Comunidades locales contra el racismo

En sociedades diversas culturalmente como las europeas, las policías locales y de proximidad se vuelven actores muy relevantes para poder detectar, prevenir y actuar ante cualquier tipo de discurso de odio, como el racismo o la xenofobia. Por este motivo, el proyecto CLARA ha reunido a los ayuntamientos de Madrid, Elche, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Málaga y Pamplona para desarrollar distintas herramientas y recursos que ayuden a favorecer la cohesión social y la convivencia en estas ciudades españolas. En FEPSU te explicamos los objetivos, metodologías y conclusiones de esta iniciativa. 

Aprendizaje comunitario

El proyecto CLARA (Comunidades Locales de Aprendizaje contra el Racismo, la Xenofobia y los discursos de odio) tiene como meta la mejora de las capacidades de las autoridades locales y de las policías de proximidad para la prevención, identificación, mediación y lucha contra los incidentes racistas, xenófobos y, en especial, los discursos y delitos de odio que amenazan la convivencia pacífica en las ciudades. 

Tras dos años de trabajo, el pasado 4 de febrero se celebró en Madrid la conferencia final del proyecto, en la que participaron las más de 136 mujeres y hombres policías y las 65 personas representantes de entidades locales y organizaciones de la sociedad civil que participaron a lo largo de todo el proyecto. 

La iniciativa ha contado con la cofinanciación de la Unión Europea, dentro del Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014-2020), y ha sido gestionado por un consorcio coordinado por el Ayuntamiento de Madrid, con la participación de los consistorios de Elche, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Málaga y Pamplona, además del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), la cooperativa social Dinamia, la Bradford Hate Crime Alliance y la Universidad de Salamanca.

¿Cómo ha funcionado?

El proyecto CLARA se ha basado en una metodología de formación innovadora, que ha partido en una primera instancia de la formación de siete Comunidades Locales de Aprendizaje (CLAP) en cada uno de los municipios participantes. Estas comunidades de aprendizaje han estado integradas por representantes de las policías locales y organizaciones civiles de las distintas ciudades, a través del asesoramiento de la Universidad de Salamanca

El objetivo de conformar estos grupos de trabajo era el diseño de estrategias compartidas, dirigidas a conseguir la interacción cara a cara y la generación de confianza mutua entre los distintos actores policiales y sociales involucrados en las CLAP; pero sobre todo con la meta de reforzar las sinergias entre actores institucionales y agentes sociales clave (donde se incluye también a las comunidades afectadas por el discurso de odio), como un paso previo para poder combatir el racismo, la xenofobia y los delitos de odio a nivel local. 

Una vez diseñadas estas estrategias, las CLAP han pasado a la fase de prueba piloto y de puesta en práctica de las mismas, a través de un modelo de seguimiento y apoyo a las víctimas de delitos y discursos de odio dentro de las comunidades locales, con la intención de mejorar la acción policial comunitaria desde el punto de vista de la prevención y de la mediación.

Finalmente, el proyecto CLARA también buscaba promover el intercambio de experiencias a nivel europeo. En concreto, las y los policías y agentes sociales participantes del proyecto han realizado una visita de estudios a Bradford (Inglaterra) para conocer la experiencia de la Bradford Hate Crime Alliance, así como para colaborar con la Coalición de Ciudades contra el Racismo (ECCAR) y otras redes europeas, con el objetivo de intercambiar metodologías de actuación y resultados, así como realizar una propuesta de transferibilidad del modelo a otros contextos europeos.

Las estrategias resultantes 

El resultado de toda esta metodología de trabajo ha sido la generación de diversos productos que incluyen protocolos de actuación policial, creación de unidades especializadas para la lucha contra los delitos de odio y el establecimiento de marcos estables de cooperación y comunicación entre las policías comunitarias, otras entidades locales y las organizaciones de la sociedad civil.

