Los efectos extremos del cambio climático: la gestión del riesgo

El cambio climático es un fenómeno global que está afectando a todas las regiones del mundo. Entre sus consecuencias más visibles se encuentran los desastres naturales, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la desertificación o la disminución de los recursos hídricos, entre otras.

Los fenómenos climáticos extremos tienen un impacto significativo en la seguridad pública provocando situaciones de emergencia. Esta realidad supone un gran desafío en la gestión de los recursos públicos y privados y obliga a todas las administraciones y organizaciones supranacionales a elaborar programas de actuación con los que hacer frente al incremento de los riesgos que amenazan a nuestras sociedades.

Tal vez no podamos evitar determinados episodios asociados a la crisis climática, pero podemos trabajar para minimizar su impacto gestionando de antemano el riesgo. En este artículo explicamos de qué manera se trabaja en el abordaje del riesgo sistémico.

Los efectos de la crisis climática y sus números

El último informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) muestra que los eventos climáticos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas intensas han aumentado en frecuencia e intensidad en muchos lugares del mundo en las últimas décadas. La organización, creada en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tiene como objetivo proporcionar a los gobiernos de todos los niveles información científica que puedan utilizar para desarrollar políticas climáticas. Entre sus órganos, cuenta con el Grupo de Trabajo sobre Soporte de Datos para las Evaluaciones de Cambio Climático (TG-Data) encargado de brindar información sobre la conservación, trazabilidad, estabilidad, disponibilidad y transparencia de datos en escenarios relacionados con los informes del IPCC. 

Así pues, entre algunas de las certezas científicas manifestadas está la de que la temperatura media global de la superficie terrestre ha sufrido un aumento superior a 1.5ºC por encima de los niveles preindustriales, periodo de tiempo tomado como referencia en los estudios sobre cambio climático y que situamos a mediados del siglo XIX. Desde entonces, debido a la quema de combustibles fósiles, principalmente, la concentración de CO2 en la atmosfera ha aumentado alrededor del 50%. Esta realidad ha provocado que los últimos años, desde 2015, hayan sido los más cálidos de todos los registros disponibles hasta el momento. El aumento de la temperatura provoca el derretimiento de los glaciares y el hielo polar y la expansión térmica de los océanos que, a su vez, ha hecho que el nivel del mar incremente en 3.3.mm por año en los últimos 25, según datos de la Agencia Espacial Europea (ESA).

En paralelo, cada vez son más y más intensos los episodios de sequía. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), alrededor del 41% de la población mundial vive en zonas donde la escasez de agua es un problema recurrente que impacta significativamente en la producción agrícola y en la seguridad alimentaria de muchas regiones del mundo. El Objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 6 trata de “garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos” pero lo cierto es que la situación actual, y la prevista para los próximos años, provoca desplazamientos y conflictos entre poblaciones derivados de la ausencia de recursos hídricos.

La alteración de los patrones de lluvia y los episodios severos de sequía provocan que los incendios forestales sean cada vez más intensos e incontrolables por el estado de una vegetación altamente estresada. En España, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, el año 2022 fue dramático en lo que a número de hectáreas quemadas se refiere. Los 7 primeros meses del año las comunidades autónomas habían reportado un total de 162.447 hectáreas calcinadas situando a España como el primer país de la Unión Europea en el siniestro ranquin de la desforestación.

GAR 2022. Reducir el riesgo.

El Global Assessment Report on Risk Reduction (GAR) es el informe que cada dos años publica la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). Este instrumento tiene como objetivo analizar el estado actual de la reducción del riesgo en el mundo y elaborar recomendaciones para mejorar su gestión a nivel global.

Centrado en temas como la adaptación al cambio climático, la gestión de riesgos en las ciudades, su gobernanza y el diseño e inversión en programas que permitan reducirlos, el informe es el resultado de una colaboración internacional entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos/as y expertos/as en reducción de riesgos. Su contenido se basa en la investigación y el análisis de los datos recopilados por estas organizaciones en países de todo el mundo.

En su edición de 2022, el GAR estudia cómo los sistemas de gobernanza pueden evolucionar para mejorar el abordaje de los riesgos sistémicos del futuro en un mundo superpoblado e interconectado como el actual en el que el impacto de los desastres se extiende globalmente, realidad evidenciada por la crisis sanitaria asociada a la COVID-19.

Entre el contenido de la sexta edición del GAR encontramos algunas predicciones de futuro. De confirmarse la tendencia señalada por el informe para los próximos años y hasta 2030, el mundo debe prepararse para un aumento del 40% de desastres climatológicos por año y del 30% de los episodios de sequía. Debe prepararse para ver cómo se triplican los eventos de temperatura extrema anuales. A su vez, entre las conclusiones del estudio destaca la evidencia de que el impacto de estos desastres provoca efectos en cascada en otros aspectos de la desigualdad estructural o social. Se dispone de evidencia empírica que muestra como la violencia contra las mujeres y las niñas aumenta después de los desastres.

La actividad desarrollada alrededor del GAR sigue una máxima clara: para minimizar la incertidumbre y reducir el riesgo, en primer lugar, hay que comprenderlo. En este sentido, los trabajos presentados persiguen materializar el desarrollo sostenible y evitar el impacto de futuros desastres transformando los sistemas y nuestras sociedades desde el presente. En resumen: trabajar la resiliencia reduciendo la vulnerabilidad, la exposición y la desigualdad, es una forma de reducir el coste ambiental, económico y humano que determinados desastres generan en nuestro entorno.

Para ello, el GAR2022 realiza un llamado a la acción a través de una serie de recomendaciones. En primer lugar, se debe medir aquello que valoramos. En este sentido, es recomendable que los sistemas financieros y de inversión y seguros actualicen el cálculo de los activos financieros en riesgo a largo plazo. Junto a esto, la planificación fiscal de los estados debe adaptarse a los nuevos riesgos incluyendo nuevos componentes de incertidumbre en sus presupuestos nacionales.

En segundo lugar, se recomienda el diseño de sistemas que permitan conocer de qué manera las personas toman decisiones sobre el riesgo. Es necesario reformular cómo se comercializan los productos de seguros y mejorar la comunicación sobre por qué estos son necesarios. A su vez, los estudios sobre análisis de riesgos deben percibirse como herramientas necesarias para aportar conocimiento en escenarios de incertidumbre, pero en ningún caso deben tomarse como elementos de predicción 100% fiables. El análisis de los datos por si solo es insuficiente si no se combina con un conocimiento local y con la opinión de expertos.

Finalmente, es necesario avanzar en una gestión del riesgo que huya de análisis excesivamente sectoriales. Para ello, es imprescindible adoptar nuevas “terminologías del riesgo” que sean funcionales más allá de los peligros individuales y que permitan operar en diferentes disciplinas gracias a mecanismos de “colaboración lateral”.

Desde el FEPSU trabajamos sobre la idea de que invertir en la comprensión del riesgo es la base para un desarrollo sostenible. El pasado 2022, el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS) emitió un comunicado manifestando su posicionamiento entorno a los efectos que el cambio climático tiene sobre el diseño de las políticas de seguridad urbana. En este sentido, los socios se comprometen a adoptar las siguientes medidas:

  • Establecer un grupo de trabajo formado por expertos conectado con las redes de trabajo existentes para comprender mejor el impacto del cambio climático y sus efectos sobre la seguridad urbana.
  • Trabajar con las autoridades locales y regionales en Europa para el diseño de medidas prácticas que mejoren la evaluación, prevención e impactos potenciales del cambio climático en la seguridad urbana.
  • Reforzar la cooperación entre todos los servicios de la ciudad y la sociedad civil en la elaboración de planes integrales de adaptación al cambio climático urbano y estrategias de resiliencia.

La salud mental en los cuerpos de policía: del tabú a la política pública

La salud mental en los cuerpos de policía es un tema crítico y a menudo subestimado. Algunos de los estereotipos asociados a las estructuras policiales y a la naturaleza del trabajo desempeñado por sus profesionales han contribuido a silenciar una realidad de la que, cada vez con más intensidad, se demanda su abordaje por parte de las administraciones competentes.

Las políticas orientadas a la creación de programas de bienestar para agentes de policía no son algo nuevo. Existen iniciativas que de forma más o menos ambiciosa han tratado de establecer criterios que definan de qué manera se vela por la salud mental de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. A menudo se asocia esta problemática desde la incidencia que tiene sobre el volumen de efectivos disponibles y su impacto en las plantillas, pero lo cierto es que la calidad del trabajo realizado también se resiente cuando los/las agentes de policía desarrollan sus funciones afectados por este tipo de problemas.

El trabajo de policía

Cada vez son más las campañas de sensibilización sobre salud mental que desde las administraciones públicas se lanzan para concienciar a la sociedad en la necesidad de abordar los síntomas y eliminar los estigmas asociados a determinadas patologías.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó en 2003 que no es posible considerar la salud sin tener en cuenta la salud mental, considerando que una lista de enfermedades profesionales que no asimila determinados trastornos mentales, por definición, es una lista incompleta. La Declaración de Helsinki, firmada en el año 2005 por los estados miembros de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y el Consejo (Resolución EUR/RC55/R2), incorpora la salud mental como prioridad en la agenda europea e identifica la salud mental como un asunto de salud pública.

De este modo, no puede decirse que la salud mental sea algo ajeno a las agendas políticas de las distintas administraciones. No obstante, la salud mental de los/las profesionales del trabajo policial y de los servicios de emergencias, exige un tratamiento diferenciado por las características del entorno en el que se realiza.

A menudo se espera que los/as agentes de policía estén en su mejor forma física y mental en todo momento, pero la realidad es que muchos de ellos/as se enfrentan a desafíos significativos que pueden condicionar su bienestar psicológico.

Tanto en España como a nivel internacional, múltiples estudios han abordado este tema arrojando luz sobre la prevalencia de problemas de salud mental en entre los/las profesionales de los cuerpos de policía y emergencias y la necesidad de abordar estos problemas de manera efectiva.

Existe cierto tabú entorno a las enfermedades mentales y el suicidio. Los medios de comunicación suelen silenciar una realidad bajo la falsa creencia de que su tratamiento mediático, en el caso del suicidio, puede producir un efecto llamada. Es lo que se conoce como el efecto Werther, término acuñado desde la sociología a mediados de la década de los setenta en referencia al protagonista de la novela de Goethe, “Las penas del joven Werther”, en la que los desamores de un muchacho de corta edad le llevan a terminar con su vida.

De forma bastante generalizada, la mayoría de estudios concluyen que el impacto de la violencia laboral que supone el trabajo de policía y personal de emergencias está significativamente asociado con una mayor incidencia de trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. De este modo, estos colectivos tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos de salud mental en comparación con la población general. Algunos datos manifiestan que entre los efectivos policiales existe el doble de probabilidades de manifestar conductas suicidas.

El estrés laboral y la exposición a situaciones traumáticas se definen como riesgos psicosociales importantes en el desarrollo de las funciones de estos colectivos, de ahí la necesidad de facilitar herramientas que permitan la autoprotección necesaria para evitar o minimizar efectos nocivos para su salud mental.

El abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial

El pasado 27 de marzo asistimos a la jornada Abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial organizada por la Guàrdia Urbana de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona. El acto, al que asistieron representantes de más de 50 policías locales, se estructuró en tres mesas dedicadas a la prevención del suicidio en el ámbito policial, la intervención operativa en tentativas de suicidio y las enfermedades mentales y su impacto en el servicio policial.

Bajo la idea generalizada de que para prevenir un problema es necesario hablar sobre él, la primera de las mesas sirvió para presentar las herramientas desarrolladas en los últimos años desde el consistorio barcelonés.

En primer lugar, los Departamentos de Riesgos Laborales del cuerpo de bomberos de Barcelona y su policía municipal, trabajan conjuntamente con el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones (INAD) del Parc de Salut y Mar del Hospital del Mar de Barcelona en un programa de atención psicológica dirigido a los agentes. Se trata de un servicio voluntario y confidencial que ha servido para atender a más de 700 agentes, aproximadamente un 15% de sus plantillas.

A su vez, la mesa sirvió para, de la mano de Beatriz Almenar Pasies, técnica del del departamento, presentar el Protocolo de prevención del suicidio del que dispone la Guàrdia Urbana de Barcelona desde 2019. La herramienta, que “en el segundo año de su implementación ya había llegado a toda la plantilla a través de un programa de formación interna”, tiene como objetivo la detección de conductas de riesgo entre los policías. El seguimiento del estado del/la agente, la retirada del arma de fuego como medida preventiva o la derivación del/la profesional a un centro sanitario para recibir atención psicológica urgente, son algunas de las medidas previstas atendiendo a la gravedad de cada caso.

El protocolo de prevención del suicidio de Guàrdia Urbana de Barcelona propone un programa de actuación que junto a las vías de intervención expuestas requiere de una toma de conciencia por parte de los/las agentes. En este sentido, buena parte de las formaciones realizadas persiguen dotar a los/las profesionales de un compromiso consigo mismos estableciendo la autoprotección como primera vía de protección. Los talleres recrean situaciones de riesgo que deben ser gestionadas por los participantes. A partir de ahí, se comparte la vivencia emocional que supone la actuación con la finalidad de extraer un aprendizaje que prepare emocionalmente a los/las agentes para situaciones de estas características. Es así como se consigue minimizar el impacto que pueda suponer sobre su salud mental la intervención en determinadas situaciones.

El compromiso por avanzar en materia de salud mental trasciende la realidad de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. En este sentido, Lídia Ametller, técnica de salud mental en el Ajuntament de Barcelona, presentó el flamante Plan de Salut Mental 2023-2030. El nuevo instrumento refuerza las 111 acciones del antiguo plan con 90 nuevas medidas desarrolladas mediante el trabajo conjunto en el seno de una comisión interdisciplinar. Este grupo, formado por instituciones y expertos/as en este campo, desarrolla propuestas procedentes de más de 500 organizaciones de la ciudad.

La celebración de la jornada también sirvió para valorar las actuaciones que los cuerpos de seguridad y otros servicios de emergencias realizan ante casos de tentativa de suicidio por parte de la ciudadanía. David Ruíz, técnico de operaciones de CAT112, el teléfono de emergencias de la Generalitat de Catalunya, informó que en 2022 el servicio recibió más de 20.000 llamadas relacionadas con tentativas de suicidio y concluyó que en los relativo al servicio de llamadas de emergencia «al gestor de emergencias se le pide que sea muy concreto: que diga lo que está pasando y sobretodo, que diga donde está pasando»

Desde el FEPSU aplaudimos iniciativas como esta. Iniciativas que permiten avanzar en el conocimiento de los problemas que nuestra sociedad refleja.

Uno para todos. 32 años del 112

El pasado día 11 de febrero se celebró el día europeo del 112, el teléfono común de emergencias de los estados miembros de la Unión Europea. La efeméride, acordada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea en 2009, pretende crear consciencia sobre las bondades de disponer de un teléfono único para todos los estados al que acceder desde cualquier red de telefonía fija y móvil y de forma gratuita, a la vez que se consolida el instrumento como símbolo de la Unión Europea. Este año se celebra su 32º aniversario y se confirma que su popularidad continúa aumentando año tras año.

El 112 en números

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la directiva europea 1972/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas establece que la Comisión debe presentar antes del 21 de diciembre de 2020, y a partir de entonces cada dos años, un informe sobre la eficacia de la implantación del número único europeo de emergencias 112. El primer informe de este tipo se publicó el 21 de diciembre de 2020 y recientemente han sido presentados los datos para 2021.

El informe revela que durante el año 2021 las llamadas al teléfono de emergencias 112 aumentaron en un 3% en comparación con 2019, llegando a los 153 millones sobre un total de 270 millones de llamadas de emergencias. Cabe recordar que todavía existen países que compaginan teléfonos nacionales de emergencia con el teléfono único 112. De este modo, las llamadas al 112 representaron el 56% del total de llamadas de emergencias durante 2021.

Las llamadas desde teléfonos móviles superaron ampliamente las realizadas desde teléfonos fijos. Durante 2021, el 78% de las emergencias fueron comunicadas desde dispositivos de telefonía móvil. Cabe destacar que los porcentajes varían significativamente en función de los países. En el caso de Luxemburgo el porcentaje se localiza en un 46%, en Alemania representa el 63% mientras que en Chipre y la República Checa se sitúan en 96% i 99% respectivamente.

En relación al tiempo de media para contactar con los servicios de emergencia, 25 estados reportaron menos de 10 segundos de tiempo medio de respuesta. De los 3 segundos de Países Bajos a los 15.4 de Suecia. En el caso español la media se sitúa en 6.5 segundos.

En muchas ocasiones los estados reportan información relacionada con las llamadas abandonadas, aquellas que se pierden antes de que se pueda establecer contacto con una persona que atienda la emergencia. Este abandono puede deberse a diferentes motivos: congestión de llamadas, fallos técnicos o desconexión de llamadas que se realizaron de forma involuntaria. En este caso, países como la República Checa reportan un elevado 36% de llamadas abandonadas que contrasta con un insignificante 0.3% de Eslovenia. En el caso español, el porcentaje de llamadas abandonadas asciende hasta el 8.7%

Es importante destacar que, en España, los centros de atención de llamadas del 112 son gestionados por las comunidades autónomas existiendo 19 servicios distintos.

España es uno de los países donde se mantienen teléfonos alternativos para ciertos tipos de urgencia. No obstante, el 112 se presenta como una opción más ventajosa. En primer lugar, porque atiende todo tipo de urgencias, ya sean sanitarias, accidentes, incendios, robos, emergencias químicas… En segundo lugar, su funcionamiento está garantizado en todo el territorio nacional mediante un sistema de llamadas gratuitas, ya sea desde teléfonos móviles o fijos. Finalmente, el 112 permite realizar llamadas desde teléfonos móviles incluso estando bloqueados, sin tarjetas SIM activa o fuera de cobertura.

La gestión de las emergencias y las nuevas tecnologías

Una de las grandes ventajas que la penetración de la telefonía móvil inteligente está provocando en la gestión de las emergencias es la posibilidad de disponer de la ubicación de las personas que realizan este tipo de llamadas. La implementación de Advanced Mobile Location (AML) financiada en 10 estados de la Unión Europea, junto con el uso de los datos del sistema de navegación por satélite Galileo de la UE, prevé poder llegar a salvar más de 10.000 vidas en un plazo de 10 años gracias a la rápida intervención que podrá realizarse por tener a las personas localizadas. Esta nueva tecnología permite localizar a la persona en un radio aproximado de entre 15 y 20 metros. La tecnología tradicional existente hasta ahora solo permitía precisar entre 2 y 5 kilómetros en áreas urbanas y entre 40 y 50 kilómetros en zonas montañosas. La mejora en la precisión es determinante en lo que se refiere a gestión de la emergencia.

En este sentido, la Comisión adoptó un Reglamento, vigente desde el pasado 22 de marzo de 2022, que obliga a los fabricantes de telefonía móvil inteligente a garantizar que los datos de Galileo y WI-FI, como mínimo, estarán disponibles en las comunicaciones de emergencia. En el informe presentado por la Comisión se pone de manifiesto que, en la gran mayoría de países estudiados, dieciocho junto con Islandia y Noruega, la falta de información sobre la localización de la persona se produce en menos de un 3% de los casos. Solamente en países como Estonia (4%), Portugal (5%), España (12.3%), Italia (9.4%) o Croacia (13.8%) se supera ese porcentaje.

También en el ámbito de la comunicación de las emergencias, el pasado 21 de febrero entró en funcionamiento el sistema ES-Alert que permite enviar mensajes de alerta generalizada de forma inmediata a los teléfonos móviles que se encuentren localizados en un área afectada por alguna emergencia. La gestión de este sistema de alarmas se llevará a cabo también desde los Centros de Emergencias de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

La integración de este sistema permitirá dar una respuesta mucho más rápida y eficaz en situaciones de riesgos elevados sobre la población de un territorio determinado. El proceso, denominado “112 inverso”, estará disponible en cualquier punto del territorio español que disponga de cobertura 2G, 3G, 4G o 5G. La puesta en marcha de esta plataforma forma parte de las medidas del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, incluido a su vez en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El acoso escolar: un compromiso internacional, una gestión local

En los últimos años ha crecido la preocupación social por los actos de violencia o acoso entre iguales (bullying) y de ciberacoso (ciberbullying). El bullying es un problema grave que afecta a muchos niños y niñas en todo el mundo. Este fenómeno se refiere a la violencia psicológica, física o verbal que se ejerce sobre una persona por parte de otra o varias personas, de manera repetitiva y con la intención de intimidar, humillar o causar daño. Aunque el bullying no es un fenómeno nuevo, en los últimos años se ha hecho más visible gracias a la conciencia que se ha generado en torno a él.

Un problema generalizado

Según varios estudios, el bullying afecta a una gran cantidad de niños en todo el mundo. Así lo pone de manifiesto el informe Behind the numbers: Ending school violence anb bullying promovido por la UNESCO, el organismo de Naciones Unidas especializado en educación, ciencia y cultura. En él se señala que el 32% de los estudiantes de todo el mundo, uno de cada tres, han sufrido algún tipo de bullying en la escuela en el mes anterior a la realización de las encuestas. Además, se estima que el 20% de los estudiantes han sido víctimas de acoso en línea, lo que aumenta la presión sobre ellos incluso fuera del entorno escolar.

El informe, que cuenta con algo más de dos años de existencia, supone el mayor estudio realizado sobre la cuestión, aportando datos de 144 países para estudiantes entre los 9 y los 15 años de edad.

El estudio también revela que la intimidación física es la más frecuente en muchas regiones, con la excepción de Norteamérica y Europa donde es más común la intimidación psicológica. Por otro lado, el acoso sexual se manifiesta como el segundo más común. Sufrido por un 11.2% de los niños/as encuestados, se identifica con las bromas, comentarios o gestos hostiles de carácter sexual. A esto hay que añadir el incremento de nuevas formas de violencia sexual asociadas al espacio virtual. Entre el 12% y el 22% de los niños y niñas encuestados aseguraron haber recibido algún mensaje con contenido sexual en el último año.

Uno de los apartados más interesantes presentados por el informe tiene que ver con aquellos factores que influyen en la violencia escolar o bullying. La apariencia física se presenta como una de las causas más presentes, el 15,5% de los estudiantes declaró haber recibido acoso o burlas entorno a su rostro o cuerpo. En segundo lugar, la raza y la nacionalidad son las causas más frecuentes manifestadas por las personas acosadas, pero junto a estas, otras como la desventaja socioeconómica, la condición de inmigrante o el clima escolar del centro educativo, condicionan las probabilidades de que los/las jóvenes sufran acoso en el ámbito escolar.

El impacto del bullying en los niños/as que lo sufren puede ser devastador. Quienes lo sufren pueden experimentar una amplia gama de problemas emocionales como ansiedad, depresión, baja autoestima, miedo o tristeza. Además, el acoso escolar puede tener un impacto negativo en su rendimiento académico y en la capacidad de quienes lo sufren para relacionarse con los demás. En casos extremos, el bullying puede incluso llevar al suicidio elevándolo como principal causa de muerte entre los jóvenes en determinados países.

Un compromiso internacional

La educación se presenta como una de las prioridades de la UNESCO, organismo encargado de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Este programa se enmarca en la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. La educación, fundamental para avanzar en esa dirección, cuenta con su propio objetivo. El ODS 4, propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

A este objetivo hay que añadir alguna de las metas relacionadas con el ODS 16, en concreto, la meta 16.1 que propone “reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”.

En buena medida, las campañas de sensibilización junto a los muchos programas realizados en la lucha contra el acoso escolar han generado una tendencia que el propio informe, ya en 2019, comienza a registrar. Se observa como en los últimos años se ha producido una disminución paulatina en la prevalencia del acoso escolar en los centros educativos de la mitad de los países del entorno europeo.

Algunos de los factores de éxito en la disminución del bullying tienen que ver con el compromiso político de promover un clima escolar y un entorno de aula seguro; establecer sistemas de denuncia y seguimiento de la violencia eficaces; formación y apoyo a los docentes o empoderamiento y participación de los estudiantes, y todo ello, realizado a través de programas e intervenciones basados en datos empíricos.

A partir de estas experiencias la UNESCO desarrolla un catálogo de recomendaciones para disminuir el acoso escolar. Entre las más relevantes destacamos las siguientes: la confección de un marco normativo en defensa de los derechos de los niños y niñas; la elaboración de investigaciones que permitan trabajar a partir de evidencia empírica; desarrollar proyectos que dispongan del apoyo de toda la comunidad educativa y siempre, en cualquier caso, proporcionar información y apoyo a los/las estudiantes para que puedan reaccionar libremente en caso de sufrir este tipo de situaciones.

La gestión local del acoso escolar

En anteriores entradas, el blog del FEPSU, presentó alguno de los proyectos realizados en materia de prevención de la discriminación en las aulas. En concreto, un catálogo de recomendaciones elaboradas por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE).

Con el objetivo de materializar los compromisos adoptados en la lucha contra el acoso escolar, los actores locales elaboran numerosas actividades en esa dirección. El pasado mes de enero, la Unidad de Relaciones y Mediación con la Comunidad (URMEC) de la Policía Municipal de Terrassa en colaboración con la Escuela La Granja Ability Training Center, organizó una jornada formativa específica dirigida a cuerpos policiales de toda Cataluña. Con el fin de tratar el acoso y la gestión de las emociones se pusieron en común herramientas y recursos para combatir esta problemática.

El tema central de la jornada giró en torno al trabajo en equipo contra el acoso, entendiendo el sistema emocional desde la vivencia, dotando de los recursos suficientes a los agentes y mandos de las Policías Locales que luchan contra la violencia en las aulas.

La jornada también sirvió para que la Policía Municipal de Terrassa compartiese con los asistentes el funcionamiento del servicio de prevención contra el bullying que ofrece la institución en la ciudad.

A través de los agentes de la URMEC, la Policía Municipal de Terrassa realiza un proyecto de acompañamiento integral a los/las alumnos/as de las escuelas de la ciudad para luchar y prevenir el acoso entre niños/as y jóvenes que se produce tanto dentro como fuera de las aulas.

El proyecto ofrece un servicio personalizado en las escuelas e institutos de Terrassa donde imparten charlas y sesiones formativas personalizadas, ya sea en la fase de primaria y secundaria, ya sea en intervenciones específicas o charlas con las familias. En el período comprendido entre enero y diciembre de 2022 se realizaron más de 70 sesiones a las que asistieron alrededor de 2.200 alumnos/as.

En las sesiones formativas sobre acoso en las aulas, la URMEC adapta el mensaje y los recursos en función de la edad de los alumnos y alumnas, así como la programación y el soporte gráfico. Con ello se busca conseguir que la sesión sea lo más personalizada posible. Asimismo, en todas las etapas educativas introducen y destacan la importancia de la gestión de las emociones para prevenir situaciones de acoso.

Desde el FEPSU compartimos una certeza: aquello que la sociedad ofrece a sus jóvenes es aquello que le devolverán el día de mañana. Es por eso que aplaudimos proyectos como el de nuestro socio en Terrassa, iniciativas que nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, una sociedad libre de violencia.

Ocupación ilegal: falsas creencias y gestión de la convivencia

En los últimos años, el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas ha destacado entre los temas que más preocupan a la opinión pública. A menudo, un tratamiento poco exhaustivo y riguroso por parte de los medios de comunicación, contribuye a generar falsas creencias entorno al hecho aumentando con ello la percepción de inseguridad de la ciudadanía. En este artículo proponemos una breve aproximación al contexto jurídico y social que acompaña al fenómeno de la ocupación ilegal, a la vez que presentamos algunas de las herramientas operativas con las que minimizar el impacto negativo que pueden provocar sobre la convivencia en los espacios comunitarios.

¿Qué es una ocupación?

El pasado mes de noviembre, el Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU) organizó su conferencia nacional en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias de Madrid. Bajo el lema Retos para una sociedad con una convivencia pacífica y segura, algunos de los miembros del FEPSU presentaron proyectos en materia de seguridad y convivencia realizados recientemente. De este modo, durante dos jornadas se trataron temas relacionados con la convivencia en el espacio público y en el espacio comunitario entre los que destacó una mesa monográfica sobre la gestión de las ocupaciones con impacto negativo. En los próximos párrafos concretamos algunas de las cuestiones planteadas.

Es importante destacar que el término ocupación no es una categoría jurídica. No existe como tal el delito de ocupación, sino que usamos la palabra para referirnos a aquellos casos en los que alguien hace uso de un inmueble ajeno fuera de los supuestos previstos por la ley.

Sí se consideran delitos, y como tales están regulados en la legislación penal, el allanamiento de morada (art. 202 y 203 del Código Penal) y la usurpación (art. 245 del Código Penal). En el primero de los casos el bien jurídico protegido es la morada, entendida como aquel espacio que constituye el domicilio de una o varias personas, aquel en el que desarrollan su vida más privada. Es importante destacar que las segundas residencias son consideradas morada, por más que solo se permanezca en ellas durante periodos de vacaciones.

En el segundo supuesto, el delito de usurpación, el bien jurídico a proteger es la propiedad, tratándose de un delito contra el patrimonio. Así pues, estamos ante un delito de usurpación en aquellos casos en los que se ocupe ilegalmente una vivienda deshabitada sin el consentimiento de sus propietarios.

Carlos Rodríguez, Fiscal Decano de Madrid, aseguró en su ponencia en la conferencia nacional del FEPSU que “existe la creencia de que no se dispone de medidas ágiles para hacer frente al problema de las ocupaciones y la recuperación de las viviendas.” Esta creencia contribuye a generar una alarma social que desde un punto de vista jurídico y operativo no estaría justificada.

El allanamiento de morada constituye un delito que permite la actuación policial inmediata desalojando a los ocupantes del inmueble y restituyendo la propiedad al titular de la morada. En el caso de la usurpación, cuando se comete con violencia o intimidación se procede de la misma manera y en los casos que no es así, siempre que los ocupantes no hayan constituido su morada, también podrán ser desalojados rápidamente. Para aquellos supuestos en los que los ocupantes se encuentren desarrollando plenamente su vida en el inmueble, el desalojo necesitará una orden judicial por entrar en juego el derecho a la inviolabilidad de domicilio del artículo 18.2 del texto constitucional. En este sentido, Iván Nogales, miembro de la policía local de Santa Coloma de Gramanet, destaca la importancia de que las comunidades de propietarios conozcan el fenómeno de la ocupación ilegal y lo denuncien cuando sucedan en sus comunidades. 

Cabe destacar que cada vez son más las instancias judiciales que han tenido a bien incluir las usurpaciones, en su versión delictiva leve, dentro del grupo de delitos que pueden ser enjuiciados mediantejuicios rápidos o inmediatos. Este tipo de juicios se celebran en el Juzgado de guardia lo que supone una reducción muy significativa de los plazos para recuperar la vivienda. Por otro lado, podrán celebrarse siempre que concurran las circunstancias siguientes: que los ocupantes puedan ser identificados, que no se haya ejercido violencia contra los propietarios, y que se solicite la recuperación de la vivienda como medida cautelar.

Hasta aquí la vía penal. Fuera de ella pueden existir otros supuestos de ocupación, principalmente, relacionados con casos de impago de rentas del alquiler; finalización de contrato de alquiler; o ejecuciones hipotecarias, entre otros. En cualquiera de estos casos, al encontrarnos fuera de los requisitos necesarios para la causa penal, los procesos de desahucio siguen la vía civil, por lo general, mediante un procedimiento verbal de desahucio.

Llegados a este punto interesa detenerse en el coste temporal de estos procedimientos. La vía penal es la más rápida. En los juicios inmediatos por delitos leves la recuperación de la finca por parte de la víctima es inmediata.  Asumiendo el riesgo de la generalización, estos casos permiten la realización de los desalojos en poco más de una semana. No obstante, cuando no se den los requisitos que permitan tratar la usurpación como un delito leve y por tanto enjuiciarlo mediante un juicio rápido, este tipo de denuncias suelen resolverse en un plazo de entre 1 y 3 meses. Para los casos de allanamiento de morada, como ya dijimos, la actuación policial es inmediata.

En el caso de la vía civil, el procedimiento verbal de desahucio puede variar significativamente dependiendo de si el inquilino o persona ocupante se opone formalmente a la demanda o no lo hace. En cualquier caso, volviendo a generalizar, este proceso puede situarse entre los 3 y 6 meses de media para su resolución en primera instancia.

Falsas creencias y convivencia

En ese caso, ¿de dónde procede la idea de que tras una ocupación la recuperación de la vivienda es lenta, costosa y muy garantista con los ocupantes? ¿De dónde la idea de que podemos salir el fin de semana y al volver encontrar nuestra casa ocupada no pudiendo acceder de nuevo en mucho tiempo? ¿Qué hay de cierto pues, en el hecho de que transcurridas 48 horas desde la ocupación la policía ya no puede hacer nada?

Indudablemente, alguna de estas ideas puede resultarnos conocida. Ya sea desde medios de comunicación ya sea a través de determinados discursos políticos, este tipo de afirmaciones aumentan el miedo de las personas y tienen una gran incidencia en la construcción de su percepción de inseguridad.

Las falsas creencias alrededor de la ocupación ilegal en España no inventan un problema inexistente, pero distorsionan notablemente sus características y condicionan la percepción ciudadana que de él se tiene. Como confirmó Iván Nogales, sargento de la policía local de Santa Coloma de Gramanet durante su ponencia en la conferencia nacional del FEPSU, “la mayor parte de las ocupaciones en nuestro país se producen por bandas organizadas en inmuebles de entidades bancarias para alquilarlos a terceros”.De este modo, las ocupaciones de domicilios o segundas residencias de particulares suponen un porcentaje residual del total de los bienes inmuebles afectados por el problema. A título de ejemplo, en la última edición de la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya las ocupaciones de segundas residencias no llegaron al 0.2% del total de hechos registrados, y en ningún caso se puede vislumbrar un aumento destacable desde 2015, año en el que se incorporaron a la cesta de hechos registrados por el estudio.

De este modo, actualmente, el principal problema de las ocupaciones es el impacto o alteración que generan en la convivencia de las comunidades que las sufren. A menudo, conllevan riesgos derivados por las conexiones precarias y fraudulentas de los suministros, en otros casos, traen consigo los efectos de una delincuencia asociada: narcopisos, redes de prostitución… En cualquier caso, siempre condicionan la demanda ciudadana en el mercado de la vivienda contribuyendo a la guetificación de determinadas zonas.

Jesús María García Cortijo, intendente de la policía municipal de Madrid, destacó en su ponencia la importancia de la mediación a diferentes niveles. Por un lado, en relación a la comunidad y en todo aquello relativo a los problemas de convivencia que pueden generarse. Por otro lado, orientada a resolver de forma extrajudicial el conflicto jurídico de fondo: “tenemos una figura clave, la del agente mediador que intenta poner en contacto a morador y titular de la vivienda con la finalidad de acercar posturas”. Todo ello sin olvidar la importancia de contar con información fiable sobre las cuestiones de seguridad relacionadas con la ocupación o con el tipo de intervención que vaya a llevarse a cabo.

Queda claro que la ocupación ilegal es un problema complejo, asociado, en buena medida, a déficits estructurales relacionados con el parque de vivienda en España, especialmente en las grandes ciudades. También resulta evidente que se debe seguir trabajando para ofrecer una respuesta policial y judicial que llegue de la manera más rápida y coordinada posible. A pesar de eso, la magnitud del problema recomienda seguir explorando caminos como el de la mediación que a menudo suponen soluciones menos costosas y más rápidas que los procedimientos judiciales. También, la creación de servicios o respuestas municipales con perspectiva transversal, dirigidas a promover y mantener un buen clima de convivencia, en especial en los entornos de fincas que sufren los efectos de las ocupaciones. Hay que tener en cuenta que la finca ocupada va a requerir un determinado tipo de intervención (policial o judicial), pero el vecindario o comunidad adyacentes, también va a necesitar de un apoyo dirigido a restablecer la convivencia que puede haberse visto afectada por la ocupación conflictiva. En el mejor de los casos, dicha comunidad va a requerir una intervención a fin de reducir el impacto negativo de la ocupación.

Desde el FEPSU aplaudimos las soluciones que algunos de nuestros socios han aportado al problema. Con ellas continuamos avanzando en la construcción de sociedades más seguras y fomentando la convivencia en los espacios comunitarios.

Percepciones y actitudes de la ciudadanía: la legitimidad policial

Con más o menos frecuencia, a menudo después de acontecimientos que sacuden a la opinión pública, las autoridades políticas y los profesionales del sector retoman el debate sobre legitimidad policial, tratando de precisar en qué punto se encuentra la confianza que la ciudadanía brinda a sus cuerpos policiales.

A raíz del confinamiento y la posterior desescalada en las restricciones a la movilidad, crece la sensación de que la legitimidad de la policía ha disminuido en algunos sectores de la población, especialmente entre los más jóvenes. Episodios como el de la ciudad de Mataró en el que un grupo de jóvenes se enfrentó a los Mossos d’Esquadra en los accesos a una discoteca, o los vividos en Madrid con motivo de los macrobotellones celebrados durante las fiestas del Pilar, han vuelto a situar el tema en la agenda política.

Sindicatos vinculados a distintos cuerpos policiales han denunciado en diferentes medios el incremento de la violencia sufrida por sus agentes y el sentimiento de impunidad con qué algunos jóvenes protagonizan estas conductas. A estas denuncias hay que añadir los datos publicados por el Ministerio del Interior acreditando un aumento significativo de los delitos de resistencia y desobediencia contra agentes de policía.

En el caso de Catalunya, Mossos d’Esquadra registró durante 2020 un máximo histórico por infracciones administrativas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, relacionadas con la desobediencia y resistencia a la autoridad, una de las infracciones graves recogidas en su artículo 36.

Percepciones y actitudes de los jóvenes

La literatura especializada en percepciones y actitudes frente a la policía es muy abundante, especialmente en Estados Unidos. En el caso europeo también son numerosas las publicaciones, pero son menos los trabajos centrados en la relación entre jóvenes y policia, y a menudo, las conclusiones de los estudios norteamericanos deben trasladarse con cautela al entorno europeo por las diferencias existentes en factores de tipo demográfico y socioeconómico.

Con el objetivo de identificar esa tendencia negativa en las relaciones entre jóvenes y policía y conocer mejor cómo se construyen, la Fundació per a la Seguretat Pública ha liderado un Estudio sobre percepciones y actitudes de la juventud con relación a la policía en Catalunya, publicado el pasado mes de junio.

La legitimidad es una “propiedad psicológica” que se otorga a una autoridad o institución al reconocerla como “apropiada, correcta y justa”. El elemento fundamental para consolidar esa legitimidad es la confianza que, en el contexto de la autoridad legal, debe entenderse como la “expectativa que el ciudadano tiene sobre el comportamiento de un/a agente en condiciones de incertidumbre”.

Uno de los factores decisivos en el reconocimiento de esa legitimidad es la denominada “justicia procesal”, esto es, que los ciudadanos se sientan tratados con respeto, dignidad y neutralidad por los agentes. La experiencia indirecta, cuando el conocimiento de encuentros desagradables con la policía proviene de terceras personas, aunque en menor medida, también influiría en la construcción de esa legitimidad.

Estas dinámicas relacionales son bastante similares entre jóvenes y población adulta. Cuando el trato recibido se considera justo aumenta la legitimidad con qué se percibe a la institución, qué a su vez, incrementa el cumplimiento de la ley. No obstante, sí se observan algunas diferencias en lo relativo a la voluntad de cooperación por parte de los jóvenes. En su caso, el trato recibido por la policía sería más influyente en la predisposición a colaborar con la institución.

Junto a un examen exhaustivo de los estudios en la materia, el informe final presenta los resultados de una aproximación cuantitativa y otra cualitativa para el escenario catalán. En el primer caso, se realizan encuestas a un total de 825 jóvenes entre los 14 i los 30 años. En el segundo, se ha trabajado con distintos grupos de discusión y siguiendo la metodología del abordaje etnográfico espontáneo, un sistema de inmersión grupal en el entorno natural de la población estudiada.

Las conclusiones confirman la teoría de la “justicia procesal” para el caso de Catalunya. Los jóvenes muestran un nivel de satisfacción mayor en sus contactos directos con la policía, 6.77 sobre 10, cuando son tratados con respeto, dignidad y neutralidad. En aquellos casos en los que se ha detectado un abuso de poder o un uso excesivo de la fuerza, la media desciende a un 3.9. Igualmente, ese nivel de satisfacción tras un contacto directo correlaciona de forma positiva con la percepción de la legitimidad policial, del mismo modo que sucede con la variable “confianza en la policía”. Finalmente, los datos parecen confirmar que en aquellos casos en qué la legitimidad otorgada a la policía es mayor, aumenta la voluntad de cooperar con la institución e incrementa el cumplimiento de la ley.

Los botellones i macrobotellones como factor de riesgo

Los grupos de discusión celebrados durante el trabajo de campo sirvieron para evidenciar las muchas modalidades que pueden adoptar los botellones, reuniones de jóvenes que en cualquier caso siempre mantienen un factor común: el consumo de alcohol en espacios públicos.

Los propios jóvenes destacan aspectos positivos como la “diversión”, “estar entre amigos”, “los precios económicos en comparación con discotecas” o “la improvisación en comparación con el ocio que supone comprar entradas anticipadas”. Por otro lado, los aspectos negativos manifestados son “el riesgo de recibir una multa”, “el frio en invierno”, “la inseguridad” o “la falta de espacios para orinar”, entre otros.

Los participantes en los grupos manifiestan detectar un aumento de la violencia desde antes de la pandemia, siendo los jóvenes de entre 16 y 18 años los que muestran mayor afectación por esta realidad.

En este contexto, la policía se percibe como un “agente controlador y represivo”, especialmente en lo relativo a las sanciones de multa que, pese a considerarse baja, a menudo se acompaña de sanciones por otras infracciones.

De este modo, los botellones, más o menos masivos, generan espacios en los que la agresividad en el comportamiento de los jóvenes se intensifica por diferentes factores. Por un lado, las responsabilidades individuales se diluyen en el grupo provocando la impunidad de algunas de las personas que cometen hechos delictivos o inician enfrentamientos con la policía. Por otro, la ausencia de normativa concreta sobre macrobotellones con gran afluencia de participantes complica los operativos policiales.

Los estudios realizados hasta el momento parecen tener claro el mecanismo mediante el que se construye la legitimidad de los cuerpos de seguridad. En adelante, las administraciones tienen el reto de mantener en niveles altos la confianza en la policía, de lo contrario, el mantenimiento del orden público y la protección ciudadana podrían verse afectados.

Puede consultarse el informe completo aquí.

El FEPSU ha celebrado su conferencia anual sobre seguridad y convivencia

El FEPSU promueve difusión de experiencias, proyectos y políticas públicas entre las ciudades miembro. Por ello, los días 14 y 15 de noviembre se realizará la conferencia anual del FEPSU en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias de Madrid bajo el lema «Retos para una sociedad con una convivencia pacífica y segura».

Se trata de un congreso en el que los distintos miembros del Fórum presentarán los proyectos que recientemente han realizado en materias de seguridad y convivencia y se debatirá con expertos de la academia la gestión de los problemas derivados de los conflictos en el espacio público. 

Se tratarán temas como la convivencia en el espacio público, con ponencias sobre ocio nocturno y mediación; la convivencia en el espacio comunitario, donde se van a tratar problemáticas en vecindarios, ocupaciones, prevención de la discriminación y maltrato animal; herramientas de respuesta a los retos de convivencia mediante la tecnología y diseño ambiental; y el liderazgo de organizaciones de seguridad.

Este intercambio de experiencias entre ciudades permite mejorar la capacidad de gestión de los distintos problemas de convivencia tomando en consideración fórmulas y experiencias que han funcionado en las ciudades vecinas, a la vez que se contribuye a la generación de conocimiento entre los miembros para la gestión de conflictos.

Programa de la conferencia

9:30 horas. Inauguración Conferencia

  • Pablo Enrique Rodríguez Pérez, director general de la Policía Municipal de Madrid.

9:50 horas. Bienvenida Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.

  • Angels Vila Muntal, secretaria ejecutiva del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.

10:00 horas. Ponencia inaugural: Turistificación y los retos de la seguridad.

  • Juanjo Medina Ariza, Investigador Distinguido del Programa Talentia Senior de la Junta de Andalucía en la Universidad de Sevilla, Catedrático Honorario de Investigación de la Universidad de Manchester y Colaborador Externo del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona.

10:30 horas. Primer bloque: Convivencia en el espacio público.

  • Presentación y moderador: Xavier Pastor, experto en gestión de conflictos y mediador, director del posgrado de Resolución de Conflictos Públicos y Mediación Comunitaria de la Universidad de Girona.
  • Proyecto Noche Cívica y Segura en Barcelona. Maite Casado Cadarso, Gerente de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona.
  • Compatibilidad de usos del espacio público: Red conciliadores comunitarios. Oscar Negredo Carrillo, coordinador del Servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat.

11:30 horas. Pausa café

12:15 horas. Segundo bloque. Convivencia en el espacio comunitario.

  • Presentación y moderador: Javier Guy Scotto di Tella Manresa, 4º teniente de alcalde y concejal delegado en materia de Protección Ciudadana y con delegación especial en materia de Igualdad y Diversidad y Sanidad Pública. Alcalde de la EATIM de Jesús Pobre. Vicepresidencia Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.
  • Comunidades de aprendizaje prevención discriminación: proyecto europeo CLARA. Intendente Marta Fernández Ulloa, responsable de la Comisaría de Policía Judicial y jefa de la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, Menor y Mayor de la Policía Municipal de Madrid.
  • Protocolo Policial de Protección Animal de Terrassa. Intendente Antoni Flores, Jefe de la Policía Local de Terrassa.
  • Intervención en comunidades de vecinos de alta complejidad. Francesc Garrote, Sección de Prevención, Convivencia y Civismo del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat.

13:15 horas. Monográfico: gestión de las ocupaciones con impacto negativo

en la convivencia.

  • Presentación y moderador: Àngels Vila Muntal, secretaria ejecutiva del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.
  • Contextualización del marco legal. Carlos Rodríguez, Fiscal Decano de Madrid.
  • Modelo de gestión de las ocupaciones de Santa Coloma de Gramenet. Iván Nogales, sargento de la Unidad de Soporte e Intervención Rápida de la policía local de Santa Coloma de Gramenet.
  • Modelo de gestión de las ocupaciones de la ciudad de Madrid, Intendente Jesús María García Cortijo, jefe de la Unidad de Coordinación Judicial de la Policía Municipal de Madrid

14:15 a 16:00 horas. Pausa almuerzo.

16:00 a 18:00 horas. Monográfico de drones.

Presentación de la Sección de Apoyo Aéreo: orígenes, funciones y trabajos que realiza, coordinación con otras entidades, tecnologías utilizadas y exposición de medios y demostración práctica.

  • Sesión a cargo del Inspector Esteban Alonso Tejedor, jefe de la Unidad Técnica de Seguridad de la Policía Municipal de Madrid.

Segunda sesión: 15 de noviembre de 2022.

9:30 horas. Bienvenida Fórum Europeo de Prevención y Seguridad Urbana

  • Àngels Vila, secretaria ejecutiva del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.
  • Pablo Enrique Rodríguez Pérez, director general de la Policía Municipal de Madrid.

10:00 horas. Primer bloque. Herramientas para dar respuesta a los retos de

convivencia.

  • Presentación y moderador: Fernando Miró-Llinares, catedrático Derecho Penal, Universidad Miguel Hernández (Alicante).
  • Aplicaciones tecnológicas de relación con la ciudadanía: App M7 Citizen Security. José Antonio Gallego Soto, CEO de M7 Citizen Security y Rubén García, Subinspector Jefe de la Guardia Urbana de Cornellà.
  • Metodologías CPTED, prevención del delito a través del diseño. Laura Vozmediano, profesora agregada del departamento de Psicología Social de la Universidad del País Vasco y miembro del grupo de investigación Crim-Ap.
  • Análisis y gestión de la percepción de inseguridad como herramienta para la mejora de la convivencia. Toni Vegas, coordinador de Administración y Servicios Transversales del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña.

11:15 a 12:00 horas. Pausa café.

12:00 horas. Liderazgo en las organizaciones de seguridad.

  • Presentación y moderadora: Elena Gonzalez Diez, consejera técnica de la Dirección General de la Policía de Madrid, experta en temas de liderazgo en las organizaciones policiales.
  • Pedro Velázquez, intendente mayor jefe de la Guardia Urbana de Barcelona.
  • Luis Rodrigo Fernández Pinedo Quirós, inspector jefe de la Policía de Boadilla del Monte.

12:45 Cierre de la Conferencia

  • Oskar de Santos Tapia, comisario general de la Policía Municipal de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, ciudad que ostenta la Presidencia del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.
  • Inmaculada Sanz Otero, delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, Presidencia del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.

Presentaciones de la conferencia


Barcelona: Nit Segura i Cívica

Proyecto elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona para contribuir a la seguridad de la ciudad nocturna.


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Terrassa: Protocolo Normalizado de Trabajo de Protección Animal

PNT elaborado por la Policía Local de Terrassa para actuar ante situaciones de maltrato animal.


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Generalitat de Catalunya – Departament d’Interior: la percepción de inseguridad en las encuestas de victimización

Resultados en la encuesta de victimización y percepción de inseguridad y presentación del proyecto europeo «Cutting Crime Impact».


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L’Hospitalet de Llobregat: mediaciones comunitarias

Proyecto elaborado por el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat basado en la mediación comunitaria y la red de conciliadores comunitarios. 


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Apuesta integral para un ocio nocturno seguro

Después de varios meses de trabajo y reuniones, la Mesa Ciudadana de Barcelona para una noche cívica y segura ya ha elaborado un plan de acción para trabajar en favor de un abordaje integral del fenómeno del ocio y las actividades nocturnas en la ciudad. El plan, que consta de un total de 74 medidas en diez ámbitos distintos de intervención, ha sido elaborado gracias al trabajo colectivo de los distintos agentes sociales involucrados en la materia —entidades y asociaciones vecinales, gremios y federaciones de comerciantes, restauración y ocio nocturno; entre otros—, los cuales han ido realizando sus propuestas a lo largo de cuatro talleres, once sesiones de grupos de trabajo y siete reuniones de coordinación. En FEPSU te compartimos los resultados de este proceso de coproducción de políticas públicas, enfocado en la prevención, y donde ha participado tanto la ciudadanía como la administración pública y el sector privado.

Atajar el consumo de sustancias

Uno de los principales aspectos que se ha tenido en cuenta en el plan de acción elaborado por la Mesa Ciudadana ha sido la necesidad de impulsar cambios en la normativa y revisar los criterios de aplicación del régimen sancionador sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas. En este aspecto, los distintos agentes participantes han instado a la Generalitat de Catalunya que modifique la Ley 20/1985, con el objetivo de reducir el horario de venta de alcohol a partir de las 22.00 h y hasta las 8.00 h, así como para prohibir explícitamente su venta a menores de edad a través de la intermediación de personas adultas. Además, se ha propuesto también recalificar las infracciones, para aumentar el importe de las sanciones en función de las circunstancias en los casos de gran afectación de la convivencia y el orden público, así como potenciar medidas alternativas a la sanción, como el trabajo comunitario.

Sin embargo, más allá del ámbito sancionador, en el plan de acción se prevé también impulsar medidas de prevención. Por ejemplo, en materia de acciones y campañas comunicativas, el organismo ciudadano propone elaborar consejos de seguridad y convivencia dirigidos específicamente al turismo, así como la creación de mensajes para la ciudadanía general al respecto de las normas de convivencia y el uso del espacio público. Por otro lado, se ha propuesto también la elaboración de un censo de establecimientos que pueden vender alcohol en horario nocturno, para facilitar el control de esta actividad; así como la puesta en marcha de acciones de sensibilización sobre los riesgos del consumo de alcohol y otras drogas

No obstante, para conseguir este objetivo se buscará promover también un ocio nocturno saludable y descentralizado. En este aspecto, no solo se ha propuesto la elaboración de una app o plataforma digital que dé a conocer toda la oferta cultural de la ciudad (púbica y privada); sino que también se buscará la puesta en marcha de un estudio sobre la viabilidad de ampliar la oferta de ocio vinculada a los equipamientos públicos, donde se llevarán a cabo también programas educativos y de sensibilización de todos los agentes implicados en la relación a las conductas de riesgo por consumo de alcohol y otras drogas. Finalmente, también se buscará fomentar el ocio nocturno de barrio, sobre todo en aquellos que tengan poca oferta, a través de medidas normativas para desconcentrar la actividad en el horario de noche, como la diversificación de licencias, por ejemplo. 

Hacia una gobernanza coordinada

Otro de los ámbitos de actuación más importantes para el éxito de este plan de acción para un ocio nocturno cívico y seguro es la coordinación entre los agentes implicados en la prevención y el mantenimiento de la seguridad, tanto en los espacios públicos como en los establecimientos privados. Para este fin, uno de los compromisos de la Mesa Ciudadana es la creación de un órgano de gobernanza de la convivencia durante la noche, con representación del máximo nivel gerencial y político. Este órgano se encargará de supervisar la aplicación y el seguimiento del plan de actuación, así como de analizar un modelo de gobernanza integral para la noche en la ciudad. Este organismo, además, se incorporará a la red europea de ciudades Plateforme de la Vie Nocturne, con el objetivo de trabajar en red sobre los retos del ocio nocturno y compartir conocimientos y experiencias. 

Este trabajo de coordinación permitirá, a su vez, el éxito de otro tipo de medidas. Por ejemplo, el refuerzo de los dispositivos policiales de carácter preventivo en los entornos de ocio nocturno, donde se contará con la coordinación de la Guàrdia Urbana de Barcelona y los Mossos d’Esquadra; los cuales contarán con agentes de paisano para mejorar la prevención y mecanismos de videovigilancia. Por otro lado, se establecerán protocolos de coordinación con los establecimientos de ocio nocturno y su personal de seguridad y control; así como se crearán grupos de trabajo y espacios de diálogo y colaboración permanente en cada distrito de la ciudad, con la participación de vecinos, jóvenes, profesionales y representantes tanto del ocio nocturno como del ayuntamiento. 

Mediación y prevención de las violencias

Por último, pero no menos importante, el plan de acción de la Mesa Ciudadana propone la incorporación equipos de mediación especializados en materia de botellones, los cuales estarán activos de manera continuada durante las noches del fin de semana, así como la ampliación de la cobertura territorial de los servicios de mediación nocturna en entornos de ocio. Además, también se desarrollará un mapa de lavabos nocturnos de la ciudad, así como se estudiará la viabilidad de ampliarlos y crear una app que permita su ubicación; medidas destinadas a favorecer el cuido y la limpieza del espacio público, así como a la mejora de la convivencia

Por otro lado, se crearán más Puntos Lilas y se consolidarán los ya existentes en las zonas con mayor concentración de ocio nocturno y en las fiestas mayores; así como se desarrollarán y consolidarán itinerarios seguros para reforzar la seguridad en los trayectos desde las paradas de transporte público hacia las zonas de ocio. El objetivo final es trabajar para crear una relación de confianza y de conocimiento entre los jóvenes y los cuerpos policiales, enfocándose en la prevención y en el servicio a la ciudadanía.  

En FEPSU siempre nos hemos interesado por la seguridad y la prevención del delito en los espacios de ocio nocturno, ya que consideramos que es uno de los principales retos a los que se enfrentan las ciudades europeas en la actualidad. Por ello, nos hicimos eco desde el primer momento de la creación de la Mesa Ciudadana de Barcelona para una noche cívica y segura, ya que consideramos que el diálogo entre los distintos agentes sociales involucrados es la única fórmula para garantizar la seguridad en esos entornos. Además, también hemos propuesto nuevas formas de gestión del ocio nocturno, por ejemplo a través de nuestros webinars, en los que los socios de nuestra red han podido hacer sus aportaciones y conocer las experiencias de otros municipios y localidades.

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¿Cómo prevenir la discriminación desde la escuela?

El ámbito educativo es de vital importancia para promover la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, el antisemitismo, el antigitanismo, el racismo antiafro y otras formas conexas de intolerancia. Por este motivo, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) ha sistematizado una serie de recomendaciones para su prevención, así como para la difusión de los valores de una sociedad igualitaria, respetuosa con los derechos humanos y plenamente democrática. En FEPSU te resumimos los consejos más importantes que realiza esta institución. 

Enseñanza para favorecer la comprensión

En 2020, el 20% de las potenciales víctimas había percibido discriminación racial o étnica en España, según un estudio realizado por el CEDRE. Una percepción que ha ido en aumento en los últimos años. Por este motivo, no solo se hace necesario un análisis profundo de los condicionantes que fomentan este tipo de conductas, sino que también se realza la importancia de promover la convivencia en contextos de diversidad desde edades tempranas; donde la escuela, evidentemente, es el entorno más propicio para ello. 

Además de su carácter normalizador de la diversidad, a través de la difusión de conocimiento sobre la misma, la enseñanza es un instrumento central en la comprensión de la naturaleza estructural de la discriminación racial y étnica en su doble vertiente, social e institucional. Profundizar a través de la educación en las raíces sociohistóricas del racismo, así como en el desarrollo de competencias para la prevención de cualquier tipo de discriminación, es determinante para la elaboración de estrategias cada vez más adecuadas para enfrentar el fenómeno en todas sus vertientes.

En este sentido, es necesario lograr una mayor presencia de profesorado de diferentes orígenes en los distintos niveles educativos y fomentar las consultas a la sociedad civil directamente afectada por el racismo, la discriminación étnica y otras formas conexas de intolerancia a la hora de diseñar las políticas educativas, con el objetivo de evitar carencias en el ámbito de la promoción de la igualdad de trato. 

Combatir el bullying racista

Uno de los fenómenos que ha crecido en los últimos años es el acoso escolar con motivación étnica o racial. En este aspecto, la escasa presencia, en los ámbitos de decisión educativa y en el profesorado, de personas que pertenezcan a los grupos poblacionales que mayormente son víctimas de la discriminación racial y étnica es uno de los motivos que podría explicar el aumento de estos hechos, así como la ausencia de una normativa específica que establezca protocolos unificados contra el acoso escolar. 

Entre las prácticas positivas que se podrían llevar a cabo en este aspecto se encuentra el monitoreo de la diversidad del profesorado y del conjunto de integrantes de la comunidad educativa, una estrategia que ya se lleva a cabo en otros países. Por otro lado, también es muy útil la participación en el diseño de los contenidos del currículo educativo de comunidades con orígenes diversos, así como el fomento en la universidad de las más recientes perspectivas de los estudios sobre diversidad social y cultural, los estudios globales e internacionales y los estudios sobre el racismo hacia las personas

africanas y afrodescendientes y de origen asiático, el antigitanismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, como la islamofobia o el antisemitismo en las aulas. 

Específicamente para el caso de España, se hace necesario promover el conocimiento de referentes de orígenes diversos, de la historia y del presente que permitan al alumnado conectar con su propio pasado y visibilizarlo. 

Abordar la segregación y multiplicar el conocimiento 

No hay duda de que uno de los retos centrales para abordar la discriminación racial y étnica en el ámbito educativo es la lucha contra la segregación escolar, una práctica que consiste en agrupar a alumnado con similares características, como puede ser el origen étnico, en determinados centros, aulas o líneas educativas. Diversos organismos europeos e internacionales encargados de velar por la protección de los derechos humanos han prestado atención a este fenómeno de la segregación escolar que constituye una discriminación y que impide la integración real de determinados grupos étnicos en el sector educativo. En este aspecto, una de las principales recomendaciones es la necesidad de tomar medidas para eliminar la segregación escolar en el marco de un Plan de Inclusión Educativa.

Para abordar este y todos los retos que supone la discriminación racial y étnica en la escuela se hace necesario, antes que nada, realizar un adecuado análisis de la situación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia, el antisemitismo, el antigitanismo, el racismo antiafro y otras formas conexas de intolerancia existentes en el sistema educativo a través de estudios e investigaciones, teniendo en cuenta la discriminación múltiple e interseccional, y especialmente la de género. 

Específicamente, se vuelve muy necesaria la realización de investigaciones sociales sobre la diversidad en la enseñanza para conocer la composición, por grupos sociales de diverso origen, dentro de la comunidad educativa, incluyendo el profesorado, para implementar, si fueran necesarias, acciones positivas. Además, es clave diseñar y adoptar estrategias de resolución de incidentes basados en la discriminación racial o étnica, que incluyan el conocimiento de los recursos de apoyo disponibles y, en el caso de que sean necesarias, la adopción de medidas sancionadoras.

En FEPSU trabajamos para favorecer la lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación, a todos los niveles. En otras ocasiones hemos resaltado la importancia de prevenir el racismo desde el ámbito local y comunitario, como una de las claves para hacer frente a todos estos fenómenos discriminatorios. Además, también hemos compartido iniciativas innovadoras que buscan la creación de comunidades a nivel local para prevenir la discriminación racial y étnica

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Prevenir el racismo desde lo local

El racismo es un fenómeno sistémico en la sociedad, el cual opera a todos los niveles, desde lo personal a lo político y económico, y genera situaciones de discriminación evidentes (un insulto, una agresión, la negación de un servicio), así como otras más sutiles y más difíciles de identificar y prevenir. Por este motivo el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido desplegar una nueva estrategia para abordar la prevención de este fenómeno a través de un servicio específico y de referencia en la ciudad: la Oficina por la No Discriminación (OND). En FEPSU te explicamos en qué consiste esta perspectiva novedosa para hacer frente al racismo a nivel local. 

Tres niveles de actuación

La nueva estrategia antirracista que se ha puesto en marcha en Barcelona contempla tres niveles distintos de actuación. En primer lugar, se centra en la prevención general del racismo, con acciones orientadas a deconstruir los prejuicios en los que se fundamentan las discriminaciones. En segundo lugar, se despliegan acciones más específicas, dirigidas a desactivar las actitudes y conductas racistas más manifiestas. Por último, pero no menos importante, la estrategia aborda también la protección frente a la vulneración de derechos.

Bajo el lema ‘Por una Barcelona antirracista’, esta medida del gobierno local de la capital catalana tiene en consideración la necesidad, la voluntad y el compromiso firme de implicar a las personas racializadas en el diseño y despliegue de las líneas de trabajo que se proponen, ya que, como señalan desde el mismo ayuntamiento, “no se puede trabajar de forma efectiva y honesta para deconstruir el privilegio blanco sin la participación protagonista de este colectivo”.

En este sentido, una de las acciones que prevé esta estrategia de abordaje del racismo es la creación de una bolsa de personas formadoras racializadas que participarán en las actividades de formación previstas, tanto para el personal interno de los servicios municipales que tienen contacto directo con la ciudadanía, como en sesiones de formación externas que la OND realiza de forma recurrente.

Una prevención transversal

Uno de los ámbitos donde el Ayuntamiento de Barcelona quiere implementar el nuevo modelo de prevención contra el racismo con personas racializadas es en las comunidades educativas y centros escolares. Por un lado, se busca potenciar la mirada antirracista en las escuelas e incrementar el número de centros adheridos al programa de ‘Escuelas por la igualdad y la diversidad’, así como mejorar la presencia y expresión de la diversidad de nuestra sociedad en los materiales pedagógicos utilizados en los centros educativos. Sin embargo, el alcance de la estrategia de prevención no termina en las aulas, sino que quiere llegar también al personal de espacios como los comedores escolares y las actividades extraescolares, así como a las asociaciones de familias y otros espacios de la comunidad educativa no formal, como los casales y las actividades de ocio extraescolar.

Otro sector destacado en el que el ayuntamiento quiere intervenir de forma prioritaria es el sector inmobiliario, ya que los agentes que trabajan son un actor clave e indispensable en la prevención de la discriminación en el acceso a la vivienda por su rol de intermediación en las relaciones comerciales en el mercado de alquiler. El reciente estudio encargado por el Ayuntamiento de Barcelona, ‘Discriminación a la carta’, muestra una alta aceptación de las prácticas discriminatorias entre los agentes inmobiliarios, si bien entre los colegiados existen más reticencias en aceptarlas y normalizarlas. 

Por este motivo, el consistorio ha acordado, en el marco de esta nueva estrategia de prevención del racismo, la celebración de un programa formativo con profesionales del sector para prevenir y detener actitudes discriminatorias, así como seguir tejiendo espacios de colaboración con representantes de las propiedades, agentes de la propiedad inmobiliaria y agencias inmobiliarias para mejorar la sensibilización de sus colegiados.

Mejorar los canales de denuncia

Desde el Ayuntamiento de Barcelona explican que la infradenuncia es una de las principales dificultades a la hora de detectar situaciones de discriminación en la ciudad. Un hecho que es especialmente preocupante, pues refleja la normalización de algunos comportamientos racistas, así como la desconfianza o la dificultad de acceso por parte de la población racializada a los servicios a través de los cuales se formaliza la denuncia. 

Por ello, la OND desplegará en los distritos de Sant Andreu i Sants-Montjuïc dos puntos de información y atención sobre discriminación y defensa de derechos. En paralelo, se desplegará el proyecto Antenes, a través del cual se capacitarán a entidades ciudadanas que trabajan a nivel local, como asociaciones de vecinos o de padres y madres de familia, para que incorporen o refuercen la mirada antirracista y se conviertan en asociaciones colaboradoras de los servicios municipales contra la discriminación.

Por otro lado, la OND aprovechará todas las herramientas jurídicas de las que se dispone, con el despliegue de la ‘Ley 19/2020, de igualdad de trato y no discriminación’, así como de los mecanismos de justicia restaurativa y defensa de los derechos de la víctima, que incluyen, entre otros aspectos, el acompañamiento y empoderamiento de las víctimas, un régimen amplio de infracciones, y herramientas de reparación y educación al sujeto infractor. El Ayuntamiento de Barcelona destinará recursos técnicos y humanos de la OND para desarrollar este régimen de garantía, y diseñará e implementará un plan de formación a servicios municipales clave en esta materia.

En FEPSU hemos estado siempre comprometidos con la prevención del racismo, ya que es una de las principales causas de discriminación que altera la convivencia en las ciudades. Por este motivo, desde nuestra red hemos compartido iniciativas como el proyecto CLARA, donde desde una óptica basada en el trabajo comunitario y local se intenta favorecer la cohesión social y hacer frente a los discursos de odio. Además, nos hemos hecho eco también de las reclamaciones de distintas entidades locales que abogan por facilitar la denuncia de las situaciones de discriminación racial, como medida necesaria para poder avanzar hacia una mejor prevención de la problemática. 

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