Con esta entrada terminamos la serie de artículos dedicados a las encuestas de victimización. En las dos primeras entregas hemos hablado del origen de estos estudios, de su objeto de estudio y de las principales referencias a nivel mundial y en el estado español.

Con esta entrada presentamos las principales variables e indicadores y compartimos las mejores estrategias de análisis para la elaboración de un informe de resultados en el ámbito de la victimización y la percepción de seguridad.

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La victimización

La principal unidad de medición de la victimización responde al nombre de índice de victimización. En esencia, este indicador mide la prevalencia de la victimización, esto es, el porcentaje de personas encuestadas que ha sido víctima de uno o más hechos de entre los contemplados en el estudio. En algunos casos, Estados Unidos y México son un ejemplo, la prevalencia se focaliza en los hogares seleccionados para el estudio, en el caso de las tres encuestas existentes en Catalunya la unidad de muestra es la persona seleccionada.

Como se ha señaladoen la primera y la segunda entrega de esta serie, hay que atender al contenido de ese índice de victimización, esto es, al tipo de hechos del que se construye. En otras palabras, el valor de ese porcentaje está relacionado con la cifra, siempre es preferible que sea baja, pero también con el tipo de experiencias que la conforman, siempre es preferible contabilizar hurtos a robos con violencia o agresiones físicas, esto es, hechos de menor impacto para las personas que los sufren. Así pues, cualquier análisis de los índices de victimización debe atender a la tendencia, aumento o disminución, de la prevalencia de la victimización, pero también a su composición.

En relación a esa composición, las encuestas de victimización suelen incorporar una variable denominada recuerdo espontáneo. La pregunta suele encontrarse al inicio del cuestionario y consiste en preguntar a las personas encuestadas si en el último año recuerdan haber sido víctimas de algún delito. Lo peculiar de esta pregunta es que su formulación se realiza antes de exponer ningún hecho concreto. De esta manera, se asegura que las respuestas de las personas relatan hechos presentes en su memoria, sin ninguna inducción externa. Esta variable es relevante en la medida que permite conocer qué porcentaje de las personas victimizadas recuerda por si sola los hechos y qué porcentaje los recuerda después de ser interpelado de forma directa sobre los mismos.

Como norma general, cabe suponer que los hechos recordados de forma espontánea han generado un mayor impacto en las personas que los relatan. Idealmente, se quiere un porcentaje bajo de recuerdo espontáneo y lo más alejado posible del índice de victimización. Esta realidad confirmaría una victimización de bajo impacto para las personas que la sufren.

Junto a la prevalencia encontramos la incidencia de esa victimización. En este caso hablamos del número total de hechos experimentados por la ciudadanía en un periodo de tiempo determinado. A diferencia de la prevalencia, que cuenta a las víctimas individuales, la incidencia cuenta cada evento delictivo. En esencia, suele presentarse relacionando el total de personas entrevistadas y el total de hechos registrados, expresándose como el porcentaje de hechos por cada 100 habitantes. Es lo que conocemos como índice de hechos delictivos. De este indicador nace también la ratio de multivictimización, el valor promedio de hechos sufridos por cada persona víctima. Hay que tener en cuenta que los aumentos de incidencia no siempre van acompañados de mayor prevalencia. En otras palabras, pueden aumentar los hechos, pero quedar repartidos entre el mismo número de personas, incluso menos produciéndose un aumento de la ratio de multivictimización.

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La denuncia

Si las encuestas de victimización deben servir, entre otras cosas, para conocer la magnitud de la cifra negra, los hechos no informados a la administración, es importante conocer si las experiencias de victimización declaradas en la encuesta fueron denunciadas.

La construcción del índice de denuncia se realiza sobre la base de hechos que previamente han sido considerados delictivos. Lo peculiar de la situación es que ese carácter delictivo es expresado por la persona entrevistada. En efecto, no cabría esperar que aquello que no ha sido considerado delictivo fuese denunciado. Es por eso que más allá del conocimiento jurídico que la ciudadanía pueda tener sobre el sistema penal, lo que se busca es la percepción de las personas sobre el carácter delictivo de los hechos que sufren. Esa es, en definitiva, la percepción sobre la que nacerá la iniciativa de denunciar o no hacerlo.

Por otro lado, es importante especificar que la denuncia debe materializarse con la firma y presentación formal de un documento ante la policía o los juzgados, de lo contrario, podrían estar registrándose como denuncias simples quejas ciudadanas, comprometiendo de ese modo el objetivo de iluminar la cifra negra.

De este modo, el índice de denuncia debe entenderse como el porcentaje de hechos denunciados mediante la firma de un documento ante la policía o los juzgados entre aquellos hechos considerados delictivos.