Inicialmente, el proyecto CLARA se marcaba como meta la elaboración de un proyecto común de transformación a aplicarse en todas las localidades participantes. Sin embargo, las propias comunidades locales optaron, debido a las necesidades identificadas, en trabajar más de un proyecto; ya que la complejidad de las transformaciones esperadas y el escaso nivel de desarrollo de este tipo de estrategias en municipios concretos requería de varias acciones conjuntas que atendieran todos los ejes de prevención, intervención, coordinación y asistencia

En concreto, estos han sido los resultados que ha tenido el proyecto en cada una de las localidades participantes: 

  • La CLAP de Elche ha desarrollado una Unidad Específica de Relaciones con la Comunidad, que se apoya en una mesa técnica de trabajo. 
  • La CLAP de Fuenlabrada ha diseñado una Alianza por la Tolerancia y Contra el Odio y la Discriminación cuyo objetivo es aflorar los incidentes y delitos de odio gracias a la colaboración con las asociaciones. 
  • La CLAP de Getafe ha desarrollado una unidad de Gestión de la Diversidad que trabaja coordinada con una Mesa Mixta, también creada de acuerdo con la Guía para reconocer y actuar ante los delitos de odio, elaborada por la comunidad. 
  • La CLAP de Leganés ha diseñado dos productos: la Comunidad Local por la Convivencia y la Diversidad y el Manual de Procedimiento de Actuación ante Casos de Racismo, Xenofobia y Delitos de Odio. Este último, incluye un flujograma de actuaciones policiales ante delitos e infracciones
  • La CLAP de Madrid ha creado un guía “Racismo, Xenofobia y Otras Formas de Intolerancia: Manual de Actuación Policial” y ha diseñado la figura del agente enlace con la comunidad, dependiendo de la Oficina de Atención al ciudadano.
  • La CLAP de Málaga ha proyectado la creación de un Subgrupo de odio y diversidad y ha desarrollado una formación de choque en detección, prevención y tratamiento de incidentes y delitos de odio y discriminación, ya impartida a aproximadamente 350 policías. El desarrollo de un manual policial sobre delitos de odio permanece, en el momento de redactar este informe, inconcluso.
  • La CLAP de Pamplona ha diseñado un acuerdo de colaboración entre asociaciones y Policía Municipal de Pamplona cuyo objetivo principal es incrementar el conocimiento y la denuncia de los delitos e incidentes de odio a través de la creación de una red de denuncia y el formulario de denuncia desarrollado también como producto.

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones la importancia de trabajar en la prevención de los delitos de odio en el ámbito local. En este sentido, a finales de noviembre de 2021 organizamos un webinar destinado a analizar cómo prevenir y abordar los delitos de odio por motivos de identidad sexual o de género. Puedes encontrar las principales conclusiones del debate en este artículo. Además, también nos hicimos eco de las recomendaciones de la Fiscalía General del Estado para prevenir los discursos de odio en las redes sociales, las cuales son el primer eslabón para su prevención. 

Si quieres conocer más sobre estos temas, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook y Twitter.

La prevención de los delitos de odio por motivos de identidad sexual o de género: claves y retos

El aumento de denuncias por delitos de odio en los últimos años ha llevado a las administraciones a replantearse las políticas y acciones relacionadas con su prevención y abordaje. A pesar del confinamiento por la pandemia, durante el año 2020 se registraron un total de 282 delitos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género. Con la recuperación de la normalidad, en el primer trimestre de 2021 estos delitos han aumentado un 43%, según los datos del Ministerio del Interior. Por estos motivos, desde FEPSU impulsamos el pasado 23 de noviembre un webinar destinado a analizar cómo prevenir y abordar este tipo de delitos. Aquí te resumimos algunos de los puntos clave que se discutieron en el debate. 

El papel clave de los municipios

El coloquio estuvo moderado por el regidor de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Dénia, Javier Scotto Di Tella Manresa; y contó con la participación de la subdirectora general de Soporte al Sistema de Seguridad en el Ámbito Local del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, Begoña Curto; la responsable de la Unidad de Apoyo y Protección de la Mujer, Menor y Mayor de la Policía Municipal de Madrid, Marta Fernández Ulloa; el Secretario de Gestión Policial de la Diversidad de UNIJEPOL, David Garfella; y la Fiscal de la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, Patricia Rodríguez Lastras. 

El primer tema que se trató fue el papel clave de los municipios en la batalla contra la discriminación. Scotto Di Tella ha señalado que para detener el crecimiento de los delitos de odio es necesario abordar la cuestión desde una perspectiva municipal, ya que “el municipalismo actúa allí donde hay un problema”. 

En este sentido, es vital la creación en cada municipio de un Protocolo de Seguridad y Atención a las Víctimas, que vaya acompañado de formación a los agentes de policía y de la insistencia en una elaboración perfecta y minuciosa de los atestados policiales. Estos protocolos deben servir para abordar y prevenir cualquier muestra de “diversifobia”, como la ha descrito el regidor, en referencia a la discriminación hacia cualquier tipo de diversidad. 

Scotto Di Tella ha subrayado que la crisis sanitaria provocada por la pandemia ha conllevado una involución en este tipo de abordajes, ya que, sobre todo durante el confinamiento, se ha aumentado la invisibilización del problema de estos delitos a la vez que no se han desarrollado planes municipales al respecto. Por estos motivos, el municipalismo debe servir para priorizar políticas en favor de la diversidad, analizar los resultados de estas actuaciones, movilizar actores y sensibilizar a la ciudadanía. 

Prevenir, detectar y gestionar

Por otro lado, Begoña Curto ha explicado que existen tres pilares para tratar los delitos de odio: prevenir, detectar y gestionar. En primer término, Curto ha explicado que es básico disponer de un interlocutor con la comunidad LGTBIQ+ para identificar los colectivos susceptibles de sufrir delitos de odio y discriminación, así como para demostrar que la policía rechaza estas conductas.

En lo que respecta a la detección, los agentes de policía deben tener en cuenta indicadores que definan y complementen el relato de los delitos de odio, como los comentarios y expresiones del presunto autor de la agresión, su estética para saber si tiene tatuajes contrarios al colectivo, la presencia de banderas o pancartas vejatorias, etc.

Finalmente, una vez ocurre el delito de odio, hay que abrir tres ámbitos de trabajo, según lo establecido en el protocolo para el abordaje de las infracciones de odio y discriminación para las policías locales, como el que funciona en Catalunya. El primero es el trabajo con la víctima, para lo cual los agentes cuentan con 21 pautas para tratarla, como no minimizar los hechos ocurridos. Otro pilar es el de las acciones con el presunto autor del delito de odio. La gestión también debe contar con un reportaje fotográfico que apoye la documentación policial y un informe detallando las lesiones físicas y el estado emocional de la víctima.

Poner a la víctima en el centro

El caso de la Unidad de Gestión de la Diversidad de Madrid ha servido para explorar un caso de éxito de abordaje y prevención local de este tipo de delitos. Marta Fernández Ulloa ha afirmado que la ​​clave de las actuaciones policiales es “poner a la víctima en el centro” y ello pasa, por ejemplo, por dejar por escrito todos los detalles en el atestado policial y reconvertir las comisarías en espacios de confianza y confidencialidad, con el objetivo de incentivar la denuncia y combatir la infradenuncia. 

Las funciones esenciales de la Unidad de la Gestión de la Diversidad son la lucha contra la discriminación e intolerancia y el facilitar que las personas discriminadas puedan ejercer sus derechos. Dentro de las funciones está la cooperación con las entidades de la comunidad LGTBIQ+, las cuales Marta Fernández considera como “vías de entrada” para que los agentes de policía puedan investigar casos de delito de odio. 

Precisamente esta comunicación es la que está dando mejores resultados, ya que sirve para que se denuncien delitos, poder crear un mapa de riesgos y estrategias (como desplegar patrullas de alta visibilidad) y compartir el trabajo policial con estas organizaciones.

¿Cómo convertir a la policía en aliada?

El éxito de muchas de estas medidas y estrategias depende, en buena medida, de un cambio de cultura dentro de las propias policías locales. David Garfella ha señalado que la organización interna de la policía debe cambiar para fomentar la formación en Derechos Humanos, con agentes más sensibilizados y predispuestos, así como mejorando protocolos y tomando denuncias con mayor fidelidad. 

