La micromovilidad, ventajas y desafíos

La micrmovolidad en una ciudad.

En los últimos años, la micromovilidad se ha convertido en una tendencia en auge en las principales ciudades de todo el mundo. El uso de bicicletas y patinetes eléctricos ha transformado la forma en que nos desplazamos, ofreciendo alternativas más sostenibles, económicas y ágiles para recorrer las calles urbanas. En este artículo, exploramos la situación de la micromovilidad en las ciudades españolas, incluyendo un breve análisis de la normativa vigente, datos de volumen de usuarios y accidentalidad, así como algunos consejos de seguridad.

Los vehículos de movilidad personal (VPM) y sus usuarios/as

La micromovilidad, que engloba los medios de transporte individual de pequeño tamaño y propulsión humana o eléctrica, se ha convertido en una solución cada vez más popular para sortear los problemas de tráfico, mejorar la calidad del aire y fomentar un estilo de vida más activo.

El pasado mes de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España por el incumplimiento sistemático de la norma comunitaria de calidad del aire en las ciudades de Madrid y Barcelona. La normativa, aprobada por la comisión en 2010, fija los límites anuales de seguridad en relación a la exposición de dióxido de nitrógeno (NO2), una sustancia altamente nociva para la salud de quienes la inhalan de forma continuada. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) viene estimando la mortalidad prematura asociada a este tipo de exposición desde 2014 cifrando en 49.000 los casos para toda Europa y en 5.900 para España.

Más allá de la movilidad sostenible que proporcionan estos vehículos, se abre un camino muy interesante en todo lo relativo a la intermodalidad, esto es, la combinación de bicis y patinetes con otros medios de trasporte público como el tren o los autobuses que facilita la entrada a las grandes ciudades desde poblaciones vecinas. De esta manera, usar el patinete para llegar al tren, desplazarse al centro de la ciudad y de ahí al destino final de nuevo con el vehículo de micromovilidad, se presenta como una alternativa sólida al uso del coche para desplazamientos puerta a puerta.

En España, la micromovilidad ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Las ciudades han implementado sistemas de alquiler de bicicletas y patinetes, contribuyendo con ello a un aumento en el número de usuarios. Según datos recientes, el número de desplazamientos en bicicleta en las ciudades españolas ha aumentado en un 11% en el último año, mientras que el uso de patinetes eléctricos se ha multiplicado por cuatro.

Uno de los estudios más recientes es el presentado por la proveedora de servicios de micromovilidad Tier Mobility. Los resultados del trabajo de campo, realizado en 36 ciudades de 14 países europeos, sitúan a España como el primer país con el mayor porcentaje de usuarios/as de ese tipo de vehículo, alrededor del 30%. Entre las ciudades españolas Madrid se sitúa en el primer puesto con un 43% de personas que declaran usar patinetes eléctricos de manera habitual.

La comodidad, el precio y la facilidad de su conducción son las principales razones, la seguridad y la falta de infraestructuras, las principales preocupaciones. De este modo, bicicletas y patinetes eléctricos son vistos como aliados para una movilidad más sostenible y eficiente, especialmente en distancias cortas y medianas.

No obstante, su llegada en masa y la escasa exigencia para conducirlos provocan algunos problemas relacionados con la seguridad de las ciudades que los acogen. Solamente en el municipio de Barcelona para el año 2022 se registraron alrededor de 900 incidencias con vehículos de movilidad personal implicados, y los últimos datos oficiales muestran que en 2021 se duplicaron las víctimas mortales por accidentes de patinetes eléctricos respecto a 2020, 13 y 6 respectivamente. Por todo ello, entendemos que la transformación de los patrones de movilidad en las ciudades requiere un acercamiento de las instituciones y se posiciona como un tema clave en la seguridad vial de las mismas.

Regulación disponible

Como sucede con todos los fenómenos que de manera repentina pasan a formar parte del día a día de las ciudades, se necesita cierto margen para adecuar su regulación a las necesidades y problemas que plantean.

El caso de los vehículos de micromovilidad no es una excepción y a día de hoy el contenido de las normas que los regulan sigue siendo desconocido por buena parte de los/las usuarios/as.

La competencia normativa de los VPM y las bicicletas se reparte entre el estado y las corporaciones municipales. El estado regula con carácter general la seguridad vial y la circulación a través de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Dicha legislación se desarrolla a través del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación recientemente modificado por el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, que, ahora sí, formaliza la regulación de los vehículos de movilidad personal.

A partir de las bases fijadas por la legislación estatal las ordenanzas municipales pueden establecer su regulación específica. De este modo, ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia presentan algunas diferencias como la edad mínima para conducirlos (Madrid y Sevilla la establece en 15 años y Barcelona y Valencia fijan los 16, pero Pamplona la sitúa en 14), la circulación por calzadas generales (permitida en Madrid, Valencia o Barcelona cuando su velocidad esté limitada a 30 km/h), el uso del casco (obligatorio en Pamplona pero recomendado en Barcelona y Madrid) o la obligatoriedad de disponer de un seguro a terceros obligatorio (Benidorm, Palencia, Córdoba o Mahón sí lo exigen pero ciudades como Madrid o Barcelona todavía no).

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha elaborado un manual de características técnicas de los VMP que establece los requisitos obligatorios de que deberán disponer estos vehículos a partir de 2024, tanto en lo relativo a sus equipamientos como a la calidad de su fabricación. De este modo, todos los modelos y marcas existentes en el mercado deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas. Por otro lado, la nueva regulación prevé una moratoria que permitirá seguir circulando a los vehículos sin certificación hasta enero de 2027.