Junto al índice de denuncia general, el que resulta del análisis conjunto de todos los tipos de hechos, conviene desglosar la lectura por ámbitos. De este modo, suelen encontrarse diferencias significativas entre hechos relacionados con el domicilio o la seguridad personal, con niveles de denuncia más elevados, y hechos como las estafas y engaños, con un historial muy humilde en lo que a denuncia se refiere.

Las encuestas de victimización suelen incorporar preguntas relacionadas con los motivos que provocan que las personas no denuncien hechos declarados como experiencias de victimización. Entre los más habituales se encuentra la escasa importancia que se le dio a los hechos, la certeza de que la policía no puede hacer gran cosa, o los desincentivos relacionados con el procedimiento de denuncia (esperas, papeleos…)

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La percepción de seguridad

Como se ha explicado en anteriores entregas de la serie, las preguntas sobre victimización se complementan con las de percepción de seguridad. De este modo, las encuestas de victimización son estudios relevantes en el terreno de los hechos, pero también en el de las opiniones o percepciones.

De forma muy resumida. La percepción de seguridad suele abordarse desde tres puntos de vista.

Hablamos de una aproximación cognitiva cuando pedimos a las personas un análisis lo más objetivo posible de la seguridad en su municipio o barrio. Ciertamente, la percepción sobre cualquier cosa tiene un componente de subjetividad indisociable de su naturaleza, no obstante, se espera de las respuestas un diagnóstico genérico sin valorar de manera específica experiencias personales. Es evidente que las percepciones se construyen, también, de las experiencias individuales, pero en este caso se persigue una valoración (una nota entre 0 y 10) global. En otras palabras, nada impide que una persona victimizada pueda considerar que, pese a todo, su ciudad es un lugar seguro.

Una segunda manera de valorar cómo percibimos la seguridad se relaciona con una aproximación al fenómeno de tipo emotivo. En este sentido, suelen incorporarse preguntas relativas al nivel de preocupación que genera la delincuencia o los niveles de pesimismo u optimismo con la evolución que esta pueda tener.

Finalmente, también es relevante conocer hasta qué punto las personas modifican su comportamiento con la finalidad de evitar ser víctimas de determinados hechos. Algunos ejemplos se relacionan con el hecho de dejar de pasear a determinadas horas o por determinados lugares, o la instalación de sistemas de seguridad en los domicilios para evitar robos.

Existen numerosos estudios que acreditan una correlación positiva entre la percepción de seguridad de la ciudadanía y la valoración que ésta realiza de los servicios policiales. En otras palabras, cuando la policía goza de una legitimidad sólida, los niveles de seguridad percibidos son mayores. Es por ello que conviene dedicar preguntas de una encuesta de victimización a conocer la valoración de los cuerpos de policía existentes sobre un territorio. Esta valoración puede registrarse de forma genérica, es el caso de la clásica puntuación entre 0 y 10, o puede concretarse en funciones específicas como el sistema de recepción de denuncia. Del mismo modo, también puede diferenciarse atendiendo a quien toma la iniciativa en el contacto: ciudadanos/as que recurren a la policía o policías que contactan con ciudadanos/as.

Con esta tercera entrega terminamos la serie dedicada a las encuestas de victimización. A lo largo de tres artículos hemos conocido su razón de ser, el papel que pueden desempeñar en el diseño de políticas de seguridad, algunos referentes tanto internacionales como nacionales y el funcionamiento de sus principales indicadores y variables.

Desde FEPSU trabajamos en visibilizar toda la investigación y el conocimiento generado en el ámbito de la seguridad, la prevención y la convivencia. Síguenos en redes y conoce lo que hacemos a través de nuestra newsletter. Seguimos trabajando.

En esta entrada seguiremos profundizando en las encuestas de victimización como instrumento de medición de la seguridad y analizaremos las experiencias más o menos cercanas, en un ámbito de estudio consolidado desde finales de siglo pasado.

Las encuestas de victimización en el mundo

Uno de los primeros esfuerzos notables en el estudio de la victimización fue el Programa Nacional de Encuestas sobre delincuencia y Justicia que evolucionó hasta convertirse en la actual Encuesta Nacional de Victimización Delictiva (NCVS). Hasta el día de hoy y desde 1973, la NCVS ha madurado convirtiéndose en la fuente más importante de datos sobre la victimización delictiva en los Estados Unidos.

La encuesta la realiza la Oficina del Censo de Estados Unidos de parte de la Oficina de Estadísticas Judiciales (BJS) del Departamento de Justicia y permite recabar información sobre los delitos desde la perspectiva de las víctimas, sin importar si estos se reportaron o no a la policía. De esta manera, junto al registro numérico del tipo y cantidad de hechos, se obtiene información de las características de las persones y de los hogares, el momento y lugar en el que suceden los hechos, las lesiones que provocan i el posible empleo de armas.

