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Las decisiones que tomamos cada día, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto real en el bienestar colectivo. Nuestras elecciones son un ingrediente más en la configuración del clima social en el que vivimos. A menudo pensamos en la convivencia como un marco abstracto o normativo, pero en realidad es una concreción cotidiana, hecha de actos voluntarios, omisiones y gestos que se repiten o se corrigen. Su estado no se decide, no únicamente, mediante grandes pactos políticos o laberínticas legislaciones, sino a través de miles de microdecisiones que tomamos individualmente.

En este artículo viajaremos al universo de lo micro. Pondremos toda nuestra atención en los pequeños detalles. Asumiremos, en un claro ejercicio de humildad, que todo lo que nos rodea influye en nuestras elecciones diarias. Bienvenidos/as al sutil mundo de los nudges.

¿Por qué hacemos lo que hacemos?

Idealmente, aquello que hacemos, el fruto de nuestras decisiones, proviene de un proceso racional mediante el que ponderamos lógicamente nuestras opciones. De esta manera, minimizando los agravios y optimizando los logros, decidimos actuar de una forma u otra. En este escenario, planificamos a largo, disponemos de toda la información relevante y si las condiciones no cambian, tampoco lo hacen nuestras decisiones. Durante muchos años, según los postulados de la economía clásica, esta ha sido la explicación a por qué hacemos lo que hacemos. Esta visión fue exportada a disciplinas más allá de la economía gracias a la teoría de la elección racional (rational choice theory).

Pero lo cierto es que las cosas no siempre son así. No siempre sabemos lo que queremos y casi nunca hacemos cálculos perfectos. Así lo entiende la economía conductual. Surgida a partir del trabajo de psicólogos como Daniel Kahneman y Amos Tversky, entre otros, critica varios supuestos centrales de la elección racional. En primer lugar, demuestra que las personas tienen una racionalidad limitada: no acceden a toda la información, no procesan todo lo que saben, y muchas veces se conforman con la primera opción que parece suficientemente buena. En segundo lugar, revela que estamos profundamente influidos por sesgos cognitivos como el exceso de confianza o la aversión al riesgo. Estos sesgos llevan a decisiones sistemáticamente predecibles pero irracionales.

Además, la economía conductual subraya que el contexto en el que se presentan las decisiones (arquitectura de elección) cambia profundamente nuestras elecciones. También señala que las normas sociales, las emociones y la presión del entorno influyen tanto o más que los cálculos racionales. Esto desmonta la idea de que actuamos de forma independiente y puramente estratégica. Lejos de ser máquinas de decidir, para lo bueno y para lo malo, somos humanos, con emociones, costumbres, miedos y contradicciones. De esta manera, la economía conductual no niega que podamos ser racionales en ciertos momentos, pero sí demuestra que no lo somos siempre ni en todos los ámbitos. Por eso, propone modelos más realistas del comportamiento humano que integran lo emocional, lo social y lo contextual. La racionalidad, por más bonito que suene, no siempre preside la mesa cerebral en la que se pactan nuestros actos. Con el debido respeto, presuponer que la razón es el carburante único y final que nos mueve, probablemente, sea un exceso de optimismo al límite de la ingenuidad.

Este reconocimiento abre un área de influencia sobre el comportamiento de las personas sin recurrir a la imposición o la coacción. Si entendemos cómo decidimos realmente, podemos diseñar entornos y contextos que orienten las elecciones hacia opciones más beneficiosas, tanto a nivel individual como colectivo.

Un leve empujoncito

En 2008 se publica Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness. En este libro, Richard H. Thaler y Cass Sunstein desarrolllan el concepto de nudge, en español: empujón. Lo definen como cualquier aspecto de la arquitectura de elección que altera el comportamiento de las personas de manera predecible, sin prohibir ninguna opción ni cambiar significativamente sus incentivos económicos.

Los nudges se caracterizan por ser intervenciones sutiles pero efectivas, diseñadas para influir en el comportamiento de las personas sin imponer ni prohibir nada. Su esencia radica en modificar la arquitectura de la decisión, es decir, el contexto en el que se presentan las opciones, para que la alternativa más beneficiosa o socialmente deseable sea también la más fácil o intuitiva de elegir. A diferencia de las medidas coercitivas, el cumplimiento de una ley o la amenaza de una sanción, los nudges preservan la libertad de elección: la persona debe seguir siendo libre de decidir, pero es orientada de forma suave hacia una determinada opción.

Otra característica fundamental es que no modifican significativamente los incentivos económicos. Es decir, no consisten en premios ni castigos materiales, sino en pequeños ajustes en la manera de presentar las opciones. Además, para que un nudge sea éticamente aceptable, Thaler y Sunstein insisten en que debe ser fácil de evitar, transparente, reversible y diseñado en beneficio del individuo. En este sentido, no se trata de manipulación, sino de una forma de guía suave que busca facilitar decisiones más acertadas sin eliminar la capacidad de decidir libremente.

En 2010, en el Reino Unido, el gobierno británico envió cartas a contribuyentes que no habían realizado el pago de sus impuestos en el periodo voluntario. En esas cartas, lejos de exponer las consecuencias negativas del impago y los procesos de cobro por la vía ejecutiva, simplemente, se compartía información sobre el porcentaje de personas, muy elevado, que sí habían realizado el pago. La acción, puso de relieve la norma social y aumentó significativamente la tasa de pago voluntario.

En 2011, la ciudad de Copenhague quiso mejorar la limpieza de sus calles. Para ello se realizó un experimento que pretendía medir el impacto de un nudge concreto. Durante un día se repartieron caramelos a los transeúntes. Al final de la jornada, una brigada formada por estudiantes trató de localizar cuántos envoltorios terminaban en el suelo y cuántos en la papelera. A continuación, se implementó un nudge consistente en pintar unas huellas de color verde sobre el pavimento que conducían a la papelera. A los pocos días, ya con las huellas luciendo, se repitió la operación consiguiendo aumentar en un 46% el número de envoltorios que terminaban en las papeleras.

Una situación frecuente en muchas ciudades es la de las conductas incívicas relacionadas con orinar en el espacio público, lo que genera degradación del entorno y, en algunos casos, malos olores que afectan la convivencia. Aunque se han puesto en marcha distintas iniciativas para abordar este problema, si hablamos de nudges o «pequeños empujones», un caso interesante ocurrió en Francia en 2019.

En ese año, algunas esquinas dentro de estaciones de tren se habían convertido en auténticos “urinarios públicos”. Para revertir esta situación, se implementó una campaña creativa: se colocaron pósters en 3D, tanto en el interior como en el exterior de la estación, que representaban a atletas de tamaño real jugando con balones. El entorno visual, llamativo y bien cuidado, logró disuadir a las personas de orinar allí. Como resultado, las micciones en el espacio público disminuyeron drásticamente, demostrando que una intervención estética y simbólica puede generar un cambio significativo en el comportamiento.

En otro orden, España, líder mundial en donación de órganos, implementó ya hace muchos años una legislación de consentimiento presunto. En esencia, todo el mundo se considera donante salvo que se manifieste lo contrario, esto es, no es necesario un comportamiento activo, formularios, manifestaciones del consentimiento… para convertirse en donante. Si acaso, ese comportamiento activo se exige a la hora de manifestar no querer serlo. Desde el año 2010 el modelo ha sido replicado en otros países de la Unión Europea.

A través de estos ejemplos se puede capturar la esencia de la medida. Existen muchos tipos de nudge. Los hay que apelan a las normas sociales (es el caso de los dos primeros), aquellos basados en defaults u opciones predeterminadas, los que persiguen simplificar las relaciones de la ciudadanía con la administración o los que consisten en simples recordatorios.

Han pasado más de 15 años desde su presentación en sociedad y buena parte de la literatura actual se centra en evaluar su impacto y el coste-beneficio que supone para las administraciones su implementación. Los resultados son variados y están condicionados por distintos elementos: la tipología del nudge y el ámbito en el que se introduce, principalmente. En cualquier caso, y dejando de lado las tensiones éticas que pueda generar su existencia a propósito de la libertad de elección de la ciudadanía, los nudges son un buen ejemplo de política pública creativa a la vez que basada en un marco teórico sólido con mucha evidencia empírica.

Desde FEPSU aplaudimos las medidas innovadoras que nos permiten avanzar en la construcción de ciudades más seguras y mejorar los espacios de convivencia.

El pasado día 4 de abril, el Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya con la colaboración de los cuerpos de seguridad de Mossos de Esquadra, Cuerpo Nacional de Policía y policías locales de cada uno de los municipios (Barcelona, Badalona y L’Hospitalet de Llobregat), dio a conocer el macrooperativo de veinticuatro horas realizado ese mismo día con el objetivo de perseguir la multirreincidencia delictiva. Los ciudadanos fueron informados del incremento, o “saturación”, de cuerpos policiales en las calles de las principales ciudades del Área metropolitana de Barcelona a través de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales y los canales oficiales.

En este artículo hablaremos del fenómeno de la multireincidencia y sus efectos, ya sea en la percepción de seguridad de la ciudadanía, ya sea en el trabajo operativo diario de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La Multirreincidencia delictiva

En el Código Penal español no encontramos la palabra multirreincidencia para hablar de delitos repetitivos cometidos por una misma persona. Lo que sí regula el Código Penal español es el concepto de reincidencia. En concreto, lo hace en su artículo 22.8, en el que determina las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. En este sentido, la reincidencia apunta a aquella persona que, después de ser condenada por un delito, vuelve a cometer uno nuevo. Si se quiere, la suma de reincidencias daría lugar a la multireincidencia, en palabras de nuestro código penal, reincidencia agravada.

A partir de 2010, el término multirreincidente comienza a utilizarse en informes policiales y, como sucede en tantos otros ámbitos, los medios de comunicación lo popularizan. En este sentido, no es casual que el aumento de la percepción de inseguridad y el turismo masivo sean realidades en alza a partir de ese mismo año, sobretodo en ciudades como Barcelona y Madrid. La masificación de lugares turísticos ha favorecido el aumento de delitos leves como el hurto, una tipología penal que puede manifestarse de maneras muy diversas. Las personas hurtadoras suelen aprovecharse de la distracción del turista, de la confusión en un abarrotado transporte urbano en horas punta o de la amabilidad de la ciudadanía para cometer este tipo de ilícitos. Generalmente, no suponen un riesgo grave para las víctimas, pero afectan de manera directa al orden público y a la convivencia social.  

