Save the date: Conferencia del FEPSU, Santa Coloma 2023

El Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana sigue con su compromiso de trabajar en red con las ciudades y comunidades autónomas, con las personas expertas en materia de seguridad y convivencia, para unas sociedades más seguras, pacíficas y felices. 

Por ello, nos complace anunciar que en septiembre de 2023 celebraremos nuestra Conferencia anual en Santa Coloma de Gramenet. En los próximos meses iremos anunciando más detalles sobre la conferencia a través de nuestros canales habituales.

Para conocer más sobre nuestra actividad: 

Si deseas conocer más acerca de la pasada conferencia anual, puedes acceder a la noticia en el siguiente link.

La salud mental en los cuerpos de policía: del tabú a la política pública

La salud mental en los cuerpos de policía es un tema crítico y a menudo subestimado. Algunos de los estereotipos asociados a las estructuras policiales y a la naturaleza del trabajo desempeñado por sus profesionales han contribuido a silenciar una realidad de la que, cada vez con más intensidad, se demanda su abordaje por parte de las administraciones competentes.

Las políticas orientadas a la creación de programas de bienestar para agentes de policía no son algo nuevo. Existen iniciativas que de forma más o menos ambiciosa han tratado de establecer criterios que definan de qué manera se vela por la salud mental de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. A menudo se asocia esta problemática desde la incidencia que tiene sobre el volumen de efectivos disponibles y su impacto en las plantillas, pero lo cierto es que la calidad del trabajo realizado también se resiente cuando los/las agentes de policía desarrollan sus funciones afectados por este tipo de problemas.

El trabajo de policía

Cada vez son más las campañas de sensibilización sobre salud mental que desde las administraciones públicas se lanzan para concienciar a la sociedad en la necesidad de abordar los síntomas y eliminar los estigmas asociados a determinadas patologías.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó en 2003 que no es posible considerar la salud sin tener en cuenta la salud mental, considerando que una lista de enfermedades profesionales que no asimila determinados trastornos mentales, por definición, es una lista incompleta. La Declaración de Helsinki, firmada en el año 2005 por los estados miembros de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y el Consejo (Resolución EUR/RC55/R2), incorpora la salud mental como prioridad en la agenda europea e identifica la salud mental como un asunto de salud pública.

De este modo, no puede decirse que la salud mental sea algo ajeno a las agendas políticas de las distintas administraciones. No obstante, la salud mental de los/las profesionales del trabajo policial y de los servicios de emergencias, exige un tratamiento diferenciado por las características del entorno en el que se realiza.

A menudo se espera que los/as agentes de policía estén en su mejor forma física y mental en todo momento, pero la realidad es que muchos de ellos/as se enfrentan a desafíos significativos que pueden condicionar su bienestar psicológico.

Tanto en España como a nivel internacional, múltiples estudios han abordado este tema arrojando luz sobre la prevalencia de problemas de salud mental en entre los/las profesionales de los cuerpos de policía y emergencias y la necesidad de abordar estos problemas de manera efectiva.

Existe cierto tabú entorno a las enfermedades mentales y el suicidio. Los medios de comunicación suelen silenciar una realidad bajo la falsa creencia de que su tratamiento mediático, en el caso del suicidio, puede producir un efecto llamada. Es lo que se conoce como el efecto Werther, término acuñado desde la sociología a mediados de la década de los setenta en referencia al protagonista de la novela de Goethe, “Las penas del joven Werther”, en la que los desamores de un muchacho de corta edad le llevan a terminar con su vida.

De forma bastante generalizada, la mayoría de estudios concluyen que el impacto de la violencia laboral que supone el trabajo de policía y personal de emergencias está significativamente asociado con una mayor incidencia de trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. De este modo, estos colectivos tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos de salud mental en comparación con la población general. Algunos datos manifiestan que entre los efectivos policiales existe el doble de probabilidades de manifestar conductas suicidas.

El estrés laboral y la exposición a situaciones traumáticas se definen como riesgos psicosociales importantes en el desarrollo de las funciones de estos colectivos, de ahí la necesidad de facilitar herramientas que permitan la autoprotección necesaria para evitar o minimizar efectos nocivos para su salud mental.

El abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial

El pasado 27 de marzo asistimos a la jornada Abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial organizada por la Guàrdia Urbana de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona. El acto, al que asistieron representantes de más de 50 policías locales, se estructuró en tres mesas dedicadas a la prevención del suicidio en el ámbito policial, la intervención operativa en tentativas de suicidio y las enfermedades mentales y su impacto en el servicio policial.

Bajo la idea generalizada de que para prevenir un problema es necesario hablar sobre él, la primera de las mesas sirvió para presentar las herramientas desarrolladas en los últimos años desde el consistorio barcelonés.

En primer lugar, los Departamentos de Riesgos Laborales del cuerpo de bomberos de Barcelona y su policía municipal, trabajan conjuntamente con el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones (INAD) del Parc de Salut y Mar del Hospital del Mar de Barcelona en un programa de atención psicológica dirigido a los agentes. Se trata de un servicio voluntario y confidencial que ha servido para atender a más de 700 agentes, aproximadamente un 15% de sus plantillas.

A su vez, la mesa sirvió para, de la mano de Beatriz Almenar Pasies, técnica del del departamento, presentar el Protocolo de prevención del suicidio del que dispone la Guàrdia Urbana de Barcelona desde 2019. La herramienta, que “en el segundo año de su implementación ya había llegado a toda la plantilla a través de un programa de formación interna”, tiene como objetivo la detección de conductas de riesgo entre los policías. El seguimiento del estado del/la agente, la retirada del arma de fuego como medida preventiva o la derivación del/la profesional a un centro sanitario para recibir atención psicológica urgente, son algunas de las medidas previstas atendiendo a la gravedad de cada caso.

El protocolo de prevención del suicidio de Guàrdia Urbana de Barcelona propone un programa de actuación que junto a las vías de intervención expuestas requiere de una toma de conciencia por parte de los/las agentes. En este sentido, buena parte de las formaciones realizadas persiguen dotar a los/las profesionales de un compromiso consigo mismos estableciendo la autoprotección como primera vía de protección. Los talleres recrean situaciones de riesgo que deben ser gestionadas por los participantes. A partir de ahí, se comparte la vivencia emocional que supone la actuación con la finalidad de extraer un aprendizaje que prepare emocionalmente a los/las agentes para situaciones de estas características. Es así como se consigue minimizar el impacto que pueda suponer sobre su salud mental la intervención en determinadas situaciones.

El compromiso por avanzar en materia de salud mental trasciende la realidad de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. En este sentido, Lídia Ametller, técnica de salud mental en el Ajuntament de Barcelona, presentó el flamante Plan de Salut Mental 2023-2030. El nuevo instrumento refuerza las 111 acciones del antiguo plan con 90 nuevas medidas desarrolladas mediante el trabajo conjunto en el seno de una comisión interdisciplinar. Este grupo, formado por instituciones y expertos/as en este campo, desarrolla propuestas procedentes de más de 500 organizaciones de la ciudad.

La celebración de la jornada también sirvió para valorar las actuaciones que los cuerpos de seguridad y otros servicios de emergencias realizan ante casos de tentativa de suicidio por parte de la ciudadanía. David Ruíz, técnico de operaciones de CAT112, el teléfono de emergencias de la Generalitat de Catalunya, informó que en 2022 el servicio recibió más de 20.000 llamadas relacionadas con tentativas de suicidio y concluyó que en los relativo al servicio de llamadas de emergencia «al gestor de emergencias se le pide que sea muy concreto: que diga lo que está pasando y sobretodo, que diga donde está pasando»

Desde el FEPSU aplaudimos iniciativas como esta. Iniciativas que permiten avanzar en el conocimiento de los problemas que nuestra sociedad refleja.

Sesión interna: «Smart cities y seguridad»

smart cities y seguridad

Smart cities: una cuestión a tratar

¿Cómo podemos aplicar la tecnología a la gestión de la seguridad de las ciudades? ¿Qué retos pueden surgir de implementar herramientas tecnológicas? En un mundo con una evolución tecnológica cada vez más acelerada, responder a estas cuestiones resulta clave para promover una ciudad segura aprovechando el potencial que la tecnología nos brinda.

Por ello, el FEPSU celebró el pasado día 30 de marzo en Gandía una sesión interna de presentación de proyectos bajo la temática de smart cities y seguridad. El objetivo de esta jornada fue el de poder compartir proyectos que utilicen herramientas tecnológicas para la gestión de la seguridad de las ciudades – por ejemplo, facilitando la detección de delitos o la toma de decisiones ante situaciones de alerta -, así como debatir sobre los retos y dificultades a los que debemos hacer frente cuando implementamos dichas herramientas tecnológicas.

En el FEPSU hemos tratado esta temática en anteriores ocasiones, por ejemplo, en el webinar «Nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad urbana», en el que también se debatió sobre la tecnología aplicada a la seguridad, así como hemos publicado artículos sobre tecnología y seguridad en nuestro blog.

Avances tecnológicos aplicados a la seguridad

Entre los proyectos que se presentaron se pueden destacar el uso de cámaras de seguridad, inteligencia artificial, estrategias de digitalización o del análisis de datos para la toma de decisiones en el campo de la seguridad pública. Todos ellos abren nuevas posibilidades de gestionar la seguridad de una forma más eficiente y efectiva, aplicando al trabajo diario la tecnología existente en la actualidad.

Con este jornada, el FEPSU se pone a la vanguardia en el campo de las smart cities y seguridad y pone el foco en el sector tecnológico, un campo en expansión y que en los próximos años seguirá ganando presencia en el campo de la seguridad.

Programa:

Presentación – 16:00

 

    • José Martínez Espasa, comisario principal jefe de la Policía Local de Gandía

    • Pablo Enrique Rodríguez Pérez, director general de la Policía Municipal de Madrid

    • Àngels Vila Muntal, delegada del FEPSU

Bloque 1: La digitalización en la labor policial – 16:30

 

    • ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID – Madrid. Segundo Sánchez Moreno, Delegado Digital del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias.

    • SMART CITIES Y POLICÍA LOCAL: EL ROL DE LA UNIDAD DE DRONES DE LA POLICÍA LOCAL DE GANDÍA – Gandía. José Martínez Espasa, comisario principal jefe de la Policía Local de Gandía

    • APP XÀBIALERTA – Xàbia. José Antonio Monfort, intendente jefe de la Policía Local de Xàbia

    • SMARTPHONES: ACTUALIZACIONES E INNOVACIONES DE FUTURO – Barcelona. Jordi Prellezo, sargento de la Guàrdia Urbana de Barcelona, jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales y Comunicación.

Pausa café – 17:35
Visita al Palau Ducal – 18:10

Bloque 2: El análisis de datos para la toma de decisiones – 18:40

 

    • CCTV INTEGRADAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL – Madrid. Segundo Sánchez Moreno, Delegado Digital del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias

    • LA INTELIGENCIA EN LOS DATOS – Sant Boi de Llobregat. Albert Vilatarsana, jefe del Área de Seguridad Pública, Cristina Muñoz, concejal de Seguridad Pública y Josep Manuel Domínguez, coordinador del servicio de Policía Local.

Bloque 3: Tecnología aplicada al tráfico y a la Seguridad vial – 19:15

 

    • REGISTRADOR DE DATOS DE INCIDENTES (EDR) – Barcelona. Jordi Prellezo, sargento de la Guàrdia Urbana de Barcelona, jefe de la Oficina de

    • Relaciones Institucionales y Comunicación

    • CÁMARAS ALPR. LECTORES DE MATRÍCULAS – Barcelona. Jordi Prellezo, sargento de la Guàrdia Urbana de Barcelona, jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales y Comunicación

Cierre de la sesión – 19:45

 

    • Àngels Vila Muntal, delegada del FEPSU.

Presentación sobre el uso de drones en la gestión de diferentes riesgos para la seguridad.

Uno para todos. 32 años del 112

El pasado día 11 de febrero se celebró el día europeo del 112, el teléfono común de emergencias de los estados miembros de la Unión Europea. La efeméride, acordada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea en 2009, pretende crear consciencia sobre las bondades de disponer de un teléfono único para todos los estados al que acceder desde cualquier red de telefonía fija y móvil y de forma gratuita, a la vez que se consolida el instrumento como símbolo de la Unión Europea. Este año se celebra su 32º aniversario y se confirma que su popularidad continúa aumentando año tras año.

El 112 en números

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la directiva europea 1972/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas establece que la Comisión debe presentar antes del 21 de diciembre de 2020, y a partir de entonces cada dos años, un informe sobre la eficacia de la implantación del número único europeo de emergencias 112. El primer informe de este tipo se publicó el 21 de diciembre de 2020 y recientemente han sido presentados los datos para 2021.

El informe revela que durante el año 2021 las llamadas al teléfono de emergencias 112 aumentaron en un 3% en comparación con 2019, llegando a los 153 millones sobre un total de 270 millones de llamadas de emergencias. Cabe recordar que todavía existen países que compaginan teléfonos nacionales de emergencia con el teléfono único 112. De este modo, las llamadas al 112 representaron el 56% del total de llamadas de emergencias durante 2021.

Las llamadas desde teléfonos móviles superaron ampliamente las realizadas desde teléfonos fijos. Durante 2021, el 78% de las emergencias fueron comunicadas desde dispositivos de telefonía móvil. Cabe destacar que los porcentajes varían significativamente en función de los países. En el caso de Luxemburgo el porcentaje se localiza en un 46%, en Alemania representa el 63% mientras que en Chipre y la República Checa se sitúan en 96% i 99% respectivamente.

En relación al tiempo de media para contactar con los servicios de emergencia, 25 estados reportaron menos de 10 segundos de tiempo medio de respuesta. De los 3 segundos de Países Bajos a los 15.4 de Suecia. En el caso español la media se sitúa en 6.5 segundos.

En muchas ocasiones los estados reportan información relacionada con las llamadas abandonadas, aquellas que se pierden antes de que se pueda establecer contacto con una persona que atienda la emergencia. Este abandono puede deberse a diferentes motivos: congestión de llamadas, fallos técnicos o desconexión de llamadas que se realizaron de forma involuntaria. En este caso, países como la República Checa reportan un elevado 36% de llamadas abandonadas que contrasta con un insignificante 0.3% de Eslovenia. En el caso español, el porcentaje de llamadas abandonadas asciende hasta el 8.7%

Es importante destacar que, en España, los centros de atención de llamadas del 112 son gestionados por las comunidades autónomas existiendo 19 servicios distintos.

España es uno de los países donde se mantienen teléfonos alternativos para ciertos tipos de urgencia. No obstante, el 112 se presenta como una opción más ventajosa. En primer lugar, porque atiende todo tipo de urgencias, ya sean sanitarias, accidentes, incendios, robos, emergencias químicas… En segundo lugar, su funcionamiento está garantizado en todo el territorio nacional mediante un sistema de llamadas gratuitas, ya sea desde teléfonos móviles o fijos. Finalmente, el 112 permite realizar llamadas desde teléfonos móviles incluso estando bloqueados, sin tarjetas SIM activa o fuera de cobertura.

La gestión de las emergencias y las nuevas tecnologías

Una de las grandes ventajas que la penetración de la telefonía móvil inteligente está provocando en la gestión de las emergencias es la posibilidad de disponer de la ubicación de las personas que realizan este tipo de llamadas. La implementación de Advanced Mobile Location (AML) financiada en 10 estados de la Unión Europea, junto con el uso de los datos del sistema de navegación por satélite Galileo de la UE, prevé poder llegar a salvar más de 10.000 vidas en un plazo de 10 años gracias a la rápida intervención que podrá realizarse por tener a las personas localizadas. Esta nueva tecnología permite localizar a la persona en un radio aproximado de entre 15 y 20 metros. La tecnología tradicional existente hasta ahora solo permitía precisar entre 2 y 5 kilómetros en áreas urbanas y entre 40 y 50 kilómetros en zonas montañosas. La mejora en la precisión es determinante en lo que se refiere a gestión de la emergencia.

En este sentido, la Comisión adoptó un Reglamento, vigente desde el pasado 22 de marzo de 2022, que obliga a los fabricantes de telefonía móvil inteligente a garantizar que los datos de Galileo y WI-FI, como mínimo, estarán disponibles en las comunicaciones de emergencia. En el informe presentado por la Comisión se pone de manifiesto que, en la gran mayoría de países estudiados, dieciocho junto con Islandia y Noruega, la falta de información sobre la localización de la persona se produce en menos de un 3% de los casos. Solamente en países como Estonia (4%), Portugal (5%), España (12.3%), Italia (9.4%) o Croacia (13.8%) se supera ese porcentaje.

También en el ámbito de la comunicación de las emergencias, el pasado 21 de febrero entró en funcionamiento el sistema ES-Alert que permite enviar mensajes de alerta generalizada de forma inmediata a los teléfonos móviles que se encuentren localizados en un área afectada por alguna emergencia. La gestión de este sistema de alarmas se llevará a cabo también desde los Centros de Emergencias de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

La integración de este sistema permitirá dar una respuesta mucho más rápida y eficaz en situaciones de riesgos elevados sobre la población de un territorio determinado. El proceso, denominado “112 inverso”, estará disponible en cualquier punto del territorio español que disponga de cobertura 2G, 3G, 4G o 5G. La puesta en marcha de esta plataforma forma parte de las medidas del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, incluido a su vez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El acoso escolar: un compromiso internacional, una gestión local

En los últimos años ha crecido la preocupación social por los actos de violencia o acoso entre iguales (bullying) y de ciberacoso (ciberbullying). El bullying es un problema grave que afecta a muchos niños y niñas en todo el mundo. Este fenómeno se refiere a la violencia psicológica, física o verbal que se ejerce sobre una persona por parte de otra o varias personas, de manera repetitiva y con la intención de intimidar, humillar o causar daño. Aunque el bullying no es un fenómeno nuevo, en los últimos años se ha hecho más visible gracias a la conciencia que se ha generado en torno a él.

Un problema generalizado

Según varios estudios, el bullying afecta a una gran cantidad de niños en todo el mundo. Así lo pone de manifiesto el informe Behind the numbers: Ending school violence anb bullying promovido por la UNESCO, el organismo de Naciones Unidas especializado en educación, ciencia y cultura. En él se señala que el 32% de los estudiantes de todo el mundo, uno de cada tres, han sufrido algún tipo de bullying en la escuela en el mes anterior a la realización de las encuestas. Además, se estima que el 20% de los estudiantes han sido víctimas de acoso en línea, lo que aumenta la presión sobre ellos incluso fuera del entorno escolar.

El informe, que cuenta con algo más de dos años de existencia, supone el mayor estudio realizado sobre la cuestión, aportando datos de 144 países para estudiantes entre los 9 y los 15 años de edad.

El estudio también revela que la intimidación física es la más frecuente en muchas regiones, con la excepción de Norteamérica y Europa donde es más común la intimidación psicológica. Por otro lado, el acoso sexual se manifiesta como el segundo más común. Sufrido por un 11.2% de los niños/as encuestados, se identifica con las bromas, comentarios o gestos hostiles de carácter sexual. A esto hay que añadir el incremento de nuevas formas de violencia sexual asociadas al espacio virtual. Entre el 12% y el 22% de los niños y niñas encuestados aseguraron haber recibido algún mensaje con contenido sexual en el último año.

Uno de los apartados más interesantes presentados por el informe tiene que ver con aquellos factores que influyen en la violencia escolar o bullying. La apariencia física se presenta como una de las causas más presentes, el 15,5% de los estudiantes declaró haber recibido acoso o burlas entorno a su rostro o cuerpo. En segundo lugar, la raza y la nacionalidad son las causas más frecuentes manifestadas por las personas acosadas, pero junto a estas, otras como la desventaja socioeconómica, la condición de inmigrante o el clima escolar del centro educativo, condicionan las probabilidades de que los/las jóvenes sufran acoso en el ámbito escolar.

El impacto del bullying en los niños/as que lo sufren puede ser devastador. Quienes lo sufren pueden experimentar una amplia gama de problemas emocionales como ansiedad, depresión, baja autoestima, miedo o tristeza. Además, el acoso escolar puede tener un impacto negativo en su rendimiento académico y en la capacidad de quienes lo sufren para relacionarse con los demás. En casos extremos, el bullying puede incluso llevar al suicidio elevándolo como principal causa de muerte entre los jóvenes en determinados países.

Un compromiso internacional

La educación se presenta como una de las prioridades de la UNESCO, organismo encargado de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Este programa se enmarca en la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. La educación, fundamental para avanzar en esa dirección, cuenta con su propio objetivo. El ODS 4, propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

A este objetivo hay que añadir alguna de las metas relacionadas con el ODS 16, en concreto, la meta 16.1 que propone “reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”.

En buena medida, las campañas de sensibilización junto a los muchos programas realizados en la lucha contra el acoso escolar han generado una tendencia que el propio informe, ya en 2019, comienza a registrar. Se observa como en los últimos años se ha producido una disminución paulatina en la prevalencia del acoso escolar en los centros educativos de la mitad de los países del entorno europeo.

Algunos de los factores de éxito en la disminución del bullying tienen que ver con el compromiso político de promover un clima escolar y un entorno de aula seguro; establecer sistemas de denuncia y seguimiento de la violencia eficaces; formación y apoyo a los docentes o empoderamiento y participación de los estudiantes, y todo ello, realizado a través de programas e intervenciones basados en datos empíricos.

A partir de estas experiencias la UNESCO desarrolla un catálogo de recomendaciones para disminuir el acoso escolar. Entre las más relevantes destacamos las siguientes: la confección de un marco normativo en defensa de los derechos de los niños y niñas; la elaboración de investigaciones que permitan trabajar a partir de evidencia empírica; desarrollar proyectos que dispongan del apoyo de toda la comunidad educativa y siempre, en cualquier caso, proporcionar información y apoyo a los/las estudiantes para que puedan reaccionar libremente en caso de sufrir este tipo de situaciones.

La gestión local del acoso escolar

En anteriores entradas, el blog del FEPSU, presentó alguno de los proyectos realizados en materia de prevención de la discriminación en las aulas. En concreto, un catálogo de recomendaciones elaboradas por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE).

Con el objetivo de materializar los compromisos adoptados en la lucha contra el acoso escolar, los actores locales elaboran numerosas actividades en esa dirección. El pasado mes de enero, la Unidad de Relaciones y Mediación con la Comunidad (URMEC) de la Policía Municipal de Terrassa en colaboración con la Escuela La Granja Ability Training Center, organizó una jornada formativa específica dirigida a cuerpos policiales de toda Cataluña. Con el fin de tratar el acoso y la gestión de las emociones se pusieron en común herramientas y recursos para combatir esta problemática.

El tema central de la jornada giró en torno al trabajo en equipo contra el acoso, entendiendo el sistema emocional desde la vivencia, dotando de los recursos suficientes a los agentes y mandos de las Policías Locales que luchan contra la violencia en las aulas.

La jornada también sirvió para que la Policía Municipal de Terrassa compartiese con los asistentes el funcionamiento del servicio de prevención contra el bullying que ofrece la institución en la ciudad.

A través de los agentes de la URMEC, la Policía Municipal de Terrassa realiza un proyecto de acompañamiento integral a los/las alumnos/as de las escuelas de la ciudad para luchar y prevenir el acoso entre niños/as y jóvenes que se produce tanto dentro como fuera de las aulas.

El proyecto ofrece un servicio personalizado en las escuelas e institutos de Terrassa donde imparten charlas y sesiones formativas personalizadas, ya sea en la fase de primaria y secundaria, ya sea en intervenciones específicas o charlas con las familias. En el período comprendido entre enero y diciembre de 2022 se realizaron más de 70 sesiones a las que asistieron alrededor de 2.200 alumnos/as.

En las sesiones formativas sobre acoso en las aulas, la URMEC adapta el mensaje y los recursos en función de la edad de los alumnos y alumnas, así como la programación y el soporte gráfico. Con ello se busca conseguir que la sesión sea lo más personalizada posible. Asimismo, en todas las etapas educativas introducen y destacan la importancia de la gestión de las emociones para prevenir situaciones de acoso.

Desde el FEPSU compartimos una certeza: aquello que la sociedad ofrece a sus jóvenes es aquello que le devolverán el día de mañana. Es por eso que aplaudimos proyectos como el de nuestro socio en Terrassa, iniciativas que nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, una sociedad libre de violencia.

Ocupación ilegal: falsas creencias y gestión de la convivencia

En los últimos años, el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas ha destacado entre los temas que más preocupan a la opinión pública. A menudo, un tratamiento poco exhaustivo y riguroso por parte de los medios de comunicación, contribuye a generar falsas creencias entorno al hecho aumentando con ello la percepción de inseguridad de la ciudadanía. En este artículo proponemos una breve aproximación al contexto jurídico y social que acompaña al fenómeno de la ocupación ilegal, a la vez que presentamos algunas de las herramientas operativas con las que minimizar el impacto negativo que pueden provocar sobre la convivencia en los espacios comunitarios.

¿Qué es una ocupación?

El pasado mes de noviembre, el Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU) organizó su conferencia nacional en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias de Madrid. Bajo el lema Retos para una sociedad con una convivencia pacífica y segura, algunos de los miembros del FEPSU presentaron proyectos en materia de seguridad y convivencia realizados recientemente. De este modo, durante dos jornadas se trataron temas relacionados con la convivencia en el espacio público y en el espacio comunitario entre los que destacó una mesa monográfica sobre la gestión de las ocupaciones con impacto negativo. En los próximos párrafos concretamos algunas de las cuestiones planteadas.

Es importante destacar que el término ocupación no es una categoría jurídica. No existe como tal el delito de ocupación, sino que usamos la palabra para referirnos a aquellos casos en los que alguien hace uso de un inmueble ajeno fuera de los supuestos previstos por la ley.

Sí se consideran delitos, y como tales están regulados en la legislación penal, el allanamiento de morada (art. 202 y 203 del Código Penal) y la usurpación (art. 245 del Código Penal). En el primero de los casos el bien jurídico protegido es la morada, entendida como aquel espacio que constituye el domicilio de una o varias personas, aquel en el que desarrollan su vida más privada. Es importante destacar que las segundas residencias son consideradas morada, por más que solo se permanezca en ellas durante periodos de vacaciones.

En el segundo supuesto, el delito de usurpación, el bien jurídico a proteger es la propiedad, tratándose de un delito contra el patrimonio. Así pues, estamos ante un delito de usurpación en aquellos casos en los que se ocupe ilegalmente una vivienda deshabitada sin el consentimiento de sus propietarios.

Carlos Rodríguez, Fiscal Decano de Madrid, aseguró en su ponencia en la conferencia nacional del FEPSU que “existe la creencia de que no se dispone de medidas ágiles para hacer frente al problema de las ocupaciones y la recuperación de las viviendas.” Esta creencia contribuye a generar una alarma social que desde un punto de vista jurídico y operativo no estaría justificada.

El allanamiento de morada constituye un delito que permite la actuación policial inmediata desalojando a los ocupantes del inmueble y restituyendo la propiedad al titular de la morada. En el caso de la usurpación, cuando se comete con violencia o intimidación se procede de la misma manera y en los casos que no es así, siempre que los ocupantes no hayan constituido su morada, también podrán ser desalojados rápidamente. Para aquellos supuestos en los que los ocupantes se encuentren desarrollando plenamente su vida en el inmueble, el desalojo necesitará una orden judicial por entrar en juego el derecho a la inviolabilidad de domicilio del artículo 18.2 del texto constitucional. En este sentido, Iván Nogales, miembro de la policía local de Santa Coloma de Gramanet, destaca la importancia de que las comunidades de propietarios conozcan el fenómeno de la ocupación ilegal y lo denuncien cuando sucedan en sus comunidades. 

Cabe destacar que cada vez son más las instancias judiciales que han tenido a bien incluir las usurpaciones, en su versión delictiva leve, dentro del grupo de delitos que pueden ser enjuiciados mediantejuicios rápidos o inmediatos. Este tipo de juicios se celebran en el Juzgado de guardia lo que supone una reducción muy significativa de los plazos para recuperar la vivienda. Por otro lado, podrán celebrarse siempre que concurran las circunstancias siguientes: que los ocupantes puedan ser identificados, que no se haya ejercido violencia contra los propietarios, y que se solicite la recuperación de la vivienda como medida cautelar.

