El aumento de denuncias por delitos de odio en los últimos años ha llevado a las administraciones a replantearse las políticas y acciones relacionadas con su prevención y abordaje. A pesar del confinamiento por la pandemia, durante el año 2020 se registraron un total de 282 delitos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género. Con la recuperación de la normalidad, en el primer trimestre de 2021 estos delitos han aumentado un 43%, según los datos del Ministerio del Interior. Por estos motivos, desde FEPSU impulsamos el pasado 23 de noviembre un webinar destinado a analizar cómo prevenir y abordar este tipo de delitos. Aquí te resumimos algunos de los puntos clave que se discutieron en el debate.
El papel clave de los municipios
El coloquio estuvo moderado por el regidor de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Dénia, Javier Scotto Di Tella Manresa; y contó con la participación de la subdirectora general de Soporte al Sistema de Seguridad en el Ámbito Local del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, Begoña Curto; la responsable de la Unidad de Apoyo y Protección de la Mujer, Menor y Mayor de la Policía Municipal de Madrid, Marta Fernández Ulloa; el Secretario de Gestión Policial de la Diversidad de UNIJEPOL, David Garfella; y la Fiscal de la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, Patricia Rodríguez Lastras.
El primer tema que se trató fue el papel clave de los municipios en la batalla contra la discriminación. Scotto Di Tella ha señalado que para detener el crecimiento de los delitos de odio es necesario abordar la cuestión desde una perspectiva municipal, ya que “el municipalismo actúa allí donde hay un problema”.
En este sentido, es vital la creación en cada municipio de un Protocolo de Seguridad y Atención a las Víctimas, que vaya acompañado de formación a los agentes de policía y de la insistencia en una elaboración perfecta y minuciosa de los atestados policiales. Estos protocolos deben servir para abordar y prevenir cualquier muestra de “diversifobia”, como la ha descrito el regidor, en referencia a la discriminación hacia cualquier tipo de diversidad.
Scotto Di Tella ha subrayado que la crisis sanitaria provocada por la pandemia ha conllevado una involución en este tipo de abordajes, ya que, sobre todo durante el confinamiento, se ha aumentado la invisibilización del problema de estos delitos a la vez que no se han desarrollado planes municipales al respecto. Por estos motivos, el municipalismo debe servir para priorizar políticas en favor de la diversidad, analizar los resultados de estas actuaciones, movilizar actores y sensibilizar a la ciudadanía.
Prevenir, detectar y gestionar
Por otro lado, Begoña Curto ha explicado que existen tres pilares para tratar los delitos de odio: prevenir, detectar y gestionar. En primer término, Curto ha explicado que es básico disponer de un interlocutor con la comunidad LGTBIQ+ para identificar los colectivos susceptibles de sufrir delitos de odio y discriminación, así como para demostrar que la policía rechaza estas conductas.
En lo que respecta a la detección, los agentes de policía deben tener en cuenta indicadores que definan y complementen el relato de los delitos de odio, como los comentarios y expresiones del presunto autor de la agresión, su estética para saber si tiene tatuajes contrarios al colectivo, la presencia de banderas o pancartas vejatorias, etc.
Finalmente, una vez ocurre el delito de odio, hay que abrir tres ámbitos de trabajo, según lo establecido en el protocolo para el abordaje de las infracciones de odio y discriminación para las policías locales, como el que funciona en Catalunya. El primero es el trabajo con la víctima, para lo cual los agentes cuentan con 21 pautas para tratarla, como no minimizar los hechos ocurridos. Otro pilar es el de las acciones con el presunto autor del delito de odio. La gestión también debe contar con un reportaje fotográfico que apoye la documentación policial y un informe detallando las lesiones físicas y el estado emocional de la víctima.
Poner a la víctima en el centro
El caso de la Unidad de Gestión de la Diversidad de Madrid ha servido para explorar un caso de éxito de abordaje y prevención local de este tipo de delitos. Marta Fernández Ulloa ha afirmado que la clave de las actuaciones policiales es “poner a la víctima en el centro” y ello pasa, por ejemplo, por dejar por escrito todos los detalles en el atestado policial y reconvertir las comisarías en espacios de confianza y confidencialidad, con el objetivo de incentivar la denuncia y combatir la infradenuncia.
Las funciones esenciales de la Unidad de la Gestión de la Diversidad son la lucha contra la discriminación e intolerancia y el facilitar que las personas discriminadas puedan ejercer sus derechos. Dentro de las funciones está la cooperación con las entidades de la comunidad LGTBIQ+, las cuales Marta Fernández considera como “vías de entrada” para que los agentes de policía puedan investigar casos de delito de odio.
Precisamente esta comunicación es la que está dando mejores resultados, ya que sirve para que se denuncien delitos, poder crear un mapa de riesgos y estrategias (como desplegar patrullas de alta visibilidad) y compartir el trabajo policial con estas organizaciones.
¿Cómo convertir a la policía en aliada?
El éxito de muchas de estas medidas y estrategias depende, en buena medida, de un cambio de cultura dentro de las propias policías locales. David Garfella ha señalado que la organización interna de la policía debe cambiar para fomentar la formación en Derechos Humanos, con agentes más sensibilizados y predispuestos, así como mejorando protocolos y tomando denuncias con mayor fidelidad.
Según Grafella, esto solo se puede lograr mediante la transversalidad y el acercamiento a los colectivos LGTBIQ+, para conocer qué necesitan. En este aspecto es destacable el papel del “agente enlace”, que actúa como una cara visible de la policía que mantiene una comunicación constante con los colectivos. Grafella ha solicitado, por otro lado, que se refuercen los instrumentos legales para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, así como la creación de una Ley integral de igualdad de trato y contra la discriminación.
La prevención en línea
Por su parte, Patricia Rodríguez Lastras ha resaltado que un factor clave en la prevención de este tipo de delitos es la erradicación de los discursos de odio en Internet. En este sentido, el Estado español fue uno de los primeros en crear una red de especialistas en delitos de odio por Internet, persiguiendo aquellos que exceden por completo los límites de la libertad de expresión para humillar a colectivos como el LGTBIQ+ y fomentar la violencia contra las personas diversas.
Rodríguez Lastras ha afirmado que, para proteger a las víctimas, es fundamental eliminar los contenidos rápidamente para evitar la revictimización y el aumento de popularidad de estas publicaciones vejatorias. En este aspecto, el punto de contacto creado en España permite contactar directamente y de forma ágil con compañías dedicadas a las redes sociales como Facebook, Twitter y Google sin recurrir a una comisión rogatoria hacia otros países como Estados Unidos, sede de la mayoría de estas compañías.
Si quieres conocer más sobre las claves y los retos en la prevención y el abordaje de los delitos de odio por motivo de orientación sexual o identidad de género, no dudes en consultar el relato completo del webinar organizado por FEPSU. Te compartimos también algunos de los recursos que los y las ponentes compartieron durante la jornada, como el Protocolo para abordar las infracciones de odio y discriminación para las policías locales y el Protocolo de seguridad contra las violencias sexuales entornos de ocio, ambos de la Generalitat de Catalunya; así como la explicación sobre el trabajo de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid.