motivo, organismos internacionales como ONU Mujeres intentan proporcionar distintas estrategias y enfoques para la prevención de la violencia de género, como una medida esencial para avanzar hacia una completa igualdad entre hombres y mujeres. 

Como señalan en el portal web de ONU Mujeres, “la violencia contra las mujeres y niñas tiene sus raíces en la discriminación basada en el género, en unas normas sociales que aceptan la violencia y en estereotipos de género que la perpetúan”. Comúnmente, las políticas para abordar este tipo de discriminaciones contra mujeres y niñas se han centrado en responder y apoyar a las supervivientes de violencia machista. No obstante, la prevención es una herramienta mucho más efectiva a la hora de conseguir su erradicación. 

En este sentido, en ONU Mujeres apuestan por un enfoque preventivo basado en la educación como pilar fundamental para romper los estereotipos de género y empoderar a las niñas desde edades tempranas. Para ello, el organismo resalta que debe existir un compromiso político para diseñar normativas que fomenten la igualdad e inviertan en dotar de recursos a las organizaciones de mujeres, que son las que trabajan en el terreno para prevenir toda expresión de discriminación y violencia

“Como parte de su estrategia de prevención, ONU Mujeres se centra en la educación de la primera infancia, en unas relaciones respetuosas y en trabajar con hombres y niños, especialmente a través y dentro de los medios de comunicación, las industrias del deporte y el mundo laboral”, destacan en el portal web del organismo. 

Ciudades unidas contra la violencia

Desde organizaciones como Efus y FEPSU apostamos claramente por prevenir la violencia contra las mujeres en el entorno local, como una estrategia clave para avanzar hacia una mayor igualdad de género. La violencia generalizada hacia las mujeres, que les afecta tanto en el ámbito público, como en el profesional y el privado, debe ser abordada de forma prioritaria por las políticas de seguridad locales. De la misma manera, se debe incluir la perspectiva de género como un enfoque transversal en todas las estrategias de seguridad urbana y prevención que se desarrollen. 

En su manifiesto de Seguridad, Democracia y Ciudades, Efus recomienda a las autoridades locales y regionales que se “involucren en las estrategias contra la violencia de género” y que su “papel en el campo de la prevención y el apoyo a las víctimas sea reconocido y fuertemente apoyado por los gobiernos nacionales y europeos. e instituciones internacionales”. Los miembros de Efus y de FEPSU se comprometen, en este sentido, a “intensificar sus esfuerzos como coordinadores y facilitadores de redes de prevención que incluyen múltiples actores” y a “aumentar la diversidad de perfiles, particularmente de género, en los equipos involucrados en la prevención de la violencia contra las mujeres”.

Cooperar para la prevención

Por este motivo, las ciudades socias de Efus y FEPSU cooperan en distintos proyectos europeos que buscan abordar la prevención de la violencia de género. Por ejemplo, la iniciativa SHINE  (Acoso Sexual en los Puntos de Entretenimiento Nocturno: Mitigación y Prevención, por sus siglas en inglés), busca crear una cultura común entre los actores del ocio nocturno y brindarles las herramientas adecuadas para prevenir el acoso sexual en los locales de ocio nocturno.

Fruto de este proyecto, se elaboró un informe donde se recogía la necesidad de ampliar las definiciones de acoso sexual contra las mujeres como una manera de mejorar su prevención. En este sentido, las autoras del informe subrayan la importancia de tomar en cuenta, por ejemplo, las definiciones culturales, sociales y sociológicas de lo que se considera acoso sexual, así como el uso que hacen del término las propias víctimas, respetando los límites y agravantes que ellas mismas marcan a la hora de narrar su experiencia. 

Por otro lado, desde ciudades socias de FEPSU, como Barcelona, se han realizado estudios sobre las desigualdades de género en el uso de los espacios públicos y sus consecuencias sobre la seguridad urbana. El 2021 el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB) y la Dirección de Prevención del Área de Seguridad y Prevención municipal del Ayuntamiento de Barcelona colaboraron para realizar el informe “Análisis de las conductas de riesgo en la movilidad en Barcelona desde una perspectiva de género”, en el que se estudió el riesgo vial real y percibido en los distintos medios de transportes utilizados de forma mayoritaria en el municipio, así como las conductas asociadas principalmente a este riesgo, tanto por hombres como por mujeres. 

A partir de ese estudio se pudo concluir que existen pautas de movilidad diferenciadas según el género, tanto en el tipo como en el volumen de los desplazamientos. Esto lleva a que las mujeres perciban una mayor sensación de inseguridad a la hora de moverse por la ciudad, un hecho que obliga a las autoridades locales a tomar en cuenta esta perspectiva de género a la hora de diseñar campañas de seguridad en el transporte público, por ejemplo. 

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Turismo y ciudades seguras

La seguridad se ha vuelto en los últimos años en un factor de especial preocupación para los turistas que visitan las ciudades europeas, en particular debido a las amenazas de ataques terroristas. El mantenimiento de la seguridad urbana, en este sentido, se vuelve un factor clave para mantener una actividad económica como el turismo, que es la fuente fundamental de ingresos para muchos países y ciudades de Europa. A continuación te compartimos algunas de las recomendaciones planteadas por Efus para favorecer el turismo en entornos urbanos seguros. 

Transmitir la seguridad 

El 22 de octubre de 2021 se celebró en Niza (Francia), en el marco de la conferencia internacional de Efus, Seguridad, Democracia y Ciudades, un taller alrededor del reto de promover un turismo urbano seguro y sostenible. El debate estuvo moderado por el teniente de alcalde a cargo de los derechos de las víctimas de la ciudad de Niza (Francia), Martine Ouaknine, y contó con la presencia de diversos ponentes expertos, entre los que se encontraban: Kyriaki Bourdakou, teniente de alcalde en la ciudad del Pireo (Grecia); Joao Lázaro, presidente de la asociación portuguesa de apoyo a las víctimas – APAV (Portugal); Ignacio Ibáñez, coordinador del programa de objetivos vulnerables de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT); y Fernando Gaona, subjefe y consejero de seguridad de la Policía Municipal de Xàbia (España)

Todos los ponentes estuvieron de acuerdo en que mantener la seguridad y, sobre todo, saber transmitir esta sensación de seguridad a los potenciales turistas es un gran reto para las ciudades europeas. Como ejemplo, los participantes en el debate señalaron que los atentados terroristas en Francia han provocado una caída de alrededor del 25% de los ingresos por turismo. “Si no hay seguridad, ¿por qué visitaría una ciudad?”, preguntó a los asistentes Ignacio Ibáñez. 

En este sentido, para los participantes en el taller los puntos clave para estrechar el vínculo entre seguridad y turismo son: la sostenibilidad, la responsabilidad, el apoyo mútuo y los derechos humanos. “Debemos vincular el turismo sostenible y responsable para garantizar la seguridad de turistas y ciudadanos”, subrayó Kyriaki Bourdakou.

De esta manera, un turismo sostenible es aquel que implica garantizar que todas las víctimas sean atendidas de manera adecuada. Con esto en mente, es vital que tengamos políticas sólidas y estructuras establecidas que puedan ayudar a apoyarlas y orientarlas (estructuras de apoyo a las víctimas, policía comunitaria, estrategias integradas, cooperación entre los niveles de gobierno local, regional, nacional, europeo e internacional).

Mejorar la comunicación

Otra de las dificultades más mencionadas entre los panelistas fue el problema que se produce por la separación de los servicios de seguridad y el turismo. Para llevar a cabo políticas efectivas y realistas de mantenimiento de la seguridad, ambos servicios deberían trabajar juntos para crear políticas de seguridad turística que sean capaces de responder a las demandas de los turistas, siempre considerando la sostenibilidad de estas estrategias a largo plazo.

Por lo tanto, repensar y reformular las políticas de seguridad turística es esencial y debe implementarse a través de soluciones innovadoras. Entre los ejemplos de buenas prácticas mencionados por los ponentes se encontraba el caso del Ayuntamiento de Xàbia y su Policía Turística Comunitaria, desde la cual se han puesto en marcha varios canales de comunicación con los turistas que visitan la localidad cada año. La apuesta por una mayor proximidad con las personas que visitan temporalmente la localidad se ha convertido en una de las prioridades para las autoridades locales del municipio. 

Otro ejemplo de buenas prácticas es el caso de Casa de Apoyo a las Víctimas de la ciudad de Niza (Francia), una institución municipal creada en 2015 con el objetivo de centralizar en una única oficina la atención a cualquier persona que haya sido víctima de un delito, independientemente de si se trata de una residente o turista. El equipo multidisciplinar que trabaja en el espacio (formado por juristas y psicólogos, entre otros profesionales) proporciona información rápida y práctica sobre los derechos de la víctima y qué trámites administrativos debe realizar para disfrutar de sus derechos.

Ambos ejemplos de buenas prácticas expresados por los ponentes tienen en común que lo que buscan es fortalecer la comunicación con los turistas, brindándoles información adecuada, práctica y útil.