Hasta aquí la vía penal. Fuera de ella pueden existir otros supuestos de ocupación, principalmente, relacionados con casos de impago de rentas del alquiler; finalización de contrato de alquiler; o ejecuciones hipotecarias, entre otros. En cualquiera de estos casos, al encontrarnos fuera de los requisitos necesarios para la causa penal, los procesos de desahucio siguen la vía civil, por lo general, mediante un procedimiento verbal de desahucio.

Llegados a este punto interesa detenerse en el coste temporal de estos procedimientos. La vía penal es la más rápida. En los juicios inmediatos por delitos leves la recuperación de la finca por parte de la víctima es inmediata.  Asumiendo el riesgo de la generalización, estos casos permiten la realización de los desalojos en poco más de una semana. No obstante, cuando no se den los requisitos que permitan tratar la usurpación como un delito leve y por tanto enjuiciarlo mediante un juicio rápido, este tipo de denuncias suelen resolverse en un plazo de entre 1 y 3 meses. Para los casos de allanamiento de morada, como ya dijimos, la actuación policial es inmediata.

En el caso de la vía civil, el procedimiento verbal de desahucio puede variar significativamente dependiendo de si el inquilino o persona ocupante se opone formalmente a la demanda o no lo hace. En cualquier caso, volviendo a generalizar, este proceso puede situarse entre los 3 y 6 meses de media para su resolución en primera instancia.

Falsas creencias y convivencia

En ese caso, ¿de dónde procede la idea de que tras una ocupación la recuperación de la vivienda es lenta, costosa y muy garantista con los ocupantes? ¿De dónde la idea de que podemos salir el fin de semana y al volver encontrar nuestra casa ocupada no pudiendo acceder de nuevo en mucho tiempo? ¿Qué hay de cierto pues, en el hecho de que transcurridas 48 horas desde la ocupación la policía ya no puede hacer nada?

Indudablemente, alguna de estas ideas puede resultarnos conocida. Ya sea desde medios de comunicación ya sea a través de determinados discursos políticos, este tipo de afirmaciones aumentan el miedo de las personas y tienen una gran incidencia en la construcción de su percepción de inseguridad.

Las falsas creencias alrededor de la ocupación ilegal en España no inventan un problema inexistente, pero distorsionan notablemente sus características y condicionan la percepción ciudadana que de él se tiene. Como confirmó Iván Nogales, sargento de la policía local de Santa Coloma de Gramanet durante su ponencia en la conferencia nacional del FEPSU, “la mayor parte de las ocupaciones en nuestro país se producen por bandas organizadas en inmuebles de entidades bancarias para alquilarlos a terceros”.De este modo, las ocupaciones de domicilios o segundas residencias de particulares suponen un porcentaje residual del total de los bienes inmuebles afectados por el problema. A título de ejemplo, en la última edición de la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya las ocupaciones de segundas residencias no llegaron al 0.2% del total de hechos registrados, y en ningún caso se puede vislumbrar un aumento destacable desde 2015, año en el que se incorporaron a la cesta de hechos registrados por el estudio.

De este modo, actualmente, el principal problema de las ocupaciones es el impacto o alteración que generan en la convivencia de las comunidades que las sufren. A menudo, conllevan riesgos derivados por las conexiones precarias y fraudulentas de los suministros, en otros casos, traen consigo los efectos de una delincuencia asociada: narcopisos, redes de prostitución… En cualquier caso, siempre condicionan la demanda ciudadana en el mercado de la vivienda contribuyendo a la guetificación de determinadas zonas.

Jesús María García Cortijo, intendente de la policía municipal de Madrid, destacó en su ponencia la importancia de la mediación a diferentes niveles. Por un lado, en relación a la comunidad y en todo aquello relativo a los problemas de convivencia que pueden generarse. Por otro lado, orientada a resolver de forma extrajudicial el conflicto jurídico de fondo: “tenemos una figura clave, la del agente mediador que intenta poner en contacto a morador y titular de la vivienda con la finalidad de acercar posturas”. Todo ello sin olvidar la importancia de contar con información fiable sobre las cuestiones de seguridad relacionadas con la ocupación o con el tipo de intervención que vaya a llevarse a cabo.

Queda claro que la ocupación ilegal es un problema complejo, asociado, en buena medida, a déficits estructurales relacionados con el parque de vivienda en España, especialmente en las grandes ciudades. También resulta evidente que se debe seguir trabajando para ofrecer una respuesta policial y judicial que llegue de la manera más rápida y coordinada posible. A pesar de eso, la magnitud del problema recomienda seguir explorando caminos como el de la mediación que a menudo suponen soluciones menos costosas y más rápidas que los procedimientos judiciales. También, la creación de servicios o respuestas municipales con perspectiva transversal, dirigidas a promover y mantener un buen clima de convivencia, en especial en los entornos de fincas que sufren los efectos de las ocupaciones. Hay que tener en cuenta que la finca ocupada va a requerir un determinado tipo de intervención (policial o judicial), pero el vecindario o comunidad adyacentes, también va a necesitar de un apoyo dirigido a restablecer la convivencia que puede haberse visto afectada por la ocupación conflictiva. En el mejor de los casos, dicha comunidad va a requerir una intervención a fin de reducir el impacto negativo de la ocupación.

Desde el FEPSU aplaudimos las soluciones que algunos de nuestros socios han aportado al problema. Con ellas continuamos avanzando en la construcción de sociedades más seguras y fomentando la convivencia en los espacios comunitarios.

El uso de la inteligencia artificial y los riesgos para la seguridad pública

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“-Escribe un ensayo sobre los riesgos para la seguridad pública asociados al uso de las inteligencias artificiales”

“-La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología que está revolucionando el mundo a un ritmo vertiginoso, ofreciendo soluciones innovadoras en una amplia gama de aplicaciones. Desde el reconocimiento de voz hasta la identificación de objetos en imágenes, la IA está transformando la manera en que interactuamos con la tecnología y cómo resolvemos problemas complejos. Sin embargo, a medida que la IA se vuelve más prevalente en la sociedad, también surgen preocupaciones sobre la seguridad y los riesgos asociados a su uso.

En primer lugar, es importante destacar la importancia de la privacidad y la protección de datos en el uso de la IA. Muchos sistemas de IA dependen de grandes cantidades de datos para entrenarse y mejorar su rendimiento, lo que significa que pueden estar recopilando información personal sensible sobre las personas. Además, la mayoría de los sistemas de IA no están diseñados para proteger la privacidad de los datos, por lo que pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos y robo de datos.

Otro riesgo importante relacionado con el uso de la IA es la deshumanización. A medida que la IA se utiliza para realizar tareas que antes requerían interacción humana, hay preocupaciones sobre la pérdida de empleos y la disminución de la empatía y la compasión. Además, a medida que la IA se utiliza para tomar decisiones críticas, como diagnósticos médicos o selección de candidatos para un trabajo, también hay preocupaciones sobre la falta de responsabilidad y transparencia en la toma de decisiones.

El uso de la inteligencia artificial (IA) está aumentando rápidamente en muchos sectores, incluyendo el gobierno, la banca, la industria, la salud y la educación. A medida que se desarrollen nuevos algoritmos y se mejore la capacidad de procesamiento, la IA se está convirtiendo en una herramienta cada vez más valiosa para resolver problemas complejos y mejorar la eficiencia. Sin embargo, también plantea desafíos importantes en cuanto a seguridad y riesgos.

En primer lugar, la IA es vulnerable a los ataques de hackers y otros delincuentes cibernéticos. Al igual que cualquier otro sistema informático, los sistemas de IA pueden ser objeto de ataques que pueden interrumpir su funcionamiento u obtener información confidencial. Además, los ataques a la IA pueden tener un impacto mucho más significativo que los ataques a los sistemas tradicionales, ya que la IA está involucrada en muchas decisiones críticas y puede tener consecuencias graves si falla.

En segundo lugar, la IA puede ser utilizada para fines malintencionados. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial pueden ser utilizados para realizar vigilancia masiva, mientras que los sistemas de IA pueden ser utilizados para distribuir spam y malware. Además, la IA también puede ser utilizada para manipular información y crear noticias falsas, lo que puede tener graves consecuencias para la democracia y la sociedad en general.

En tercer lugar, la IA puede ser utilizada para discriminar y perpetuar la desigualdad. Muchos sistemas de IA se basan en datos que reflejan las desigualdades existentes en la sociedad, lo que puede perpetuar la discriminación y la desigualdad. Además, los sistemas de IA pueden ser utilizados para tomar decisiones basadas en estereotipos y prejuicios, lo que puede tener graves consecuencias para ciertos grupos de personas.

A pesar de estos desafíos, existen medidas que se toman para minimizar los riesgos y aumentar la seguridad en el uso de la IA. 

En primer lugar, es importante asegurarse de que los sistemas de IA estén diseñados y desarrollados con seguridad en mente. Esto incluye la implementación de medidas de seguridad cibernética, como la autenticación de usuarios y la encriptación de datos, así como la realización de pruebas de seguridad exhaustivas antes de la realización de pruebas de seguridad exhaustivas antes de lanzar el sistema al público. Además, es importante monitorear constantemente los sistemas de IA y tomar medidas rápidas para corregir cualquier vulnerabilidad o problema de seguridad identificado».

En segundo lugar, es crucial garantizar la transparencia en el uso de la IA. Esto incluye explicar cómo se está utilizando la IA, cómo se están tomando decisiones y quién es responsable de ellas. La transparencia también ayuda a garantizar que los sistemas de IA sean responsables y éticos.”

“¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?”

El pasado mes de noviembre de 2022 se recordará como una fecha importante en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Más de medio siglo después de que el matemático Alan Turing planteara la pregunta clave en el asunto: ¿pueden pensar las máquinas?, la compañía OpenAI lanza su aplicación ChatGPT, un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3.

De forma muy resumida, el sistema GPT-3 se basa en modelos de lenguaje autorregresivo elaborados mediante un entrenamiento con miles de textos que le permiten entender el contexto de una conversación y realizar funciones relacionadas con el lenguaje como puedan ser una traducción, la generación de texto nuevo o la elaboración de código de programación para web o app, entre otros. Actualmente, GPT-3 dispone de 12 capas y 175.000 millones de parámetros, aquellos valores o argumentos que sirven para que la IA defina progresivamente la salida que ofrecerá a los valores de entrada que hemos asignado, en otras palabras, 175.000 millones de criterios de decisión para elaborar una réplica coherente en el contexto de una conversación. La capacidad de desarrollo de estas aplicaciones es especialmente impactante si atendemos al hecho que la compañía ya trabaja en la versión mejorada, ChatGPT-4, un producto que multiplicaría por 600 el volumen de parámetros al servicio de la IA.

El texto íntegro que precede a este apartado ha sido elaborado por ChatGTP-3 tras una única petición: “Escribe un ensayo sobre los riesgos para la seguridad pública asociados al uso de las inteligencias artificiales”.

Resulta inútil intentar quedarse al margen. La inteligencia artificial ya está presente en motores de búsqueda, chats de apoyo en operaciones comerciales, traductores en línea o algoritmos que nos recomiendan qué película ver. Estamos, por lo tanto, en un punto de no retorno que requiere analizar las implicaciones éticas derivadas del uso de la tecnología. En este sentido, algunos profesionales del sector como Eliezer Yudkowskyllevan años proponiendo un modelo basado en la inteligencia artificial amigable (FAI) capaz de situar los valores humanos en un primer plano generando efectos positivos para la humanidad. Irónicamente, en los próximos años, al ser humano le tocará pensar.

Formación interna: Actuación policial ante las víctimas y agresores de violencia de género

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La violencia de género es una de las principales lacras en la sociedad actual. Este tipo de violencia, ejercida del hombre a la mujer en el ámbito de la pareja y/o expareja (y sus múltiples formas análogas), tiene su origen en las estructuras machistas de la sociedad, lo que la convierte, por desgracia, en una violencia extendida. Concretamente, la Organización Mundial de la Salud define esta tipología de violencia como «un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres», y es la formación sobre violencia de género una de las claves para combatirla.

La violencia de género: una cuestión policial

Según datos del Ministerio de Igualdad, en el año 2022 hubo 87.508 denuncias por violencia de género y, por otro lado, 20.725 mujeres se encuentran bajo seguimiento del sistema VioGen hasta diciembre de 2022 acorde con datos del Ministerio del Interior. En el ámbito autonómico, concretamente en Catalunya, 11.952 mujeres víctimas de violencia de género fueron atendidas por cuerpos policiales hasta el tercer trimestre de 2022.

En este contexto, la atención policial a las partes implicadas resulta clave para poder prestar la ayuda necesaria a la víctima y hacer una buena entrevista para conocer los hechos relativos al caso tratado. Por ello, es necesario que los cuerpos policiales dispongan de una base solida sobre el fenómeno de la violencia de género en su conjunto mediante formación sobre violencia de género.

Formación a policías locales

En el FEPSU atendemos a las necesidades formativas de nuestros socios, y por ello, organizamos los pasados días 13, 15, 20 y 22 de marzo una formación sobre la atención policial a la víctima y agresor de violencia de género. En ella, se exploraron las causas de este fenómeno, así como las técnicas adecuadas para llevar a cabo entrevistas con víctimas intimidadas para mejorar la respuesta policial ante este tipo de casos.

El objetivo de esta formación fue que los miembros de las policías locales que asistieron pudieran incorporar a su experiencia en la atención de casos de violencia de género un enfoque más técnico des de la psicología jurídica y forense.

Programa

A continuación, se detalla el programa de la formación:

CURSO 1: Atención a víctimas

  1. Las víctimas de violencia de género como testigos vulnerables e intimidados.
  2. Planificación y preparación de la entrevista.
    a. Importancia de la planificación de la entrevista.
    b. Información sobre los testigos.
    c. Información sobre la agresión alegada.
  3. Proceso general de la entrevista.
  4. Roles y funciones de las personas presentes en la entrevista
  5. Fase previa a la entrevista.
  6. Conducción de la entrevista.
    a. Introducción
    b. Establecimiento rapport.
    c. Narración libre.
    d. Cuestionamiento.
    e. Tipos de preguntas.
    f. Cierre.

CURSO 2: Intervención con agresores

  1. La dinámica violenta de la violencia de género.
    a. Contexto relacional. La fase de idilio y la instalación de los patrones necesarios para la violencia.
    b. El ciclo y la escalada de la violencia.
  2. Mitos y realidades sobre los agresores de violencia de género.
    a. ¿Existe un perfil de agresor?
    b. Psicopatología y problemática toxicológica.
  3. El funcionamiento psicológico del agresor.
    a. Factores cognitivos, emocionales y conductuales.
    b. La motivación.
  4. Estrategias de actuación policial con agresores.

Nuevos retos para la protección civil y la gestión de las emergencias

La protección civil es un instrumento de la seguridad pública que persigue la protección de las personas, bienes y medio ambiente ante catástrofes o situaciones de grave riesgo colectivo y emergencias.

El trabajo realizado por las administraciones públicas en materia de protección civil y gestión de las emergencias ha cobrado mucho protagonismo en los últimos tiempos. En buena medida, los efectos de la pandemia por SARS-CoV-2 y la crisis sanitaria derivada han sido el motivo principal de la intensificación del trabajo realizado por los/las profesionales del sector, pero no el único. 

Existe un consenso generalizado en la comunidad científica a la hora de reclamar una acción urgente para salvaguardar el medio ambiente. A raíz de esta situación, el pasado 2020 el Gobierno declaró la emergencia climática y ambiental comprometiéndose al desarrollo de 30 líneas de acción para hacerle frente. El calentamiento del sistema climático es inequívoco y la actividad humana, especialmente desde mediados del SXX, aparece como su causa principal provocando, entre otros muchos efectos, el incremento de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, una realidad fuertemente asociada a los servicios de emergencia ciudadana.

Horizonte 2035: la planificación preventiva

El incremento de episodios catastróficos en los últimos años ha constatado la necesidad de planificar modelos de respuesta eficaces en el campo de la protección civil y las emergencias derivadas del cambio climático. 

En este sentido, el pasado mes de octubre fue presentado el Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres Horizonte 2035. El documento, que cuenta con el acuerdo de representantes de todas las comunidades autónomas y de las administraciones locales, persigue ofrecer una respuesta eficaz a las crecientes emergencias derivadas del cambio climático, garantizando la seguridad integral de las personas y estableciendo el Sistema Nacional de Protección Civil como pilar esencial del Estado y como instrumento de cohesión social.

Horizonte 2035 supone una apuesta para el fortalecimiento de los órganos que configuran el Sistema Nacional de Protección Civil en todos los niveles territoriales estableciendo como eje central el impulso de la cultura preventiva. De este modo, se potencian las actuaciones previas a las emergencias, ya sea identificando y evaluando nuevos riesgos, como incrementando labores de vigilancia que permitan su inmediata detección, minimizando de esta manera el impacto sobre el territorio.

El nuevo plan, bajo la dirección de un Comité con representantes de todos los niveles territoriales, debe garantizar que las distintas administraciones disponen de la capacidad para responder a las emergencias en sus respectivos ámbitos competenciales ofreciendo una “dirección única de las emergencias de Protección Civil”.

PLASEQTA 2020: la gestión desde el territorio

Catalunya mantiene un importante tejido industrial buena parte del cual pertenece al sector químico, muy localizado en comarcas de la provincia de Tarragona. Las medidas de seguridad en materia de prevención del sector son muy exigentes, no obstante, el riesgo cero no existe, y cuando estas industrias se encuentran ubicadas cerca de núcleos de población, conviene diseñar un modelo de respuesta rápida y eficaz que minimice los daños que puedan generarse sobre la población.

EL Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona (PLASEQTA 2020) fue aprobado en el mes de marzo de 2020 por el Govern de la Generalitat i supone el retorno de la gestión de las emergencias químicas al territorio.

Trece años después de que el antiguo PLASEQTA se integrara en el PLASEQCAT, el plan de emergencias para el sector químico en Catalunya, el nuevo plan prevé la respuesta a una emergencia química originada en cualquier establecimiento industrial que manipule sustancias peligrosas en las siguientes comarcas: Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat y Tarragonès. De este modo, el documento supone la recuperación actualizada de un plan específico con entidad propia y autonomía plena para la división territorial de Tarragona, una zona de influencia formada por un total de 29 municipios con una población aproximada de 370.000 personas.

El PLASEQTA 2020 establece una clasificación de los sucesos en incidentes i accidentes graves. Estos últimos, a su vez, se clasifican en tres categorías dependiendo de sus posibles efectos sobre bienes materiales, personales o medioambientales.

Otra de las modificaciones respecto a la versión anterior a 2007 es la simplificación de los escenarios en lo relativo a la activación de las señales de emergencia. El anterior plan dependía en exceso de las informaciones facilitadas por la empresa afectada, por el contrario, el nuevo documento prevé la activación de la fase de emergencia ante cualquier evidencia contrastada de afectaciones, provengan estas de la empresa afectada, de los ayuntamientos o de los ciudadanos a través del teléfono de emergencias 112.

El confinamiento como medida de autoprotección

La explosión en enero de 2020 en las instalaciones de IQOXE (Industrias Químicas del Óxido de Etileno), empresa ubicada en el polígono industrial de La Canonja, en Tarragona, evidenció la necesidad de implementar instrumentos de participación de la ciudadanía con el objetivo de poner en práctica las acciones y las medidas de autoprotección que deben adoptarse en caso de accidente.

El pasado día 2 de noviembre se realizó el primer simulacro de confinamiento por riesgo químico en la zona de Tarragona. La hipótesis del accidente consistió en simular un escape de cloro en una empresa del polígono sur con un radio de afectación de tres kilómetros. 

El ejercicio, promovido por la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior, sirvió para concienciar a la población en el confinamiento como medida de autoprotección. En este tipo de accidentes, la evacuación de la población se considera una práctica demasiado peligrosa por los efectos nocivos que una sobreexposición puede tener sobre las personas. 

De este modo, en caso de accidente en una industria química, estas son las medidas de autoprotección recomendadas desde Protección civil:

  • Refúgiate en el edificio más cercano
  • Cierra bien puertas y ventanas
  • Cierra los aparatos de aire acondicionado
  • No vayas a buscar a los niños a la escuela
  • Sigue la información a través de los canales oficiales de comunicación (radio, televisión, twitter…)
  • No salgas hasta que lo comuniquen las autoridades o hasta que sientas la señal de fin de la alerta

Otras de las medidas previstas en el plan es la instalación de sensores que permitan alertar de la presencia de cloro en el ambiente en caso de accidente químico.

Información a la población

Los principales instrumentos de alerta a la población previstos en el plan son dos: activación de sirenas de riesgo químico y avisos de emergencia al teléfono móvil (Cell Broadcasting) a la población de la zona. En este sentido, el simulacro también permitió practicar el sistema de avisos y las medidas de control de accesos.

Las sirenas activadas durante el simulacro fueron un total de 20, situadas en los municipios de Tarragona, La Canonja, Vilaseca y Salou.

El sonido de alerta se activó a las 18:30 de la tarde. Durante 3 minutos en intervalos de 1 minuto separados por 5 segundos de silencio, la población de la zona escuchó las alarmas que avisan de riesgo químico e indican la orden de confinamiento general. Finalmente, se activó la alarma de fin de alerta que indica el fin de la orden de confinamiento, una señal continua de 30 segundos de duración.