A continuación, detallamos algunos elementos de la regulación común para toda España, no sin aconsejar que antes de utilizar estos vehículos, sus usuarios/as profundicen en la normativa local de cada ciudad.

A día de hoy, las 10 normas principales sobre el uso de VMP son las siguientes:

  1. No pueden circular por las aceras.
  2. Tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos.
  3. Solo puede ocuparlos una persona, por eso son vehículos de movilidad personal.
  4. Prohibido el uso de auriculares y/o teléfonos móviles.
  5. Su velocidad máxima es de 25 km/h.
  6. Sus conductores están sometidos a las mismas tasas de consumo de alcohol que los de otros vehículos.
  7. No es necesario permiso de circulación.
  8. Deben disponer de sistema de frenado.
  9. Deben disponer de dispositivo de advertencia acústica (timbre).
  10. Deben disponer de luces y dispositivos reflectantes traseros y delanteros.

Desde el FEPSU seguimos comprometidos con la seguridad y la sostenibilidad de nuestras ciudades, así como con el estudio y difusión de las medidas que nos permiten hacer frente a los nuevos retos.

Seguridad y personas mayores: la prospectiva hecha realidad

El envejecimiento de la población es una realidad en España y en muchos países del entorno. El aumento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad han llevado a un cambio demográfico significativo. En este contexto, es fundamental comprender las características y los datos relacionados con el envejecimiento de la población, así como los riesgos principales que sufren las personas mayores en relación con la seguridad pública.

En este artículo te explicamos de qué manera deben trabajar las ciudades para garantizar la seguridad de la población de edad más avanzada y presentamos algunas de las iniciativas de nuestros socios en esa dirección.

Nos hacemos mayores

El envejecimiento de la población es un fenómeno global y España y sus países vecinos no son una excepción. En los últimos años se ha observado un aumento constante del número de personas mayores de 65 años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística se estima que en España el porcentaje de personas mayores de 65 años alcanzará el 30% de la población total en las próximas décadas.

El envejecimiento de la población plantea desafíos en diversos aspectos como la atención médica, la seguridad social y, por supuesto, la seguridad pública de las personas mayores.

Uno de los indicadores demográficos básicos más usados para expresar esta realidad es el índice de envejecimiento, esto es, el porcentaje de personas mayores de 64 años sobre la población menor de 16 años. A uno de enero de 2022, en España, el porcentaje se ha registrado en 135.5, contabilizándose alrededor de 135 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, 4.4 puntos por encima del valor del año anterior.

El último año registrado en el que las personas jóvenes fueron más que las mayores es 1999. Con el inicio de siglo el indicador comienza a situarse por encima de 100 y desde entonces ha experimentado un aumento paulatino hasta el 135.5% actual.

Las principales razones de este envejecimiento se encuentran en la combinación de dos factores: la baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida.

En el primer caso, los datos revelan un descenso muy significativo, el 39% menos de nacimientos que diez años atrás. Por otro lado, a pesar de reducirse en 1.5 años en 2020 por causa de la pandemia, la esperanza de vida experimenta un aumento progresivo en las últimas décadas. De los 77.07 años en 1991 ha pasado a situarse alrededor de los 83 años en 2022.

Las políticas públicas de seguridad no pueden obviar esta realidad y conviene integrar esta perspectiva en todas las fases de su elaboración.

Algunos de los riesgos principales están relacionados con la inseguridad en el entorno urbano. Las personas mayores pueden ser más vulnerables a la delincuencia, así lo han manifestado algunas teorías criminológicas que con más o menos evidencia empírica identifican esa vulnerabilidad física con un mayor sentimiento de inseguridad. La falta de movilidad, la fragilidad física y una menor capacidad para defenderse aumentan su riesgo, aunque los cierto es que los valores relativos a la victimización de los grupos de edad más avanzada que registran los principales estudios sobre la materia de que disponemos suelen ser los más bajos. Una de las explicaciones se encuentra en el hecho de que una mayor vulnerabilidad quedaría compensada con una actitud más prudente y precavida. A la vez, la exposición de las personas mayores en el espacio público se reduce a franjas de tiempo más cortas en comparación con otros segmentos de población lo que podría explicar ese menor protagonismo en determinados ámbitos de victimización.

Más allá de la seguridad pública relacionada con la delincuencia, en el caso de las personas mayores es importante atender a un diseño urbanístico inclusivo de las ciudades. Los entornos urbanos deben diseñarse pensando en su accesibilidad, con aceras en buen estado, señalización clara, ausencia de obstáculos y rampas adecuadas para facilitar su movilidad. Es esencial que se adopten medidas para garantizar entornos urbanos seguros, iluminados y accesibles para todos/as.

Finalmente, otro de los aspectos relevantes cuando pensamos en el bienestar de las personas mayores tiene que ver con la soledad y el aislamiento que algunas de ellas sufren de forma no deseada. Es importante fomentar la participación social y comunitaria, así como garantizar espacios seguros y amigables y programas de actividades adaptadas a sus intereses.

Algunas iniciativas

Las iniciativas públicas centradas en el estudio de la situación de las personas mayores no son algo nuevo. En este sentido, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya elaboró para el periodo 2015-2018 el Plan Integral de Seguridad de las personas mayores. En paralelo, el mes de febrero de 2015 se presentaba una edición especial de la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya centrada en el diagnóstico de la seguridad y su percepción por parte de este grupo de personas.

