La micromovilidad, ventajas y desafíos

La micrmovolidad en una ciudad.

En los últimos años, la micromovilidad se ha convertido en una tendencia en auge en las principales ciudades de todo el mundo. El uso de bicicletas y patinetes eléctricos ha transformado la forma en que nos desplazamos, ofreciendo alternativas más sostenibles, económicas y ágiles para recorrer las calles urbanas. En este artículo, exploramos la situación de la micromovilidad en las ciudades españolas, incluyendo un breve análisis de la normativa vigente, datos de volumen de usuarios y accidentalidad, así como algunos consejos de seguridad.

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Los vehículos de movilidad personal (VPM) y sus usuarios/as

La micromovilidad, que engloba los medios de transporte individual de pequeño tamaño y propulsión humana o eléctrica, se ha convertido en una solución cada vez más popular para sortear los problemas de tráfico, mejorar la calidad del aire y fomentar un estilo de vida más activo.

El pasado mes de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España por el incumplimiento sistemático de la norma comunitaria de calidad del aire en las ciudades de Madrid y Barcelona. La normativa, aprobada por la comisión en 2010, fija los límites anuales de seguridad en relación a la exposición de dióxido de nitrógeno (NO2), una sustancia altamente nociva para la salud de quienes la inhalan de forma continuada. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) viene estimando la mortalidad prematura asociada a este tipo de exposición desde 2014 cifrando en 49.000 los casos para toda Europa y en 5.900 para España.

Más allá de la movilidad sostenible que proporcionan estos vehículos, se abre un camino muy interesante en todo lo relativo a la intermodalidad, esto es, la combinación de bicis y patinetes con otros medios de trasporte público como el tren o los autobuses que facilita la entrada a las grandes ciudades desde poblaciones vecinas. De esta manera, usar el patinete para llegar al tren, desplazarse al centro de la ciudad y de ahí al destino final de nuevo con el vehículo de micromovilidad, se presenta como una alternativa sólida al uso del coche para desplazamientos puerta a puerta.

En España, la micromovilidad ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Las ciudades han implementado sistemas de alquiler de bicicletas y patinetes, contribuyendo con ello a un aumento en el número de usuarios. Según datos recientes, el número de desplazamientos en bicicleta en las ciudades españolas ha aumentado en un 11% en el último año, mientras que el uso de patinetes eléctricos se ha multiplicado por cuatro.

Uno de los estudios más recientes es el presentado por la proveedora de servicios de micromovilidad Tier Mobility. Los resultados del trabajo de campo, realizado en 36 ciudades de 14 países europeos, sitúan a España como el primer país con el mayor porcentaje de usuarios/as de ese tipo de vehículo, alrededor del 30%. Entre las ciudades españolas Madrid se sitúa en el primer puesto con un 43% de personas que declaran usar patinetes eléctricos de manera habitual.

La comodidad, el precio y la facilidad de su conducción son las principales razones, la seguridad y la falta de infraestructuras, las principales preocupaciones. De este modo, bicicletas y patinetes eléctricos son vistos como aliados para una movilidad más sostenible y eficiente, especialmente en distancias cortas y medianas.

No obstante, su llegada en masa y la escasa exigencia para conducirlos provocan algunos problemas relacionados con la seguridad de las ciudades que los acogen. Solamente en el municipio de Barcelona para el año 2022 se registraron alrededor de 900 incidencias con vehículos de movilidad personal implicados, y los últimos datos oficiales muestran que en 2021 se duplicaron las víctimas mortales por accidentes de patinetes eléctricos respecto a 2020, 13 y 6 respectivamente. Por todo ello, entendemos que la transformación de los patrones de movilidad en las ciudades requiere un acercamiento de las instituciones y se posiciona como un tema clave en la seguridad vial de las mismas.

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Regulación disponible

Como sucede con todos los fenómenos que de manera repentina pasan a formar parte del día a día de las ciudades, se necesita cierto margen para adecuar su regulación a las necesidades y problemas que plantean.

El caso de los vehículos de micromovilidad no es una excepción y a día de hoy el contenido de las normas que los regulan sigue siendo desconocido por buena parte de los/las usuarios/as.

La competencia normativa de los VPM y las bicicletas se reparte entre el estado y las corporaciones municipales. El estado regula con carácter general la seguridad vial y la circulación a través de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Dicha legislación se desarrolla a través del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación recientemente modificado por el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, que, ahora sí, formaliza la regulación de los vehículos de movilidad personal.

A partir de las bases fijadas por la legislación estatal las ordenanzas municipales pueden establecer su regulación específica. De este modo, ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia presentan algunas diferencias como la edad mínima para conducirlos (Madrid y Sevilla la establece en 15 años y Barcelona y Valencia fijan los 16, pero Pamplona la sitúa en 14), la circulación por calzadas generales (permitida en Madrid, Valencia o Barcelona cuando su velocidad esté limitada a 30 km/h), el uso del casco (obligatorio en Pamplona pero recomendado en Barcelona y Madrid) o la obligatoriedad de disponer de un seguro a terceros obligatorio (Benidorm, Palencia, Córdoba o Mahón sí lo exigen pero ciudades como Madrid o Barcelona todavía no).

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha elaborado un manual de características técnicas de los VMP que establece los requisitos obligatorios de que deberán disponer estos vehículos a partir de 2024, tanto en lo relativo a sus equipamientos como a la calidad de su fabricación. De este modo, todos los modelos y marcas existentes en el mercado deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas. Por otro lado, la nueva regulación prevé una moratoria que permitirá seguir circulando a los vehículos sin certificación hasta enero de 2027.

A continuación, detallamos algunos elementos de la regulación común para toda España, no sin aconsejar que antes de utilizar estos vehículos, sus usuarios/as profundicen en la normativa local de cada ciudad.

A día de hoy, las 10 normas principales sobre el uso de VMP son las siguientes:

  1. No pueden circular por las aceras.
  2. Tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos.
  3. Solo puede ocuparlos una persona, por eso son vehículos de movilidad personal.
  4. Prohibido el uso de auriculares y/o teléfonos móviles.
  5. Su velocidad máxima es de 25 km/h.
  6. Sus conductores están sometidos a las mismas tasas de consumo de alcohol que los de otros vehículos.
  7. No es necesario permiso de circulación.
  8. Deben disponer de sistema de frenado.
  9. Deben disponer de dispositivo de advertencia acústica (timbre).
  10. Deben disponer de luces y dispositivos reflectantes traseros y delanteros.

Desde FEPSU seguimos comprometidos con la seguridad y la sostenibilidad de nuestras ciudades, así como con el estudio y difusión de las medidas que nos permiten hacer frente a los nuevos retos.

Seguridad y personas mayores: la prospectiva hecha realidad

El envejecimiento de la población es una realidad en España y en muchos países del entorno. El aumento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad han llevado a un cambio demográfico significativo. En este contexto, es fundamental comprender las características y los datos relacionados con el envejecimiento de la población, así como los riesgos principales que sufren las personas mayores en relación con la seguridad pública.

En este artículo te explicamos de qué manera deben trabajar las ciudades para garantizar la seguridad de la población de edad más avanzada y presentamos algunas de las iniciativas de nuestros socios en esa dirección.

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Nos hacemos mayores

El envejecimiento de la población es un fenómeno global y España y sus países vecinos no son una excepción. En los últimos años se ha observado un aumento constante del número de personas mayores de 65 años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística se estima que en España el porcentaje de personas mayores de 65 años alcanzará el 30% de la población total en las próximas décadas.

El envejecimiento de la población plantea desafíos en diversos aspectos como la atención médica, la seguridad social y, por supuesto, la seguridad pública de las personas mayores.

Uno de los indicadores demográficos básicos más usados para expresar esta realidad es el índice de envejecimiento, esto es, el porcentaje de personas mayores de 64 años sobre la población menor de 16 años. A uno de enero de 2022, en España, el porcentaje se ha registrado en 135.5, contabilizándose alrededor de 135 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, 4.4 puntos por encima del valor del año anterior.

El último año registrado en el que las personas jóvenes fueron más que las mayores es 1999. Con el inicio de siglo el indicador comienza a situarse por encima de 100 y desde entonces ha experimentado un aumento paulatino hasta el 135.5% actual.

Las principales razones de este envejecimiento se encuentran en la combinación de dos factores: la baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida.

En el primer caso, los datos revelan un descenso muy significativo, el 39% menos de nacimientos que diez años atrás. Por otro lado, a pesar de reducirse en 1.5 años en 2020 por causa de la pandemia, la esperanza de vida experimenta un aumento progresivo en las últimas décadas. De los 77.07 años en 1991 ha pasado a situarse alrededor de los 83 años en 2022.

Las políticas públicas de seguridad no pueden obviar esta realidad y conviene integrar esta perspectiva en todas las fases de su elaboración.

Algunos de los riesgos principales están relacionados con la inseguridad en el entorno urbano. Las personas mayores pueden ser más vulnerables a la delincuencia, así lo han manifestado algunas teorías criminológicas que con más o menos evidencia empírica identifican esa vulnerabilidad física con un mayor sentimiento de inseguridad. La falta de movilidad, la fragilidad física y una menor capacidad para defenderse aumentan su riesgo, aunque los cierto es que los valores relativos a la victimización de los grupos de edad más avanzada que registran los principales estudios sobre la materia de que disponemos suelen ser los más bajos. Una de las explicaciones se encuentra en el hecho de que una mayor vulnerabilidad quedaría compensada con una actitud más prudente y precavida. A la vez, la exposición de las personas mayores en el espacio público se reduce a franjas de tiempo más cortas en comparación con otros segmentos de población lo que podría explicar ese menor protagonismo en determinados ámbitos de victimización.

Más allá de la seguridad pública relacionada con la delincuencia, en el caso de las personas mayores es importante atender a un diseño urbanístico inclusivo de las ciudades. Los entornos urbanos deben diseñarse pensando en su accesibilidad, con aceras en buen estado, señalización clara, ausencia de obstáculos y rampas adecuadas para facilitar su movilidad. Es esencial que se adopten medidas para garantizar entornos urbanos seguros, iluminados y accesibles para todos/as.

Finalmente, otro de los aspectos relevantes cuando pensamos en el bienestar de las personas mayores tiene que ver con la soledad y el aislamiento que algunas de ellas sufren de forma no deseada. Es importante fomentar la participación social y comunitaria, así como garantizar espacios seguros y amigables y programas de actividades adaptadas a sus intereses.

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Algunas iniciativas

Las iniciativas públicas centradas en el estudio de la situación de las personas mayores no son algo nuevo. En este sentido, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya elaboró para el periodo 2015-2018 el Plan Integral de Seguridad de las personas mayores. En paralelo, el mes de febrero de 2015 se presentaba una edición especial de la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya centrada en el diagnóstico de la seguridad y su percepción por parte de este grupo de personas.

Recientemente, el pasado mes de mayo, el Ajuntament de Barcelona presentó una nueva guía práctica con recomendaciones sobre cómo combatir el edatismo que sufren las personas mayores. El documento final es fruto de la colaboración entre la asociación SomSeniors y el Departament de Promoció de les Persones Grans del mismo Ajuntament de Barcelona, y sirve, entre otras cosas, para incorporar algunas de las medidas presentes en el informe mundial sobre discriminación por edad elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Actualmente, el colectivo de gente mayor de 65 años presenta un alto grado de diversidad que no siempre es reconocido. Esta situación puede provocar distintas formas de discriminación y maltrato hacia estas personas. En esencia, a partir del análisis de los principales estereotipos y estigmas asociados a las personas mayores, el documento persigue cambiar la mirada con la que percibimos el envejecimiento actuando desde las administraciones, entidades, medios de comunicación y empresas.

Entre algunas de las recomendaciones se encuentra la necesidad de desmitificar la eterna juventud; mostrar las oportunidades que ofrece la etapa de envejecimiento; la toma en consideración y respeto de las opiniones del colectivo o la necesidad de valorar la participación que las personas mayores tienen en la familia y la sociedad, entre otras.

En esa misma dirección el Ayuntamiento de Madrid dispone de un servicio de “Acompañamiento a la integración social de personas mayores que se sienten solas”.

El servicio, dirigido a la prevención, detección y atención de la soledad y aislamiento no deseado de las personas mayores de 65 años, entre otros, persigue los objetivos de capacitar y empoderar a estas personas en la gestión y prevención de las consecuencias negativas del envejecimiento, así como lograr, en casos de riesgo de aislamiento, un acercamiento a las personas mayores que les permita conducir esas situaciones a la inclusión social.

El programa trabaja a partir de dos tipos de intervenciones. En las individuales se realizan llamadas y visitas al domicilio para valorar las circunstancias personales o factores de riesgo que permitan detectar situaciones de soledad no deseada. En esos casos, las intervenciones aportan compañía, seguridad y ayuda en las salidas al exterior de la persona, con ello se crean y fortalecen sus vínculos sociales favoreciendo la integración comunitaria.