El sistema Cell Broadcasting consiste en el envío inmediato de notificaciones emergentes a los móviles inteligentes que se encuentren en la zona donde se ha producido la emergencia. Por defecto, las versiones más actualizadas de Android y iOS tienen activada la recepción de este tipo de avisos, no obstante, desde Protección Civil, a través de la página web del Departament d’Interior, se publicó la información necesaria para configurar el teléfono y activar los avisos de emergencia dependiendo del fabricante.

Desde el FEPSU entendemos que la seguridad va más allá del simple mantenimiento del orden público. Nuestras sociedades coexisten en un mundo globalizado en el que los nuevos riesgos y amenazas poco entienden de fronteras y soberanías políticas. Garantizar un nivel óptimo de seguridad pasa por realizar diagnósticos integrales que incorporen medidas de protección de personas, bienes y medio ambiente.

Percepciones y actitudes de la ciudadanía: la legitimidad policial

Con más o menos frecuencia, a menudo después de acontecimientos que sacuden a la opinión pública, las autoridades políticas y los profesionales del sector retoman el debate sobre legitimidad policial, tratando de precisar en qué punto se encuentra la confianza que la ciudadanía brinda a sus cuerpos policiales.

A raíz del confinamiento y la posterior desescalada en las restricciones a la movilidad, crece la sensación de que la legitimidad de la policía ha disminuido en algunos sectores de la población, especialmente entre los más jóvenes. Episodios como el de la ciudad de Mataró en el que un grupo de jóvenes se enfrentó a los Mossos d’Esquadra en los accesos a una discoteca, o los vividos en Madrid con motivo de los macrobotellones celebrados durante las fiestas del Pilar, han vuelto a situar el tema en la agenda política.

Sindicatos vinculados a distintos cuerpos policiales han denunciado en diferentes medios el incremento de la violencia sufrida por sus agentes y el sentimiento de impunidad con qué algunos jóvenes protagonizan estas conductas. A estas denuncias hay que añadir los datos publicados por el Ministerio del Interior acreditando un aumento significativo de los delitos de resistencia y desobediencia contra agentes de policía.

En el caso de Catalunya, Mossos d’Esquadra registró durante 2020 un máximo histórico por infracciones administrativas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, relacionadas con la desobediencia y resistencia a la autoridad, una de las infracciones graves recogidas en su artículo 36.

Percepciones y actitudes de los jóvenes

La literatura especializada en percepciones y actitudes frente a la policía es muy abundante, especialmente en Estados Unidos. En el caso europeo también son numerosas las publicaciones, pero son menos los trabajos centrados en la relación entre jóvenes y policia, y a menudo, las conclusiones de los estudios norteamericanos deben trasladarse con cautela al entorno europeo por las diferencias existentes en factores de tipo demográfico y socioeconómico.

Con el objetivo de identificar esa tendencia negativa en las relaciones entre jóvenes y policía y conocer mejor cómo se construyen, la Fundació per a la Seguretat Pública ha liderado un Estudio sobre percepciones y actitudes de la juventud con relación a la policía en Catalunya, publicado el pasado mes de junio.

La legitimidad es una “propiedad psicológica” que se otorga a una autoridad o institución al reconocerla como “apropiada, correcta y justa”. El elemento fundamental para consolidar esa legitimidad es la confianza que, en el contexto de la autoridad legal, debe entenderse como la “expectativa que el ciudadano tiene sobre el comportamiento de un/a agente en condiciones de incertidumbre”.

Uno de los factores decisivos en el reconocimiento de esa legitimidad es la denominada “justicia procesal”, esto es, que los ciudadanos se sientan tratados con respeto, dignidad y neutralidad por los agentes. La experiencia indirecta, cuando el conocimiento de encuentros desagradables con la policía proviene de terceras personas, aunque en menor medida, también influiría en la construcción de esa legitimidad.

Estas dinámicas relacionales son bastante similares entre jóvenes y población adulta. Cuando el trato recibido se considera justo aumenta la legitimidad con qué se percibe a la institución, qué a su vez, incrementa el cumplimiento de la ley. No obstante, sí se observan algunas diferencias en lo relativo a la voluntad de cooperación por parte de los jóvenes. En su caso, el trato recibido por la policía sería más influyente en la predisposición a colaborar con la institución.

Junto a un examen exhaustivo de los estudios en la materia, el informe final presenta los resultados de una aproximación cuantitativa y otra cualitativa para el escenario catalán. En el primer caso, se realizan encuestas a un total de 825 jóvenes entre los 14 i los 30 años. En el segundo, se ha trabajado con distintos grupos de discusión y siguiendo la metodología del abordaje etnográfico espontáneo, un sistema de inmersión grupal en el entorno natural de la población estudiada.

Las conclusiones confirman la teoría de la “justicia procesal” para el caso de Catalunya. Los jóvenes muestran un nivel de satisfacción mayor en sus contactos directos con la policía, 6.77 sobre 10, cuando son tratados con respeto, dignidad y neutralidad. En aquellos casos en los que se ha detectado un abuso de poder o un uso excesivo de la fuerza, la media desciende a un 3.9. Igualmente, ese nivel de satisfacción tras un contacto directo correlaciona de forma positiva con la percepción de la legitimidad policial, del mismo modo que sucede con la variable “confianza en la policía”. Finalmente, los datos parecen confirmar que en aquellos casos en qué la legitimidad otorgada a la policía es mayor, aumenta la voluntad de cooperar con la institución e incrementa el cumplimiento de la ley.

Los botellones i macrobotellones como factor de riesgo

Los grupos de discusión celebrados durante el trabajo de campo sirvieron para evidenciar las muchas modalidades que pueden adoptar los botellones, reuniones de jóvenes que en cualquier caso siempre mantienen un factor común: el consumo de alcohol en espacios públicos.

Los propios jóvenes destacan aspectos positivos como la “diversión”, “estar entre amigos”, “los precios económicos en comparación con discotecas” o “la improvisación en comparación con el ocio que supone comprar entradas anticipadas”. Por otro lado, los aspectos negativos manifestados son “el riesgo de recibir una multa”, “el frio en invierno”, “la inseguridad” o “la falta de espacios para orinar”, entre otros.

Los participantes en los grupos manifiestan detectar un aumento de la violencia desde antes de la pandemia, siendo los jóvenes de entre 16 y 18 años los que muestran mayor afectación por esta realidad.

En este contexto, la policía se percibe como un “agente controlador y represivo”, especialmente en lo relativo a las sanciones de multa que, pese a considerarse baja, a menudo se acompaña de sanciones por otras infracciones.

De este modo, los botellones, más o menos masivos, generan espacios en los que la agresividad en el comportamiento de los jóvenes se intensifica por diferentes factores. Por un lado, las responsabilidades individuales se diluyen en el grupo provocando la impunidad de algunas de las personas que cometen hechos delictivos o inician enfrentamientos con la policía. Por otro, la ausencia de normativa concreta sobre macrobotellones con gran afluencia de participantes complica los operativos policiales.

Los estudios realizados hasta el momento parecen tener claro el mecanismo mediante el que se construye la legitimidad de los cuerpos de seguridad. En adelante, las administraciones tienen el reto de mantener en niveles altos la confianza en la policía, de lo contrario, el mantenimiento del orden público y la protección ciudadana podrían verse afectados.

Puede consultarse el informe completo aquí.