Ocupación ilegal: falsas creencias y gestión de la convivencia

En los últimos años, el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas ha destacado entre los temas que más preocupan a la opinión pública. A menudo, un tratamiento poco exhaustivo y riguroso por parte de los medios de comunicación, contribuye a generar falsas creencias entorno al hecho aumentando con ello la percepción de inseguridad de la ciudadanía. En este artículo proponemos una breve aproximación al contexto jurídico y social que acompaña al fenómeno de la ocupación ilegal, a la vez que presentamos algunas de las herramientas operativas con las que minimizar el impacto negativo que pueden provocar sobre la convivencia en los espacios comunitarios.

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¿Qué es una ocupación?

El pasado mes de noviembre, el Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU) organizó su conferencia nacional en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias de Madrid. Bajo el lema “Retos para una sociedad con una convivencia pacífica y segura”, algunos de los miembros del FEPSU presentaron proyectos en materia de seguridad y convivencia realizados recientemente. De este modo, durante dos jornadas se trataron temas relacionados con la convivencia en el espacio público y en el espacio comunitario entre los que destacó una mesa monográfica sobre la gestión de las ocupaciones con impacto negativo. En los próximos párrafos concretamos algunas de las cuestiones planteadas.

Es importante destacar que el término ocupación no es una categoría jurídica. No existe como tal el delito de ocupación, sino que usamos la palabra para referirnos a aquellos casos en los que alguien hace uso de un inmueble ajeno fuera de los supuestos previstos por la ley.

Sí se consideran delitos, y como tales están regulados en la legislación penal, el allanamiento de morada (art. 202 y 203 del Código Penal) y la usurpación (art. 245 del Código Penal). En el primero de los casos el bien jurídico protegido es la morada, entendida como aquel espacio que constituye el domicilio de una o varias personas, aquel en el que desarrollan su vida más privada. Es importante destacar que las segundas residencias son consideradas morada, por más que solo se permanezca en ellas durante periodos de vacaciones.

En el segundo supuesto, el delito de usurpación, el bien jurídico a proteger es la propiedad, tratándose de un delito contra el patrimonio. Así pues, estamos ante un delito de usurpación en aquellos casos en los que se ocupe ilegalmente una vivienda deshabitada sin el consentimiento de sus propietarios.

Carlos Rodríguez, Fiscal Decano de Madrid, aseguró en su ponencia en la conferencia nacional del FEPSU que “existe la creencia de que no se dispone de medidas ágiles para hacer frente al problema de las ocupaciones y la recuperación de las viviendas.” Esta creencia contribuye a generar una alarma social que desde un punto de vista jurídico y operativo no estaría justificada.

El allanamiento de morada constituye un delito que permite la actuación policial inmediata desalojando a los ocupantes del inmueble y restituyendo la propiedad al titular de la morada. En el caso de la usurpación, cuando se comete con violencia o intimidación se procede de la misma manera y en los casos que no es así, siempre que los ocupantes no hayan constituido su morada, también podrán ser desalojados rápidamente. Para aquellos supuestos en los que los ocupantes se encuentren desarrollando plenamente su vida en el inmueble, el desalojo necesitará una orden judicial por entrar en juego el derecho a la inviolabilidad de domicilio del artículo 18.2 del texto constitucional. En este sentido, Iván Nogales, miembro de la policía local de Santa Coloma de Gramanet, destaca la importancia de que las comunidades de propietarios conozcan el fenómeno de la ocupación ilegal y lo denuncien cuando sucedan en sus comunidades. 

Cabe destacar que cada vez son más las instancias judiciales que han tenido a bien incluir las usurpaciones, en su versión delictiva leve, dentro del grupo de delitos que pueden ser enjuiciados mediantejuicios rápidos o inmediatos. Este tipo de juicios se celebran en el Juzgado de guardia lo que supone una reducción muy significativa de los plazos para recuperar la vivienda. Por otro lado, podrán celebrarse siempre que concurran las circunstancias siguientes: que los ocupantes puedan ser identificados, que no se haya ejercido violencia contra los propietarios, y que se solicite la recuperación de la vivienda como medida cautelar.

Hasta aquí la vía penal. Fuera de ella pueden existir otros supuestos de ocupación, principalmente, relacionados con casos de impago de rentas del alquiler; finalización de contrato de alquiler; o ejecuciones hipotecarias, entre otros. En cualquiera de estos casos, al encontrarnos fuera de los requisitos necesarios para la causa penal, los procesos de desahucio siguen la vía civil, por lo general, mediante un procedimiento verbal de desahucio.

Llegados a este punto interesa detenerse en el coste temporal de estos procedimientos. La vía penal es la más rápida. En los juicios inmediatos por delitos leves la recuperación de la finca por parte de la víctima es inmediata.  Asumiendo el riesgo de la generalización, estos casos permiten la realización de los desalojos en poco más de una semana. No obstante, cuando no se den los requisitos que permitan tratar la usurpación como un delito leve y por tanto enjuiciarlo mediante un juicio rápido, este tipo de denuncias suelen resolverse en un plazo de entre 1 y 3 meses. Para los casos de allanamiento de morada, como ya dijimos, la actuación policial es inmediata.

En el caso de la vía civil, el procedimiento verbal de desahucio puede variar significativamente dependiendo de si el inquilino o persona ocupante se opone formalmente a la demanda o no lo hace. En cualquier caso, volviendo a generalizar, este proceso puede situarse entre los 3 y 6 meses de media para su resolución en primera instancia.

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Falsas creencias y convivencia

En ese caso, ¿de dónde procede la idea de que tras una ocupación la recuperación de la vivienda es lenta, costosa y muy garantista con los ocupantes? ¿De dónde la idea de que podemos salir el fin de semana y al volver encontrar nuestra casa ocupada no pudiendo acceder de nuevo en mucho tiempo? ¿Qué hay de cierto pues, en el hecho de que transcurridas 48 horas desde la ocupación la policía ya no puede hacer nada?

Indudablemente, alguna de estas ideas puede resultarnos conocida. Ya sea desde medios de comunicación ya sea a través de determinados discursos políticos, este tipo de afirmaciones aumentan el miedo de las personas y tienen una gran incidencia en la construcción de su percepción de inseguridad.

Las falsas creencias alrededor de la ocupación ilegal en España no inventan un problema inexistente, pero distorsionan notablemente sus características y condicionan la percepción ciudadana que de él se tiene. Como confirmó Iván Nogales, sargento de la policía local de Santa Coloma de Gramanet durante su ponencia en la conferencia nacional del FEPSU, “la mayor parte de las ocupaciones en nuestro país se producen por bandas organizadas en inmuebles de entidades bancarias para alquilarlos a terceros”.De este modo, las ocupaciones de domicilios o segundas residencias de particulares suponen un porcentaje residual del total de los bienes inmuebles afectados por el problema. A título de ejemplo, en la última edición de la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya las ocupaciones de segundas residencias no llegaron al 0.2% del total de hechos registrados, y en ningún caso se puede vislumbrar un aumento destacable desde 2015, año en el que se incorporaron a la cesta de hechos registrados por el estudio.