Uno de los elementos singulares de la NCVS se encuentra en la selección de la muestra. A diferencia de lo que sucede con otros estudios de las mismas características, la unidad de nuestra básica son los domicilios, no las personas, y el seguimiento de estos espacios se lleva a cabo durante tres años y medio. Se consideran miembros de un hogar las personas de 12 años o más que residen en él de forma habitual en el momento de la entrevista. De esta manera, en caso de que los inquilinos de un hogar seleccionado cambien de ubicación, los nuevos moradores serán los encargados de continuar con la monitorización del espacio reportando sus experiencias.

Más reciente, pero con un trabajo exhaustivo en los últimos años encontramos la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad (ENVIPE) coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Méjico. Desde su primera edición en 2011, el estudio ha presentado un informe anual de manera ininterrumpida.

De la misma manera que la NCVS, EVIPE trabaja sobre un muestreo en que la unidad primaria está constituida por manzanas con un mínimo y máximo de viviendas, dependiendo de si se trata de un entorno rural o urbano. En este caso, las entrevistas se realizan a personas de 18 años o más y el estudio permite presentar resultados a nivel nacional y para cada una de las 31 realidades federativas, incluyendo Ciudad de Méjico. En su edición de 2022 la muestra se constituyó de 102.093 viviendas, cosa que de una idea del alcance y ambición del proyecto.

ENVIPE recoge datos sobre victimización, pero en la sección cuarta de su cuestionario desarrolla con mucho detalle cuestiones relacionas con la percepción de seguridad de los participantes en el estudio. De este modo, se recogen preguntas acerca de la preocupación por temas como la pobreza, desempleo, narcotráfico o corrupción; sobre el sentimiento de inseguridad en determinados espacios como la casa, el trabajo, la calle, el banco…; o las probabilidades estimadas de sufrir un robo total o parcial de vehículo, un asalto en su habitación o un fraude o clonación de tarjeta bancaria, entre otros.

ENVIPE es un claro ejemplo de aquellos estudios que complementan el registro de victimización con datos sobre percepción de seguridad, pudiendo con ello realizar cruces de variables que permitan encontrar correlaciones entre los dos ámbitos. Es de esta manera como la criminología conoce que entre las personas victimizadas los niveles de inseguridad manifestados suelen ser significativamente más elevados.

En el entorno europeo, probablemente, el estudio más referenciado sea la Crime Survey for England and Wales (CSEW). Realizada por la Oficina de Estadística Nacional desde 1981 se consolidó como encuesta de referencia para buena parte de las iniciativas presentadas por países vecinos.

La CSEW siempre se ha presentado como un estudio innovador en los enfoques y la selección de módulos de sus cuestionarios. Junto a los hechos delictivos más clásicos (robos con violencia, hurtos, agresiones…) el estudio comenzó a registrar fraudes y estafas con la finalidad de conseguir el mejor retrato posible de la criminalidad sufrida por su muestra. En este mismo sentido, recientemente, la CSEW incorpora entrevistas con chicos/as jóvenes de 10 a 15 años de edad. Entre otras, las personas seleccionadas reciben preguntas sobre el uso de internet y su comportamiento en línea: qué cosas hacen mientras navegan por la red, si han sufrido alguna experiencia negativa en el entorno o si, para el caso de los/las jóvenes de 13 a 15 años, si han enviado o recibido mensajes con contenido sexual.

Más allá de los registros clásicos de victimización, esta nueva experiencia debe servir para realizar una valoración de riesgo. De este modo, los padres o tutores de los/las chicos/as participantes reciben tras la entrevista un informe sobre la valoración del riesgo de sufrir determinadas experiencias vinculadas, únicamente, a los comportamientos declarados en la encuesta.

Otra de las particularidades de la CSEW está relacionada con el hecho de que todas las entrevistas se realizan de forma presencial. Los hogares seleccionados reciben una carta e información adicional sobre el estudio, al cabo de unos días, las personas encargadas de realizar la entrevista se personan en los domicilios y seleccionan aleatoriamente una persona de 16 años y más para responder el cuestionario.

Las encuestas de victimización en el estado español

En el estado español no existe una encuesta de victimización encargada de monitorizar la victimización y la percepción de seguridad de los ciudadanos. Es cierto que desde el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se han elaborado estudios concretos sobre victimización y seguridad ciudadana (1999) o delincuencia, seguridad ciudadana e imagen de la policía (1995), pero no se ha desarrollado un instrumento de medición sistematizado en el tiempo que permita elaborar ciclos de seguridad y examinar grandes tendencias y evoluciones.

En este sentido, Catalunya supone una curiosa anomalía. A día de hoy son tres las encuestas de victimización con registros de más de 25 años.

La Encuesta de Victimización de Barcelona (EVB) se realiza anualmente de forma ininterrumpida desde 1984 lo que la convierte en el estudio más longevo de estas características en todo el estado. Desde el año 2015 combina las encuestas telefónicas con aquellas autoadministradas a través de internet por las personas seleccionadas. Este cambio originó la posibilidad de llegar a grupos de población con los que resulta más difícil contactar por teléfono: jóvenes y población de nacionalidad extranjera, por ejemplo.

La EVB selecciona su muestra entre la población empadronada en Barcelona de 16 años y más, y exceptuando las ediciones de 2016 y 2018, ha contado con 4.000 personas por edición, cosa que permite que sus resultados puedan desagregarse por distritos manteniendo la representatividad estadística. De esta manera, en cada uno de los estratos (distritos) se exigen cuotas por sexo, grupo de edad y nacionalidad (española i/o extranjera) asegurando que la realidad de estos colectivos se analiza de forma representativa.

En esencia, la EVB divide su objeto de estudio en cuatro grandes bloques. Junto a los clásicos módulos de victimización y percepción de la seguridad, encontramos preguntas centradas en profundizar en la victimización desde el punto de vista del territorio, y en aquellos aspectos relacionados con la convivencia, un elemento clave en el desarrollo de las competencias en el mundo local. De esta manera, incidentes relacionados con el ruido en los vecindarios y calles, ocupaciones, suciedad o vandalismo, se incorporan a una base de datos que permitirá cruzar las variables con experiencias de victimización y percepción.

Desde el año 1990 la EVB comparte trabajo de campo con la Encuesta de Victimización del Área Metropolitana de Barcelona (EVAMB). Con la finalidad de extender el estudio a los 36 municipios del área el estudio estratifica su muestra en ámbitos territoriales y las seis ciudades de más de 75.000 habitantes.

Una de las posibilidades que ofrecen estos estudios supramunicipales consiste en la ampliación de muestra de alguno de los municipios que la componen. Es el caso de Hospitalet del Llobregat que con ello consigue mayor precisión en sus resultados disminuyendo los márgenes de erros que cualquier operación estadística de estas características lleva asociado. La gran ventaja de estas operaciones se encuentra en el hecho de compartir cuestionario y por lo tanto mantener la comparabilidad con otras realidades territoriales. Por otra parte, abre la puerta a este tipo de investigaciones a muchos Ayuntamientos que, ya sea por los costes asociados ya sea por la falta de conocimientos técnicos en la materia, no podrían disponer de datos de victimización, percepción de seguridad o convivencia si no fuera bajo el paraguas de una iniciativa mayor.

En último lugar, la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya (ESPC) supone el estudio de victimización con mayor universo de población: Catalunya. Realizado por el Departamento de Interior desde 1999 celebra su 25 aniversario durante 2024. Durante algunas ediciones compartió trabajo de campo con las dos encuestas anteriores, pero desde 2013 se realiza cada dos años centrando su contenido en tres grandes bloques: victimización, percepción de seguridad y valoración de la policía.

El bloque de victimización se estructura en 7 ámbitos temáticos: hechos relacionados con el vehículo, los domicilios, las segundas residencias, los negocios urbanos, el patrimonio de proximidad (atraco, tirón, robo de móvil…), con las personas (agresiones físicas, amenazas…) o con los engaños, fraudes y estafas. En este sentido, las estafas se incorporaron al estudio en 2015 y cabe destacar que, en sus últimas ediciones, y en buena medida por los efectos asociados al confinamiento, han condicionado algunos indicadores obligando a matizar algunas tendencias. No obstante, reservamos el análisis y evolución de los principales indicadores para una tercera entrega de esta serie dedicada a las encuestas de victimización.

Desde FEPSU trabajamos por dar a conocer los principales instrumentos de estudio y análisis de la seguridad, percepción y convivencia en las ciudades. Con ello, compartimos con nuestros socios posibilidades para avanzar en el desarrollo de las mejores políticas públicas.

Las encuestas de victimización son una herramienta crucial en la comprensión del estado de la seguridad pública, la convivencia y la percepción de inseguridad. A lo largo de las últimas décadas, estas encuestas se han convertido en una valiosa fuente de información para los investigadores, responsables de políticas públicas y la sociedad en general. En este artículo, exploraremos en profundidad qué son las encuestas de victimización, sus objetivos, y su utilidad como complemento del dato institucional. 

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¿Por qué hacer encuestas de victimización?

La seguridad pública como objeto de investigación plantea algunas dificultades concretas entre las que destaca el problema de la llamada «cifra negra». Los datos administrativos de los que se dispone, ya sean de procedencia policial o judicial, a menudo dibujan un escenario incompleto al referenciar exclusivamente aquellos incidentes que llegan a ser comunicados a la policía, jueces y magistrados o administración de justicia en general. No obstante, no todos los actos relacionados con la seguridad son puestos en conocimiento de estas instancias administrativas.

Entre las motivaciones para no denunciar actividad delictiva encontramos un catálogo de razones variado. En ocasiones, la causa se relaciona con la percepción, cuando la víctima no considera que el hecho agresor tenga una relevancia suficientemente significativa. Es habitual que la consideración de que un hecho sea poco relevante contribuya a forjar la idea de que policía y sistema judicial pueden hacer bien poca cosa al respecto. En otros casos, la falta de confianza en el sistema judicial o en la policía es la razón por la que no se informa de determinados hechos. Finalmente, optar por no denunciar también puede estar relacionado con la privacidad en aquellos casos donde la víctima no desea involucrar a la policía compartiendo determinadas experiencias de victimización. 

Con el fin de complementar la información policial y radiografiar de forma más precisa el estado de la seguridad pública, en las décadas de 1960 y 1970, en paralelo al desarrollo de la victimología como disciplina académica, se comenzaron a generalizar este tipo de encuestas, convirtiéndose en una herramienta importante a la hora de identificar aspectos del delito que los datos administrativos disponibles no pueden capturar fácilmente.

Las encuestas de victimización son estudios diseñados para recopilar información sobre las experiencias de las personas que han sido víctimas de delitos, así como sobre aquellas que no han sufrido incidentes delictivos. A diferencia de las estadísticas tradicionales de delincuencia que se basan en informes policiales, las encuestas de victimización se centran en la perspectiva de la víctima, proporcionando una visión más completa y precisa de la realidad de la seguridad en una sociedad.

En paralelo, es habitual que las encuestas de victimización dispongan de módulos – preguntas, en su defecto- sobre la percepción de inseguridad de las personas encuestadas. Más allá de las experiencias de victimización declaradas, importantísimas como complemento de los registros policiales, este tipo de estudios permite conocer la relación directa y subjetiva de las personas con el estado de la seguridad, una realidad que en ocasiones no mantiene una relación coherente y previsible con los niveles de delincuencia.

Por último, es importante tener en cuenta que las reglas para medir qué entendemos por delito pueden ser diferentes según el país en el que nos encontremos, lo que dificulta establecer comparaciones de actividad delictiva. En este sentido, las encuestas de victimización pueden ser un aliado al permitir trabajar con hechos que no respondan estrictamente a la tipología penal. Si bien es cierto que en ese caso se diluye su carácter complementario, esta posibilidad abre un camino interesante en investigaciones que quieran trazar una línea clara entre tipicidad penal y victimización. En otras palabras, el sentimiento de victimización puede venir provocado por hechos no delictivos, más allá de las leyes penales. Conocer esa realidad nos ayuda a comprender la relación que mantiene con la seguridad la ciudadanía.

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El diseño de las políticas públicas en materia de seguridad

El objetivo principal de las encuestas de victimización es la recopilación de información que permita influir en el diseño de políticas públicas destinadas a mejorar la seguridad ciudadana.

En ese sentido, las encuestas permiten medir con mayor precisión la magnitud de un problema, proporcionar una imagen más precisa a los decisores públicos. En ocasiones, las estadísticas oficiales pueden subestimar un problema social –muy habitual en conflictos asociados a la convivencia- por no encontrarse registrado fielmente en los recorridos institucionales habituales. El contacto directo con los ciudadanos proporciona información de mayor calidad que puede perderse en los procesos de medición oficiales que configuran los principales indicadores en la materia.

En paralelo, analizando los datos recopilados por las encuestas de victmización se pueden identificar patrones y tendencias en la comisión de delitos, en la percepción de seguridad y en el estado de la convivencia en una ciudad. Esto es crucial para entender cómo cambian las dinámicas de la seguridad en el tiempo y para orientar la formulación de políticas de seguridad más efectivas.

Junto al diseño de esas políticas públicas de seguridad, es importante poder evaluar qué tan eficaces han sido. Las encuestas de victimización permiten evaluar la efectividad de las políticas públicas en la prevención del delito y la protección de los ciudadanos. Este enfoque, basado en la experiencia de las víctimas, proporciona información valiosa para ajustar estrategias y asignar recursos de manera más eficiente.

De este modo, las encuestas en el ámbito de la seguridad se presentan como instrumentos versátiles a la hora de correlacionar la victimización y la percepción de seguridad con determinadas realidades sociales. Es habitual encontrar preguntas sobre variables sociodemográficas: nivel de ingresos, nivel de estudios, ocupación, país de origen o posibles situaciones de diversidad funcional. El cruce de estas variables con los registros de victimización y percepción de seguridad, nos permite entender la victimización desde otro punto de vista. Junto con el valor de saber qué cosas pasan y cuántas veces, aprendemos sobre las realidades personales de quienes soportan esa victimización. Ser capaces de dibujar un mapa de correlaciones de estas características nos permite disponer de una herramienta muy valiosa en materia de predicción y prevención del delito.