El segundo tipo de intervenciones tiene carácter grupal. Mediante hasta ocho sesiones realizadas en dependencias municipales como Centros de Servicios Sociales o bibliotecas, se realizan talleres de una hora y media agrupados en cuatro tipos de contenidos: envejecimiento activo, habilidades sociales, apoyo social o abordaje de la soledad.

A medida que envejecemos, enfrentamos riesgos y desafíos específicos en relación con la seguridad pública y la vida en las ciudades, pero también con el bienestar de las personas mayores y su integración en la comunidad. Desde Fepsu aplaudimos todas las iniciativas que nuestros socios llevan a cabo para minimizar los efectos negativos que esta realidad supone para las personas.

Formación interna: «Gestión de la convivencia en los entornos urbanos»

Hoy en día las ciudades deben enfrentar múltiples problemas en términos de convivencia. Se trata de retos que administraciones públicas deben hacer frente para promover entornos urbanos pacíficos y una mejor calidad de vida para sus habitantes. En este contexto, la gestión de la convivencia es un eje clave que las políticas municipales deben tener en cuenta, y por ello FEPSU impulsa la formación «Gestión de la convivencia en los entornos urbanos».

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Sobre la formación

La formación, que tendrá lugar el día 8 de junio de 2023 de 10h a 14h, tiene por objetivo dotar de una base teórica y práctica en la gestión de los conflictos urbanos de diferente índole para así contribuir a ciudades con unos niveles óptimos en términos de convivencia.

Durante la sesión se introducirán los fundamentos esenciales de la conflictología para la posterior resolución de un caso práctico en grupo. Finalmente, se pondrán en común los resultados de los diferentes grupos para abrir un debate sobre las diferentes perspectivas a la hora de gestionar los conflictos y las mejores fórmulas para cada uno.

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L’Hospitalet de Llobregat y la gestión de la convivencia

La formación se llevará a cabo por Óscar Negredo, coordinador del Servicio de Mediación Comunitaria de L’Hospitalet de Llobregat, ciudad que además se encuentra a la vanguardia como modelo de la gestión de la convivencia y conflictos comunitarios.

Con esta formación seguimos en la línea de abordar los problemas de convivencia en nuestra sociedad que tuvo inicio en la conferencia anual de Madrid de 2022 «Retos para una sociedad con una convivencia pacífica y segura», en la que se trataron los diferentes aspectos de la gestión de la convivencia así como las acciones que se pueden tomar en dicha materia.

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Programa

A continuación, puedes consultar el programa de la formación:

1. Parte teórica

  • Tipología de conflictos públicos
  • Herramientas para analizar conflictos públicos complejos
  • Identificación de actores estratégicos
  • Metodologías para abordar conflictos públicos complejos
  • Evaluación

2. Resolución de un caso práctico

3. Puesta en común del caso práctico

¿Por qué somos (in)felices? El papel de la seguridad

felicidad, bienestar y seguridad

En los últimos años se observa una tendencia creciente en las instituciones y políticas públicas a la hora de considerar la felicidad y el bienestar de las personas como un objetivo importante en sí mismo. Cada vez son más las iniciativas que presentan directamente y como prioritario el objetivo de la felicidad. Su omnipresencia es indudable.

Ahora bien. ¿En qué consiste ser feliz? ¿Cómo se mide ese estado? ¿Qué lugar ocupa la seguridad en la receta de un bien tan preciado? En este artículo explicamos de qué manera se mide la felicidad y cuál es la relación que mantiene con la percepción de seguridad de las personas.

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Progreso y crecimiento: dos cosas distintas

En 2009, un grupo de prestigiosos economistas entre los que se encontraban los premio nobel Joseph Stiglitz y Amartya Sen reciben un encargo del entonces presidente francés Nicolas Sarkozi. Los efectos de la crisis económica de finales de la primera década del SXXI son ya una realidad y cada vez toman más relevancia las voces que cuestionan que los indicadores de crecimiento económico como el Producto Interior Bruto (PIB) sean los únicos protagonistas a la hora de medir el bienestar de nuestras sociedades. Del trabajo realizado por esa comisión nace uno de los informes más citados de la última década: Mismeasuring Our Lives. Why GDP Doesn’t Add Up (Medir mal nuestras vidas. ¿Por qué no cuadra el PIB?)

La premisa del informe planteó que el crecimiento del PIB en la economía de un país, no asegura que su población se beneficie directa y equilibradamente de ese incremento. Tal y como aseguró Stiglitz en su día, “una de las razones por las que la mayor parte de la gente percibe que está peor, aunque el PIB medio suba, es porque efectivamente está peor”.

Esta realidad pone de manifiesto los problemas de utilizar exclusivamente el PIB como medida del bienestar económico y confirma la necesidad de proponer nuevos indicadores que permitan medir el bienestar y la felicidad de una manera más fiable y precisa. Los autores argumentan que, aunque el PIB es una medida útil de la producción y el crecimiento de una economía, no refleja otros aspectos importantes en la vida de las personas como el nivel de desigualdad existente en una sociedad, la distribución de la riqueza o el impacto ambiental.

El cambio de paradigma se confirma y los fundamentos teóricos que lo sustentan deben servir de inspiración a gobiernos de todo el mundo para construir nuevos sistemas de medición con los que evaluar sus políticas públicas.

Durante los siguientes años nacerán conceptos como el de “Felicidad Nacional Bruta” y se crearán Ministerios de la Felicidad en las estructuras políticas de muchos países. El bienestar de los ciudadanos se consolidará como un objetivo más allá del crecimiento económico y al albor de esa realidad, nacerán nuevas medidas como el índice global de felicidad, el índice de bienestar sostenible, el índice de desarrollo humano, el índice de progreso real o el índice de capital social, entre otros.

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Medir la felicidad y el bienestar

La principal novedad de estos indicadores se encuentra en la manera como se construyen. La mayoría proponen una medida basada en factores económicos, pero junto a estos incluyen otros de tipos social y ambiental a base de variables como el estado de salud, la educación, el empleo y la seguridad.

Es el caso del Índice global de felicidad, publicado anualmente por Naciones Unidas con la finalidad de medir la felicidad en 157 países. Su construcción consiste en agregar valores relativos al PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de años de vida saludable, la libertad para tomar decisiones vitales, la generosidad o la percepción de la corrupción.

En 2023, Finlandia ha encabezado el ranquin y España se ha situado en la posición número 32 con una puntuación de 6.436, 1.368 por debajo de la líder finesa siendo la percepción sobre la corrupción una de las categorías que más penaliza su puntuación final.