De este modo, actualmente, el principal problema de las ocupaciones es el impacto o alteración que generan en la convivencia de las comunidades que las sufren. A menudo, conllevan riesgos derivados por las conexiones precarias y fraudulentas de los suministros, en otros casos, traen consigo los efectos de una delincuencia asociada: narcopisos, redes de prostitución… En cualquier caso, siempre condicionan la demanda ciudadana en el mercado de la vivienda contribuyendo a la guetificación de determinadas zonas.

Jesús María García Cortijo, intendente de la policía municipal de Madrid, destacó en su ponencia la importancia de la mediación a diferentes niveles. Por un lado, en relación a la comunidad y en todo aquello relativo a los problemas de convivencia que pueden generarse. Por otro lado, orientada a resolver de forma extrajudicial el conflicto jurídico de fondo: “tenemos una figura clave, la del agente mediador que intenta poner en contacto a morador y titular de la vivienda con la finalidad de acercar posturas”. Todo ello sin olvidar la importancia de contar con información fiable sobre las cuestiones de seguridad relacionadas con la ocupación o con el tipo de intervención que vaya a llevarse a cabo.

Queda claro que la ocupación ilegal es un problema complejo, asociado, en buena medida, a déficits estructurales relacionados con el parque de vivienda en España, especialmente en las grandes ciudades. También resulta evidente que se debe seguir trabajando para ofrecer una respuesta policial y judicial que llegue de la manera más rápida y coordinada posible. A pesar de eso, la magnitud del problema recomienda seguir explorando caminos como el de la mediación que a menudo suponen soluciones menos costosas y más rápidas que los procedimientos judiciales. También, la creación de servicios o respuestas municipales con perspectiva transversal, dirigidas a promover y mantener un buen clima de convivencia, en especial en los entornos de fincas que sufren los efectos de las ocupaciones. Hay que tener en cuenta que la finca ocupada va a requerir un determinado tipo de intervención (policial o judicial), pero el vecindario o comunidad adyacentes, también va a necesitar de un apoyo dirigido a restablecer la convivencia que puede haberse visto afectada por la ocupación conflictiva. En el mejor de los casos, dicha comunidad va a requerir una intervención a fin de reducir el impacto negativo de la ocupación.

Desde el FEPSU aplaudimos las soluciones que algunos de nuestros socios han aportado al problema. Con ellas continuamos avanzando en la construcción de sociedades más seguras y fomentando la convivencia en los espacios comunitarios.

Percepciones y actitudes de la ciudadanía: la legitimidad policial

Con más o menos frecuencia, a menudo después de acontecimientos que sacuden a la opinión pública, las autoridades políticas y los profesionales del sector retoman el debate sobre legitimidad policial, tratando de precisar en qué punto se encuentra la confianza que la ciudadanía brinda a sus cuerpos policiales.

A raíz del confinamiento y la posterior desescalada en las restricciones a la movilidad, crece la sensación de que la legitimidad de la policía ha disminuido en algunos sectores de la población, especialmente entre los más jóvenes. Episodios como el de la ciudad de Mataró en el que un grupo de jóvenes se enfrentó a los Mossos d’Esquadra en los accesos a una discoteca, o los vividos en Madrid con motivo de los macrobotellones celebrados durante las fiestas del Pilar, han vuelto a situar el tema en la agenda política.

Sindicatos vinculados a distintos cuerpos policiales han denunciado en diferentes medios el incremento de la violencia sufrida por sus agentes y el sentimiento de impunidad con qué algunos jóvenes protagonizan estas conductas. A estas denuncias hay que añadir los datos publicados por el Ministerio del Interior acreditando un aumento significativo de los delitos de resistencia y desobediencia contra agentes de policía.

En el caso de Catalunya, Mossos d’Esquadra registró durante 2020 un máximo histórico por infracciones administrativas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, relacionadas con la desobediencia y resistencia a la autoridad, una de las infracciones graves recogidas en su artículo 36.

Percepciones y actitudes de los jóvenes

La literatura especializada en percepciones y actitudes frente a la policía es muy abundante, especialmente en Estados Unidos. En el caso europeo también son numerosas las publicaciones, pero son menos los trabajos centrados en la relación entre jóvenes y policia, y a menudo, las conclusiones de los estudios norteamericanos deben trasladarse con cautela al entorno europeo por las diferencias existentes en factores de tipo demográfico y socioeconómico.

Con el objetivo de identificar esa tendencia negativa en las relaciones entre jóvenes y policía y conocer mejor cómo se construyen, la Fundació per a la Seguretat Pública ha liderado un Estudio sobre percepciones y actitudes de la juventud con relación a la policía en Catalunya, publicado el pasado mes de junio.

La legitimidad es una “propiedad psicológica” que se otorga a una autoridad o institución al reconocerla como “apropiada, correcta y justa”. El elemento fundamental para consolidar esa legitimidad es la confianza que, en el contexto de la autoridad legal, debe entenderse como la “expectativa que el ciudadano tiene sobre el comportamiento de un/a agente en condiciones de incertidumbre”.

Uno de los factores decisivos en el reconocimiento de esa legitimidad es la denominada “justicia procesal”, esto es, que los ciudadanos se sientan tratados con respeto, dignidad y neutralidad por los agentes. La experiencia indirecta, cuando el conocimiento de encuentros desagradables con la policía proviene de terceras personas, aunque en menor medida, también influiría en la construcción de esa legitimidad.

Estas dinámicas relacionales son bastante similares entre jóvenes y población adulta. Cuando el trato recibido se considera justo aumenta la legitimidad con qué se percibe a la institución, qué a su vez, incrementa el cumplimiento de la ley. No obstante, sí se observan algunas diferencias en lo relativo a la voluntad de cooperación por parte de los jóvenes. En su caso, el trato recibido por la policía sería más influyente en la predisposición a colaborar con la institución.

Junto a un examen exhaustivo de los estudios en la materia, el informe final presenta los resultados de una aproximación cuantitativa y otra cualitativa para el escenario catalán. En el primer caso, se realizan encuestas a un total de 825 jóvenes entre los 14 i los 30 años. En el segundo, se ha trabajado con distintos grupos de discusión y siguiendo la metodología del abordaje etnográfico espontáneo, un sistema de inmersión grupal en el entorno natural de la población estudiada.

Las conclusiones confirman la teoría de la “justicia procesal” para el caso de Catalunya. Los jóvenes muestran un nivel de satisfacción mayor en sus contactos directos con la policía, 6.77 sobre 10, cuando son tratados con respeto, dignidad y neutralidad. En aquellos casos en los que se ha detectado un abuso de poder o un uso excesivo de la fuerza, la media desciende a un 3.9. Igualmente, ese nivel de satisfacción tras un contacto directo correlaciona de forma positiva con la percepción de la legitimidad policial, del mismo modo que sucede con la variable “confianza en la policía”. Finalmente, los datos parecen confirmar que en aquellos casos en qué la legitimidad otorgada a la policía es mayor, aumenta la voluntad de cooperar con la institución e incrementa el cumplimiento de la ley.

