La gestión de la emergencia sanitaria ha implicado un gran esfuerzo por parte de las administraciones públicas y cuerpos y fuerzas de seguridad, ya que ha sido necesario implementar restricciones de derechos con una rapidez inusual y sin instrumentos reguladores claros. Y a medida que la sociedad se encamina hacia una “nueva normalidad”, sigue habiendo dudas respecto a la regulación de temas como el uso de mascarillas o la distancia social. Un reto al cual deberán hacer frente los organismos públicos, en medio de un contexto que ha tensionado su relación con la población.
Estas han sido algunas de las consideraciones que guiaron el primer debate del ciclo de encuentros virtuales sobre “La seguridad urbana tras el Covid-19: aprendizajes y desafíos para el mundo local”, que tuvo lugar el 2 de julio y se dedicó a valorar los instrumentos de control de la crisis sanitaria. Estos webinars han sido organizados por el Foro Español para la Seguridad Urbana (FEPSU), en colaboración con el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS). A continuación os compartimos algunas de las conclusiones de esta primera sesión:
Normas complejas, muchas denuncias
A pesar de que la mayor parte de la población ha tenido un comportamiento ejemplar durante el confinamiento, en el conjunto del Estado español se interpusieron más de un millón de denuncias entre el 14 de marzo y el 23 de mayo. La complejidad de las normas que regulaban el estado de alarma y la velocidad a la que se publicaban, ha provocado que los cuerpos y fuerzas de seguridad tuvieran que interpretar, ante cada caso concreto, si había o no un incumplimiento de la norma. Esto ha provocado una sensación de inseguridad jurídica para la población (que desconocía si alguna de sus acciones podía ser o no sancionada), pero también para los y las agentes de los cuerpos de seguridad.
Tensiones antiguas que afloran
Es evidente que durante el estado de alarma se ha incrementado la tensión en la relación entre la administración y la población, principalmente por las restricciones a la libertad de circulación y por la falta de claridad sobre dónde estaban los límites de esta restricción. Esto ha afectado especialmente a los colectivos vulnerables, como las personas sin techo, las trabajadoras del hogar y los menores. Pero, a pesar que esta crisis sanitaria es un fenómeno inédito, las tensiones que han surgido tienen que ver con conflictos o cuestiones no resueltas ya existentes en la sociedad, como por ejemplo la situación de personas que trabajan de forma irregular y no pueden acreditar su situación laboral.
Otro modelo es posible
Debido a la imprevisibilidad y gravedad de la crisis sanitaria en marzo era muy difícil aplicar un modelo regulatorio diferente al que se utilizó, pero en la situación actual las administraciones deberían preparar instrumentos y criterios más claros para que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan gestionar mejor futuras situaciones de confinamiento. Una de las posibilidades que se abren es la de dar más relevancia a las instituciones locales y autonómicas, por ejemplo a través del uso de las ordenanzas de convivencia como una alternativa para gestionar la crisis sanitaria y dotarse de un sistema sancionador propio. Además, se debería poder tomar en cuenta también las medidas alternativas a la sanción como un instrumento de prevención fundamental.
Estas han sido algunas de las principales conclusiones de esta primera sesión del ciclo de webinars sobre la seguridad urbana tras la Covid-19, que ha contado con las intervenciones iniciales de José Martínez Espasa, comisario jefe de la Policía Local de Dénia; Carlos Alberto Amoedo Souto, director de la cátedra de Derecho local UDC-Diputación de A Coruña; y Anaïs Franquesa Griso, Codirectora de Irídia, Asociación de derechos humanos en Cataluña. La sesión ha sido moderada por Cristina Sobrino Garcés, investigadora del área de Seguridad y convivencia del IERMB y profesora asociada de la UPF, UDG y UOC.
Puedes consultar en el siguiente enlace el relato completo de la jornada.