Autonomía para pasar a la acción

Finalmente, los ponentes coincidieron en la necesidad de que las ciudades puedan elaborar su propia política de seguridad y turismo, lo que les exige contar con los recursos suficientes y el apoyo político de su gobierno nacional. En este sentido, la autonomía de las administraciones locales para ser proactivas debe combinarse con los recursos pertinentes para que las autoridades locales y regionales puedan adaptarse a nuevos contextos, crisis y riesgos de una manera ágil y flexible.

Otro punto que mencionaron los participantes en el debate fue la importancia de esforzarse por asegurar el respeto a los derechos humanos fundamentales, que generalmente consideramos como un hecho en nuestras sociedades. Los responsables políticos locales deben asegurarse de que se les respete cuando busquen proteger a los turistas. “La seguridad urbana seguirá estando en el centro de los desafíos de nuestra sociedad”, concluyó Martine Ouaknine. 

En otras ocasiones en FEPSU hemos abordado la importancia de mantener la seguridad urbana como un requisito para el desarrollo económico y social de las ciudades. Por ejemplo, hemos tratado cómo se pueden diseñar ciudades seguras e inclusivas para favorecer la cohesión social y prevenir la exclusión de una parte de la población. También hemos abordado las estrategias de seguridad para la vida nocturna local, como uno de los espacios clave donde es necesaria la prevención de la violencia y el delito. 

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¿Por qué la policía necesita reconectarse con lo local?

Las definiciones respecto a qué significa que la población esté y se sienta segura ha ido cambiando a lo largo de los años. Sin duda, la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y las restricciones sociales sin precedentes que se impusieron para limitar su extensión han tenido un efecto acelerador en este cambio de paradigma. Dentro de este contexto, las fuerzas y cuerpos de seguridad se enfrentan al reto de recuperar la percepción de seguridad en aquellos lugares que dejaron de ser percibidos como seguros, para que la ciudadanía pueda volver a disfrutar de sus libertades sin miedo y en armonía con los demás. En este sentido, el centro de estudios británico The Police Foundation ha publicado un artículo en el que aboga por recuperar el trabajo de los policías locales en el terreno y así reconectar con la ciudadanía, para mejorar la percepción de seguridad de la población. En FEPSU te compartimos algunas de sus conclusiones.

Cambios de paradigma

En el artículo Police in place. Why the police need to reconnect locally, el director de investigación de The Police Foundation, Andy Higgins, hace un repaso sobre cómo a lo largo de los últimos años emerge en distintas partes del mundo una sensación de deterioro local, que lleva a la población a percibir como inseguros lugares que antes eran vistos como espacios públicos seguros.

Al mismo tiempo, la Covid-19 no solo redujo durante un tiempo el rango de lugares en los que desarrollábamos nuestras actividades, sino que también nuestras rutinas diarias de pronto se vieron cubiertas por un peligro invisible y por un mayor escrutinio, aprehensión e indignación hacia las acciones de aquellos con quienes compartimos nuestros espacios. Por este motivo, para Higgins, se vuelve necesario repensar lo que significa estar y sentirse seguros en el espacio público y entre nuestros vecinos y vecinas, mientras emergemos hacia un mundo diferente después de haber experimentado una pandemia global.

Dentro de este contexto, se hace necesaria una acción policial preventiva y cercana a la población, que actúe desde los barrios para atajar aquellas problemáticas sociales que se dan a nivel local.

No perder de vista lo local

Higgins explica que la tarea de las agencias encargadas de mantener la seguridad se ha complejizado en esta era moderna, en la que las personas viven interconectadas y se relacionan entre ellas en distintos dominios, físicos y virtuales, los cuales contienen riesgos para la seguridad. Además, debido a esta complejidad, muchas veces los problemas locales de los vecindarios parecen triviales y se les acaba dedicando menos recursos y espacios de reflexión.

«Nuestra búsqueda por respuestas a los problemas sociales que sean más sofisticadas, basadas en la evidencia y eficientes también nos ha empujado hacia lo universal y nos ha alejado de lo situado. Hemos estado, quizá, muy ocupados buscando lo que funciona, sin tener en cuenta que muy pocas cosas funcionan igual en todos lados, y que las intervenciones basadas en los lugares, específicas y orientadas a problemas concretos suelen tener resultados más efectivos», señala el investigador de The Police Foundation.

Por este motivo, en la actualidad se vuelve más necesario que nunca prestar atención a las particularidades de cada lugar y las relaciones que estas generan, para poder entender mejor lo que hace que los lugares sean más o menos seguros y que la gente que vive en ellos se sientan más o menos seguros.

No solo hace falta recuperar modelos de policía comunitaria de décadas pasadas o replicar estrategias de resolución de conflictos predeterminadas, sino que hoy más que nunca se hace necesario reconectar con el compromiso de desarrollar un entendimiento sofisticado de las necesidades de la comunidad junto a la necesidad de la policía de estar realmente presente en los lugares, hablar con las personas que viven y pasan tiempo ahí, así como entender los problemas en sus contextos locales.

Una policía situada

La gestión de las restricciones sociales aplicadas durante la pandemia de la Covid-19 nos ha dejado muchas enseñanzas respecto a lo que debe ser la acción policial de proximidad. Durante los meses más duros de la crisis sanitaria, la policía se vio ante un nuevo reto: ¿cómo conseguir la complicidad de la población para implementar las medidas de control social más restrictivas para la vida de las personas desde la Segunda Guerra Mundial?

La naturaleza de estas normas, que no podían ser impuestas, empujaron a los policías, sobre todo locales, a buscar el consenso y activar la complicidad de la población a través de la persuasión. Sin embargo, esto no fue igual de sencillo en todos los lugares, ya que cada contexto presenta sus propias particularidades respecto a la relación entre agentes policiales y población.

Como destaca Higgins, «la gente sigue reglas y coopera con los agentes, no porque teman las consecuencias de una desobediencia, sino porque creen que es lo correcto que hay que hacer». Por lo tanto, la única forma de conseguir legitimidad y autoridad a partir de la cual provocar la complicidad y la cooperación de la ciudadanía es que los agentes locales de policía sean percibidos como justos, bienintencionados, dignos de confianza y respetuosos, así como personas capaces de escuchar y permitir que los demás se expresen.

«Solo una policía arraigada en el terreno, conectada con las comunidades y familiarizada con las historias que viven y explican, puede generar un entendimiento mutuo y conseguir la confianza en las comunidades», subraya el director de investigación de The Police Foundation. Por estas razones es vital que la policía sea capaz de tener a la población de su lado cuando suceda lo inesperado o cuando la situación social se ponga tensa. Esto significa recolocar a los agentes policiales ahí donde puedan escuchar, hacer contacto cercano, volverse familiares y llegar a conocer y a sentir y comprender algo de lo que significa estar y vivir en ese lugar y en ese momento concreto.

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones la importancia de que la policía local trabaje con distintos actores relevantes para la comunidad, desde el municipio y los agentes sociales, hasta las autoridades estatales o regionales. Por ejemplo, hemos destacado los beneficios y las limitaciones de las aplicaciones de alerta de delitos para mejorar la prevención y la seguridad. También nos hemos preguntado qué tan efectiva es la vigilancia policial predictiva o cómo funciona la tecnología de sensores portátiles y su potencial para la seguridad en el trabajo de las policías locales. Síguenos en Twitter y Facebook para estar al tanto de los próximos artículos, eventos y novedades.

La importancia de la percepción en la prevención de la inseguridad

La seguridad tiene enormes componentes subjetivos y sociales. Cuando aparece un estallido de inseguridad, una de las principales dificultades es determinar la causa de este condicionamiento de las conductas ciudadanas. Es fundamental, por ello, tener la capacidad de articular respuestas que puedan incidir en los factores que generan inseguridad y tener criterios claros para evitar respuestas rutinarias que, por muy visibles que sean, no afrontan el problema de fondo. Para conseguir este objetivo, el proyecto Cutting Crime Impact (CCI) ha desarrollado junto al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya la guía La percepción importa, que brinda herramientas para analizar manifestaciones de percepción de inseguridad y articular respuestas eficaces. En FEPSU te compartimos algunos de los puntos clave de este documento. 

Orientar a los gestores públicos

Esta herramienta creada por el proyecto CCI y el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya busca orientar a los gestores públicos a la hora de interpretar las manifestaciones inusuales de inseguridad, a determinar las causas y a articular respuestas que estén en condiciones de mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía. Solo así la ciudadanía podrá volver a llevar a cabo sus actividades de forma libre.

La guía La percepción importa. La seguridad de las personas ha sido elaborada en colaboración con técnicos municipales, sobre todo del Ayuntamiento de Barcelona, y altos mandos de organizaciones policiales, como Mossos d’Esquadra y policías locales. 

Los gestores públicos de la seguridad se encuentran en situaciones en que las expresiones públicas de inseguridad requieren una interpretación y toma de decisiones que permita gestionar la situación de manera que no se deteriore, por lo que su participación en la elaboración de esta guía ha sido muy importante. 

Atajar las causas de la inseguridad

Las manifestaciones de percepción de inseguridad acostumbran a estar relacionadas con espacios concretos e, incluso, con determinadas franjas horarias. Una respuesta estándar, genérica, está abonada al fracaso. Por ello, es necesario un análisis mínimamente profundizado (y, si es posible, rápido) que permita detectar las causas que hay detrás de aquel estallido de inseguridad (y no de la inseguridad en general) con el fin de tomar las medidas que puedan afrontar concretamente aquellas causas.

Los gestores de seguridad están sometidos a una presión alta cuando hay una manifestación pública de inseguridad o de miedo al delito. Esta presión les impide, a menudo, tener la calma y el tiempo suficientes para analizar la situación adecuadamente y favorece la toma de medidas rutinarias y muy visibles que, aunque no solucionan el problema, sirven para amortiguar la presión pública y política.

La guía La percepción importa pretende precisamente ofrecer criterios sencillos y prácticos para que estas personas encargadas de articular respuestas a las manifestaciones públicas de inseguridad puedan identificar qué medidas urgentes tienen que tomar, a la vez que facilita el análisis en profundidad de la situación y una respuesta más integral con medidas a corto, medio y largo plazo, para evitar la adopción de aquellas que sirven para “distraer” el problema pero que, en el fondo, lo van enquistando.

Una herramienta múltiple

La herramienta consta de cinco documentos que forman parte de una misma estrategia y que pueden ser utilizados juntos o por separado. El cuaderno 1 constituye la guía en sentido estricto, que incorpora las preguntas clave que una persona con responsabilidades en la gestión de la seguridad tiene que hacerse ante un incidente de inseguridad. También contiene las fuentes a las que puede recurrir para informarse adecuadamente. Al final del cuaderno hay una clarificación de conceptos a tener en cuenta a la hora de gestionar crisis de inseguridad subjetiva para conocer con precisión cuáles son sus dinámicas.

El cuaderno 2 nos ayuda a evaluar si nos encontramos ante un incidente que requiere medidas urgentes, inmediatas, a la vez que continuamos con un análisis más global del problema. El documento incluye indicadores para decidir si las medidas urgentes son necesarias o no, así como recomendaciones del tipo de medidas a tomar.

El cuaderno 3 explica, de manera sencilla, varias metodologías de investigación en el campo de las ciencias sociales, con consejos prácticos de cómo tienen que ser gestionadas para obtener la información requerida sin entrar en procedimientos de reflexión interminables. No se trata de un manual de metodología, sino de recomendaciones sobre cómo utilizar algunas de manera simple y útil para mejorar nuestro diagnóstico de inseguridad.

El cuaderno 4 pone a disposición del lector criterios para articular medidas de respuesta a estallidos de inseguridad en virtud de las causas que la han provocado, de manera que la inseguridad pueda ser contenida y revertida. Se presentan medidas de tipo diverso y transversal, así como a corto, medio y largo plazo. También incluye un enlace con documentos que recogen buenas prácticas en este campo.

El cuaderno 5 ofrece, por una parte, pautas para entender la importancia que tiene la comunicación con la ciudadanía en materia de seguridad subjetiva, y por otra, los criterios a seguir para que la comunicación pública consiga efectivamente mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía o, cuando menos, no agravarla en momentos de crisis.

Un proyecto amplio

Esta guía práctica forma parte de la estrategia del proyecto Cutting Crime Impact (CCI), financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea, que pretende prevenir la delincuencia ordinaria (toda aquella que no es organizada) y, en caso de producirse, reducir el impacto tanto como sea posible. 

Con este fin, el proyecto trabaja en cuatro ámbitos concretos: la policía predictiva, la policía comunitaria, la prevención del delito a través del diseño ambiental y, finalmente, la percepción de seguridad, que es el área en la que se inscribe la herramienta que hemos presentado. El proyecto tiene la finalidad de elaborar herramientas en estos cuatro ámbitos que puedan ser aplicadas por los actores de seguridad para cumplir los fines del proyecto.

Si quieres acceder a la guía completa y a otros contenidos relacionados con la misma, no dudes en visitar la página web del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya. Si, en cambio, deseas conocer otros proyectos en el ámbito de la seguridad y la prevención, puedes acceder a la web de FEPSU, donde además encontrarás artículos y recursos sobre temáticas diversas.