Los botellones i macrobotellones como factor de riesgo

Los grupos de discusión celebrados durante el trabajo de campo sirvieron para evidenciar las muchas modalidades que pueden adoptar los botellones, reuniones de jóvenes que en cualquier caso siempre mantienen un factor común: el consumo de alcohol en espacios públicos.

Los propios jóvenes destacan aspectos positivos como la “diversión”, “estar entre amigos”, “los precios económicos en comparación con discotecas” o “la improvisación en comparación con el ocio que supone comprar entradas anticipadas”. Por otro lado, los aspectos negativos manifestados son “el riesgo de recibir una multa”, “el frio en invierno”, “la inseguridad” o “la falta de espacios para orinar”, entre otros.

Los participantes en los grupos manifiestan detectar un aumento de la violencia desde antes de la pandemia, siendo los jóvenes de entre 16 y 18 años los que muestran mayor afectación por esta realidad.

En este contexto, la policía se percibe como un “agente controlador y represivo”, especialmente en lo relativo a las sanciones de multa que, pese a considerarse baja, a menudo se acompaña de sanciones por otras infracciones.

De este modo, los botellones, más o menos masivos, generan espacios en los que la agresividad en el comportamiento de los jóvenes se intensifica por diferentes factores. Por un lado, las responsabilidades individuales se diluyen en el grupo provocando la impunidad de algunas de las personas que cometen hechos delictivos o inician enfrentamientos con la policía. Por otro, la ausencia de normativa concreta sobre macrobotellones con gran afluencia de participantes complica los operativos policiales.

Los estudios realizados hasta el momento parecen tener claro el mecanismo mediante el que se construye la legitimidad de los cuerpos de seguridad. En adelante, las administraciones tienen el reto de mantener en niveles altos la confianza en la policía, de lo contrario, el mantenimiento del orden público y la protección ciudadana podrían verse afectados.

Puede consultarse el informe completo aquí.

El FEPSU ha celebrado su conferencia anual sobre seguridad y convivencia

El FEPSU promueve difusión de experiencias, proyectos y políticas públicas entre las ciudades miembro. Por ello, los días 14 y 15 de noviembre se realizará la conferencia anual del FEPSU en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias de Madrid bajo el lema «Retos para una sociedad con una convivencia pacífica y segura».

Se trata de un congreso en el que los distintos miembros del Fórum presentarán los proyectos que recientemente han realizado en materias de seguridad y convivencia y se debatirá con expertos de la academia la gestión de los problemas derivados de los conflictos en el espacio público. 

Se tratarán temas como la convivencia en el espacio público, con ponencias sobre ocio nocturno y mediación; la convivencia en el espacio comunitario, donde se van a tratar problemáticas en vecindarios, ocupaciones, prevención de la discriminación y maltrato animal; herramientas de respuesta a los retos de convivencia mediante la tecnología y diseño ambiental; y el liderazgo de organizaciones de seguridad.

Este intercambio de experiencias entre ciudades permite mejorar la capacidad de gestión de los distintos problemas de convivencia tomando en consideración fórmulas y experiencias que han funcionado en las ciudades vecinas, a la vez que se contribuye a la generación de conocimiento entre los miembros para la gestión de conflictos.

Programa de la conferencia

9:30 horas. Inauguración Conferencia

  • Pablo Enrique Rodríguez Pérez, director general de la Policía Municipal de Madrid.

9:50 horas. Bienvenida Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.

  • Angels Vila Muntal, secretaria ejecutiva del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.

10:00 horas. Ponencia inaugural: Turistificación y los retos de la seguridad.

  • Juanjo Medina Ariza, Investigador Distinguido del Programa Talentia Senior de la Junta de Andalucía en la Universidad de Sevilla, Catedrático Honorario de Investigación de la Universidad de Manchester y Colaborador Externo del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona.

10:30 horas. Primer bloque: Convivencia en el espacio público.

  • Presentación y moderador: Xavier Pastor, experto en gestión de conflictos y mediador, director del posgrado de Resolución de Conflictos Públicos y Mediación Comunitaria de la Universidad de Girona.
  • Proyecto Noche Cívica y Segura en Barcelona. Maite Casado Cadarso, Gerente de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona.
  • Compatibilidad de usos del espacio público: Red conciliadores comunitarios. Oscar Negredo Carrillo, coordinador del Servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat.

11:30 horas. Pausa café

12:15 horas. Segundo bloque. Convivencia en el espacio comunitario.

  • Presentación y moderador: Javier Guy Scotto di Tella Manresa, 4º teniente de alcalde y concejal delegado en materia de Protección Ciudadana y con delegación especial en materia de Igualdad y Diversidad y Sanidad Pública. Alcalde de la EATIM de Jesús Pobre. Vicepresidencia Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.
  • Comunidades de aprendizaje prevención discriminación: proyecto europeo CLARA. Intendente Marta Fernández Ulloa, responsable de la Comisaría de Policía Judicial y jefa de la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, Menor y Mayor de la Policía Municipal de Madrid.
  • Protocolo Policial de Protección Animal de Terrassa. Intendente Antoni Flores, Jefe de la Policía Local de Terrassa.
  • Intervención en comunidades de vecinos de alta complejidad. Francesc Garrote, Sección de Prevención, Convivencia y Civismo del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat.

13:15 horas. Monográfico: gestión de las ocupaciones con impacto negativo

en la convivencia.

  • Presentación y moderador: Àngels Vila Muntal, secretaria ejecutiva del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.
  • Contextualización del marco legal. Carlos Rodríguez, Fiscal Decano de Madrid.
  • Modelo de gestión de las ocupaciones de Santa Coloma de Gramenet. Iván Nogales, sargento de la Unidad de Soporte e Intervención Rápida de la policía local de Santa Coloma de Gramenet.
  • Modelo de gestión de las ocupaciones de la ciudad de Madrid, Intendente Jesús María García Cortijo, jefe de la Unidad de Coordinación Judicial de la Policía Municipal de Madrid

14:15 a 16:00 horas. Pausa almuerzo.

16:00 a 18:00 horas. Monográfico de drones.

Presentación de la Sección de Apoyo Aéreo: orígenes, funciones y trabajos que realiza, coordinación con otras entidades, tecnologías utilizadas y exposición de medios y demostración práctica.

  • Sesión a cargo del Inspector Esteban Alonso Tejedor, jefe de la Unidad Técnica de Seguridad de la Policía Municipal de Madrid.

Segunda sesión: 15 de noviembre de 2022.

9:30 horas. Bienvenida Fórum Europeo de Prevención y Seguridad Urbana

  • Àngels Vila, secretaria ejecutiva del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.
  • Pablo Enrique Rodríguez Pérez, director general de la Policía Municipal de Madrid.

10:00 horas. Primer bloque. Herramientas para dar respuesta a los retos de

convivencia.

  • Presentación y moderador: Fernando Miró-Llinares, catedrático Derecho Penal, Universidad Miguel Hernández (Alicante).
  • Aplicaciones tecnológicas de relación con la ciudadanía: App M7 Citizen Security. José Antonio Gallego Soto, CEO de M7 Citizen Security y Rubén García, Subinspector Jefe de la Guardia Urbana de Cornellà.
  • Metodologías CPTED, prevención del delito a través del diseño. Laura Vozmediano, profesora agregada del departamento de Psicología Social de la Universidad del País Vasco y miembro del grupo de investigación Crim-Ap.
  • Análisis y gestión de la percepción de inseguridad como herramienta para la mejora de la convivencia. Toni Vegas, coordinador de Administración y Servicios Transversales del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña.

11:15 a 12:00 horas. Pausa café.

12:00 horas. Liderazgo en las organizaciones de seguridad.

  • Presentación y moderadora: Elena Gonzalez Diez, consejera técnica de la Dirección General de la Policía de Madrid, experta en temas de liderazgo en las organizaciones policiales.
  • Pedro Velázquez, intendente mayor jefe de la Guardia Urbana de Barcelona.
  • Luis Rodrigo Fernández Pinedo Quirós, inspector jefe de la Policía de Boadilla del Monte.

12:45 Cierre de la Conferencia

  • Oskar de Santos Tapia, comisario general de la Policía Municipal de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, ciudad que ostenta la Presidencia del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.
  • Inmaculada Sanz Otero, delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, Presidencia del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.

Presentaciones de la conferencia


Barcelona: Nit Segura i Cívica

Proyecto elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona para contribuir a la seguridad de la ciudad nocturna.


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Terrassa: Protocolo Normalizado de Trabajo de Protección Animal

PNT elaborado por la Policía Local de Terrassa para actuar ante situaciones de maltrato animal.


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Generalitat de Catalunya – Departament d’Interior: la percepción de inseguridad en las encuestas de victimización

Resultados en la encuesta de victimización y percepción de inseguridad y presentación del proyecto europeo «Cutting Crime Impact».


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L’Hospitalet de Llobregat: mediaciones comunitarias

Proyecto elaborado por el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat basado en la mediación comunitaria y la red de conciliadores comunitarios. 


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Apuesta integral para un ocio nocturno seguro

Después de varios meses de trabajo y reuniones, la Mesa Ciudadana de Barcelona para una noche cívica y segura ya ha elaborado un plan de acción para trabajar en favor de un abordaje integral del fenómeno del ocio y las actividades nocturnas en la ciudad. El plan, que consta de un total de 74 medidas en diez ámbitos distintos de intervención, ha sido elaborado gracias al trabajo colectivo de los distintos agentes sociales involucrados en la materia —entidades y asociaciones vecinales, gremios y federaciones de comerciantes, restauración y ocio nocturno; entre otros—, los cuales han ido realizando sus propuestas a lo largo de cuatro talleres, once sesiones de grupos de trabajo y siete reuniones de coordinación. En FEPSU te compartimos los resultados de este proceso de coproducción de políticas públicas, enfocado en la prevención, y donde ha participado tanto la ciudadanía como la administración pública y el sector privado.

Atajar el consumo de sustancias

Uno de los principales aspectos que se ha tenido en cuenta en el plan de acción elaborado por la Mesa Ciudadana ha sido la necesidad de impulsar cambios en la normativa y revisar los criterios de aplicación del régimen sancionador sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas. En este aspecto, los distintos agentes participantes han instado a la Generalitat de Catalunya que modifique la Ley 20/1985, con el objetivo de reducir el horario de venta de alcohol a partir de las 22.00 h y hasta las 8.00 h, así como para prohibir explícitamente su venta a menores de edad a través de la intermediación de personas adultas. Además, se ha propuesto también recalificar las infracciones, para aumentar el importe de las sanciones en función de las circunstancias en los casos de gran afectación de la convivencia y el orden público, así como potenciar medidas alternativas a la sanción, como el trabajo comunitario.

Sin embargo, más allá del ámbito sancionador, en el plan de acción se prevé también impulsar medidas de prevención. Por ejemplo, en materia de acciones y campañas comunicativas, el organismo ciudadano propone elaborar consejos de seguridad y convivencia dirigidos específicamente al turismo, así como la creación de mensajes para la ciudadanía general al respecto de las normas de convivencia y el uso del espacio público. Por otro lado, se ha propuesto también la elaboración de un censo de establecimientos que pueden vender alcohol en horario nocturno, para facilitar el control de esta actividad; así como la puesta en marcha de acciones de sensibilización sobre los riesgos del consumo de alcohol y otras drogas. 

No obstante, para conseguir este objetivo se buscará promover también un ocio nocturno saludable y descentralizado. En este aspecto, no solo se ha propuesto la elaboración de una app o plataforma digital que dé a conocer toda la oferta cultural de la ciudad (púbica y privada); sino que también se buscará la puesta en marcha de un estudio sobre la viabilidad de ampliar la oferta de ocio vinculada a los equipamientos públicos, donde se llevarán a cabo también programas educativos y de sensibilización de todos los agentes implicados en la relación a las conductas de riesgo por consumo de alcohol y otras drogas. Finalmente, también se buscará fomentar el ocio nocturno de barrio, sobre todo en aquellos que tengan poca oferta, a través de medidas normativas para desconcentrar la actividad en el horario de noche, como la diversificación de licencias, por ejemplo. 

Hacia una gobernanza coordinada

Otro de los ámbitos de actuación más importantes para el éxito de este plan de acción para un ocio nocturno cívico y seguro es la coordinación entre los agentes implicados en la prevención y el mantenimiento de la seguridad, tanto en los espacios públicos como en los establecimientos privados. Para este fin, uno de los compromisos de la Mesa Ciudadana es la creación de un órgano de gobernanza de la convivencia durante la noche, con representación del máximo nivel gerencial y político. Este órgano se encargará de supervisar la aplicación y el seguimiento del plan de actuación, así como de analizar un modelo de gobernanza integral para la noche en la ciudad. Este organismo, además, se incorporará a la red europea de ciudades Plateforme de la Vie Nocturne, con el objetivo de trabajar en red sobre los retos del ocio nocturno y compartir conocimientos y experiencias. 

Este trabajo de coordinación permitirá, a su vez, el éxito de otro tipo de medidas. Por ejemplo, el refuerzo de los dispositivos policiales de carácter preventivo en los entornos de ocio nocturno, donde se contará con la coordinación de la Guàrdia Urbana de Barcelona y los Mossos d’Esquadra; los cuales contarán con agentes de paisano para mejorar la prevención y mecanismos de videovigilancia. Por otro lado, se establecerán protocolos de coordinación con los establecimientos de ocio nocturno y su personal de seguridad y control; así como se crearán grupos de trabajo y espacios de diálogo y colaboración permanente en cada distrito de la ciudad, con la participación de vecinos, jóvenes, profesionales y representantes tanto del ocio nocturno como del ayuntamiento. 

Mediación y prevención de las violencias

Por último, pero no menos importante, el plan de acción de la Mesa Ciudadana propone la incorporación equipos de mediación especializados en materia de botellones, los cuales estarán activos de manera continuada durante las noches del fin de semana, así como la ampliación de la cobertura territorial de los servicios de mediación nocturna en entornos de ocio. Además, también se desarrollará un mapa de lavabos nocturnos de la ciudad, así como se estudiará la viabilidad de ampliarlos y crear una app que permita su ubicación; medidas destinadas a favorecer el cuido y la limpieza del espacio público, así como a la mejora de la convivencia. 

Por otro lado, se crearán más Puntos Lilas y se consolidarán los ya existentes en las zonas con mayor concentración de ocio nocturno y en las fiestas mayores; así como se desarrollarán y consolidarán itinerarios seguros para reforzar la seguridad en los trayectos desde las paradas de transporte público hacia las zonas de ocio. El objetivo final es trabajar para crear una relación de confianza y de conocimiento entre los jóvenes y los cuerpos policiales, enfocándose en la prevención y en el servicio a la ciudadanía.  

Foto por Alexander Popov en Unsplash

En FEPSU siempre nos hemos interesado por la seguridad y la prevención del delito en los espacios de ocio nocturno, ya que consideramos que es uno de los principales retos a los que se enfrentan las ciudades europeas en la actualidad. Por ello, nos hicimos eco desde el primer momento de la creación de la Mesa Ciudadana de Barcelona para una noche cívica y segura, ya que consideramos que el diálogo entre los distintos agentes sociales involucrados es la única fórmula para garantizar la seguridad en esos entornos. Además, también hemos propuesto nuevas formas de gestión del ocio nocturno, por ejemplo a través de nuestros webinars, en los que los socios de nuestra red han podido hacer sus aportaciones y conocer las experiencias de otros municipios y localidades.

Si quieres conocer más sobre estos temas, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook y Twitter.

¿Cómo prevenir la discriminación desde la escuela?

El ámbito educativo es de vital importancia para promover la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, el antisemitismo, el antigitanismo, el racismo antiafro y otras formas conexas de intolerancia. Por este motivo, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) ha sistematizado una serie de recomendaciones para su prevención, así como para la difusión de los valores de una sociedad igualitaria, respetuosa con los derechos humanos y plenamente democrática. En FEPSU te resumimos los consejos más importantes que realiza esta institución. 

Enseñanza para favorecer la comprensión

En 2020, el 20% de las potenciales víctimas había percibido discriminación racial o étnica en España, según un estudio realizado por el CEDRE. Una percepción que ha ido en aumento en los últimos años. Por este motivo, no solo se hace necesario un análisis profundo de los condicionantes que fomentan este tipo de conductas, sino que también se realza la importancia de promover la convivencia en contextos de diversidad desde edades tempranas; donde la escuela, evidentemente, es el entorno más propicio para ello. 

Además de su carácter normalizador de la diversidad, a través de la difusión de conocimiento sobre la misma, la enseñanza es un instrumento central en la comprensión de la naturaleza estructural de la discriminación racial y étnica en su doble vertiente, social e institucional. Profundizar a través de la educación en las raíces sociohistóricas del racismo, así como en el desarrollo de competencias para la prevención de cualquier tipo de discriminación, es determinante para la elaboración de estrategias cada vez más adecuadas para enfrentar el fenómeno en todas sus vertientes.

En este sentido, es necesario lograr una mayor presencia de profesorado de diferentes orígenes en los distintos niveles educativos y fomentar las consultas a la sociedad civil directamente afectada por el racismo, la discriminación étnica y otras formas conexas de intolerancia a la hora de diseñar las políticas educativas, con el objetivo de evitar carencias en el ámbito de la promoción de la igualdad de trato. 

Combatir el bullying racista

Uno de los fenómenos que ha crecido en los últimos años es el acoso escolar con motivación étnica o racial. En este aspecto, la escasa presencia, en los ámbitos de decisión educativa y en el profesorado, de personas que pertenezcan a los grupos poblacionales que mayormente son víctimas de la discriminación racial y étnica es uno de los motivos que podría explicar el aumento de estos hechos, así como la ausencia de una normativa específica que establezca protocolos unificados contra el acoso escolar. 

Entre las prácticas positivas que se podrían llevar a cabo en este aspecto se encuentra el monitoreo de la diversidad del profesorado y del conjunto de integrantes de la comunidad educativa, una estrategia que ya se lleva a cabo en otros países. Por otro lado, también es muy útil la participación en el diseño de los contenidos del currículo educativo de comunidades con orígenes diversos, así como el fomento en la universidad de las más recientes perspectivas de los estudios sobre diversidad social y cultural, los estudios globales e internacionales y los estudios sobre el racismo hacia las personas

africanas y afrodescendientes y de origen asiático, el antigitanismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, como la islamofobia o el antisemitismo en las aulas. 

Específicamente para el caso de España, se hace necesario promover el conocimiento de referentes de orígenes diversos, de la historia y del presente que permitan al alumnado conectar con su propio pasado y visibilizarlo. 

Abordar la segregación y multiplicar el conocimiento 

No hay duda de que uno de los retos centrales para abordar la discriminación racial y étnica en el ámbito educativo es la lucha contra la segregación escolar, una práctica que consiste en agrupar a alumnado con similares características, como puede ser el origen étnico, en determinados centros, aulas o líneas educativas. Diversos organismos europeos e internacionales encargados de velar por la protección de los derechos humanos han prestado atención a este fenómeno de la segregación escolar que constituye una discriminación y que impide la integración real de determinados grupos étnicos en el sector educativo. En este aspecto, una de las principales recomendaciones es la necesidad de tomar medidas para eliminar la segregación escolar en el marco de un Plan de Inclusión Educativa.

Para abordar este y todos los retos que supone la discriminación racial y étnica en la escuela se hace necesario, antes que nada, realizar un adecuado análisis de la situación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia, el antisemitismo, el antigitanismo, el racismo antiafro y otras formas conexas de intolerancia existentes en el sistema educativo a través de estudios e investigaciones, teniendo en cuenta la discriminación múltiple e interseccional, y especialmente la de género. 

Específicamente, se vuelve muy necesaria la realización de investigaciones sociales sobre la diversidad en la enseñanza para conocer la composición, por grupos sociales de diverso origen, dentro de la comunidad educativa, incluyendo el profesorado, para implementar, si fueran necesarias, acciones positivas. Además, es clave diseñar y adoptar estrategias de resolución de incidentes basados en la discriminación racial o étnica, que incluyan el conocimiento de los recursos de apoyo disponibles y, en el caso de que sean necesarias, la adopción de medidas sancionadoras.

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En FEPSU trabajamos para favorecer la lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación, a todos los niveles. En otras ocasiones hemos resaltado la importancia de prevenir el racismo desde el ámbito local y comunitario, como una de las claves para hacer frente a todos estos fenómenos discriminatorios. Además, también hemos compartido iniciativas innovadoras que buscan la creación de comunidades a nivel local para prevenir la discriminación racial y étnica. 

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Prevenir el racismo desde lo local

El racismo es un fenómeno sistémico en la sociedad, el cual opera a todos los niveles, desde lo personal a lo político y económico, y genera situaciones de discriminación evidentes (un insulto, una agresión, la negación de un servicio), así como otras más sutiles y más difíciles de identificar y prevenir. Por este motivo el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido desplegar una nueva estrategia para abordar la prevención de este fenómeno a través de un servicio específico y de referencia en la ciudad: la Oficina por la No Discriminación (OND). En FEPSU te explicamos en qué consiste esta perspectiva novedosa para hacer frente al racismo a nivel local. 