Sabemos que los perfiles de las personas delincuentes son elaborados por especialistas de diferentes ámbitos, como criminólogos, psicólogos forenses, peritos judiciales, y profesionales de inteligencia criminal. Existe mucha literatura al respecto entre la que destacan los estudios longitudinales del profesor David Farrington de la Universidad de Cambridge, un registro de más de cuarenta años elaborado a partir del seguimiento de 411 jóvenes de entre 8 y 9 años iniciado en 1961 y finalizado en 2001. Las conclusiones de Farrington no ofrecen un retrato robot detallado del multireincidente tipo, pero vierten luz sobre algunas cuestiones relevantes: la delincuencia crónica es una realidad asociada a una minoría de las personas monitorizadas; entornos con perfiles parentales delincuentes, pobreza familiar, fracaso escolar o altos niveles de impulsividad suelen ser factores de riesgo claros para desarrollar una carrera delictiva. Finalmente, cuanto antes se realiza la intervención preventiva más eficiente se muestra.

Cabe señalar que en los últimos años el perfil de la persona multireincidente ha ido evolucionando, reflejando cambios tanto en las dinámicas sociales como en las formas de criminalidad. Tradicionalmente, la multireincidencia se ha asociado a personas en situación de alta vulnerabilidad social, con trayectorias delictivas marcadas por delitos menores, problemas de adicción, exclusión laboral y residencial, y una falta estructural de redes de apoyo. Sin embargo, en ciertos contextos urbanos o territorios con presencia activa de economías criminales, este perfil se ha vuelto más complejo. Aunque multireincidencia y crimen organizado son conceptos claramente diferenciados —el primero ligado a la repetición individual de conductas delictivas y el segundo a estructuras jerárquicas con fines lucrativos y planificación colectiva—, en la práctica se han producido zonas de acercamiento.

En algunas ocasiones, las personas multireincidentes son captadas o instrumentalizadas por organizaciones delictivas, que aprovechan su experiencia penal, su fragilidad legal o su falta de expectativas para utilizarlas en tareas de bajo perfil: venta de drogas a pequeña escala, transporte de mercancías ilícitas, vigilancia o funciones logísticas. Estas personas, muchas veces, ni siquiera tienen plena conciencia de formar parte de una red organizada, pero sus actos terminan facilitando el funcionamiento de estructuras más amplias y profesionalizadas. Esta relación de subordinación convierte al multireincidente en un eslabón funcional del crimen organizado, sin otorgarle poder de decisión, pero exponiéndolo a mayores riesgos penales y sociales.

Esta evolución plantea retos importantes para las políticas de prevención y reinserción, que deben ser capaces de diferenciar entre la multireincidencia clásica, ligada a procesos de exclusión social, y la que se entrelaza con redes criminales más estructuradas. En ambos casos, se requiere una intervención coordinada entre los sistemas judicial, social y de seguridad, pero con enfoques diferenciados.

La relación entre delitos cometidos y percepción de inseguridad

Desde el año 1990, el Área Metropolitana de Barcelona realiza una encuesta de victimización (Enquesta sobre Victimització de l’Área Metropolitana de Barcelona o EVAMB) con el objetivo de identificar los delitos cometidos y evaluar los efectos que generan entre la población de ésta zona. Los últimos datos disponibles corresponden al año 2024. El 26% de la muestra declara haber sido víctima de al menos un hecho delictivo en el último año siendo las víctimas por hechos relacionados con la seguridad personal las más numerosas, un 18,4%.

Por otro lado, la percepción de inseguridad se sitúa en el 18.9%, esto es, en una escala de 0 a 10 el 18,9% de las personas encuestadas declara valores inferiores a 5. Esta tendencia puede deberse a la existencia de elementos que generan una continua sensación de estado de alerta entre la población. Aunque pueden existir más, factores como la cobertura mediática realizada desde los medios de comunicación, la vulnerabilidad que genera la frecuencia en la que se comete un mismo delito, las experiencias personales vividas o un contexto social deprimido en el que las crisis económicas son habituales, pueden explicar este fenómeno. Puedes consultar otras entradas relacionadas con la percepción de seguridad aquí.

Trimestralmente, el Ministerio del Interior publica en su web oficial los datos registrados sobre los delitos cometidos en todo el Estado. También aparecen divididos en ámbitos territoriales más pequeños: comunidades autónomas, provincias, capitales de provincia, municipios de más 22.000 habitantes y territorios insulares. Según estos datos, los índices de criminalidad en la ciudad de Barcelona son más altos que en el resto de ciudades españolas, incluida Madrid. A pesar de esto, los hurtos contabilizados bajaron un 6,9% entre enero y septiembre de 2024.

Queda clara, por tanto, que en la lucha contra la delincuencia y la multireincidencia deben conjugarse estrategias y ponderar intereses. Una simple aproximación punitiva al problema no es suficiente. Obviar el carácter preventivo en las políticas públicas de seguridad y convivencia suele devolver resultados pobres a medio y largo plazo. No obstante, en momentos de tensión social los indicadores de victimización y de percepción de inseguridad incrementan sus valores. En esos casos, la respuesta punitiva y policial puede contribuir de forma decisiva en la arquitectura de esta percepción generando una sensación de control institucional de la actividad delictiva.

El plan Kanpai

Kanpai es una expresión japonesa que los nipones utilizan al brindar y que, literalmente, significa “vaciar el vaso”. Este es el nombre utilizado por los Mossos de Esquadra para activar el plan de choque contra la mutirreincidencia el día 4 de abril de este año. El operativo contó con la colaboración de diferentes cuerpos policiales (Policía Nacional, Policía Portuaria, Policía local de L’Hospitalet de Llobregat, la Guàrdia Urbana de Barcelona y la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet), que desplegaron un millar de agentes en el Área Metropolitana de Barcelona. También contaron con agentes no uniformados y las unidades especiales de antidisturbios (BRIMO y ARRO).

La necesidad de ampliar la zona de actuación más allá de Barcelona se debe a la reducción, según datos del interior, de un 5,5% en los delitos cometidos en la ciudad en 2024. La presión policial en áreas turísticas como el Raval o Ciutat Vella tuvo un efecto disuasorio sobre el delincuente potencial. No obstante, el índice de criminalidad sigue siendo alto, y la multirreincidencia es uno de los principales motivos por los que aumenta. Solo el año pasado fueron detenidos 450 ladrones que acumulaban 3600 detenciones relacionadas con más de 9000 delitos.

La presencia policial en Barcelona ha desplazado la actividad delictiva fuera de sus fronteras y provocando un incremento en municipios como Badalona, L’Hospitalet de Llobregat o el Prat de Llobregat. Esa es la razón por la cual el plan Kanpai operó durante 24 horas en diferentes puntos del Área Metropolitana. Los objetivos se centraron en la detención de delincuentes habituales, la imputación de delitos relacionados con las drogas en discotecas y locales nocturnos y controles de seguridad ciudadana. El balance de la operación fue de 105 detenidos, 330 denuncias administrativas, la intervención de 13 patinetes y la recuperación de una motocicleta robada.

El plan Kampai es el ejemplo perfecto de la ponderación necesaria entre políticas preventivas en materia de seguridad pública y convivencia y eficiencia y visibilidad policial como recurso operativo en la construcción de la percepción de seguridad de los vecinos. A su vez, el plan Kampai es un ejemplo más de la necesidad de trabajar conjuntamente. La evidencia de que las redes de cooperación e intercambio de información y conocimiento tejidas por las ciudades optimizan los resultados de las políticas de seguridad. Desde FEPSU trabajamos en esa dirección. 

A finales del mes de octubre pasado, cerca de 80 municipios de la provincia de Valencia sufrieron las devastadoras consecuencias de uno de los episodios climáticos más graves de las últimas décadas. La DANA, acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos, se ha convertido en un símbolo que invita a la reflexión sobre la gestión y seguridad de nuestras ciudades.

Este artículo, escrito con la perspectiva que brinda el paso de las semanas, busca recordar a todas las personas afectadas y, con el máximo respeto, señalar algunos de los debates que este desastre deja en torno a la seguridad y la prevención.

La DANA. Una DANA

El 29 de octubre de 2024 alrededor de las 16:00 de la tarde comenzaron a intensificarse las lluvias que caían desde la mañana sobre buena parte de la provincia de Valencia. Durante la madrugada del día 30 las tormentas descargaron entre 200 y 300 litros por metro cuadrado en pocas horas provocando graves inundaciones.

Una DANA se forma cuando una masa de aire frío en altura se desconecta de la corriente principal y entra en interacción con el aire cálido y húmedo en las capas bajas, generando inestabilidad atmosférica. La de Valencia, la DANA, sobrevoló una población de más de un millón y medio de personas y afectó de forma grave y directa a más de 250.000. Los márgenes de los ríos Turia, Júcar o Magro, pero también barrancos y cauces urbanos cedieron más allá de sus límites contribuyendo de forma decisiva a que los daños materiales fueran mayores. Entre todo el desastre, 219 personas murieron en la Comunitat Valenciana, 7 en Castilla la Mancha y 1 en Andalucía, según datos del Gobierno de España.

Cuatro meses después, las zonas afectadas siguen trabajando para recuperar la normalidad. Vecinos y vecinas se organizan para borrar de sus paisajes las huellas del dolor. En cada conversación, en cada cruce de miradas, se entrelazan cansancio, pena y el desconcierto propio que provocan los fenómenos que lo trastocan todo.

Como Sísifos embarrados. Levantar lo caído, limpiar el lodo, reconstruir lo perdido temiendo que, en cualquier momento, todo vuelva a desmoronarse. La roca rueda cuesta abajo una y otra vez. Pero, a diferencia de Sísifo, que estaba condenado a un destino inmutable, aquí aún existe la posibilidad de cambiar el rumbo. Cada catástrofe trae consigo una lección y, quizás, la clave esté en aprender a prevenir en lugar de limitarse a reconstruir. Tal vez, la clave esté en conseguir que una DANA solo sea una DANA: depresión aislada en niveles altos.

Riesgo colectivo, seguridad integral

Casi 40 años después de su publicación resulta incómodo referenciar de nuevo el archiconocido ensayo del sociólogo alemán Ulrich Beck: la sociedad de riesgo. El texto, citado en cada esquina, tuvo una influencia decisiva en estudios de sociología, política y filosofía, pero sin ninguna duda, sirvió como referencia indiscutible para situar, desde un prisma distinto, las cuestiones de la ecología en el mundo académico y en la agenda política.

En esencia, Beck plantea que, en una sociedad moderna marcada por la industrialización y el avance tecnológico, los riesgos se han transformado en amenazas globales y sistémicas que afectan a la sociedad de manera compleja e interconectada. Los peligros no afectan solo a individuos o grupos locales, sino que se distribuyen a nivel global. El cambio climático, la contaminación o las pandemias sirven de ejemplo. Aislar los efectos de ciertos riesgos, en su mayor parte creados por la actividad humana, aun cuando se manifiestan en escenarios naturales, puede resultar prácticamente imposible. 

En la sociedad del riesgo, el futuro se vuelve incierto. Aunque tratemos de gestionar estos riesgos mediante tecnologías y políticas, siempre queda un componente de incertidumbre. Las instituciones encargadas de gestionarla, a menudo, no disponen de los recursos y el conocimiento para enfrentarse a estos peligros de manera totalmente efectiva.

Y en esas andamos, tratando de encontrar un lugar digno desde el que habitar el entramado de relaciones causales que suelen acompañar a este tipo de desastres. Luchando por encontrar la explicación final, el relato decisivo y sanador que demandan quienes sufren sin merecerlo, quienes lloran por méritos ajenos.

Asumimos, porque así nos los cuentan, que la DANA y el cambio climático están estrechamente relacionados, ya que el calentamiento global, y en especial la mayor temperatura del agua del mar, intensifica ciertos fenómenos meteorológicos extremos. Entendemos que, aunque las DANAs no son nuevas, su frecuencia, intensidad y efectos destructivos están aumentando debido al cambio climático y es entonces cuando todo se vuelve más complejo ya que nada de lo que podemos hacer en esa batalla por la sostenibilidad nos será retornado con la inmediatez que requiera el dolor actual.

Lo explicó muy bien Mancur Olson en “La lógica de la acción colectiva” allá por la década de los años sesenta: los incentivos individuales afectan a la cooperación en los grupos y no hay mayor cooperación que la que requiere un planeta limpio. Las personas, en general, tendemos a no contribuir si nuestro esfuerzo no marca la diferencia o, si prescindiendo de él, obtenemos el mismo beneficio que realizándolo.

En momentos difíciles como el actual, apelar a la sostenibilidad del planeta no nos sirve de bálsamo. Al contrario, reconocer en tamaña empresa la causa de nuestro sufrimiento nos genera desasosiego e inseguridad. “Tan solo quienes miran al futuro sin preocupaciones saborean el presente con buen ánimo” escribía Zweig tras un convulso siglo XX. 

Volver a la raíz

Si la sostenibilidad del planeta es una meta lejana y de inmediatez improbable, tal vez la respuesta esté a nuestro alrededor. En tiempos de incertidumbre, cuando las grandes causas nos abruman, debemos fortalecer aquello que está en nuestras manos. Hacernos pequeños no es rendirnos, sino encontrar el espacio desde el que realmente podemos ser decisivos.

Los acontecimientos de Valencia dieron buena muestra de ello. Vecinos anónimos, pero también profesionales de los servicios de emergencias de localidades de todo el Estado, se desplazaron durante esos días, y los que seguirían, para tratar de minimizar el impacto de lo sucedido. Xàbia, Dénia, Gandía, pero también Barcelona y Madrid, entre muchas, fueron ciudades que mostraron apoyo compartiendo recursos de todo tipo. Desde la cercanía que caracteriza al mundo local, personas e instituciones se entremezclaron para dar una respuesta inmediata a la catástrofe creando una red de seguridad con la que mirar al abismo de esos días con mayor esperanza.

Tal vez se trate de empoderar a nuestras instituciones locales, hacerlas trabajar conjuntamente. Desde los sistemas de emergencias hasta las regidorías de urbanismo. Tejer lazos entre la clase política y la sociedad civil lo suficientemente resistentes como para proyectarse en el futuro y lo bastante flexibles para adaptarse a cada nuevo escenario. Si los nudos atan, los lazos unen. 

Desde FEPSU queremos mandar un cálido abrazo a todas las personas afectadas por la DANA, y muy especialmente a las ciudades socias del Foro. Seguimos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Seguimos trabajando.

(c) Cytonn Photography, Pexels

La justicia restaurativa es una alternativa a los sistemas tradicionales de justicia penal que se centra en la reparación del daño causado por un delito, en lugar de únicamente castigar al infractor. Este enfoque se caracteriza por la participación activa de todas las partes involucradas —víctima, infractor y comunidad— en un proceso que busca restaurar el equilibrio roto por el delito. A diferencia del sistema punitivo, donde el Estado se convierte en el principal actor al dictar sanciones, la justicia restaurativa da protagonismo a las víctimas y los ofensores, permitiendo un espacio de diálogo, reflexión y resolución más humanizado.

Este enfoque se ha popularizado en diversos países como una herramienta eficaz para abordar delitos de distintas magnitudes. Los resultados de los programas de justicia restaurativa han demostrado ser positivos, no solo en términos de satisfacción de las víctimas y reducción de la reincidencia, sino también en la creación de comunidades más cohesionadas.

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Orígenes y concepto de la justicia restaurativa

Virata, un hombre justo y sabio, dedica su vida a impartir justicia desde que el rey le invistió de ese poder. Sin embargo, se enfrenta a una contradicción esencial: a pesar de sus esfuerzos por hacer el bien, sus decisiones como juez inevitablemente causan sufrimiento a otros. Este conflicto lo lleva a cuestionar si la justicia terrenal (justicia retributiva) puede realmente ser justa en un sentido absoluto y si la sanación del conflicto se satisface únicamente con la respuesta penal.

A través de esta fábula titulada “Los ojos del hermano eterno”, el escritor austríaco Stefan Zweig propone un espacio de reflexión acerca de una de las cuestiones esenciales en la convivencia de las ciudades: el tratamiento de la infracción de la norma y la gestión de la ofensa.

La justicia restaurativa tiene sus raíces en diversas culturas ancestrales, como las prácticas de resolución de conflictos de los pueblos indígenas de Nueva Zelanda (maoríes), América del Norte (nativos americanos) y África (comunidades de Sudáfrica). Estas sociedades valoraban la reparación del daño causado a la comunidad y a las personas afectadas por un conflicto, en lugar de apartar o castigar al infractor como única medida.

El término «justicia restaurativa» se popularizó a mediados del siglo XX como respuesta a las limitaciones de un sistema penal tradicional que, en muchos casos, dejaba insatisfechas tanto a las víctimas como a los infractores. En lugar de ofrecer una solución integral a los problemas causados por el delito, el sistema punitivo se centraba en sancionar a los ofensores, dejando de lado la dimensión emocional y social del conflicto. La justicia restaurativa propone un cambio de paradigma en el que el delito se percibe no solo como una violación de las leyes del Estado, sino como una ruptura de relaciones entre las personas.

Los principios clave de la justicia restaurativa incluyen:

1. Reparación del daño: La prioridad es enmendar el daño causado a las víctimas y la comunidad. Se busca devolver el equilibrio roto por el delito.
2. Participación de las partes afectadas: Todas las partes tienen voz en el proceso: la víctima, el infractor y, en algunos casos, miembros de la comunidad. Este enfoque busca generar un diálogo que permita a las partes expresar sus necesidades y llegar a acuerdos.
3. Responsabilidad y rendición de cuentas: El infractor asume la responsabilidad de sus acciones y debe reconocer el impacto que ha tenido en la víctima y la comunidad. De este modo, junto a la disculpa se crea un espacio para que nazca el compromiso de realizar acciones concretas para la reparación del daño.
4. Reintegración: La justicia restaurativa busca que víctima e infractor puedan volver a formar parte de la comunidad, evitando la estigmatización y el aislamiento, factores que pueden perpetuar el ciclo del delito.

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Medidas y mecanismos de la justicia restaurativa

A través de diversas prácticas y medidas, la justicia restaurativa busca crear espacios donde las víctimas puedan expresar su dolor y los ofensores puedan entender el impacto de sus acciones.

Las conferencias restaurativas son encuentros formales que reúnen a la víctima, al infractor y, con frecuencia, a miembros de la comunidad, como familiares o amigos de ambas partes. Estos encuentros son facilitados por un mediador capacitado, cuyo propósito es guiar la conversación hacia el reconocimiento del daño causado y la búsqueda de soluciones para repararlo. Este proceso tiene como objetivo principal que el infractor asuma responsabilidad directa por sus actos y que la víctima reciba tanto una compensación emocional como, en algunos casos, material. Al dialogar cara a cara, la víctima puede expresar cómo le ha afectado el delito, mientras que el infractor explica las circunstancias de su acción y se compromete a reparar el daño.

Por otro lado, los círculos de paz y círculos restaurativos, inspirados en prácticas indígenas, son procesos comunitarios que se desarrollan en un entorno seguro y estructurado. En estos encuentros, las víctimas, los infractores y los miembros de la comunidad se sientan en un círculo que fomenta un espacio de igualdad donde todos pueden hablar y ser escuchados. El diálogo busca que el infractor reconozca el daño causado, que la víctima encuentre apoyo emocional y que la comunidad participe en la reintegración del ofensor. Además de ser una herramienta de reparación, estos círculos pueden tener un carácter preventivo, ayudando a resolver tensiones antes de que escalen a conflictos mayores.

La mediación penal, en cambio, es un mecanismo que cuenta con la intervención de una tercera parte neutral que facilita el diálogo entre víctima e infractor. Este enfoque, más flexible y privado que las conferencias restaurativas, no tiene como objetivo forzar la reconciliación, sino alcanzar acuerdos sobre cómo se puede reparar el daño. Resulta especialmente útil en casos de delitos menores, donde ambas partes están dispuestas a participar de forma voluntaria y a buscar soluciones conjuntas. Los acuerdos alcanzados en la mediación pueden incluir compensaciones económicas, trabajos comunitarios u otras acciones adecuadas para reparar el daño causado.

Otra herramienta importante en la justicia restaurativa son los programas de servicio comunitario que permiten a los infractores reparar el daño al colectivo a través de trabajos que beneficien a la comunidad afectada. Este enfoque promueve tanto la responsabilidad como la rehabilitación y reintegración social. En algunos casos, estos programas se combinan con otros mecanismos restaurativos, como la mediación o las conferencias, para que la comunidad también tenga un papel activo en decidir qué tipo de servicio sería más adecuado.

Por último, la restitución es una medida mediante la cual el infractor compensa directamente a la víctima, ya sea de forma financiera o material. Puede implicar el pago de daños económicos o la reparación de bienes afectados por el delito. En muchos sistemas de justicia restaurativa, la restitución se integra en acuerdos más amplios alcanzados a través de conferencias o mediaciones, reforzando el compromiso del infractor con la reparación efectiva del daño causado.

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Beneficios de la justicia restaurativa

La justicia restaurativa ofrece numerosos beneficios que impactan de manera positiva a las víctimas, los infractores y la comunidad en general. Uno de los aspectos más destacados es la satisfacción que experimentan las víctimas al participar en este tipo de procesos, ya que se les brinda la oportunidad de ser escuchadas y de recibir un reconocimiento explícito de su sufrimiento. Además, este enfoque promueve la reducción de la reincidencia, pues al responsabilizarse de sus actos, los infractores tienden a desarrollar un mayor compromiso con evitar comportamientos delictivos en el futuro, siendo especialmente efectivo en el caso de los jóvenes.

Otro beneficio significativo es la posibilidad de reintegración social para los ofensores, quienes, al no enfrentarse al estigma de un castigo severo o la reclusión, tienen mejores oportunidades para rehabilitarse y reincorporarse de forma constructiva en la sociedad. Por último, la justicia restaurativa fortalece los lazos comunitarios, ya que fomenta la participación activa de los ciudadanos en la resolución de conflictos, contribuyendo a construir comunidades más resilientes y cohesionadas.

La justicia restaurativa ofrece un enfoque más humano y constructivo para abordar el crimen. Su enfoque en la reparación del daño, la participación de las partes afectadas y la reintegración social ha demostrado ser una alternativa eficaz y transformadora frente a los sistemas punitivos tradicionales. Aunque no es adecuada para todos los tipos de delitos, su implementación en diferentes contextos muestra que es posible construir una justicia que no solo castigue, sino que también sane y reconcilie.

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La colaboración institucional como herramienta de implementación

El pasado mes de julio el Ajuntament de Barcelona y el Col•legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) firmaban un convenio para impulsar un programa piloto de justicia restaurativa para víctimas de accidentes de tráfico en Barcelona.

El programa, gestionado por Guàrdia Urbana de Barcelona y el centro ADR del ICAB (centro de resolución alternativa de conflictos), pretende facilitar un espacio en el que aportar información i datos que sirvan para reparar a las partes implicadas en los hechos, tanto desde el punto de vista personal como material dando la posibilidad de participar en la gestión de los intereses propios.

El programa piloto se presentó con una duración temporal de 6 meses tras los cuales ambas instituciones elaborarán una valoración y presentación de resultados que sirva para valorar la implementación de los servicios y la posibilidad de ampliar sus objetivos a nuevas realidades.

Desde FEPSU trabajamos en conocer todas aquellas herramientas encaminadas a mejorar la seguridad y la convivencia de nuestras ciudades y de las comunidades que las conforman.

Con esta entrada terminamos la serie de artículos dedicados a las encuestas de victimización. En las dos primeras entregas hemos hablado del origen de estos estudios, de su objeto de estudio y de las principales referencias a nivel mundial y en el estado español.

Con esta entrada presentamos las principales variables e indicadores y compartimos las mejores estrategias de análisis para la elaboración de un informe de resultados en el ámbito de la victimización y la percepción de seguridad.

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La victimización

La principal unidad de medición de la victimización responde al nombre de índice de victimización. En esencia, este indicador mide la prevalencia de la victimización, esto es, el porcentaje de personas encuestadas que ha sido víctima de uno o más hechos de entre los contemplados en el estudio. En algunos casos, Estados Unidos y México son un ejemplo, la prevalencia se focaliza en los hogares seleccionados para el estudio, en el caso de las tres encuestas existentes en Catalunya la unidad de muestra es la persona seleccionada.

Como se ha señaladoen la primera y la segunda entrega de esta serie, hay que atender al contenido de ese índice de victimización, esto es, al tipo de hechos del que se construye. En otras palabras, el valor de ese porcentaje está relacionado con la cifra, siempre es preferible que sea baja, pero también con el tipo de experiencias que la conforman, siempre es preferible contabilizar hurtos a robos con violencia o agresiones físicas, esto es, hechos de menor impacto para las personas que los sufren. Así pues, cualquier análisis de los índices de victimización debe atender a la tendencia, aumento o disminución, de la prevalencia de la victimización, pero también a su composición.

En relación a esa composición, las encuestas de victimización suelen incorporar una variable denominada recuerdo espontáneo. La pregunta suele encontrarse al inicio del cuestionario y consiste en preguntar a las personas encuestadas si en el último año recuerdan haber sido víctimas de algún delito. Lo peculiar de esta pregunta es que su formulación se realiza antes de exponer ningún hecho concreto. De esta manera, se asegura que las respuestas de las personas relatan hechos presentes en su memoria, sin ninguna inducción externa. Esta variable es relevante en la medida que permite conocer qué porcentaje de las personas victimizadas recuerda por si sola los hechos y qué porcentaje los recuerda después de ser interpelado de forma directa sobre los mismos.

Como norma general, cabe suponer que los hechos recordados de forma espontánea han generado un mayor impacto en las personas que los relatan. Idealmente, se quiere un porcentaje bajo de recuerdo espontáneo y lo más alejado posible del índice de victimización. Esta realidad confirmaría una victimización de bajo impacto para las personas que la sufren.

Junto a la prevalencia encontramos la incidencia de esa victimización. En este caso hablamos del número total de hechos experimentados por la ciudadanía en un periodo de tiempo determinado. A diferencia de la prevalencia, que cuenta a las víctimas individuales, la incidencia cuenta cada evento delictivo. En esencia, suele presentarse relacionando el total de personas entrevistadas y el total de hechos registrados, expresándose como el porcentaje de hechos por cada 100 habitantes. Es lo que conocemos como índice de hechos delictivos. De este indicador nace también la ratio de multivictimización, el valor promedio de hechos sufridos por cada persona víctima. Hay que tener en cuenta que los aumentos de incidencia no siempre van acompañados de mayor prevalencia. En otras palabras, pueden aumentar los hechos, pero quedar repartidos entre el mismo número de personas, incluso menos produciéndose un aumento de la ratio de multivictimización.

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La denuncia

Si las encuestas de victimización deben servir, entre otras cosas, para conocer la magnitud de la cifra negra, los hechos no informados a la administración, es importante conocer si las experiencias de victimización declaradas en la encuesta fueron denunciadas.

La construcción del índice de denuncia se realiza sobre la base de hechos que previamente han sido considerados delictivos. Lo peculiar de la situación es que ese carácter delictivo es expresado por la persona entrevistada. En efecto, no cabría esperar que aquello que no ha sido considerado delictivo fuese denunciado. Es por eso que más allá del conocimiento jurídico que la ciudadanía pueda tener sobre el sistema penal, lo que se busca es la percepción de las personas sobre el carácter delictivo de los hechos que sufren. Esa es, en definitiva, la percepción sobre la que nacerá la iniciativa de denunciar o no hacerlo.

Por otro lado, es importante especificar que la denuncia debe materializarse con la firma y presentación formal de un documento ante la policía o los juzgados, de lo contrario, podrían estar registrándose como denuncias simples quejas ciudadanas, comprometiendo de ese modo el objetivo de iluminar la cifra negra.

De este modo, el índice de denuncia debe entenderse como el porcentaje de hechos denunciados mediante la firma de un documento ante la policía o los juzgados entre aquellos hechos considerados delictivos.

Junto al índice de denuncia general, el que resulta del análisis conjunto de todos los tipos de hechos, conviene desglosar la lectura por ámbitos. De este modo, suelen encontrarse diferencias significativas entre hechos relacionados con el domicilio o la seguridad personal, con niveles de denuncia más elevados, y hechos como las estafas y engaños, con un historial muy humilde en lo que a denuncia se refiere.

Las encuestas de victimización suelen incorporar preguntas relacionadas con los motivos que provocan que las personas no denuncien hechos declarados como experiencias de victimización. Entre los más habituales se encuentra la escasa importancia que se le dio a los hechos, la certeza de que la policía no puede hacer gran cosa, o los desincentivos relacionados con el procedimiento de denuncia (esperas, papeleos…)

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La percepción de seguridad

Como se ha explicado en anteriores entregas de la serie, las preguntas sobre victimización se complementan con las de percepción de seguridad. De este modo, las encuestas de victimización son estudios relevantes en el terreno de los hechos, pero también en el de las opiniones o percepciones.

De forma muy resumida. La percepción de seguridad suele abordarse desde tres puntos de vista.

Hablamos de una aproximación cognitiva cuando pedimos a las personas un análisis lo más objetivo posible de la seguridad en su municipio o barrio. Ciertamente, la percepción sobre cualquier cosa tiene un componente de subjetividad indisociable de su naturaleza, no obstante, se espera de las respuestas un diagnóstico genérico sin valorar de manera específica experiencias personales. Es evidente que las percepciones se construyen, también, de las experiencias individuales, pero en este caso se persigue una valoración (una nota entre 0 y 10) global. En otras palabras, nada impide que una persona victimizada pueda considerar que, pese a todo, su ciudad es un lugar seguro.

Una segunda manera de valorar cómo percibimos la seguridad se relaciona con una aproximación al fenómeno de tipo emotivo. En este sentido, suelen incorporarse preguntas relativas al nivel de preocupación que genera la delincuencia o los niveles de pesimismo u optimismo con la evolución que esta pueda tener.

Finalmente, también es relevante conocer hasta qué punto las personas modifican su comportamiento con la finalidad de evitar ser víctimas de determinados hechos. Algunos ejemplos se relacionan con el hecho de dejar de pasear a determinadas horas o por determinados lugares, o la instalación de sistemas de seguridad en los domicilios para evitar robos.

Existen numerosos estudios que acreditan una correlación positiva entre la percepción de seguridad de la ciudadanía y la valoración que ésta realiza de los servicios policiales. En otras palabras, cuando la policía goza de una legitimidad sólida, los niveles de seguridad percibidos son mayores. Es por ello que conviene dedicar preguntas de una encuesta de victimización a conocer la valoración de los cuerpos de policía existentes sobre un territorio. Esta valoración puede registrarse de forma genérica, es el caso de la clásica puntuación entre 0 y 10, o puede concretarse en funciones específicas como el sistema de recepción de denuncia. Del mismo modo, también puede diferenciarse atendiendo a quien toma la iniciativa en el contacto: ciudadanos/as que recurren a la policía o policías que contactan con ciudadanos/as.

Con esta tercera entrega terminamos la serie dedicada a las encuestas de victimización. A lo largo de tres artículos hemos conocido su razón de ser, el papel que pueden desempeñar en el diseño de políticas de seguridad, algunos referentes tanto internacionales como nacionales y el funcionamiento de sus principales indicadores y variables.

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