Según Grafella, esto solo se puede lograr mediante la transversalidad y el acercamiento a los colectivos LGTBIQ+, para conocer qué necesitan. En este aspecto es destacable el papel del “agente enlace”, que actúa como una cara visible de la policía que mantiene una comunicación constante con los colectivos. Grafella ha solicitado, por otro lado, que se refuercen los instrumentos legales para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, así como la creación de una Ley integral de igualdad de trato y contra la discriminación.

La prevención en línea

Por su parte, Patricia Rodríguez Lastras ha resaltado que un factor clave en la prevención de este tipo de delitos es la erradicación de los discursos de odio en Internet. En este sentido, el Estado español fue uno de los primeros en crear una red de especialistas en delitos de odio por Internet, persiguiendo aquellos que exceden por completo los límites de la libertad de expresión para humillar a colectivos como el LGTBIQ+ y fomentar la violencia contra las personas diversas. 

Rodríguez Lastras ha afirmado que, para proteger a las víctimas, es fundamental eliminar los contenidos rápidamente para evitar la revictimización y el aumento de popularidad de estas publicaciones vejatorias. En este aspecto, el punto de contacto creado en España permite contactar directamente y de forma ágil con compañías dedicadas a las redes sociales como Facebook, Twitter y Google sin recurrir a una comisión rogatoria hacia otros países como Estados Unidos, sede de la mayoría de estas compañías. 

Si quieres conocer más sobre las claves y los retos en la prevención y el abordaje de los delitos de odio por motivo de orientación sexual o identidad de género, no dudes en consultar el relato completo del webinar organizado por FEPSU. Te compartimos también algunos de los recursos que los y las ponentes compartieron durante la jornada, como el Protocolo para abordar las infracciones de odio y discriminación para las policías locales y el Protocolo de seguridad contra las violencias sexuales entornos de ocio, ambos de la Generalitat de Catalunya; así como la explicación sobre el trabajo de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid

La importancia de prevenir la violencia de género en la adolescencia

La violencia de género es la expresión más visible de la discriminación que viven las mujeres en la sociedad. Sin embargo, muchas veces estas situaciones, que pueden expresarse a través de agresiones físicas, verbales o psicológicas, pasan desapercibidas incluso para el entorno más cercano de las personas que las sufren. Es especialmente preocupante la prevalencia de estas violencias en la adolescencia y la juventud, ya que su expresión en edades tempranas puede provocar una naturalización o normalización de estas prácticas discriminatorias. Por eso es clave que desde las administraciones y las entidades sociales se lleven a cabo estrategias innovadoras e integrales para favorecer su prevención. En FEPSU te compartimos algunos datos que ayudan a entender esta problemática, así como un ejemplo de buenas prácticas. 

Un fenómeno de difícil detección

Uno de los primeros retos para poder llevar a cabo estrategias eficientes de prevención de la violencia de género en la adolescencia y la juventud es su difícil detección. Según la asociación SIDA STUDI, que trabaja en favor de una sexualidad libre de violencias machistas, las adolescentes que han sido víctimas de agresiones por parte de hombres prefieren pedir ayuda a sus amigas, antes que a figuras adultas de autoridad, como pueden ser los y las docentes. 

Según los datos de la última Macroencuesta de violencia contra la mujer (Ministerio de Igualdad, 2019), solo el 7,3% de las chicas de entre 16 y 24 años acude al personal docente para explicar violencias de género vividas en los entornos escolares o académicos. Aún así, según esta misma encuesta, un 71,2% de las mujeres en el mismo grupo de edad mencionado anteriormente aseguró haber vivido situaciones de violencia machista

De forma muy similar, en el ámbito europeo la Encuesta de violencia de género contra las mujeres en Europa, realizada en 2012 por la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, reflejaba que el 35% de las mujeres europeas declararon haber sufrido violencia física, sexual o psicológica antes de los 15 años.

Desde SIDA STUDI, a pesar de estos datos, consideran que hacen falta encuestas con una perspectiva feminista que no reproduzcan “estudios basados indicadores de ‘riesgo’, sin un análisis contextual y estructural que ponga en evidencia las desigualdades que viven o que pueden llegar a vivir en el futuro”. 

En este sentido, desde la asociación señalan que la “naturalización del amor romántico”, según el cual los hombres tienen que asumir una “masculinidad fuerte y protectora” y las mujeres una feminidad “dócil y sumisa”, dificulta la detección de comportamientos que pueden derivar en situaciones de violencia machista en estas edades tempranas. 

‘Cut All Ties’, una experiencia innovadora

Ante esta situación de difícil detección de las violencias de género en la adolescencia y la juventud, no solo hace falta una apuesta directa y ambiciosa por parte de las administraciones públicas, sino también estrategias innovadoras para favorecer su prevención

Entre las distintas experiencias de buenas prácticas que existen en este sentido se encuentra el proyecto Cut All Ties. Innovation to foster critical thinking tackling gender-based violence on youth affective sexual relationships, financiado por el programa REC de la Comisión Europea y llevado a cabo en España por la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD). 

Esta iniciativa, que se puso en marcha en enero de 2021, se llevará a cabo hasta enero de 2023 y tiene por objetivo el abordaje de la violencia de género a través del diseño, implementación y validación de una metodología piloto eficaz e innovadora de gamificación de las TIC. Se trata de un enfoque de creación de procesos de aprendizaje interactivo que ayuden a difundir mensajes de sensibilización, prevención y reducción de la violencia de género entre jóvenes de 15 a 17 años en seis centros educativos de Barcelona, Madrid y Milán.

Entre las actividades que se encuentra desarrollando el proyecto Cut All Ties se encuentra la recogida de 200.000 datos mediante la creación de una “plataforma transnacional de análisis de texto de inteligencia artificial”, cuya meta es identificar problemas sociales urgentes y anónimos de jóvenes y ciudadanos de las tres localidades participantes, relacionados con problemas de violencia de género.

Además, la iniciativa prevé el diseño participativo de un programa de capacitación y formación para la prevención e identificación de la violencia de género en las primeras relaciones afectivo-sexuales de los jóvenes, con la participación de 120 familias de estudiantes de 6 institutos; así como alrededor de 240 acciones de sensibilización desarrolladas por jóvenes para prevenir la violencia de género en las relaciones sexuales-afectivas de los jóvenes mediante la metodología The Social Coin, una cadena de acciones voluntarias con impacto social.

Entre los impactos que se esperan obtener del proyecto Cut All Ties se encuentra la reducción de un 10% de las actitudes y comportamientos que debilitan la igualdad de género en las relaciones afectivo-sexuales de los jóvenes, el incremento de un 20% del conocimiento para identificar la escalada de la violencia de género contra las chicas, así como el aumento del conocimiento sobre recursos que apoyan a las víctimas de violencia de género.

En total, se beneficiarán unos 120 estudiantes de la formación para el desarrollo de capacidades y toma de conciencia en cuestiones relacionadas con la violencia machista, así como 120 docentes que aumentarán sus herramientas educativas para prevenir e identificar problemas de discriminaciones de género entre sus estudiantes. Finalmente, se espera obtener el compromiso de unas 30 entidades interesadas en capitalizar y ampliar los resultados del proyecto. 

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones la importancia de aplicar estrategias innovadoras en la prevención de la violencia de género. Por ejemplo, nos hemos hecho eco de las investigaciones que señalan que es necesario ampliar la definición de acoso sexual para una mejor prevención. Asimismo, hemos compartido los análisis que se han hecho desde una perspectiva de género para intentar responder a la pregunta sobre si corren el mismo riesgo hombres y mujeres al moverse por la ciudad. Finalmente, también hemos tratado las distintas propuestas de la perspectiva de la prevención a través del diseño ambiental para poder crear calles más seguras para las mujeres

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Aplicaciones móviles de alerta de delitos: beneficios y limitaciones

En seguridad urbana, la tecnología se puede utilizar para promover un modelo de seguridad integrado, en el que la misma se coproduce con la ciudadanía. La población suele participar a través de las redes sociales en sus diversas formas: plataformas, redes, aplicaciones o servicios de mensajería. También existen aplicaciones móviles de alerta de delitos, que funcionan de diferentes formas y para distintos propósitos. Algunas tienen como objetivo recopilar información sobre los niveles de criminalidad en una ciudad y ofrecer orientación general a las víctimas. Otras se centran en delitos específicos, como delitos de odio o violencia contra la mujer. Por otro lado, algunas ofrecen un canal de comunicación directo con los servicios de la policía local o con instancias de apoyo a las víctimas, mientras que otros solo ofrecen apoyo entre pares. El proyecto Cutting Crime Impact (CCI) ha recopilado distintas iniciativas de este estilo en una guía informativa, para analizar su impacto en las realidades locales. En FEPSU te compartimos algunos de los puntos más interesantes de la misma. 

Empoderar e informar

Las aplicaciones de alerta de delitos pueden ayudar y empoderar a las víctimas de diferentes formas. Al aclarar sus derechos legales y proporcionar información sobre los servicios de apoyo a las víctimas y los posibles pasos siguientes, estas aplicaciones permiten a la ciudadanía tomar una decisión informada con respecto a sus opciones. Pueden ayudarlos a navegar lo que podría ser una red confusa de servicios disponibles para ellos, permitiéndoles tomar el control de la situación. 

Las aplicaciones también pueden empoderar a los grupos discriminados o vulnerabilizados, como los miembros del colectivo LGBTIQ+, para buscar apoyo en casos de violencias o discriminaciones experimentadas y así denunciarlo, si no formalmente a la policía, al menos de forma anónima a través de la aplicación, proporcionando un importante primer paso en el proceso de denuncia antes de acudir a las autoridades.

Información e impacto en políticas públicas 

Además de empoderar y apoyar a las víctimas, las aplicaciones de alerta de delitos pueden ser una fuente de información sobre los tipos de delitos que a menudo no se denuncian. Pueden esclarecer realidades que no se reflejan en las estadísticas oficiales sobre delincuencia. Esto plantea una serie de preguntas: ¿A quién se debe informar de las alertas: a las autoridades locales u otras instancias, como los servicios de apoyo a las víctimas? ¿Cómo pueden los agentes de seguridad locales trabajar en respuestas conjuntas con otros servicios?

Estas aplicaciones pueden también tener impactos en las políticas públicas. Como fuente de información, las aplicaciones de alerta de delitos pueden ayudar a las autoridades a comprender mejor las experiencias de los diferentes colectivos de la comunidad y adaptar sus políticas públicas a las necesidades reales. También puede fomentar respuestas que incluyan a todas las partes interesadas relevantes en la elaboración de soluciones. Además, estas aplicaciones móviles pueden permitir asociaciones con el sector privado e integrar su experiencia en la creación de bases de datos sobre delitos no denunciados. 

Implicaciones sociales y éticas

A pesar de los beneficios que estas aplicaciones, su mal manejo también puede significar consecuencias negativas para la población y para determinados colectivos. Existe el riesgo de que los datos recopilados de las aplicaciones de alerta de delitos se utilicen de formas que lleven a la estigmatización de los vecindarios. Por ejemplo, la idea de utilizar ubicaciones de alerta para crear un «mapa de calor» puede implicar sesgos de varios tipos.

La activación de una alerta puede basarse en una percepción de inseguridad básicamente subjetiva del usuario, más que en una situación objetiva de peligro. Estos sentimientos subjetivos se proyectan en los barrios, ya que lo que una persona encuentra inspirador en un entorno concreto, otra persona puede encontrarlo inseguro y aterrador. Además, estas percepciones de inseguridad pueden estar generadas a partir de prejuicios conscientes o inconscientes, lo que lleva a la discriminación en la recopilación de datos. Una posible falta de diversidad en la base de usuarios de una aplicación puede exacerbar este problema, y existe el peligro de que el tamaño de la muestra de usuarios sea demasiado pequeño para usarse como base para conclusiones generales.