Tres niveles de actuación

La nueva estrategia antirracista que se ha puesto en marcha en Barcelona contempla tres niveles distintos de actuación. En primer lugar, se centra en la prevención general del racismo, con acciones orientadas a deconstruir los prejuicios en los que se fundamentan las discriminaciones. En segundo lugar, se despliegan acciones más específicas, dirigidas a desactivar las actitudes y conductas racistas más manifiestas. Por último, pero no menos importante, la estrategia aborda también la protección frente a la vulneración de derechos.

Bajo el lema ‘Por una Barcelona antirracista’, esta medida del gobierno local de la capital catalana tiene en consideración la necesidad, la voluntad y el compromiso firme de implicar a las personas racializadas en el diseño y despliegue de las líneas de trabajo que se proponen, ya que, como señalan desde el mismo ayuntamiento, “no se puede trabajar de forma efectiva y honesta para deconstruir el privilegio blanco sin la participación protagonista de este colectivo”.

En este sentido, una de las acciones que prevé esta estrategia de abordaje del racismo es la creación de una bolsa de personas formadoras racializadas que participarán en las actividades de formación previstas, tanto para el personal interno de los servicios municipales que tienen contacto directo con la ciudadanía, como en sesiones de formación externas que la OND realiza de forma recurrente.

Una prevención transversal

Uno de los ámbitos donde el Ayuntamiento de Barcelona quiere implementar el nuevo modelo de prevención contra el racismo con personas racializadas es en las comunidades educativas y centros escolares. Por un lado, se busca potenciar la mirada antirracista en las escuelas e incrementar el número de centros adheridos al programa de ‘Escuelas por la igualdad y la diversidad’, así como mejorar la presencia y expresión de la diversidad de nuestra sociedad en los materiales pedagógicos utilizados en los centros educativos. Sin embargo, el alcance de la estrategia de prevención no termina en las aulas, sino que quiere llegar también al personal de espacios como los comedores escolares y las actividades extraescolares, así como a las asociaciones de familias y otros espacios de la comunidad educativa no formal, como los casales y las actividades de ocio extraescolar.

Otro sector destacado en el que el ayuntamiento quiere intervenir de forma prioritaria es el sector inmobiliario, ya que los agentes que trabajan son un actor clave e indispensable en la prevención de la discriminación en el acceso a la vivienda por su rol de intermediación en las relaciones comerciales en el mercado de alquiler. El reciente estudio encargado por el Ayuntamiento de Barcelona, ‘Discriminación a la carta’, muestra una alta aceptación de las prácticas discriminatorias entre los agentes inmobiliarios, si bien entre los colegiados existen más reticencias en aceptarlas y normalizarlas. 

Por este motivo, el consistorio ha acordado, en el marco de esta nueva estrategia de prevención del racismo, la celebración de un programa formativo con profesionales del sector para prevenir y detener actitudes discriminatorias, así como seguir tejiendo espacios de colaboración con representantes de las propiedades, agentes de la propiedad inmobiliaria y agencias inmobiliarias para mejorar la sensibilización de sus colegiados.

Mejorar los canales de denuncia

Desde el Ayuntamiento de Barcelona explican que la infradenuncia es una de las principales dificultades a la hora de detectar situaciones de discriminación en la ciudad. Un hecho que es especialmente preocupante, pues refleja la normalización de algunos comportamientos racistas, así como la desconfianza o la dificultad de acceso por parte de la población racializada a los servicios a través de los cuales se formaliza la denuncia. 

Por ello, la OND desplegará en los distritos de Sant Andreu i Sants-Montjuïc dos puntos de información y atención sobre discriminación y defensa de derechos. En paralelo, se desplegará el proyecto Antenes, a través del cual se capacitarán a entidades ciudadanas que trabajan a nivel local, como asociaciones de vecinos o de padres y madres de familia, para que incorporen o refuercen la mirada antirracista y se conviertan en asociaciones colaboradoras de los servicios municipales contra la discriminación.

Por otro lado, la OND aprovechará todas las herramientas jurídicas de las que se dispone, con el despliegue de la ‘Ley 19/2020, de igualdad de trato y no discriminación’, así como de los mecanismos de justicia restaurativa y defensa de los derechos de la víctima, que incluyen, entre otros aspectos, el acompañamiento y empoderamiento de las víctimas, un régimen amplio de infracciones, y herramientas de reparación y educación al sujeto infractor. El Ayuntamiento de Barcelona destinará recursos técnicos y humanos de la OND para desarrollar este régimen de garantía, y diseñará e implementará un plan de formación a servicios municipales clave en esta materia.

Foto por Ayuntamiento de Barcelona
Foto por Ayuntamiento de Barcelona

En FEPSU hemos estado siempre comprometidos con la prevención del racismo, ya que es una de las principales causas de discriminación que altera la convivencia en las ciudades. Por este motivo, desde nuestra red hemos compartido iniciativas como el proyecto CLARA, donde desde una óptica basada en el trabajo comunitario y local se intenta favorecer la cohesión social y hacer frente a los discursos de odio. Además, nos hemos hecho eco también de las reclamaciones de distintas entidades locales que abogan por facilitar la denuncia de las situaciones de discriminación racial, como medida necesaria para poder avanzar hacia una mejor prevención de la problemática. 

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Conciliadoras comunitarias para la convivencia

¿De qué forma se puede involucrar a la ciudadanía en la mediación de conflictos entre los propios vecinos y vecinas? En L’Hospitalet de Llobregat han apostado por la conformación de la Red de Conciliadoras y Conciliadores Comunitarios, un proyecto piloto a nivel español que busca formar en la gestión de conflictos y articular a toda una serie de agentes sociales locales para que puedan desarrollar tareas de prevención y mediación en los entornos donde tienen incidencia. En FEPSU te explicamos cómo funciona esta iniciativa. 

Formación y acción ciudadana

La Red de Conciliadoras y Conciliadores Comunitarios fue uno de los proyectos presentados el pasado 2 de marzo en la asamblea general de FEPSU, que se celebró en Dénia y sirvió para que las ciudades que forman parte de la red pusieran en común las distintas iniciativas que llevan a cabo en sus municipios. El director de Servicios de Seguridad, Convivencia y Civismo de L’Hospitalet de Llobregat, Miquel Justo Medrano, fue el encargado de compartir este proyecto piloto de mediación que se ha puesto en marcha en el municipio catalán y que de momento ya cuenta con una decena de voluntarios. 

Entre las personas que participan de la Red de Conciliadoras se encuentran perfiles diversos, aunque siempre relacionados con las entidades sociales que actúan en el ámbito local; como, por ejemplo, la directora de la asociación de teatro social Plaudite Teatre, Eugènia Delgado; la mediadora del proyecto ‘Entre veïnes’, Fatima Memdouh; un representante del Fòrum de Diàleg Interreligiós, Josep Maria Pujol; y la responsable de voluntarios de la Cruz Roja en el municipio, Laura Bisbal; entre otras personas. 