Junto al Índice global de felicidad, el Índice de bienestar económico sostenible (IBES) se presenta como un indicador económico alternativo, también aspirante a reemplazar al PIB como indicador de bienestar social. Se compone de una veintena de variables de distinta naturaleza representativas de aquello que influye en el bienestar personal.

Un elemento interesante en su construcción lo encontramos en el hecho de incluir los “costes derivados del crimen”. De esta manera, la seguridad de las personas aparece como una realidad mesurable confirmando la necesidad de acercarnos al concepto de bienestar desde una perspectiva amplia y multidimensional.

En este caso, el crimen se presenta como un coste social que afecta negativamente al bienestar de las personas de ahí que se incorpore con signo negativo al cálculo del indicador. Hay que tener en cuenta que en algunos casos los costes derivados de las actividades delictivas son evidentes (valor de objetos robados, gastos médicos de lesiones…), en otros, la dificultad de identificarlos y cuantificarlos es mayor. Es el caso de los traumas asociados a la experiencia de victimización, la percepción de inseguridad o el sufrimiento.

Pese a que la metodología de cálculo de esta variable puede ser cambiante en función del país generando algunas desconfianzas sobre la fiabilidad del indicador, la simple agregación de los niveles de delincuencia registrados por la policía sirve para completar el retrato social y comenzar a estudiar posibles relaciones entre la seguridad pública y el bienestar de las personas.

Bajo esta misma tradición se desarrolla el Better Life Index (Índice para una vida mejor) de la Organización para la Coperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La organización, formada por 38 miembros entre los cuales se encuentra España, elabora el informe How’s life (Cómo es la vida) cada dos años como parte de una iniciativa que se propone promover mejores políticas para una vida mejor.

La evaluación propone un enfoque multidimensional que cubre 11 campos del bienestar actual. De este modo, entre algunos de los temas registrados destacan los ingresos y riqueza, la vivienda, el trabajo y calidad del empleo, las conexiones sociales, el equilibrio vida-trabajo o la seguridad. Un total de 80 indicadores para analizar si la vida de las personas de 37 países y 4 países socios está mejorando.

En el campo de la seguridad las variables analizadas giran en torno al volumen de homicidios, el sentimiento de seguridad al caminar solos/as de noche y las muertes en carretera. Con la finalidad de evitar los problemas derivados de trabajar exclusivamente con valores promedios, el estudio también presenta un apartado sobre las desigualdades originadas por la brecha entre grupos de población.

La edición de 2020, la última disponible, confirma que desde los primeros resultados en 2010 algunos aspectos del bienestar han mejorado. En general, se viven vidas más largas y seguras. La esperanza de vida ha aumentado en casi un año situándose alrededor de los 80. En paralelo, la tasa promedia de homicidios ha disminuido un tercio, también las muertes en carretera y puede confirmarse que las personas se sienten más seguras cuando caminan solas de noche por la calle.

No obstante, analizar los datos promedios generales puede ocultar tanta información como la que se enseña. Los promedios no siempre son válidos para todos los países ni para todos los grupos de población. Conscientes de ello, How’s life también presenta los datos ateniendo a la brecha de género o edad, por poner algunos ejemplos. De este modo, en un indicador como el de las conexiones sociales se observa que la gente mayor tiene el triple de posibilidades de no encontrar apoyo social ante una adversidad. Por otro lado, en lo relativo al balance de afecto negativo, esto es, la experimentación superior de sentimientos negativos (ira, tristeza, preocupación…) que positivos (alegría, descanso…), las mujeres se sitúan 3 puntos porcentuales por encima de los hombres.

En general, estos y otros indicadores han proporcionado suficiente evidencia empírica para asegurar que existe una relación positiva entre la percepción de seguridad de las personas y su estado de felicidad o bienestar subjetivo. A pesar de eso es importante señalar que esa relación puede ser más compleja debido a la influencia de muchos otros factores de tipo social e individual.

Desde FEPSU trabajamos junto a nuestros socios en la construcción de ciudades más seguras convencidos de que los efectos de ese trabajo contribuyen a mejorar la vida y el bienestar de las personas que las habitan.

Formación interna: Aspectos jurídicos de la práctica policial

En la praxis profesional, la policía deben hacer frente a situaciones en las que un conocimiento sólido del ordenamiento jurídico resulta esencial. En ese sentido, deben conocer cuales son sus derechos y, de la misma manera, cómo actuar respetando los derechos de los ciudadanos. Desde FEPSU, impulsamos formaciones dirigidas a nuestros socios – en este caso, una formación a policías locales – para dar respuesta a sus necesidades formativas.

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Detalles de la formación

Con el objetivo de reforzar los conocimientos jurídicos de la policía local, FEPSU ha impulsado la formación “Aspectos jurídicos de la práctica policial” los días 22 y 24 de mayo de 2023. En último término, esta formación a policías locales también enfatiza en las claves que se deben tener en cuenta cuando deben declarar en sede judicial por actuaciones concretas.

Esta formación está organizada conjuntamente con la ciudad de Terrassa y también contará con otras policías locales miembros de FEPSU. La formación se llevará a cabo en un formato presencial, lo que facilitará llevar a cabo una sesión más práctica y dinámica.

La formación se llevará a cabo por Josep Lluís Florensa, abogado penalista con más de 20 años de experiencia en la defensa de agentes de policía en juicios. Además, Florensa ha ejercido de Responsable de Asuntos Penales del Departament d’Interior de la Generalitat de Cataluña y es actualmente abogado de los servicios jurídicos de la Federació de Professionals de la Seguretat Pública (FEPOL).

Junto con la formación «Actuación policial ante víctimas y agresores de violencia de género», esta formación es la segunda que desde FEPSU realizamos a policías locales. El objetivo global de estas formaciones es la de mejorar la operativa policial y contribuir a que los agentes puedan prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía.

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Programa

A continuación, puedes consultar el programa de la formación:

22 de mayo de 2023, 9:15 – 13:15

1.INTRODUCCIÓN

1.1. Seguridad jurídica.

1.2. Proporcionalidad: congruencia, oportunidad, adecuación, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto.

1.3. Trabajo policial: eficacia – valoración.

1.4. Medidas policiales que afectan a derechos fundamentales.

2. ¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA CALLE? (PARTE 1)

2.1. Todo lo que no está prohibido hacer.

2.2. Actuaciones que afectan a la integridad física.

2.3. Actuaciones que afectan a la libertad.

2.4. Actuaciones que afectan a la intimidad y la propia imagen.

2.5. Actuaciones que afectan a la integridad moral.

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24 de mayo de 2023, 9:15 – 13:15

2.¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA CALLE? (PARTE 2)

2.6. Actuaciones que afectan al entorno visual y a la protección de datos.

2.7. Actuaciones que afectan a la inviolabilidad del domicilio.

3. ¿CÓMO SE PLASMA LO QUE HE HECHO?

3.1. Confección del atestado/otros documentos policiales: necesidad.

3.2. Núcleo/circunstancias/identificación.

3.3. Uso de la fuerza: punto de vista que se ha de adoptar.

4. ¿CÓMO EXPLICO LO QUE HE HECHO? Pautas breves sobre la declaración policial en sede judicial.

Los efectos extremos del cambio climático: la gestión del riesgo

El cambio climático es un fenómeno global que está afectando a todas las regiones del mundo. Entre sus consecuencias más visibles se encuentran los desastres naturales, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la desertificación o la disminución de los recursos hídricos, entre otras.

Los fenómenos climáticos extremos tienen un impacto significativo en la seguridad pública provocando situaciones de emergencia. Esta realidad supone un gran desafío en la gestión de los recursos públicos y privados y obliga a todas las administraciones y organizaciones supranacionales a elaborar programas de actuación con los que hacer frente al incremento de los riesgos que amenazan a nuestras sociedades.

Tal vez no podamos evitar determinados episodios asociados a la crisis climática, pero podemos trabajar para minimizar su impacto gestionando de antemano el riesgo. En este artículo explicamos de qué manera se trabaja en el abordaje del riesgo sistémico.

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Los efectos de la crisis climática y sus números

El último informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) muestra que los eventos climáticos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas intensas han aumentado en frecuencia e intensidad en muchos lugares del mundo en las últimas décadas. La organización, creada en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tiene como objetivo proporcionar a los gobiernos de todos los niveles información científica que puedan utilizar para desarrollar políticas climáticas. Entre sus órganos, cuenta con el Grupo de Trabajo sobre Soporte de Datos para las Evaluaciones de Cambio Climático (TG-Data) encargado de brindar información sobre la conservación, trazabilidad, estabilidad, disponibilidad y transparencia de datos en escenarios relacionados con los informes del IPCC. 

Así pues, entre algunas de las certezas científicas manifestadas está la de que la temperatura media global de la superficie terrestre ha sufrido un aumento superior a 1.5ºC por encima de los niveles preindustriales, periodo de tiempo tomado como referencia en los estudios sobre cambio climático y que situamos a mediados del siglo XIX. Desde entonces, debido a la quema de combustibles fósiles, principalmente, la concentración de CO2 en la atmosfera ha aumentado alrededor del 50%. Esta realidad ha provocado que los últimos años, desde 2015, hayan sido los más cálidos de todos los registros disponibles hasta el momento. El aumento de la temperatura provoca el derretimiento de los glaciares y el hielo polar y la expansión térmica de los océanos que, a su vez, ha hecho que el nivel del mar incremente en 3.3.mm por año en los últimos 25, según datos de la Agencia Espacial Europea (ESA).

En paralelo, cada vez son más y más intensos los episodios de sequía. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), alrededor del 41% de la población mundial vive en zonas donde la escasez de agua es un problema recurrente que impacta significativamente en la producción agrícola y en la seguridad alimentaria de muchas regiones del mundo. El Objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 6 trata de “garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos” pero lo cierto es que la situación actual, y la prevista para los próximos años, provoca desplazamientos y conflictos entre poblaciones derivados de la ausencia de recursos hídricos.

La alteración de los patrones de lluvia y los episodios severos de sequía provocan que los incendios forestales sean cada vez más intensos e incontrolables por el estado de una vegetación altamente estresada. En España, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, el año 2022 fue dramático en lo que a número de hectáreas quemadas se refiere. Los 7 primeros meses del año las comunidades autónomas habían reportado un total de 162.447 hectáreas calcinadas situando a España como el primer país de la Unión Europea en el siniestro ranquin de la desforestación.

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GAR 2022. Reducir el riesgo.

El Global Assessment Report on Risk Reduction (GAR) es el informe que cada dos años publica la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). Este instrumento tiene como objetivo analizar el estado actual de la reducción del riesgo en el mundo y elaborar recomendaciones para mejorar su gestión a nivel global.

Centrado en temas como la adaptación al cambio climático, la gestión de riesgos en las ciudades, su gobernanza y el diseño e inversión en programas que permitan reducirlos, el informe es el resultado de una colaboración internacional entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos/as y expertos/as en reducción de riesgos. Su contenido se basa en la investigación y el análisis de los datos recopilados por estas organizaciones en países de todo el mundo.

En su edición de 2022, el GAR estudia cómo los sistemas de gobernanza pueden evolucionar para mejorar el abordaje de los riesgos sistémicos del futuro en un mundo superpoblado e interconectado como el actual en el que el impacto de los desastres se extiende globalmente, realidad evidenciada por la crisis sanitaria asociada a la COVID-19.

Entre el contenido de la sexta edición del GAR encontramos algunas predicciones de futuro. De confirmarse la tendencia señalada por el informe para los próximos años y hasta 2030, el mundo debe prepararse para un aumento del 40% de desastres climatológicos por año y del 30% de los episodios de sequía. Debe prepararse para ver cómo se triplican los eventos de temperatura extrema anuales. A su vez, entre las conclusiones del estudio destaca la evidencia de que el impacto de estos desastres provoca efectos en cascada en otros aspectos de la desigualdad estructural o social. Se dispone de evidencia empírica que muestra como la violencia contra las mujeres y las niñas aumenta después de los desastres.

La actividad desarrollada alrededor del GAR sigue una máxima clara: para minimizar la incertidumbre y reducir el riesgo, en primer lugar, hay que comprenderlo. En este sentido, los trabajos presentados persiguen materializar el desarrollo sostenible y evitar el impacto de futuros desastres transformando los sistemas y nuestras sociedades desde el presente. En resumen: trabajar la resiliencia reduciendo la vulnerabilidad, la exposición y la desigualdad, es una forma de reducir el coste ambiental, económico y humano que determinados desastres generan en nuestro entorno.

Para ello, el GAR2022 realiza un llamado a la acción a través de una serie de recomendaciones. En primer lugar, se debe medir aquello que valoramos. En este sentido, es recomendable que los sistemas financieros y de inversión y seguros actualicen el cálculo de los activos financieros en riesgo a largo plazo. Junto a esto, la planificación fiscal de los estados debe adaptarse a los nuevos riesgos incluyendo nuevos componentes de incertidumbre en sus presupuestos nacionales.