Además, las aplicaciones que dependen de una comunidad abierta de usuarios para recibir y responder a alertas pueden correr el riesgo de ser infiltradas por personas con la intención de robar datos o utilizarlos para cometer delitos. Una mala encriptación puede permitir monitorear las alertas y, por ejemplo, acceder a la ubicación de una víctima en peligro, poniéndola en mayor riesgo.

Por otro lado, existen varios riesgos de protección de datos asociados con las aplicaciones de alerta de delitos. En primer lugar, los usuarios anónimos o pseudoanónimos podrían combinar sus datos con otros conjuntos de datos y registros, lo que podría significar que un usuario no puede permanecer inidentificable cuando lo desee. Los marcos legales existentes, en particular el marco de protección de datos de la UE, no abordan las técnicas de análisis de datos en evolución que podrían llevar a tal compromiso del anonimato. También existe la preocupación de que estas aplicaciones contribuyan a una sutil erosión de la privacidad por parte de la tecnología, ya que algunos pueden argumentar que su seguimiento de la ubicación de los usuarios es una forma de vigilancia.

Buenas prácticas 

A pesar de estas dificultades, el proyecto CCI ha decidido resaltar aquellas aplicaciones que por sus buenas prácticas están teniendo resultados satisfactorios. Una de ellas, por ejemplo, es App-Elles, una app gratuita de seguridad personal contra la violencia de género, desarrollada en 2015 por Resonantes, una organización francesa sin fines de lucro que aborda la violencia contra mujeres y niñas. La aplicación tiene dos propósitos principales: proporcionar ayuda y recursos y proporcionar una funcionalidad de alerta.

En España, en cambio, el Instituto de Derecho y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha desarrollado la aplicación RightsApp, financiada por el programa de Justicia de la Unión Europea. Su principal objetivo es empoderar a los ciudadanos europeos cuando se convierten en víctimas de delitos y ofrece servicios como una conexión directa con los servicios de emergencia, un recopilatorio de información sobre los derechos de las víctimas y la opción de buscar entidades como comisarías, centros de apoyo y consulados, por ciudad, país y tipo de entidad.

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones las posibilidades de la tecnología para garantizar una buena prevención del delito y un mantenimiento de la seguridad urbana. Por ejemplo, hemos destacado una aplicación móvil para mejorar la seguridad y la prevención impulsada por el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, hemos analizado cómo usar la tecnología para prevenir amenazas a la seguridad y también hemos abordado los criterios éticos para un buen uso de la inteligencia artificial. Síguenos en Twitter y Facebook para estar al tanto de los próximos artículos, eventos y novedades.

Las redes, primer eslabón para una prevención de los delitos de odio

Los delitos de odio han en ido aumento en España en el último año. El primer trimestre de 2021 ha visto especialmente una tendencia al alza en este tipo de crímenes, sobre todo en lo que se refiere a aquellos motivados por la orientación sexual, los cuales se han incrementado en un 43% respecto al mismo período del año pasado. Ante esta realidad, las distintas administraciones —estatales, autonómicas y locales— están tomando medidas para prevenir este tipo de situaciones. En concreto, la Fiscalía General del Estado ha anunciado la implementación de un protocolo para combatir los discursos de odio en Internet, como una estrategia clara para atajar este tipo de delitos antes de que ocurran y garantizar así una mejor prevención. En FEPSU te explicamos las distintas acciones que se están desarrollando en el país y reflexionamos alrededor de los datos más recientes sobre este tipo de crímenes. 

Un protocolo interinstitucional

La Unidad Especializada de Criminalidad Informática de La Fiscalía General del Estado ha puesto en marcha a inicios de septiembre los diferentes procedimientos del protocolo para combatir el discurso de odio en línea. Dicho protocolo fue suscrito a inicios de 2021 por la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, distintas secretarías de Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, así como por organizaciones de la sociedad civil y por empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos. 

El protocolo se enmarca en el acuerdo interinstitucional para colaborar en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia, el cual fue suscrito el 19 de septiembre de 2018. De esta manera, la Unidad Especializada de Criminalidad Informática se encargará de forma preferente de gestionar la retirada o el bloqueo en el entorno digital de aquellos contenidos ilegales, para garantizar así el ágil y efectivo cumplimiento de la ley y la debida protección de las víctimas y personas vulnerables.

La implementación de este protocolo tiene especial importancia si se tiene en cuenta que la propia Fiscalía constata en su Memoria 2020 que las redes sociales han sido el medio principal a través del cual se ha vehiculado la mayoría de delitos de odio por motivo ideológico, los cuáles han ido en aumento en el último año. La orientación sexual, el racismo y lo xenofobia, sin embargo, continúan siendo los motivos más numerosos de crímenes discriminatorios. Además, la Unidad de Criminalidad Informática ha alertado también de una progresión de las conductas en línea que atentan contra la libertad sexual, sobre todo de los menores de edad. 

Los delitos de odio, en aumento

Según los datos más recientes del Ministerio de Interior, en los últimos siete años los delitos de odio han aumentado un 9% en España. En 2020 se reportaron un total de 1.401 crímenes de este tipo, aunque hay que tener en cuenta que los datos del año anterior han estado condicionados por la pandemia y el confinamiento domiciliario. Si se toma en cuenta 2019, el último antes de la crisis sanitaria, el aumento respecto a 2014 es del 33%

Por otro lado, los delitos específicos por orientación sexual han tenido también una tendencia al alza. A pesar del confinamiento y de la reducción de los delitos en general durante el 2020, en ese año se registraron prácticamente los mismos delitos de odio por orientación sexual que en 2019: 282 frente a 283. Un dato que lleva a pensar que, de no haber existido las restricciones de movilidad e interacción social provocadas por la Covid-19, las cifras de delitos en 2020 habrían sido mayores que en 2019. 

En Catalunya, el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha llegado a reconocer que existen “grupos de gente que quedan para salir a cazar” a personas homosexuales o con otra identidad sexual diversa. Un hecho especialmente preocupante si se tiene en cuenta que según el Ministerio del Interior los delitos de odio por orientación sexual han crecido un 43% en el primer trimestre de 2021 y que en ese mismo período han salido a la luz diversos casos de agresiones a personas del colectivo LGTBI que han levantado la indignación social debido a su crudeza, como puede ser el asesinato de Samuel Luiz en A Coruña a principios de julio.

Debido a estos casos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para el 10 de septiembre una reunión extraordinaria de la Comisión de seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio que servirá para actualizar los criterios para que un delito sea reconocido como tal y adoptar los cambios pertinentes para mejorar su prevención.

Estrategias locales

Desde las administraciones locales se han ido desarrollando distintas estrategias para abordar los discursos de odio y garantizar así una mejor prevención de las muestras de intolerancia y discriminación. En 2017, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha la campaña #BCNvsOdi, la cual, a través de una página web y de distintas acciones en el espacio público, busca ser una plataforma de divulgación y sensibilización en materia de lucha contra el discurso de odio, tanto en su manifestación en línea como fuera de Internet, con información, materiales y recursos pedagógicos, informativos y de análisis para la ciudadanía.

Recientemente y en el mismo sentido, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha puesto en marcha la campaña de sensibilización La fuerza de las palabras, que busca divulgar experiencias, sentimientos y vivencias de los ciudadanos del municipio para generar narrativas interculturales que se enfrenten a los mensajes de odio y de crispación que se leen en las redes sociales

En FEPSU hemos reflexionado en distintas ocasiones sobre la importancia de la prevención a la hora de abordar los delitos de odio. Por ejemplo, hemos analizado cómo abordar la discriminación y promover la igualdad a través de los Derechos Humanos, así como la necesidad de ampliar la definición de acoso sexual para una mejor prevención o hemos desgranado también las cifras del racismo y la xenofobia, como principales causas de discriminación. ¡Únete a la conversación para conseguir una mejor seguridad urbana!