Todas ellas se formaron durante un año en el programa de ‘Gestión de conflictos públicos y mediación comunitaria’ de la Universidad de Girona, donde recibieron las herramientas necesarias para el desarrollo de sus tareas de conciliación comunitaria. Una vez finalizado el proceso de formación, las personas que participaron y obtuvieron su título presentaron también sus proyectos concretos de mediación comunitaria y se comprometieron a aportar sus conocimientos y habilidades de forma voluntaria para mejorar la convivencia en la ciudad.

Prevención y gestión de conflictos

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es que cada uno de los participantes de la red pueda llevar a cabo acciones concretas de prevención y gestión de conflictos en las entidades sociales donde trabajan y sus espacios de incidencia, así como colaborando con las actuaciones que se lleven a cabo desde el ayuntamiento en el ámbito de la convivencia y el civismo. 

De hecho, la previsión es que el proyecto pueda realizar ciclos de formación de forma anual para que se puedan ir incorporando más personas a la Red de Conciliadoras. De momento, no obstante, la iniciativa es una prueba piloto que debe servir para evaluar la modalidad de colaboración más efectiva entre los agentes sociales que han recibido la formación y los servicios municipales que trabajan en el ámbito de la convivencia y la mediación de conflictos. 

El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, a través del departamento de Convivencia, desarrolla desde hace más de 15 años distintas actuaciones relacionadas con la gestión y la resolución de los conflictos entre vecinos y vecinas, a través de acciones de prevención y procesos de mediación en espacios como las comunidades de vecinos, el espacio público, los centros educativos y los comercios, entre otros lugares. 

Una iniciativa premiada

La iniciativa de la Red de Conciliadoras recibió el Premio Innovación de la Sociedad Catalana de Conflictología el pasado 21 de enero, fecha en que se conmemora el Día Europeo de la Mediación. En concreto, se reconoció el hecho de que se trata de un proyecto pionero en toda España en la formación de ciudadanos en tareas de conciliación comunitaria como forma de potenciar la mediación como herramienta para superar conflictos de convivencia. 

Foto por Papaioannou Kostas en Unsplash
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Una de las metas de la red es ir creciendo para que el proyecto pueda colaborar desde todos los barrios de la ciudad, desarrollando acciones preventivas y de intervención impulsadas por el departamento de Convivencia del consistorio. La Red de Conciliadoras, además busca incrementar el impacto comunitario de las actuaciones municipales en esta materia y, al mismo tiempo, responsabilizar a los actores vecinales en la gestión de la convivencia para que puedan incidir en su entorno, aportando una visión próxima, compartiendo estrategias y detectando conflictos. 

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Diseñar ciudades seguras e inclusivas

Los espacios públicos están en el corazón de cualquier ciudad: pueden ser al mismo tiempo un vehículo para la cohesión social, como pueden también acentuar la marginación y la exclusión de una parte de la población. ¿Cómo pueden las ciudades diseñar y gestionar espacios públicos más seguros e inclusivos? Esta es la pregunta a la que intentaron responder una serie de expertos durante uno de los talleres que se celebraron en la conferencia internacional de Efus, Seguridad, Democracia y Ciudades. En FEPSU te compartimos algunas de sus principales conclusiones. 

Integrar la seguridad en el diseño

El taller dedicado al diseño y la planificación urbana de ciudades más seguras e inclusivas, que se celebró el 21 de octubre en el marco de la conferencia internacional de Efus, estuvo moderado por el fundador del instituto de investigación DSP-Groep (Países Bajos), Paul van Soomeren, y la mesa de debate estuvo presidida por el concejal en materia de Obras Públicas, Centro Histórico y Legalidad de la ciudad de Módena (Italia), Andrea Bosi. 

En el debate participaron los siguientes expertos y expertas en planificación urbana y seguridad: Laetitia Wolff, consultora de estrategia de design impact y profesora de The Sustainable Design School (SDS) en Niza (Francia); Ana Verónica Neves, socióloga y experta en prevención del delito para la Policía Municipal de Lisboa (Portugal); y Umberto Nicolini, director de la organización italiana Laboratorio Qualità Urbana E Sicurezza (LabQUS) y presidente de la iniciativa EU Cost Action TU1203.

Una de las principales conclusiones surgidas a partir del debate es que se deben incorporar características de seguridad en la planificación, el diseño y la gestión urbana. Para ello, el diseño de espacios públicos seguros necesita un enfoque colectivo y una reflexión a largo plazo sobre los aspectos arquitectónicos, pero también sobre los sociales. La arquitectura y el diseño influyen en el comportamiento cotidiano de los ciudadanos, sus relaciones interpersonales y en la percepción general de inseguridad.

En este sentido, los participantes en el debate resaltan el diseño y la planificación de la embajada de Estados Unidos en Londres como un buen ejemplo de integración entre aspectos arquitectónicos, sociales y de seguridad. La embajada fue diseñada como una fortaleza medieval visualmente agradable y muy bien integrada en el paisaje abierto y público. Es un ejemplo perfecto de seguridad sólida combinada con características de seguridad ocultas. Un muro bajo, por ejemplo, proporciona asientos y funciona como un dispositivo anti-choque, mientras que un seto, típico de los parques ingleses, oculta los bolardos.

Participación de los diseñadores

Los diseñadores de espacios públicos deben participar en las etapas iniciales de la planificación urbana para incluir aspectos relacionados con la seguridad si se quiere tener éxito. Para ello, una de las claves es mejorar la formación específica de planificadores, diseñadores y arquitectos en materia de seguridad, ya que muchas veces no tienen en cuenta estas cuestiones a la hora de planificar las ciudades. 

En los últimos años, la prevención del delito a través del diseño ambiental se ha extendido en las ciudades europeas como una forma de hacer más seguras las zonas de alto riesgo. Sin embargo, en el diseño de espacios públicos seguros también se deben considerar otros factores limitantes, como el turismo, en un espíritu de co-creación. Este proceso sigue siendo inusual y no es la corriente principal. Una opción para extender su uso es atribuir otras funciones a los equipos de seguridad y mezclar los diferentes usos del diseño urbano.

Enfoques integrales 

No obstante, el diseño del espacio público es una herramienta que no es suficiente por sí sola. En el proceso de diseño de un entorno seguro e inclusivo, se deben tener en cuenta todas las demandas y necesidades del conjunto de la ciudadanía. En este sentido, se vuelve necesario adoptar un enfoque integral y colectivo de los espacios públicos, pues la planificación urbana por sí sola no fomenta la cohesión social.

Para ello, es fundamental involucrar a la ciudadanía y las comunidades en los proyectos de planificación urbana desde sus primeras etapas de concepción. Es a partir de esto que es posible generar un sentimiento de pertenencia y propiedad en la ciudadanía, que pueda provocar una sensación de protección mutua frente a las vulnerabilidades y promover la cohesión social. La inclusión de la ciudadanía también abre nuevos caminos para definir los problemas y fundamentar el proyecto en un diagnóstico claro.