Este artículo es el primero de una serie en la que analizaremos las principales encuestas en el ámbito de la seguridad, así como los principales resultados en sus últimas ediciones. Desde FEPSU trabajamos en difundir proyectos e investigaciones en el campo de la prevención, la seguridad y la convivencia

La salud mental en los cuerpos de policía es un tema crítico y a menudo subestimado. Algunos de los estereotipos asociados a las estructuras policiales y a la naturaleza del trabajo desempeñado por sus profesionales han contribuido a silenciar una realidad de la que, cada vez con más intensidad, se demanda su abordaje por parte de las administraciones competentes.

Las políticas orientadas a la creación de programas de bienestar para agentes de policía no son algo nuevo. Existen iniciativas que de forma más o menos ambiciosa han tratado de establecer criterios que definan de qué manera se vela por la salud mental de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. A menudo se asocia esta problemática desde la incidencia que tiene sobre el volumen de efectivos disponibles y su impacto en las plantillas, pero lo cierto es que la calidad del trabajo realizado también se resiente cuando los/las agentes de policía desarrollan sus funciones afectados por este tipo de problemas.

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El trabajo de policía

Cada vez son más las campañas de sensibilización sobre salud mental que desde las administraciones públicas se lanzan para concienciar a la sociedad en la necesidad de abordar los síntomas y eliminar los estigmas asociados a determinadas patologías.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó en 2003 que no es posible considerar la salud sin tener en cuenta la salud mental, considerando que una lista de enfermedades profesionales que no asimila determinados trastornos mentales, por definición, es una lista incompleta. La Declaración de Helsinki, firmada en el año 2005 por los estados miembros de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y el Consejo (Resolución EUR/RC55/R2), incorpora la salud mental como prioridad en la agenda europea e identifica la salud mental como un asunto de salud pública.

De este modo, no puede decirse que la salud mental sea algo ajeno a las agendas políticas de las distintas administraciones. No obstante, la salud mental de los/las profesionales del trabajo policial y de los servicios de emergencias, exige un tratamiento diferenciado por las características del entorno en el que se realiza.

A menudo se espera que los/as agentes de policía estén en su mejor forma física y mental en todo momento, pero la realidad es que muchos de ellos/as se enfrentan a desafíos significativos que pueden condicionar su bienestar psicológico.

Tanto en España como a nivel internacional, múltiples estudios han abordado este tema arrojando luz sobre la prevalencia de problemas de salud mental en entre los/las profesionales de los cuerpos de policía y emergencias y la necesidad de abordar estos problemas de manera efectiva.

Existe cierto tabú entorno a las enfermedades mentales y el suicidio. Los medios de comunicación suelen silenciar una realidad bajo la falsa creencia de que su tratamiento mediático, en el caso del suicidio, puede producir un efecto llamada. Es lo que se conoce como el efecto Werther, término acuñado desde la sociología a mediados de la década de los setenta en referencia al protagonista de la novela de Goethe, “Las penas del joven Werther”, en la que los desamores de un muchacho de corta edad le llevan a terminar con su vida.

De forma bastante generalizada, la mayoría de estudios concluyen que el impacto de la violencia laboral que supone el trabajo de policía y personal de emergencias está significativamente asociado con una mayor incidencia de trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. De este modo, estos colectivos tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos de salud mental en comparación con la población general. Algunos datos manifiestan que entre los efectivos policiales existe el doble de probabilidades de manifestar conductas suicidas.

El estrés laboral y la exposición a situaciones traumáticas se definen como riesgos psicosociales importantes en el desarrollo de las funciones de estos colectivos, de ahí la necesidad de facilitar herramientas que permitan la autoprotección necesaria para evitar o minimizar efectos nocivos para su salud mental.

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El abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial

El pasado 27 de marzo asistimos a la jornada Abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial organizada por la Guàrdia Urbana de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona. El acto, al que asistieron representantes de más de 50 policías locales, se estructuró en tres mesas dedicadas a la prevención del suicidio en el ámbito policial, la intervención operativa en tentativas de suicidio y las enfermedades mentales y su impacto en el servicio policial.

Bajo la idea generalizada de que para prevenir un problema es necesario hablar sobre él, la primera de las mesas sirvió para presentar las herramientas desarrolladas en los últimos años desde el consistorio barcelonés.

En primer lugar, los Departamentos de Riesgos Laborales del cuerpo de bomberos de Barcelona y su policía municipal, trabajan conjuntamente con el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones (INAD) del Parc de Salut y Mar del Hospital del Mar de Barcelona en un programa de atención psicológica dirigido a los agentes. Se trata de un servicio voluntario y confidencial que ha servido para atender a más de 700 agentes, aproximadamente un 15% de sus plantillas.

A su vez, la mesa sirvió para, de la mano de Beatriz Almenar Pasies, técnica del del departamento, presentar el Protocolo de prevención del suicidio del que dispone la Guàrdia Urbana de Barcelona desde 2019. La herramienta, que “en el segundo año de su implementación ya había llegado a toda la plantilla a través de un programa de formación interna”, tiene como objetivo la detección de conductas de riesgo entre los policías. El seguimiento del estado del/la agente, la retirada del arma de fuego como medida preventiva o la derivación del/la profesional a un centro sanitario para recibir atención psicológica urgente, son algunas de las medidas previstas atendiendo a la gravedad de cada caso.

El protocolo de prevención del suicidio de Guàrdia Urbana de Barcelona propone un programa de actuación que junto a las vías de intervención expuestas requiere de una toma de conciencia por parte de los/las agentes. En este sentido, buena parte de las formaciones realizadas persiguen dotar a los/las profesionales de un compromiso consigo mismos estableciendo la autoprotección como primera vía de protección. Los talleres recrean situaciones de riesgo que deben ser gestionadas por los participantes. A partir de ahí, se comparte la vivencia emocional que supone la actuación con la finalidad de extraer un aprendizaje que prepare emocionalmente a los/las agentes para situaciones de estas características. Es así como se consigue minimizar el impacto que pueda suponer sobre su salud mental la intervención en determinadas situaciones.

El compromiso por avanzar en materia de salud mental trasciende la realidad de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. En este sentido, Lídia Ametller, técnica de salud mental en el Ajuntament de Barcelona, presentó el flamante Plan de Salut Mental 2023-2030. El nuevo instrumento refuerza las 111 acciones del antiguo plan con 90 nuevas medidas desarrolladas mediante el trabajo conjunto en el seno de una comisión interdisciplinar. Este grupo, formado por instituciones y expertos/as en este campo, desarrolla propuestas procedentes de más de 500 organizaciones de la ciudad.

La celebración de la jornada también sirvió para valorar las actuaciones que los cuerpos de seguridad y otros servicios de emergencias realizan ante casos de tentativa de suicidio por parte de la ciudadanía. David Ruíz, técnico de operaciones de CAT112, el teléfono de emergencias de la Generalitat de Catalunya, informó que en 2022 el servicio recibió más de 20.000 llamadas relacionadas con tentativas de suicidio y concluyó que en los relativo al servicio de llamadas de emergencia «al gestor de emergencias se le pide que sea muy concreto: que diga lo que está pasando y sobretodo, que diga donde está pasando»

Desde el FEPSU aplaudimos iniciativas como esta. Iniciativas que permiten avanzar en el conocimiento de los problemas que nuestra sociedad refleja.

En los últimos años ha crecido la preocupación social por los actos de violencia o acoso entre iguales (bullying) y de ciberacoso (ciberbullying). El bullying es un problema grave que afecta a muchos niños y niñas en todo el mundo. Este fenómeno se refiere a la violencia psicológica, física o verbal que se ejerce sobre una persona por parte de otra o varias personas, de manera repetitiva y con la intención de intimidar, humillar o causar daño. Aunque el bullying no es un fenómeno nuevo, en los últimos años se ha hecho más visible gracias a la conciencia que se ha generado en torno a él.

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Un problema generalizado

Según varios estudios, el bullying afecta a una gran cantidad de niños en todo el mundo. Así lo pone de manifiesto el informe Behind the numbers: Ending school violence anb bullying promovido por la UNESCO, el organismo de Naciones Unidas especializado en educación, ciencia y cultura. En él se señala que el 32% de los estudiantes de todo el mundo, uno de cada tres, han sufrido algún tipo de bullying en la escuela en el mes anterior a la realización de las encuestas. Además, se estima que el 20% de los estudiantes han sido víctimas de acoso en línea, lo que aumenta la presión sobre ellos incluso fuera del entorno escolar.

El informe, que cuenta con algo más de dos años de existencia, supone el mayor estudio realizado sobre la cuestión, aportando datos de 144 países para estudiantes entre los 9 y los 15 años de edad.

El estudio también revela que la intimidación física es la más frecuente en muchas regiones, con la excepción de Norteamérica y Europa donde es más común la intimidación psicológica. Por otro lado, el acoso sexual se manifiesta como el segundo más común. Sufrido por un 11.2% de los niños/as encuestados, se identifica con las bromas, comentarios o gestos hostiles de carácter sexual. A esto hay que añadir el incremento de nuevas formas de violencia sexual asociadas al espacio virtual. Entre el 12% y el 22% de los niños y niñas encuestados aseguraron haber recibido algún mensaje con contenido sexual en el último año.

Uno de los apartados más interesantes presentados por el informe tiene que ver con aquellos factores que influyen en la violencia escolar o bullying. La apariencia física se presenta como una de las causas más presentes, el 15,5% de los estudiantes declaró haber recibido acoso o burlas entorno a su rostro o cuerpo. En segundo lugar, la raza y la nacionalidad son las causas más frecuentes manifestadas por las personas acosadas, pero junto a estas, otras como la desventaja socioeconómica, la condición de inmigrante o el clima escolar del centro educativo, condicionan las probabilidades de que los/las jóvenes sufran acoso en el ámbito escolar.