En segundo lugar, se recomienda el diseño de sistemas que permitan conocer de qué manera las personas toman decisiones sobre el riesgo. Es necesario reformular cómo se comercializan los productos de seguros y mejorar la comunicación sobre por qué estos son necesarios. A su vez, los estudios sobre análisis de riesgos deben percibirse como herramientas necesarias para aportar conocimiento en escenarios de incertidumbre, pero en ningún caso deben tomarse como elementos de predicción 100% fiables. El análisis de los datos por si solo es insuficiente si no se combina con un conocimiento local y con la opinión de expertos.

Finalmente, es necesario avanzar en una gestión del riesgo que huya de análisis excesivamente sectoriales. Para ello, es imprescindible adoptar nuevas “terminologías del riesgo” que sean funcionales más allá de los peligros individuales y que permitan operar en diferentes disciplinas gracias a mecanismos de “colaboración lateral”.

Desde FEPSU trabajamos sobre la idea de que invertir en la comprensión del riesgo es la base para un desarrollo sostenible. El pasado 2022, el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS) emitió un comunicado manifestando su posicionamiento entorno a los efectos que el cambio climático tiene sobre el diseño de las políticas de seguridad urbana. En este sentido, los socios se comprometen a adoptar las siguientes medidas:

  • Establecer un grupo de trabajo formado por expertos conectado con las redes de trabajo existentes para comprender mejor el impacto del cambio climático y sus efectos sobre la seguridad urbana.
  • Trabajar con las autoridades locales y regionales en Europa para el diseño de medidas prácticas que mejoren la evaluación, prevención e impactos potenciales del cambio climático en la seguridad urbana.
  • Reforzar la cooperación entre todos los servicios de la ciudad y la sociedad civil en la elaboración de planes integrales de adaptación al cambio climático urbano y estrategias de resiliencia.

Save the date: Conferencia de FEPSU, Santa Coloma 2023

El Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana sigue con su compromiso de trabajar en red con las ciudades y comunidades autónomas, con las personas expertas en materia de seguridad y convivencia, para unas sociedades más seguras, pacíficas y felices. 

Por ello, nos complace anunciar que en septiembre de 2023 celebraremos nuestra Conferencia anual en Santa Coloma de Gramenet. En los próximos meses iremos anunciando más detalles sobre la conferencia a través de nuestros canales habituales.

Para conocer más sobre nuestra actividad: 

Si deseas conocer más acerca de la pasada conferencia anual, puedes acceder a la noticia en el siguiente link.

La salud mental en los cuerpos de policía: del tabú a la política pública

La salud mental en los cuerpos de policía es un tema crítico y a menudo subestimado. Algunos de los estereotipos asociados a las estructuras policiales y a la naturaleza del trabajo desempeñado por sus profesionales han contribuido a silenciar una realidad de la que, cada vez con más intensidad, se demanda su abordaje por parte de las administraciones competentes.

Las políticas orientadas a la creación de programas de bienestar para agentes de policía no son algo nuevo. Existen iniciativas que de forma más o menos ambiciosa han tratado de establecer criterios que definan de qué manera se vela por la salud mental de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. A menudo se asocia esta problemática desde la incidencia que tiene sobre el volumen de efectivos disponibles y su impacto en las plantillas, pero lo cierto es que la calidad del trabajo realizado también se resiente cuando los/las agentes de policía desarrollan sus funciones afectados por este tipo de problemas.

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El trabajo de policía

Cada vez son más las campañas de sensibilización sobre salud mental que desde las administraciones públicas se lanzan para concienciar a la sociedad en la necesidad de abordar los síntomas y eliminar los estigmas asociados a determinadas patologías.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó en 2003 que no es posible considerar la salud sin tener en cuenta la salud mental, considerando que una lista de enfermedades profesionales que no asimila determinados trastornos mentales, por definición, es una lista incompleta. La Declaración de Helsinki, firmada en el año 2005 por los estados miembros de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y el Consejo (Resolución EUR/RC55/R2), incorpora la salud mental como prioridad en la agenda europea e identifica la salud mental como un asunto de salud pública.

De este modo, no puede decirse que la salud mental sea algo ajeno a las agendas políticas de las distintas administraciones. No obstante, la salud mental de los/las profesionales del trabajo policial y de los servicios de emergencias, exige un tratamiento diferenciado por las características del entorno en el que se realiza.

A menudo se espera que los/as agentes de policía estén en su mejor forma física y mental en todo momento, pero la realidad es que muchos de ellos/as se enfrentan a desafíos significativos que pueden condicionar su bienestar psicológico.

Tanto en España como a nivel internacional, múltiples estudios han abordado este tema arrojando luz sobre la prevalencia de problemas de salud mental en entre los/las profesionales de los cuerpos de policía y emergencias y la necesidad de abordar estos problemas de manera efectiva.

Existe cierto tabú entorno a las enfermedades mentales y el suicidio. Los medios de comunicación suelen silenciar una realidad bajo la falsa creencia de que su tratamiento mediático, en el caso del suicidio, puede producir un efecto llamada. Es lo que se conoce como el efecto Werther, término acuñado desde la sociología a mediados de la década de los setenta en referencia al protagonista de la novela de Goethe, “Las penas del joven Werther”, en la que los desamores de un muchacho de corta edad le llevan a terminar con su vida.

De forma bastante generalizada, la mayoría de estudios concluyen que el impacto de la violencia laboral que supone el trabajo de policía y personal de emergencias está significativamente asociado con una mayor incidencia de trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. De este modo, estos colectivos tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos de salud mental en comparación con la población general. Algunos datos manifiestan que entre los efectivos policiales existe el doble de probabilidades de manifestar conductas suicidas.

El estrés laboral y la exposición a situaciones traumáticas se definen como riesgos psicosociales importantes en el desarrollo de las funciones de estos colectivos, de ahí la necesidad de facilitar herramientas que permitan la autoprotección necesaria para evitar o minimizar efectos nocivos para su salud mental.

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El abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial

El pasado 27 de marzo asistimos a la jornada Abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial organizada por la Guàrdia Urbana de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona. El acto, al que asistieron representantes de más de 50 policías locales, se estructuró en tres mesas dedicadas a la prevención del suicidio en el ámbito policial, la intervención operativa en tentativas de suicidio y las enfermedades mentales y su impacto en el servicio policial.

Bajo la idea generalizada de que para prevenir un problema es necesario hablar sobre él, la primera de las mesas sirvió para presentar las herramientas desarrolladas en los últimos años desde el consistorio barcelonés.

En primer lugar, los Departamentos de Riesgos Laborales del cuerpo de bomberos de Barcelona y su policía municipal, trabajan conjuntamente con el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones (INAD) del Parc de Salut y Mar del Hospital del Mar de Barcelona en un programa de atención psicológica dirigido a los agentes. Se trata de un servicio voluntario y confidencial que ha servido para atender a más de 700 agentes, aproximadamente un 15% de sus plantillas.

A su vez, la mesa sirvió para, de la mano de Beatriz Almenar Pasies, técnica del del departamento, presentar el Protocolo de prevención del suicidio del que dispone la Guàrdia Urbana de Barcelona desde 2019. La herramienta, que “en el segundo año de su implementación ya había llegado a toda la plantilla a través de un programa de formación interna”, tiene como objetivo la detección de conductas de riesgo entre los policías. El seguimiento del estado del/la agente, la retirada del arma de fuego como medida preventiva o la derivación del/la profesional a un centro sanitario para recibir atención psicológica urgente, son algunas de las medidas previstas atendiendo a la gravedad de cada caso.

El protocolo de prevención del suicidio de Guàrdia Urbana de Barcelona propone un programa de actuación que junto a las vías de intervención expuestas requiere de una toma de conciencia por parte de los/las agentes. En este sentido, buena parte de las formaciones realizadas persiguen dotar a los/las profesionales de un compromiso consigo mismos estableciendo la autoprotección como primera vía de protección. Los talleres recrean situaciones de riesgo que deben ser gestionadas por los participantes. A partir de ahí, se comparte la vivencia emocional que supone la actuación con la finalidad de extraer un aprendizaje que prepare emocionalmente a los/las agentes para situaciones de estas características. Es así como se consigue minimizar el impacto que pueda suponer sobre su salud mental la intervención en determinadas situaciones.

El compromiso por avanzar en materia de salud mental trasciende la realidad de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. En este sentido, Lídia Ametller, técnica de salud mental en el Ajuntament de Barcelona, presentó el flamante Plan de Salut Mental 2023-2030. El nuevo instrumento refuerza las 111 acciones del antiguo plan con 90 nuevas medidas desarrolladas mediante el trabajo conjunto en el seno de una comisión interdisciplinar. Este grupo, formado por instituciones y expertos/as en este campo, desarrolla propuestas procedentes de más de 500 organizaciones de la ciudad.

La celebración de la jornada también sirvió para valorar las actuaciones que los cuerpos de seguridad y otros servicios de emergencias realizan ante casos de tentativa de suicidio por parte de la ciudadanía. David Ruíz, técnico de operaciones de CAT112, el teléfono de emergencias de la Generalitat de Catalunya, informó que en 2022 el servicio recibió más de 20.000 llamadas relacionadas con tentativas de suicidio y concluyó que en los relativo al servicio de llamadas de emergencia «al gestor de emergencias se le pide que sea muy concreto: que diga lo que está pasando y sobretodo, que diga donde está pasando»

Desde FEPSU aplaudimos iniciativas como esta. Iniciativas que permiten avanzar en el conocimiento de los problemas que nuestra sociedad refleja.

Sesión interna: «Smart cities y seguridad»

smart cities y seguridad

Smart cities: una cuestión a tratar

¿Cómo podemos aplicar la tecnología a la gestión de la seguridad de las ciudades? ¿Qué retos pueden surgir de implementar herramientas tecnológicas? En un mundo con una evolución tecnológica cada vez más acelerada, responder a estas cuestiones resulta clave para promover una ciudad segura aprovechando el potencial que la tecnología nos brinda.

Por ello, el FEPSU celebró el pasado día 30 de marzo en Gandía una sesión interna de presentación de proyectos bajo la temática de smart cities y seguridad. El objetivo de esta jornada fue el de poder compartir proyectos que utilicen herramientas tecnológicas para la gestión de la seguridad de las ciudades – por ejemplo, facilitando la detección de delitos o la toma de decisiones ante situaciones de alerta -, así como debatir sobre los retos y dificultades a los que debemos hacer frente cuando implementamos dichas herramientas tecnológicas.

En FEPSU hemos tratado esta temática en anteriores ocasiones, por ejemplo, en el webinar «Nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad urbana», en el que también se debatió sobre la tecnología aplicada a la seguridad, así como hemos publicado artículos sobre tecnología y seguridad en nuestro blog.

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Avances tecnológicos aplicados a la seguridad

Entre los proyectos que se presentaron se pueden destacar el uso de cámaras de seguridad, inteligencia artificial, estrategias de digitalización o del análisis de datos para la toma de decisiones en el campo de la seguridad pública. Todos ellos abren nuevas posibilidades de gestionar la seguridad de una forma más eficiente y efectiva, aplicando al trabajo diario la tecnología existente en la actualidad.

Con este jornada, FEPSU se pone a la vanguardia en el campo de las smart cities y seguridad y pone el foco en el sector tecnológico, un campo en expansión y que en los próximos años seguirá ganando presencia en el campo de la seguridad.

Programa:

Presentación – 16:00

  • José Martínez Espasa, comisario principal jefe de la Policía Local de Gandía
  • Pablo Enrique Rodríguez Pérez, director general de la Policía Municipal de Madrid
  • Àngels Vila Muntal, delegada FEPSU

Bloque 1: La digitalización en la labor policial – 16:30

  • ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID – Madrid. Segundo Sánchez Moreno, Delegado Digital del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias.
  • SMART CITIES Y POLICÍA LOCAL: EL ROL DE LA UNIDAD DE DRONES DE LA POLICÍA LOCAL DE GANDÍA – Gandía. José Martínez Espasa, comisario principal jefe de la Policía Local de Gandía
  • APP XÀBIALERTA – Xàbia. José Antonio Monfort, intendente jefe de la Policía Local de Xàbia
  • SMARTPHONES: ACTUALIZACIONES E INNOVACIONES DE FUTURO – Barcelona. Jordi Prellezo, sargento de la Guàrdia Urbana de Barcelona, jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales y Comunicación.

Pausa café – 17:35
Visita al Palau Ducal – 18:10

Bloque 2: El análisis de datos para la toma de decisiones – 18:40

  • CCTV INTEGRADAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL – Madrid. Segundo Sánchez Moreno, Delegado Digital del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias
  • LA INTELIGENCIA EN LOS DATOS – Sant Boi de Llobregat. Albert Vilatarsana, jefe del Área de Seguridad Pública, Cristina Muñoz, concejal de Seguridad Pública y Josep Manuel Domínguez, coordinador del servicio de Policía Local.