Como ejemplo de éxito en la humanización del diseño urbano a través de la participación de la ciudadanía, los participantes en el debate resaltan la remodelación de la comisaría de la policía local en el Precinto 71 de Brownsville en Nueva York (Estados Unidos). En su origen, el edificio fue diseñado para disuadir la entrada a los ciudadanos. Sin embargo, los resultados fueron pobres y consiguieron que se estableciera un mal ambiente. Para cambiarlo, se puso en marcha una labor de humanización y apropiación ciudadana: se instalaron cajeros automáticos, se limpiaron cristales y se llevaron a cabo otras reformas, con el fin de promover una mejor relación entre la policía y la ciudadanía.

En este sentido, el principal objetivo de la planificación urbana debe ser que los espacios públicos sigan siendo públicos, sobre la base de un enfoque humano y basado en la colaboración entre iguales. El diseño y la planificación urbana es importante, pues reduce los comportamientos no deseados en los espacios públicos y puede centrarse en numerosas amenazas, como el terrorismo, así como aplicarse a muchos contextos diversos, desde escuelas, hospitales, espacios públicos, barrios residenciales y más. 

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones la importancia de diseñar y planificar ciudades teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados con la seguridad. Por ejemplo, hemos explicado en qué consiste la prevención del delito a través del diseño ambiental, una perspectiva de abordaje de la seguridad que ha ido ganando terreno a nivel institucional en los últimos años. También hemos compartido las conclusiones del proyecto PACTESUR respecto a cómo diseñar infraestructuras de seguridad para proteger espacios públicos, especialmente aquellos de interés turístico, sin que esto dañe el paisaje urbano. 

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¿Cuál es la clave para garantizar espacios públicos seguros que beneficien a todos?

El mantenimiento de espacios públicos seguros y abiertos es un factor clave en el bienestar de las comunidades, ya que producen resultados positivos en la salud de la ciudadanía, el medio ambiente y la economía. Sin embargo, las bondades de los espacios públicos no se distribuyen de forma uniforme: diversas investigaciones demuestran que dentro de las ciudades, las personas racializadas y de bajos ingresos tienen más probabilidades de vivir en barrios mal mantenidos y que carecen de espacios de esparcimiento. En este sentido, una investigación de Brookings Institution, una organización estadounidense que trabaja en el análisis de políticas públicas a nivel local, nacional y global, se ha propuesto examinar los impactos holísticos de las inversiones en espacio público más allá de los datos, para ver cómo se distribuyen sus beneficios en la población. En FEPSU te compartimos algunas de sus principales conclusiones.

Inversiones con beneficios desiguales

Incluso en barrios donde hay equipamientos de calidad, sus beneficios pueden estar distribuidos de manera desigual. Esto se debe a que muchos de los indicadores económicos tradicionalmente relacionados con las inversiones en espacios públicos (como el generar valores más altos de terrenos y propiedades) pueden no afectar de manera directa a ciudadanos de bajos ingresos o pequeñas empresas, particularmente aquellos que alquilan sus hogares o arrendan sus locales de negocio. Estos supuestos beneficios podrían, incluso, llegar a impulsar el desplazamiento de una población más empobrecida, que no puede hacer frente al aumento de los precios del alquiler en los barrios renovados. 

Es por este motivo que, según las investigadoras Hanna Love y Cailean Kok, es necesario mirar más allá de los indicadores tradicionales de valor económico para poder examinar los impactos reales de las inversiones en espacios públicos y cómo esto puede ayudar a la convivencia o incluso prevenir o reducir la delincuencia. Para hacer un análisis más profundo habría que preguntarse: ¿Quién se beneficia del valor que producen los espacios públicos? ¿Cómo se asignan dichos beneficios a los residentes de distintos orígenes, ingresos y estatus social en una comunidad? ¿Producen los espacios públicos beneficios adicionales que las medidas tradicionales de evaluación no están capturando? ¿Cómo se puede aprovechar el poder de las inversiones en espacios públicos para beneficiar a más personas en más lugares? 

Para intentar responder a estas preguntas, las autoras de la investigación han decidido ir más allá de los datos numéricos y han realizado un extenso trabajo de campo en tres ciudades estadounidenses que han experimentado conflictos sociales a lo largo de los años y con tasas de pobreza más altas que la media del país: Flint (Michigan), Albuquerque (Nuevo México) y Buffalo (Nueva York). En estas localidades se han realizado entrevistas para examinar la percepción de la ciudadanía, los pequeños negocios y otros actores interesados. A continuación compartimos algunas de las conclusiones de las autores en relación con cómo los espacios públicos pueden reducir o exacerbar las brechas sociales o promover la cohesión social.

Un diseño intencionado

Los primeros meses de la pandemia de la Covid-19, en que millones de personas redujeron sus vidas a sus hogares y los límites de su barrio, demostraron que la capacidad de vivir en un lugar donde se puedan satisfacer las necesidades diarias de forma segura es un privilegio de unos pocos. La desigualdad en el acceso a supermercados, espacios verdes y calles seguras jugó un papel muy importante en las consecuencias dispares que la pandemia ha tenido en la población de distintas clases sociales. 

Sin embargo, a pesar de que existe evidencia sobre la efectividad de la inversión en espacios públicos para reducir las brechas sociales, también hay un considerable número de investigaciones que apuntan a que las inversiones en espacios públicos pueden también aumentar las tensiones sociales y la desigualdad al no beneficiar a los residentes y negocios tradicionalmente excluidos o al priorizar la inversión en ciertos barrios, al mismo tiempo que se excluye a otros.

Como bien apuntan las investigadoras Hanna Love y Cailean Kok, los planificadores urbanos y las autoridades locales deben ser “intencionales en el diseño”, ya que si los espacios públicos están diseñados para un “público” o un “usuario medio”, es probable que acaben siendo excluyentes y que no logren su objetivo de generar cohesión social. Además, en este diseño intencionado se deben tener en cuenta todas las características relacionadas con la seguridad, como la presencia de la policía o los mecanismos de vigilancia.  

En los casos estudiados en la investigación del Brookings Institution se pudo ver, por ejemplo, que para garantizar la seguridad en los espacios públicos hay que conseguir inversiones que, aunque centradas en un barrio en concreto, consigan extender sus beneficios también a los barrios periféricos y así evitar que haya disputas entre los residentes de uno y de otro vecindario. En este sentido, también es relevante no diseñar espacios públicos para un conjunto generalizado de la población, sino hacerlo para llegar a quienes tienen más probabilidades de ser excluidos. 

De esta manera, queda claro que no hay una relación directa entre inversión en espacios públicos y una mayor cohesión social. Por el contrario, ciertas renovaciones del espacio público, diseñadas para beneficiar a los residentes de toda la ciudad en lugar de apuntar a aquellos que puedan estar más excluidos, pueden exacerbar las desigualdades sociales y de esta manera repercutir en la percepción de seguridad de los mismos espacios públicos. Por este motivo es clave que las autoridades locales garanticen que las inversiones en espacios públicos beneficien a todas las personas y que estén emparejadas también con un sólido apoyo a la infraestructura comunitaria crítica en los vecindarios más cercanos. 

Si quieres leer la investigación completa elaborada por la Brookings Institution, puedes visitar la página web del centro. En FEPSU hemos abordado la importancia del mantenimiento del espacio público y de la planificación urbana para la prevención del delito y la garantía de una seguridad urbana. A continuación te dejamos una serie de artículos en donde analizamos estos aspectos: