La salud mental en los cuerpos de policía es un tema crítico y a menudo subestimado. Algunos de los estereotipos asociados a las estructuras policiales y a la naturaleza del trabajo desempeñado por sus profesionales han contribuido a silenciar una realidad de la que, cada vez con más intensidad, se demanda su abordaje por parte de las administraciones competentes.

Las políticas orientadas a la creación de programas de bienestar para agentes de policía no son algo nuevo. Existen iniciativas que de forma más o menos ambiciosa han tratado de establecer criterios que definan de qué manera se vela por la salud mental de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. A menudo se asocia esta problemática desde la incidencia que tiene sobre el volumen de efectivos disponibles y su impacto en las plantillas, pero lo cierto es que la calidad del trabajo realizado también se resiente cuando los/las agentes de policía desarrollan sus funciones afectados por este tipo de problemas.

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El trabajo de policía

Cada vez son más las campañas de sensibilización sobre salud mental que desde las administraciones públicas se lanzan para concienciar a la sociedad en la necesidad de abordar los síntomas y eliminar los estigmas asociados a determinadas patologías.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó en 2003 que no es posible considerar la salud sin tener en cuenta la salud mental, considerando que una lista de enfermedades profesionales que no asimila determinados trastornos mentales, por definición, es una lista incompleta. La Declaración de Helsinki, firmada en el año 2005 por los estados miembros de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y el Consejo (Resolución EUR/RC55/R2), incorpora la salud mental como prioridad en la agenda europea e identifica la salud mental como un asunto de salud pública.

De este modo, no puede decirse que la salud mental sea algo ajeno a las agendas políticas de las distintas administraciones. No obstante, la salud mental de los/las profesionales del trabajo policial y de los servicios de emergencias, exige un tratamiento diferenciado por las características del entorno en el que se realiza.

A menudo se espera que los/as agentes de policía estén en su mejor forma física y mental en todo momento, pero la realidad es que muchos de ellos/as se enfrentan a desafíos significativos que pueden condicionar su bienestar psicológico.

Tanto en España como a nivel internacional, múltiples estudios han abordado este tema arrojando luz sobre la prevalencia de problemas de salud mental en entre los/las profesionales de los cuerpos de policía y emergencias y la necesidad de abordar estos problemas de manera efectiva.

Existe cierto tabú entorno a las enfermedades mentales y el suicidio. Los medios de comunicación suelen silenciar una realidad bajo la falsa creencia de que su tratamiento mediático, en el caso del suicidio, puede producir un efecto llamada. Es lo que se conoce como el efecto Werther, término acuñado desde la sociología a mediados de la década de los setenta en referencia al protagonista de la novela de Goethe, “Las penas del joven Werther”, en la que los desamores de un muchacho de corta edad le llevan a terminar con su vida.

De forma bastante generalizada, la mayoría de estudios concluyen que el impacto de la violencia laboral que supone el trabajo de policía y personal de emergencias está significativamente asociado con una mayor incidencia de trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. De este modo, estos colectivos tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos de salud mental en comparación con la población general. Algunos datos manifiestan que entre los efectivos policiales existe el doble de probabilidades de manifestar conductas suicidas.

El estrés laboral y la exposición a situaciones traumáticas se definen como riesgos psicosociales importantes en el desarrollo de las funciones de estos colectivos, de ahí la necesidad de facilitar herramientas que permitan la autoprotección necesaria para evitar o minimizar efectos nocivos para su salud mental.

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El abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial

El pasado 27 de marzo asistimos a la jornada Abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial organizada por la Guàrdia Urbana de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona. El acto, al que asistieron representantes de más de 50 policías locales, se estructuró en tres mesas dedicadas a la prevención del suicidio en el ámbito policial, la intervención operativa en tentativas de suicidio y las enfermedades mentales y su impacto en el servicio policial.

Bajo la idea generalizada de que para prevenir un problema es necesario hablar sobre él, la primera de las mesas sirvió para presentar las herramientas desarrolladas en los últimos años desde el consistorio barcelonés.

En primer lugar, los Departamentos de Riesgos Laborales del cuerpo de bomberos de Barcelona y su policía municipal, trabajan conjuntamente con el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones (INAD) del Parc de Salut y Mar del Hospital del Mar de Barcelona en un programa de atención psicológica dirigido a los agentes. Se trata de un servicio voluntario y confidencial que ha servido para atender a más de 700 agentes, aproximadamente un 15% de sus plantillas.

A su vez, la mesa sirvió para, de la mano de Beatriz Almenar Pasies, técnica del del departamento, presentar el Protocolo de prevención del suicidio del que dispone la Guàrdia Urbana de Barcelona desde 2019. La herramienta, que “en el segundo año de su implementación ya había llegado a toda la plantilla a través de un programa de formación interna”, tiene como objetivo la detección de conductas de riesgo entre los policías. El seguimiento del estado del/la agente, la retirada del arma de fuego como medida preventiva o la derivación del/la profesional a un centro sanitario para recibir atención psicológica urgente, son algunas de las medidas previstas atendiendo a la gravedad de cada caso.

El protocolo de prevención del suicidio de Guàrdia Urbana de Barcelona propone un programa de actuación que junto a las vías de intervención expuestas requiere de una toma de conciencia por parte de los/las agentes. En este sentido, buena parte de las formaciones realizadas persiguen dotar a los/las profesionales de un compromiso consigo mismos estableciendo la autoprotección como primera vía de protección. Los talleres recrean situaciones de riesgo que deben ser gestionadas por los participantes. A partir de ahí, se comparte la vivencia emocional que supone la actuación con la finalidad de extraer un aprendizaje que prepare emocionalmente a los/las agentes para situaciones de estas características. Es así como se consigue minimizar el impacto que pueda suponer sobre su salud mental la intervención en determinadas situaciones.

El compromiso por avanzar en materia de salud mental trasciende la realidad de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. En este sentido, Lídia Ametller, técnica de salud mental en el Ajuntament de Barcelona, presentó el flamante Plan de Salut Mental 2023-2030. El nuevo instrumento refuerza las 111 acciones del antiguo plan con 90 nuevas medidas desarrolladas mediante el trabajo conjunto en el seno de una comisión interdisciplinar. Este grupo, formado por instituciones y expertos/as en este campo, desarrolla propuestas procedentes de más de 500 organizaciones de la ciudad.

La celebración de la jornada también sirvió para valorar las actuaciones que los cuerpos de seguridad y otros servicios de emergencias realizan ante casos de tentativa de suicidio por parte de la ciudadanía. David Ruíz, técnico de operaciones de CAT112, el teléfono de emergencias de la Generalitat de Catalunya, informó que en 2022 el servicio recibió más de 20.000 llamadas relacionadas con tentativas de suicidio y concluyó que en los relativo al servicio de llamadas de emergencia «al gestor de emergencias se le pide que sea muy concreto: que diga lo que está pasando y sobretodo, que diga donde está pasando»

Desde el FEPSU aplaudimos iniciativas como esta. Iniciativas que permiten avanzar en el conocimiento de los problemas que nuestra sociedad refleja.

En los últimos años ha crecido la preocupación social por los actos de violencia o acoso entre iguales (bullying) y de ciberacoso (ciberbullying). El bullying es un problema grave que afecta a muchos niños y niñas en todo el mundo. Este fenómeno se refiere a la violencia psicológica, física o verbal que se ejerce sobre una persona por parte de otra o varias personas, de manera repetitiva y con la intención de intimidar, humillar o causar daño. Aunque el bullying no es un fenómeno nuevo, en los últimos años se ha hecho más visible gracias a la conciencia que se ha generado en torno a él.

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Un problema generalizado

Según varios estudios, el bullying afecta a una gran cantidad de niños en todo el mundo. Así lo pone de manifiesto el informe Behind the numbers: Ending school violence anb bullying promovido por la UNESCO, el organismo de Naciones Unidas especializado en educación, ciencia y cultura. En él se señala que el 32% de los estudiantes de todo el mundo, uno de cada tres, han sufrido algún tipo de bullying en la escuela en el mes anterior a la realización de las encuestas. Además, se estima que el 20% de los estudiantes han sido víctimas de acoso en línea, lo que aumenta la presión sobre ellos incluso fuera del entorno escolar.

El informe, que cuenta con algo más de dos años de existencia, supone el mayor estudio realizado sobre la cuestión, aportando datos de 144 países para estudiantes entre los 9 y los 15 años de edad.

El estudio también revela que la intimidación física es la más frecuente en muchas regiones, con la excepción de Norteamérica y Europa donde es más común la intimidación psicológica. Por otro lado, el acoso sexual se manifiesta como el segundo más común. Sufrido por un 11.2% de los niños/as encuestados, se identifica con las bromas, comentarios o gestos hostiles de carácter sexual. A esto hay que añadir el incremento de nuevas formas de violencia sexual asociadas al espacio virtual. Entre el 12% y el 22% de los niños y niñas encuestados aseguraron haber recibido algún mensaje con contenido sexual en el último año.

Uno de los apartados más interesantes presentados por el informe tiene que ver con aquellos factores que influyen en la violencia escolar o bullying. La apariencia física se presenta como una de las causas más presentes, el 15,5% de los estudiantes declaró haber recibido acoso o burlas entorno a su rostro o cuerpo. En segundo lugar, la raza y la nacionalidad son las causas más frecuentes manifestadas por las personas acosadas, pero junto a estas, otras como la desventaja socioeconómica, la condición de inmigrante o el clima escolar del centro educativo, condicionan las probabilidades de que los/las jóvenes sufran acoso en el ámbito escolar.

El impacto del bullying en los niños/as que lo sufren puede ser devastador. Quienes lo sufren pueden experimentar una amplia gama de problemas emocionales como ansiedad, depresión, baja autoestima, miedo o tristeza. Además, el acoso escolar puede tener un impacto negativo en su rendimiento académico y en la capacidad de quienes lo sufren para relacionarse con los demás. En casos extremos, el bullying puede incluso llevar al suicidio elevándolo como principal causa de muerte entre los jóvenes en determinados países.

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Un compromiso internacional

La educación se presenta como una de las prioridades de la UNESCO, organismo encargado de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Este programa se enmarca en la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. La educación, fundamental para avanzar en esa dirección, cuenta con su propio objetivo. El ODS 4, propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

A este objetivo hay que añadir alguna de las metas relacionadas con el ODS 16, en concreto, la meta 16.1 que propone “reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”.

En buena medida, las campañas de sensibilización junto a los muchos programas realizados en la lucha contra el acoso escolar han generado una tendencia que el propio informe, ya en 2019, comienza a registrar. Se observa como en los últimos años se ha producido una disminución paulatina en la prevalencia del acoso escolar en los centros educativos de la mitad de los países del entorno europeo.

Algunos de los factores de éxito en la disminución del bullying tienen que ver con el compromiso político de promover un clima escolar y un entorno de aula seguro; establecer sistemas de denuncia y seguimiento de la violencia eficaces; formación y apoyo a los docentes o empoderamiento y participación de los estudiantes, y todo ello, realizado a través de programas e intervenciones basados en datos empíricos.

A partir de estas experiencias la UNESCO desarrolla un catálogo de recomendaciones para disminuir el acoso escolar. Entre las más relevantes destacamos las siguientes: la confección de un marco normativo en defensa de los derechos de los niños y niñas; la elaboración de investigaciones que permitan trabajar a partir de evidencia empírica; desarrollar proyectos que dispongan del apoyo de toda la comunidad educativa y siempre, en cualquier caso, proporcionar información y apoyo a los/las estudiantes para que puedan reaccionar libremente en caso de sufrir este tipo de situaciones.

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La gestión local del acoso escolar

En anteriores entradas, el blog del FEPSU, presentó alguno de los proyectos realizados en materia de prevención de la discriminación en las aulas. En concreto, un catálogo de recomendaciones elaboradas por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE).

Con el objetivo de materializar los compromisos adoptados en la lucha contra el acoso escolar, los actores locales elaboran numerosas actividades en esa dirección. El pasado mes de enero, la Unidad de Relaciones y Mediación con la Comunidad (URMEC) de la Policía Municipal de Terrassa en colaboración con la Escuela La Granja Ability Training Center, organizó una jornada formativa específica dirigida a cuerpos policiales de toda Cataluña. Con el fin de tratar el acoso y la gestión de las emociones se pusieron en común herramientas y recursos para combatir esta problemática.

El tema central de la jornada giró en torno al trabajo en equipo contra el acoso, entendiendo el sistema emocional desde la vivencia, dotando de los recursos suficientes a los agentes y mandos de las Policías Locales que luchan contra la violencia en las aulas.

La jornada también sirvió para que la Policía Municipal de Terrassa compartiese con los asistentes el funcionamiento del servicio de prevención contra el bullying que ofrece la institución en la ciudad.

A través de los agentes de la URMEC, la Policía Municipal de Terrassa realiza un proyecto de acompañamiento integral a los/las alumnos/as de las escuelas de la ciudad para luchar y prevenir el acoso entre niños/as y jóvenes que se produce tanto dentro como fuera de las aulas.

El proyecto ofrece un servicio personalizado en las escuelas e institutos de Terrassa donde imparten charlas y sesiones formativas personalizadas, ya sea en la fase de primaria y secundaria, ya sea en intervenciones específicas o charlas con las familias. En el período comprendido entre enero y diciembre de 2022 se realizaron más de 70 sesiones a las que asistieron alrededor de 2.200 alumnos/as.

En las sesiones formativas sobre acoso en las aulas, la URMEC adapta el mensaje y los recursos en función de la edad de los alumnos y alumnas, así como la programación y el soporte gráfico. Con ello se busca conseguir que la sesión sea lo más personalizada posible. Asimismo, en todas las etapas educativas introducen y destacan la importancia de la gestión de las emociones para prevenir situaciones de acoso.

Desde el FEPSU compartimos una certeza: aquello que la sociedad ofrece a sus jóvenes es aquello que le devolverán el día de mañana. Es por eso que aplaudimos proyectos como el de nuestro socio en Terrassa, iniciativas que nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, una sociedad libre de violencia.

Con más o menos frecuencia, a menudo después de acontecimientos que sacuden a la opinión pública, las autoridades políticas y los profesionales del sector retoman el debate sobre legitimidad policial, tratando de precisar en qué punto se encuentra la confianza que la ciudadanía brinda a sus cuerpos policiales.

A raíz del confinamiento y la posterior desescalada en las restricciones a la movilidad, crece la sensación de que la legitimidad de la policía ha disminuido en algunos sectores de la población, especialmente entre los más jóvenes. Episodios como el de la ciudad de Mataró en el que un grupo de jóvenes se enfrentó a los Mossos d’Esquadra en los accesos a una discoteca, o los vividos en Madrid con motivo de los macrobotellones celebrados durante las fiestas del Pilar, han vuelto a situar el tema en la agenda política.

Sindicatos vinculados a distintos cuerpos policiales han denunciado en diferentes medios el incremento de la violencia sufrida por sus agentes y el sentimiento de impunidad con qué algunos jóvenes protagonizan estas conductas. A estas denuncias hay que añadir los datos publicados por el Ministerio del Interior acreditando un aumento significativo de los delitos de resistencia y desobediencia contra agentes de policía.

En el caso de Catalunya, Mossos d’Esquadra registró durante 2020 un máximo histórico por infracciones administrativas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, relacionadas con la desobediencia y resistencia a la autoridad, una de las infracciones graves recogidas en su artículo 36.

Percepciones y actitudes de los jóvenes

La literatura especializada en percepciones y actitudes frente a la policía es muy abundante, especialmente en Estados Unidos. En el caso europeo también son numerosas las publicaciones, pero son menos los trabajos centrados en la relación entre jóvenes y policia, y a menudo, las conclusiones de los estudios norteamericanos deben trasladarse con cautela al entorno europeo por las diferencias existentes en factores de tipo demográfico y socioeconómico.

Con el objetivo de identificar esa tendencia negativa en las relaciones entre jóvenes y policía y conocer mejor cómo se construyen, la Fundació per a la Seguretat Pública ha liderado un Estudio sobre percepciones y actitudes de la juventud con relación a la policía en Catalunya, publicado el pasado mes de junio.

La legitimidad es una “propiedad psicológica” que se otorga a una autoridad o institución al reconocerla como “apropiada, correcta y justa”. El elemento fundamental para consolidar esa legitimidad es la confianza que, en el contexto de la autoridad legal, debe entenderse como la “expectativa que el ciudadano tiene sobre el comportamiento de un/a agente en condiciones de incertidumbre”.

Uno de los factores decisivos en el reconocimiento de esa legitimidad es la denominada “justicia procesal”, esto es, que los ciudadanos se sientan tratados con respeto, dignidad y neutralidad por los agentes. La experiencia indirecta, cuando el conocimiento de encuentros desagradables con la policía proviene de terceras personas, aunque en menor medida, también influiría en la construcción de esa legitimidad.

Estas dinámicas relacionales son bastante similares entre jóvenes y población adulta. Cuando el trato recibido se considera justo aumenta la legitimidad con qué se percibe a la institución, qué a su vez, incrementa el cumplimiento de la ley. No obstante, sí se observan algunas diferencias en lo relativo a la voluntad de cooperación por parte de los jóvenes. En su caso, el trato recibido por la policía sería más influyente en la predisposición a colaborar con la institución.

Junto a un examen exhaustivo de los estudios en la materia, el informe final presenta los resultados de una aproximación cuantitativa y otra cualitativa para el escenario catalán. En el primer caso, se realizan encuestas a un total de 825 jóvenes entre los 14 i los 30 años. En el segundo, se ha trabajado con distintos grupos de discusión y siguiendo la metodología del abordaje etnográfico espontáneo, un sistema de inmersión grupal en el entorno natural de la población estudiada.

Las conclusiones confirman la teoría de la “justicia procesal” para el caso de Catalunya. Los jóvenes muestran un nivel de satisfacción mayor en sus contactos directos con la policía, 6.77 sobre 10, cuando son tratados con respeto, dignidad y neutralidad. En aquellos casos en los que se ha detectado un abuso de poder o un uso excesivo de la fuerza, la media desciende a un 3.9. Igualmente, ese nivel de satisfacción tras un contacto directo correlaciona de forma positiva con la percepción de la legitimidad policial, del mismo modo que sucede con la variable “confianza en la policía”. Finalmente, los datos parecen confirmar que en aquellos casos en qué la legitimidad otorgada a la policía es mayor, aumenta la voluntad de cooperar con la institución e incrementa el cumplimiento de la ley.

Los botellones i macrobotellones como factor de riesgo

Los grupos de discusión celebrados durante el trabajo de campo sirvieron para evidenciar las muchas modalidades que pueden adoptar los botellones, reuniones de jóvenes que en cualquier caso siempre mantienen un factor común: el consumo de alcohol en espacios públicos.

Los propios jóvenes destacan aspectos positivos como la “diversión”, “estar entre amigos”, “los precios económicos en comparación con discotecas” o “la improvisación en comparación con el ocio que supone comprar entradas anticipadas”. Por otro lado, los aspectos negativos manifestados son “el riesgo de recibir una multa”, “el frio en invierno”, “la inseguridad” o “la falta de espacios para orinar”, entre otros.

Los participantes en los grupos manifiestan detectar un aumento de la violencia desde antes de la pandemia, siendo los jóvenes de entre 16 y 18 años los que muestran mayor afectación por esta realidad.

En este contexto, la policía se percibe como un “agente controlador y represivo”, especialmente en lo relativo a las sanciones de multa que, pese a considerarse baja, a menudo se acompaña de sanciones por otras infracciones.

De este modo, los botellones, más o menos masivos, generan espacios en los que la agresividad en el comportamiento de los jóvenes se intensifica por diferentes factores. Por un lado, las responsabilidades individuales se diluyen en el grupo provocando la impunidad de algunas de las personas que cometen hechos delictivos o inician enfrentamientos con la policía. Por otro, la ausencia de normativa concreta sobre macrobotellones con gran afluencia de participantes complica los operativos policiales.

Los estudios realizados hasta el momento parecen tener claro el mecanismo mediante el que se construye la legitimidad de los cuerpos de seguridad. En adelante, las administraciones tienen el reto de mantener en niveles altos la confianza en la policía, de lo contrario, el mantenimiento del orden público y la protección ciudadana podrían verse afectados.

Puede consultarse el informe completo aquí.