Bloque 3: Tecnología aplicada al tráfico y a la Seguridad vial – 19:15

  • REGISTRADOR DE DATOS DE INCIDENTES (EDR) – Barcelona. Jordi Prellezo, sargento de la Guàrdia Urbana de Barcelona, jefe de la Oficina de
  • Relaciones Institucionales y Comunicación
  • CÁMARAS ALPR. LECTORES DE MATRÍCULAS – Barcelona. Jordi Prellezo, sargento de la Guàrdia Urbana de Barcelona, jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales y Comunicación

Cierre de la sesión – 19:45

  • Àngels Vila Muntal, delegada FEPSU.

Smart cities y Policía Local: el rol de la Unidad de Drones de la Policía Local de Gandía

Presentación sobre el uso de drones en la gestión de diferentes riesgos para la seguridad.

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Uno para todos. 32 años del 112

El pasado día 11 de febrero se celebró el día europeo del 112, el teléfono común de emergencias de los estados miembros de la Unión Europea. La efeméride, acordada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea en 2009, pretende crear consciencia sobre las bondades de disponer de un teléfono único para todos los estados al que acceder desde cualquier red de telefonía fija y móvil y de forma gratuita, a la vez que se consolida el instrumento como símbolo de la Unión Europea. Este año se celebra su 32º aniversario y se confirma que su popularidad continúa aumentando año tras año.

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El 112 en números

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la directiva europea 1972/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas establece que la Comisión debe presentar antes del 21 de diciembre de 2020, y a partir de entonces cada dos años, un informe sobre la eficacia de la implantación del número único europeo de emergencias 112. El primer informe de este tipo se publicó el 21 de diciembre de 2020 y recientemente han sido presentados los datos para 2021.

El informe revela que durante el año 2021 las llamadas al teléfono de emergencias 112 aumentaron en un 3% en comparación con 2019, llegando a los 153 millones sobre un total de 270 millones de llamadas de emergencias. Cabe recordar que todavía existen países que compaginan teléfonos nacionales de emergencia con el teléfono único 112. De este modo, las llamadas al 112 representaron el 56% del total de llamadas de emergencias durante 2021.

Las llamadas desde teléfonos móviles superaron ampliamente las realizadas desde teléfonos fijos. Durante 2021, el 78% de las emergencias fueron comunicadas desde dispositivos de telefonía móvil. Cabe destacar que los porcentajes varían significativamente en función de los países. En el caso de Luxemburgo el porcentaje se localiza en un 46%, en Alemania representa el 63% mientras que en Chipre y la República Checa se sitúan en 96% i 99% respectivamente.

En relación al tiempo de media para contactar con los servicios de emergencia, 25 estados reportaron menos de 10 segundos de tiempo medio de respuesta. De los 3 segundos de Países Bajos a los 15.4 de Suecia. En el caso español la media se sitúa en 6.5 segundos.

En muchas ocasiones los estados reportan información relacionada con las llamadas abandonadas, aquellas que se pierden antes de que se pueda establecer contacto con una persona que atienda la emergencia. Este abandono puede deberse a diferentes motivos: congestión de llamadas, fallos técnicos o desconexión de llamadas que se realizaron de forma involuntaria. En este caso, países como la República Checa reportan un elevado 36% de llamadas abandonadas que contrasta con un insignificante 0.3% de Eslovenia. En el caso español, el porcentaje de llamadas abandonadas asciende hasta el 8.7%

Es importante destacar que, en España, los centros de atención de llamadas del 112 son gestionados por las comunidades autónomas existiendo 19 servicios distintos.

España es uno de los países donde se mantienen teléfonos alternativos para ciertos tipos de urgencia. No obstante, el 112 se presenta como una opción más ventajosa. En primer lugar, porque atiende todo tipo de urgencias, ya sean sanitarias, accidentes, incendios, robos, emergencias químicas… En segundo lugar, su funcionamiento está garantizado en todo el territorio nacional mediante un sistema de llamadas gratuitas, ya sea desde teléfonos móviles o fijos. Finalmente, el 112 permite realizar llamadas desde teléfonos móviles incluso estando bloqueados, sin tarjetas SIM activa o fuera de cobertura.

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La gestión de las emergencias y las nuevas tecnologías

Una de las grandes ventajas que la penetración de la telefonía móvil inteligente está provocando en la gestión de las emergencias es la posibilidad de disponer de la ubicación de las personas que realizan este tipo de llamadas. La implementación de Advanced Mobile Location (AML) financiada en 10 estados de la Unión Europea, junto con el uso de los datos del sistema de navegación por satélite Galileo de la UE, prevé poder llegar a salvar más de 10.000 vidas en un plazo de 10 años gracias a la rápida intervención que podrá realizarse por tener a las personas localizadas. Esta nueva tecnología permite localizar a la persona en un radio aproximado de entre 15 y 20 metros. La tecnología tradicional existente hasta ahora solo permitía precisar entre 2 y 5 kilómetros en áreas urbanas y entre 40 y 50 kilómetros en zonas montañosas. La mejora en la precisión es determinante en lo que se refiere a gestión de la emergencia.

En este sentido, la Comisión adoptó un Reglamento, vigente desde el pasado 22 de marzo de 2022, que obliga a los fabricantes de telefonía móvil inteligente a garantizar que los datos de Galileo y WI-FI, como mínimo, estarán disponibles en las comunicaciones de emergencia. En el informe presentado por la Comisión se pone de manifiesto que, en la gran mayoría de países estudiados, dieciocho junto con Islandia y Noruega, la falta de información sobre la localización de la persona se produce en menos de un 3% de los casos. Solamente en países como Estonia (4%), Portugal (5%), España (12.3%), Italia (9.4%) o Croacia (13.8%) se supera ese porcentaje.

También en el ámbito de la comunicación de las emergencias, el pasado 21 de febrero entró en funcionamiento el sistema ES-Alert que permite enviar mensajes de alerta generalizada de forma inmediata a los teléfonos móviles que se encuentren localizados en un área afectada por alguna emergencia. La gestión de este sistema de alarmas se llevará a cabo también desde los Centros de Emergencias de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

La integración de este sistema permitirá dar una respuesta mucho más rápida y eficaz en situaciones de riesgos elevados sobre la población de un territorio determinado. El proceso, denominado “112 inverso”, estará disponible en cualquier punto del territorio español que disponga de cobertura 2G, 3G, 4G o 5G. La puesta en marcha de esta plataforma forma parte de las medidas del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, incluido a su vez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.