El impacto del bullying en los niños/as que lo sufren puede ser devastador. Quienes lo sufren pueden experimentar una amplia gama de problemas emocionales como ansiedad, depresión, baja autoestima, miedo o tristeza. Además, el acoso escolar puede tener un impacto negativo en su rendimiento académico y en la capacidad de quienes lo sufren para relacionarse con los demás. En casos extremos, el bullying puede incluso llevar al suicidio elevándolo como principal causa de muerte entre los jóvenes en determinados países.

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Un compromiso internacional

La educación se presenta como una de las prioridades de la UNESCO, organismo encargado de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Este programa se enmarca en la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. La educación, fundamental para avanzar en esa dirección, cuenta con su propio objetivo. El ODS 4, propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

A este objetivo hay que añadir alguna de las metas relacionadas con el ODS 16, en concreto, la meta 16.1 que propone “reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”.

En buena medida, las campañas de sensibilización junto a los muchos programas realizados en la lucha contra el acoso escolar han generado una tendencia que el propio informe, ya en 2019, comienza a registrar. Se observa como en los últimos años se ha producido una disminución paulatina en la prevalencia del acoso escolar en los centros educativos de la mitad de los países del entorno europeo.

Algunos de los factores de éxito en la disminución del bullying tienen que ver con el compromiso político de promover un clima escolar y un entorno de aula seguro; establecer sistemas de denuncia y seguimiento de la violencia eficaces; formación y apoyo a los docentes o empoderamiento y participación de los estudiantes, y todo ello, realizado a través de programas e intervenciones basados en datos empíricos.

A partir de estas experiencias la UNESCO desarrolla un catálogo de recomendaciones para disminuir el acoso escolar. Entre las más relevantes destacamos las siguientes: la confección de un marco normativo en defensa de los derechos de los niños y niñas; la elaboración de investigaciones que permitan trabajar a partir de evidencia empírica; desarrollar proyectos que dispongan del apoyo de toda la comunidad educativa y siempre, en cualquier caso, proporcionar información y apoyo a los/las estudiantes para que puedan reaccionar libremente en caso de sufrir este tipo de situaciones.

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La gestión local del acoso escolar

En anteriores entradas, el blog del FEPSU, presentó alguno de los proyectos realizados en materia de prevención de la discriminación en las aulas. En concreto, un catálogo de recomendaciones elaboradas por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE).

Con el objetivo de materializar los compromisos adoptados en la lucha contra el acoso escolar, los actores locales elaboran numerosas actividades en esa dirección. El pasado mes de enero, la Unidad de Relaciones y Mediación con la Comunidad (URMEC) de la Policía Municipal de Terrassa en colaboración con la Escuela La Granja Ability Training Center, organizó una jornada formativa específica dirigida a cuerpos policiales de toda Cataluña. Con el fin de tratar el acoso y la gestión de las emociones se pusieron en común herramientas y recursos para combatir esta problemática.

El tema central de la jornada giró en torno al trabajo en equipo contra el acoso, entendiendo el sistema emocional desde la vivencia, dotando de los recursos suficientes a los agentes y mandos de las Policías Locales que luchan contra la violencia en las aulas.

La jornada también sirvió para que la Policía Municipal de Terrassa compartiese con los asistentes el funcionamiento del servicio de prevención contra el bullying que ofrece la institución en la ciudad.

A través de los agentes de la URMEC, la Policía Municipal de Terrassa realiza un proyecto de acompañamiento integral a los/las alumnos/as de las escuelas de la ciudad para luchar y prevenir el acoso entre niños/as y jóvenes que se produce tanto dentro como fuera de las aulas.

El proyecto ofrece un servicio personalizado en las escuelas e institutos de Terrassa donde imparten charlas y sesiones formativas personalizadas, ya sea en la fase de primaria y secundaria, ya sea en intervenciones específicas o charlas con las familias. En el período comprendido entre enero y diciembre de 2022 se realizaron más de 70 sesiones a las que asistieron alrededor de 2.200 alumnos/as.

En las sesiones formativas sobre acoso en las aulas, la URMEC adapta el mensaje y los recursos en función de la edad de los alumnos y alumnas, así como la programación y el soporte gráfico. Con ello se busca conseguir que la sesión sea lo más personalizada posible. Asimismo, en todas las etapas educativas introducen y destacan la importancia de la gestión de las emociones para prevenir situaciones de acoso.

Desde el FEPSU compartimos una certeza: aquello que la sociedad ofrece a sus jóvenes es aquello que le devolverán el día de mañana. Es por eso que aplaudimos proyectos como el de nuestro socio en Terrassa, iniciativas que nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, una sociedad libre de violencia.