Recientemente, el pasado mes de mayo, el Ajuntament de Barcelona presentó una nueva guía práctica con recomendaciones sobre cómo combatir el edatismo que sufren las personas mayores. El documento final es fruto de la colaboración entre la asociación SomSeniors y el Departament de Promoció de les Persones Grans del mismo Ajuntament de Barcelona, y sirve, entre otras cosas, para incorporar algunas de las medidas presentes en el informe mundial sobre discriminación por edad elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Actualmente, el colectivo de gente mayor de 65 años presenta un alto grado de diversidad que no siempre es reconocido. Esta situación puede provocar distintas formas de discriminación y maltrato hacia estas personas. En esencia, a partir del análisis de los principales estereotipos y estigmas asociados a las personas mayores, el documento persigue cambiar la mirada con la que percibimos el envejecimiento actuando desde las administraciones, entidades, medios de comunicación y empresas.

Entre algunas de las recomendaciones se encuentra la necesidad de desmitificar la eterna juventud; mostrar las oportunidades que ofrece la etapa de envejecimiento; la toma en consideración y respeto de las opiniones del colectivo o la necesidad de valorar la participación que las personas mayores tienen en la familia y la sociedad, entre otras.

En esa misma dirección el Ayuntamiento de Madrid dispone de un servicio de Acompañamiento a la integración social de personas mayores que se sienten solas”.

El servicio, dirigido a la prevención, detección y atención de la soledad y aislamiento no deseado de las personas mayores de 65 años, entre otros, persigue los objetivos de capacitar y empoderar a estas personas en la gestión y prevención de las consecuencias negativas del envejecimiento, así como lograr, en casos de riesgo de aislamiento, un acercamiento a las personas mayores que les permita conducir esas situaciones a la inclusión social.

El programa trabaja a partir de dos tipos de intervenciones. En las individuales se realizan llamadas y visitas al domicilio para valorar las circunstancias personales o factores de riesgo que permitan detectar situaciones de soledad no deseada. En esos casos, las intervenciones aportan compañía, seguridad y ayuda en las salidas al exterior de la persona, con ello se crean y fortalecen sus vínculos sociales favoreciendo la integración comunitaria.

El segundo tipo de intervenciones tiene carácter grupal. Mediante hasta ocho sesiones realizadas en dependencias municipales como Centros de Servicios Sociales o bibliotecas, se realizan talleres de una hora y media agrupados en cuatro tipos de contenidos: envejecimiento activo, habilidades sociales, apoyo social o abordaje de la soledad.

A medida que envejecemos, enfrentamos riesgos y desafíos específicos en relación con la seguridad pública y la vida en las ciudades, pero también con el bienestar de las personas mayores y su integración en la comunidad. Desde el FEPSU aplaudimos todas las iniciativas que nuestros socios llevan a cabo para minimizar los efectos negativos que esta realidad supone para las personas.

¿Por qué somos (in)felices? El papel de la seguridad

felicidad, bienestar y seguridad

En los últimos años se observa una tendencia creciente en las instituciones y políticas públicas a la hora de considerar la felicidad y el bienestar de las personas como un objetivo importante en sí mismo. Cada vez son más las iniciativas que presentan directamente y como prioritario el objetivo de la felicidad. Su omnipresencia es indudable.

Ahora bien. ¿En qué consiste ser feliz? ¿Cómo se mide ese estado? ¿Qué lugar ocupa la seguridad en la receta de un bien tan preciado? En este artículo explicamos de qué manera se mide la felicidad y cuál es la relación que mantiene con la percepción de seguridad de las personas.

Progreso y crecimiento: dos cosas distintas

En 2009, un grupo de prestigiosos economistas entre los que se encontraban los premio nobel Joseph Stiglitz y Amartya Sen reciben un encargo del entonces presidente francés Nicolas Sarkozi. Los efectos de la crisis económica de finales de la primera década del SXXI son ya una realidad y cada vez toman más relevancia las voces que cuestionan que los indicadores de crecimiento económico como el Producto Interior Bruto (PIB) sean los únicos protagonistas a la hora de medir el bienestar de nuestras sociedades. Del trabajo realizado por esa comisión nace uno de los informes más citados de la última década: Mismeasuring Our Lives. Why GDP Doesn’t Add Up (Medir mal nuestras vidas. ¿Por qué no cuadra el PIB?)

La premisa del informe planteó que el crecimiento del PIB en la economía de un país, no asegura que su población se beneficie directa y equilibradamente de ese incremento. Tal y como aseguró Stiglitz en su día, “una de las razones por las que la mayor parte de la gente percibe que está peor, aunque el PIB medio suba, es porque efectivamente está peor”.

Esta realidad pone de manifiesto los problemas de utilizar exclusivamente el PIB como medida del bienestar económico y confirma la necesidad de proponer nuevos indicadores que permitan medir el bienestar y la felicidad de una manera más fiable y precisa. Los autores argumentan que, aunque el PIB es una medida útil de la producción y el crecimiento de una economía, no refleja otros aspectos importantes en la vida de las personas como el nivel de desigualdad existente en una sociedad, la distribución de la riqueza o el impacto ambiental.

El cambio de paradigma se confirma y los fundamentos teóricos que lo sustentan deben servir de inspiración a gobiernos de todo el mundo para construir nuevos sistemas de medición con los que evaluar sus políticas públicas.

Durante los siguientes años nacerán conceptos como el de “Felicidad Nacional Bruta” y se crearán Ministerios de la Felicidad en las estructuras políticas de muchos países. El bienestar de los ciudadanos se consolidará como un objetivo más allá del crecimiento económico y al albor de esa realidad, nacerán nuevas medidas como el índice global de felicidad, el índice de bienestar sostenible, el índice de desarrollo humano, el índice de progreso real o el índice de capital social, entre otros.

Medir la felicidad y el bienestar

La principal novedad de estos indicadores se encuentra en la manera como se construyen. La mayoría proponen una medida basada en factores económicos, pero junto a estos incluyen otros de tipos social y ambiental a base de variables como el estado de salud, la educación, el empleo y la seguridad.

Es el caso del Índice global de felicidad, publicado anualmente por Naciones Unidas con la finalidad de medir la felicidad en 157 países. Su construcción consiste en agregar valores relativos al PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de años de vida saludable, la libertad para tomar decisiones vitales, la generosidad o la percepción de la corrupción.

En 2023, Finlandia ha encabezado el ranquin y España se ha situado en la posición número 32 con una puntuación de 6.436, 1.368 por debajo de la líder finesa siendo la percepción sobre la corrupción una de las categorías que más penaliza su puntuación final.

Junto al Índice global de felicidad, el Índice de bienestar económico sostenible (IBES) se presenta como un indicador económico alternativo, también aspirante a reemplazar al PIB como indicador de bienestar social. Se compone de una veintena de variables de distinta naturaleza representativas de aquello que influye en el bienestar personal.

Un elemento interesante en su construcción lo encontramos en el hecho de incluir los “costes derivados del crimen”. De esta manera, la seguridad de las personas aparece como una realidad mesurable confirmando la necesidad de acercarnos al concepto de bienestar desde una perspectiva amplia y multidimensional.

En este caso, el crimen se presenta como un coste social que afecta negativamente al bienestar de las personas de ahí que se incorpore con signo negativo al cálculo del indicador. Hay que tener en cuenta que en algunos casos los costes derivados de las actividades delictivas son evidentes (valor de objetos robados, gastos médicos de lesiones…), en otros, la dificultad de identificarlos y cuantificarlos es mayor. Es el caso de los traumas asociados a la experiencia de victimización, la percepción de inseguridad o el sufrimiento.

Pese a que la metodología de cálculo de esta variable puede ser cambiante en función del país generando algunas desconfianzas sobre la fiabilidad del indicador, la simple agregación de los niveles de delincuencia registrados por la policía sirve para completar el retrato social y comenzar a estudiar posibles relaciones entre la seguridad pública y el bienestar de las personas.

Bajo esta misma tradición se desarrolla el Better Life Index (Índice para una vida mejor) de la Organización para la Coperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La organización, formada por 38 miembros entre los cuales se encuentra España, elabora el informe How’s life (Cómo es la vida) cada dos años como parte de una iniciativa que se propone promover mejores políticas para una vida mejor.

La evaluación propone un enfoque multidimensional que cubre 11 campos del bienestar actual. De este modo, entre algunos de los temas registrados destacan los ingresos y riqueza, la vivienda, el trabajo y calidad del empleo, las conexiones sociales, el equilibrio vida-trabajo o la seguridad. Un total de 80 indicadores para analizar si la vida de las personas de 37 países y 4 países socios está mejorando.

En el campo de la seguridad las variables analizadas giran en torno al volumen de homicidios, el sentimiento de seguridad al caminar solos/as de noche y las muertes en carretera. Con la finalidad de evitar los problemas derivados de trabajar exclusivamente con valores promedios, el estudio también presenta un apartado sobre las desigualdades originadas por la brecha entre grupos de población.

La edición de 2020, la última disponible, confirma que desde los primeros resultados en 2010 algunos aspectos del bienestar han mejorado. En general, se viven vidas más largas y seguras. La esperanza de vida ha aumentado en casi un año situándose alrededor de los 80. En paralelo, la tasa promedia de homicidios ha disminuido un tercio, también las muertes en carretera y puede confirmarse que las personas se sienten más seguras cuando caminan solas de noche por la calle.

No obstante, analizar los datos promedios generales puede ocultar tanta información como la que se enseña. Los promedios no siempre son válidos para todos los países ni para todos los grupos de población. Conscientes de ello, How’s life también presenta los datos ateniendo a la brecha de género o edad, por poner algunos ejemplos. De este modo, en un indicador como el de las conexiones sociales se observa que la gente mayor tiene el triple de posibilidades de no encontrar apoyo social ante una adversidad. Por otro lado, en lo relativo al balance de afecto negativo, esto es, la experimentación superior de sentimientos negativos (ira, tristeza, preocupación…) que positivos (alegría, descanso…), las mujeres se sitúan 3 puntos porcentuales por encima de los hombres.

En general, estos y otros indicadores han proporcionado suficiente evidencia empírica para asegurar que existe una relación positiva entre la percepción de seguridad de las personas y su estado de felicidad o bienestar subjetivo. A pesar de eso es importante señalar que esa relación puede ser más compleja debido a la influencia de muchos otros factores de tipo social e individual.

Desde el FEPSU trabajamos junto a nuestros socios en la construcción de ciudades más seguras convencidos de que los efectos de ese trabajo contribuyen a mejorar la vida y el bienestar de las personas que las habitan.

Ocupación ilegal: falsas creencias y gestión de la convivencia

En los últimos años, el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas ha destacado entre los temas que más preocupan a la opinión pública. A menudo, un tratamiento poco exhaustivo y riguroso por parte de los medios de comunicación, contribuye a generar falsas creencias entorno al hecho aumentando con ello la percepción de inseguridad de la ciudadanía. En este artículo proponemos una breve aproximación al contexto jurídico y social que acompaña al fenómeno de la ocupación ilegal, a la vez que presentamos algunas de las herramientas operativas con las que minimizar el impacto negativo que pueden provocar sobre la convivencia en los espacios comunitarios.

¿Qué es una ocupación?

El pasado mes de noviembre, el Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU) organizó su conferencia nacional en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias de Madrid. Bajo el lema Retos para una sociedad con una convivencia pacífica y segura, algunos de los miembros del FEPSU presentaron proyectos en materia de seguridad y convivencia realizados recientemente. De este modo, durante dos jornadas se trataron temas relacionados con la convivencia en el espacio público y en el espacio comunitario entre los que destacó una mesa monográfica sobre la gestión de las ocupaciones con impacto negativo. En los próximos párrafos concretamos algunas de las cuestiones planteadas.

Es importante destacar que el término ocupación no es una categoría jurídica. No existe como tal el delito de ocupación, sino que usamos la palabra para referirnos a aquellos casos en los que alguien hace uso de un inmueble ajeno fuera de los supuestos previstos por la ley.

Sí se consideran delitos, y como tales están regulados en la legislación penal, el allanamiento de morada (art. 202 y 203 del Código Penal) y la usurpación (art. 245 del Código Penal). En el primero de los casos el bien jurídico protegido es la morada, entendida como aquel espacio que constituye el domicilio de una o varias personas, aquel en el que desarrollan su vida más privada. Es importante destacar que las segundas residencias son consideradas morada, por más que solo se permanezca en ellas durante periodos de vacaciones.

En el segundo supuesto, el delito de usurpación, el bien jurídico a proteger es la propiedad, tratándose de un delito contra el patrimonio. Así pues, estamos ante un delito de usurpación en aquellos casos en los que se ocupe ilegalmente una vivienda deshabitada sin el consentimiento de sus propietarios.

Carlos Rodríguez, Fiscal Decano de Madrid, aseguró en su ponencia en la conferencia nacional del FEPSU que “existe la creencia de que no se dispone de medidas ágiles para hacer frente al problema de las ocupaciones y la recuperación de las viviendas.” Esta creencia contribuye a generar una alarma social que desde un punto de vista jurídico y operativo no estaría justificada.

El allanamiento de morada constituye un delito que permite la actuación policial inmediata desalojando a los ocupantes del inmueble y restituyendo la propiedad al titular de la morada. En el caso de la usurpación, cuando se comete con violencia o intimidación se procede de la misma manera y en los casos que no es así, siempre que los ocupantes no hayan constituido su morada, también podrán ser desalojados rápidamente. Para aquellos supuestos en los que los ocupantes se encuentren desarrollando plenamente su vida en el inmueble, el desalojo necesitará una orden judicial por entrar en juego el derecho a la inviolabilidad de domicilio del artículo 18.2 del texto constitucional. En este sentido, Iván Nogales, miembro de la policía local de Santa Coloma de Gramanet, destaca la importancia de que las comunidades de propietarios conozcan el fenómeno de la ocupación ilegal y lo denuncien cuando sucedan en sus comunidades. 

Cabe destacar que cada vez son más las instancias judiciales que han tenido a bien incluir las usurpaciones, en su versión delictiva leve, dentro del grupo de delitos que pueden ser enjuiciados mediantejuicios rápidos o inmediatos. Este tipo de juicios se celebran en el Juzgado de guardia lo que supone una reducción muy significativa de los plazos para recuperar la vivienda. Por otro lado, podrán celebrarse siempre que concurran las circunstancias siguientes: que los ocupantes puedan ser identificados, que no se haya ejercido violencia contra los propietarios, y que se solicite la recuperación de la vivienda como medida cautelar.

Hasta aquí la vía penal. Fuera de ella pueden existir otros supuestos de ocupación, principalmente, relacionados con casos de impago de rentas del alquiler; finalización de contrato de alquiler; o ejecuciones hipotecarias, entre otros. En cualquiera de estos casos, al encontrarnos fuera de los requisitos necesarios para la causa penal, los procesos de desahucio siguen la vía civil, por lo general, mediante un procedimiento verbal de desahucio.

Llegados a este punto interesa detenerse en el coste temporal de estos procedimientos. La vía penal es la más rápida. En los juicios inmediatos por delitos leves la recuperación de la finca por parte de la víctima es inmediata.  Asumiendo el riesgo de la generalización, estos casos permiten la realización de los desalojos en poco más de una semana. No obstante, cuando no se den los requisitos que permitan tratar la usurpación como un delito leve y por tanto enjuiciarlo mediante un juicio rápido, este tipo de denuncias suelen resolverse en un plazo de entre 1 y 3 meses. Para los casos de allanamiento de morada, como ya dijimos, la actuación policial es inmediata.

En el caso de la vía civil, el procedimiento verbal de desahucio puede variar significativamente dependiendo de si el inquilino o persona ocupante se opone formalmente a la demanda o no lo hace. En cualquier caso, volviendo a generalizar, este proceso puede situarse entre los 3 y 6 meses de media para su resolución en primera instancia.

Falsas creencias y convivencia

En ese caso, ¿de dónde procede la idea de que tras una ocupación la recuperación de la vivienda es lenta, costosa y muy garantista con los ocupantes? ¿De dónde la idea de que podemos salir el fin de semana y al volver encontrar nuestra casa ocupada no pudiendo acceder de nuevo en mucho tiempo? ¿Qué hay de cierto pues, en el hecho de que transcurridas 48 horas desde la ocupación la policía ya no puede hacer nada?

Indudablemente, alguna de estas ideas puede resultarnos conocida. Ya sea desde medios de comunicación ya sea a través de determinados discursos políticos, este tipo de afirmaciones aumentan el miedo de las personas y tienen una gran incidencia en la construcción de su percepción de inseguridad.

Las falsas creencias alrededor de la ocupación ilegal en España no inventan un problema inexistente, pero distorsionan notablemente sus características y condicionan la percepción ciudadana que de él se tiene. Como confirmó Iván Nogales, sargento de la policía local de Santa Coloma de Gramanet durante su ponencia en la conferencia nacional del FEPSU, “la mayor parte de las ocupaciones en nuestro país se producen por bandas organizadas en inmuebles de entidades bancarias para alquilarlos a terceros”.De este modo, las ocupaciones de domicilios o segundas residencias de particulares suponen un porcentaje residual del total de los bienes inmuebles afectados por el problema. A título de ejemplo, en la última edición de la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya las ocupaciones de segundas residencias no llegaron al 0.2% del total de hechos registrados, y en ningún caso se puede vislumbrar un aumento destacable desde 2015, año en el que se incorporaron a la cesta de hechos registrados por el estudio.

De este modo, actualmente, el principal problema de las ocupaciones es el impacto o alteración que generan en la convivencia de las comunidades que las sufren. A menudo, conllevan riesgos derivados por las conexiones precarias y fraudulentas de los suministros, en otros casos, traen consigo los efectos de una delincuencia asociada: narcopisos, redes de prostitución… En cualquier caso, siempre condicionan la demanda ciudadana en el mercado de la vivienda contribuyendo a la guetificación de determinadas zonas.

Jesús María García Cortijo, intendente de la policía municipal de Madrid, destacó en su ponencia la importancia de la mediación a diferentes niveles. Por un lado, en relación a la comunidad y en todo aquello relativo a los problemas de convivencia que pueden generarse. Por otro lado, orientada a resolver de forma extrajudicial el conflicto jurídico de fondo: “tenemos una figura clave, la del agente mediador que intenta poner en contacto a morador y titular de la vivienda con la finalidad de acercar posturas”. Todo ello sin olvidar la importancia de contar con información fiable sobre las cuestiones de seguridad relacionadas con la ocupación o con el tipo de intervención que vaya a llevarse a cabo.

Queda claro que la ocupación ilegal es un problema complejo, asociado, en buena medida, a déficits estructurales relacionados con el parque de vivienda en España, especialmente en las grandes ciudades. También resulta evidente que se debe seguir trabajando para ofrecer una respuesta policial y judicial que llegue de la manera más rápida y coordinada posible. A pesar de eso, la magnitud del problema recomienda seguir explorando caminos como el de la mediación que a menudo suponen soluciones menos costosas y más rápidas que los procedimientos judiciales. También, la creación de servicios o respuestas municipales con perspectiva transversal, dirigidas a promover y mantener un buen clima de convivencia, en especial en los entornos de fincas que sufren los efectos de las ocupaciones. Hay que tener en cuenta que la finca ocupada va a requerir un determinado tipo de intervención (policial o judicial), pero el vecindario o comunidad adyacentes, también va a necesitar de un apoyo dirigido a restablecer la convivencia que puede haberse visto afectada por la ocupación conflictiva. En el mejor de los casos, dicha comunidad va a requerir una intervención a fin de reducir el impacto negativo de la ocupación.

Desde el FEPSU aplaudimos las soluciones que algunos de nuestros socios han aportado al problema. Con ellas continuamos avanzando en la construcción de sociedades más seguras y fomentando la convivencia en los espacios comunitarios.

Apuesta integral para un ocio nocturno seguro

Después de varios meses de trabajo y reuniones, la Mesa Ciudadana de Barcelona para una noche cívica y segura ya ha elaborado un plan de acción para trabajar en favor de un abordaje integral del fenómeno del ocio y las actividades nocturnas en la ciudad. El plan, que consta de un total de 74 medidas en diez ámbitos distintos de intervención, ha sido elaborado gracias al trabajo colectivo de los distintos agentes sociales involucrados en la materia —entidades y asociaciones vecinales, gremios y federaciones de comerciantes, restauración y ocio nocturno; entre otros—, los cuales han ido realizando sus propuestas a lo largo de cuatro talleres, once sesiones de grupos de trabajo y siete reuniones de coordinación. En FEPSU te compartimos los resultados de este proceso de coproducción de políticas públicas, enfocado en la prevención, y donde ha participado tanto la ciudadanía como la administración pública y el sector privado.

Atajar el consumo de sustancias

Uno de los principales aspectos que se ha tenido en cuenta en el plan de acción elaborado por la Mesa Ciudadana ha sido la necesidad de impulsar cambios en la normativa y revisar los criterios de aplicación del régimen sancionador sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas. En este aspecto, los distintos agentes participantes han instado a la Generalitat de Catalunya que modifique la Ley 20/1985, con el objetivo de reducir el horario de venta de alcohol a partir de las 22.00 h y hasta las 8.00 h, así como para prohibir explícitamente su venta a menores de edad a través de la intermediación de personas adultas. Además, se ha propuesto también recalificar las infracciones, para aumentar el importe de las sanciones en función de las circunstancias en los casos de gran afectación de la convivencia y el orden público, así como potenciar medidas alternativas a la sanción, como el trabajo comunitario.

Sin embargo, más allá del ámbito sancionador, en el plan de acción se prevé también impulsar medidas de prevención. Por ejemplo, en materia de acciones y campañas comunicativas, el organismo ciudadano propone elaborar consejos de seguridad y convivencia dirigidos específicamente al turismo, así como la creación de mensajes para la ciudadanía general al respecto de las normas de convivencia y el uso del espacio público. Por otro lado, se ha propuesto también la elaboración de un censo de establecimientos que pueden vender alcohol en horario nocturno, para facilitar el control de esta actividad; así como la puesta en marcha de acciones de sensibilización sobre los riesgos del consumo de alcohol y otras drogas

No obstante, para conseguir este objetivo se buscará promover también un ocio nocturno saludable y descentralizado. En este aspecto, no solo se ha propuesto la elaboración de una app o plataforma digital que dé a conocer toda la oferta cultural de la ciudad (púbica y privada); sino que también se buscará la puesta en marcha de un estudio sobre la viabilidad de ampliar la oferta de ocio vinculada a los equipamientos públicos, donde se llevarán a cabo también programas educativos y de sensibilización de todos los agentes implicados en la relación a las conductas de riesgo por consumo de alcohol y otras drogas. Finalmente, también se buscará fomentar el ocio nocturno de barrio, sobre todo en aquellos que tengan poca oferta, a través de medidas normativas para desconcentrar la actividad en el horario de noche, como la diversificación de licencias, por ejemplo. 

Hacia una gobernanza coordinada

Otro de los ámbitos de actuación más importantes para el éxito de este plan de acción para un ocio nocturno cívico y seguro es la coordinación entre los agentes implicados en la prevención y el mantenimiento de la seguridad, tanto en los espacios públicos como en los establecimientos privados. Para este fin, uno de los compromisos de la Mesa Ciudadana es la creación de un órgano de gobernanza de la convivencia durante la noche, con representación del máximo nivel gerencial y político. Este órgano se encargará de supervisar la aplicación y el seguimiento del plan de actuación, así como de analizar un modelo de gobernanza integral para la noche en la ciudad. Este organismo, además, se incorporará a la red europea de ciudades Plateforme de la Vie Nocturne, con el objetivo de trabajar en red sobre los retos del ocio nocturno y compartir conocimientos y experiencias. 

Este trabajo de coordinación permitirá, a su vez, el éxito de otro tipo de medidas. Por ejemplo, el refuerzo de los dispositivos policiales de carácter preventivo en los entornos de ocio nocturno, donde se contará con la coordinación de la Guàrdia Urbana de Barcelona y los Mossos d’Esquadra; los cuales contarán con agentes de paisano para mejorar la prevención y mecanismos de videovigilancia. Por otro lado, se establecerán protocolos de coordinación con los establecimientos de ocio nocturno y su personal de seguridad y control; así como se crearán grupos de trabajo y espacios de diálogo y colaboración permanente en cada distrito de la ciudad, con la participación de vecinos, jóvenes, profesionales y representantes tanto del ocio nocturno como del ayuntamiento. 

Mediación y prevención de las violencias

Por último, pero no menos importante, el plan de acción de la Mesa Ciudadana propone la incorporación equipos de mediación especializados en materia de botellones, los cuales estarán activos de manera continuada durante las noches del fin de semana, así como la ampliación de la cobertura territorial de los servicios de mediación nocturna en entornos de ocio. Además, también se desarrollará un mapa de lavabos nocturnos de la ciudad, así como se estudiará la viabilidad de ampliarlos y crear una app que permita su ubicación; medidas destinadas a favorecer el cuido y la limpieza del espacio público, así como a la mejora de la convivencia

Por otro lado, se crearán más Puntos Lilas y se consolidarán los ya existentes en las zonas con mayor concentración de ocio nocturno y en las fiestas mayores; así como se desarrollarán y consolidarán itinerarios seguros para reforzar la seguridad en los trayectos desde las paradas de transporte público hacia las zonas de ocio. El objetivo final es trabajar para crear una relación de confianza y de conocimiento entre los jóvenes y los cuerpos policiales, enfocándose en la prevención y en el servicio a la ciudadanía.  

En FEPSU siempre nos hemos interesado por la seguridad y la prevención del delito en los espacios de ocio nocturno, ya que consideramos que es uno de los principales retos a los que se enfrentan las ciudades europeas en la actualidad. Por ello, nos hicimos eco desde el primer momento de la creación de la Mesa Ciudadana de Barcelona para una noche cívica y segura, ya que consideramos que el diálogo entre los distintos agentes sociales involucrados es la única fórmula para garantizar la seguridad en esos entornos. Además, también hemos propuesto nuevas formas de gestión del ocio nocturno, por ejemplo a través de nuestros webinars, en los que los socios de nuestra red han podido hacer sus aportaciones y conocer las experiencias de otros municipios y localidades.

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¿Cómo prevenir la discriminación desde la escuela?

El ámbito educativo es de vital importancia para promover la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, el antisemitismo, el antigitanismo, el racismo antiafro y otras formas conexas de intolerancia. Por este motivo, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) ha sistematizado una serie de recomendaciones para su prevención, así como para la difusión de los valores de una sociedad igualitaria, respetuosa con los derechos humanos y plenamente democrática. En FEPSU te resumimos los consejos más importantes que realiza esta institución. 

Enseñanza para favorecer la comprensión

En 2020, el 20% de las potenciales víctimas había percibido discriminación racial o étnica en España, según un estudio realizado por el CEDRE. Una percepción que ha ido en aumento en los últimos años. Por este motivo, no solo se hace necesario un análisis profundo de los condicionantes que fomentan este tipo de conductas, sino que también se realza la importancia de promover la convivencia en contextos de diversidad desde edades tempranas; donde la escuela, evidentemente, es el entorno más propicio para ello. 

Además de su carácter normalizador de la diversidad, a través de la difusión de conocimiento sobre la misma, la enseñanza es un instrumento central en la comprensión de la naturaleza estructural de la discriminación racial y étnica en su doble vertiente, social e institucional. Profundizar a través de la educación en las raíces sociohistóricas del racismo, así como en el desarrollo de competencias para la prevención de cualquier tipo de discriminación, es determinante para la elaboración de estrategias cada vez más adecuadas para enfrentar el fenómeno en todas sus vertientes.

En este sentido, es necesario lograr una mayor presencia de profesorado de diferentes orígenes en los distintos niveles educativos y fomentar las consultas a la sociedad civil directamente afectada por el racismo, la discriminación étnica y otras formas conexas de intolerancia a la hora de diseñar las políticas educativas, con el objetivo de evitar carencias en el ámbito de la promoción de la igualdad de trato. 

Combatir el bullying racista

Uno de los fenómenos que ha crecido en los últimos años es el acoso escolar con motivación étnica o racial. En este aspecto, la escasa presencia, en los ámbitos de decisión educativa y en el profesorado, de personas que pertenezcan a los grupos poblacionales que mayormente son víctimas de la discriminación racial y étnica es uno de los motivos que podría explicar el aumento de estos hechos, así como la ausencia de una normativa específica que establezca protocolos unificados contra el acoso escolar. 

Entre las prácticas positivas que se podrían llevar a cabo en este aspecto se encuentra el monitoreo de la diversidad del profesorado y del conjunto de integrantes de la comunidad educativa, una estrategia que ya se lleva a cabo en otros países. Por otro lado, también es muy útil la participación en el diseño de los contenidos del currículo educativo de comunidades con orígenes diversos, así como el fomento en la universidad de las más recientes perspectivas de los estudios sobre diversidad social y cultural, los estudios globales e internacionales y los estudios sobre el racismo hacia las personas

africanas y afrodescendientes y de origen asiático, el antigitanismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, como la islamofobia o el antisemitismo en las aulas. 

Específicamente para el caso de España, se hace necesario promover el conocimiento de referentes de orígenes diversos, de la historia y del presente que permitan al alumnado conectar con su propio pasado y visibilizarlo. 

Abordar la segregación y multiplicar el conocimiento 

No hay duda de que uno de los retos centrales para abordar la discriminación racial y étnica en el ámbito educativo es la lucha contra la segregación escolar, una práctica que consiste en agrupar a alumnado con similares características, como puede ser el origen étnico, en determinados centros, aulas o líneas educativas. Diversos organismos europeos e internacionales encargados de velar por la protección de los derechos humanos han prestado atención a este fenómeno de la segregación escolar que constituye una discriminación y que impide la integración real de determinados grupos étnicos en el sector educativo. En este aspecto, una de las principales recomendaciones es la necesidad de tomar medidas para eliminar la segregación escolar en el marco de un Plan de Inclusión Educativa.

Para abordar este y todos los retos que supone la discriminación racial y étnica en la escuela se hace necesario, antes que nada, realizar un adecuado análisis de la situación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia, el antisemitismo, el antigitanismo, el racismo antiafro y otras formas conexas de intolerancia existentes en el sistema educativo a través de estudios e investigaciones, teniendo en cuenta la discriminación múltiple e interseccional, y especialmente la de género. 

Específicamente, se vuelve muy necesaria la realización de investigaciones sociales sobre la diversidad en la enseñanza para conocer la composición, por grupos sociales de diverso origen, dentro de la comunidad educativa, incluyendo el profesorado, para implementar, si fueran necesarias, acciones positivas. Además, es clave diseñar y adoptar estrategias de resolución de incidentes basados en la discriminación racial o étnica, que incluyan el conocimiento de los recursos de apoyo disponibles y, en el caso de que sean necesarias, la adopción de medidas sancionadoras.

En FEPSU trabajamos para favorecer la lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación, a todos los niveles. En otras ocasiones hemos resaltado la importancia de prevenir el racismo desde el ámbito local y comunitario, como una de las claves para hacer frente a todos estos fenómenos discriminatorios. Además, también hemos compartido iniciativas innovadoras que buscan la creación de comunidades a nivel local para prevenir la discriminación racial y étnica

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Conciliadoras comunitarias para la convivencia

¿De qué forma se puede involucrar a la ciudadanía en la mediación de conflictos entre los propios vecinos y vecinas? En L’Hospitalet de Llobregat han apostado por la conformación de la Red de Conciliadoras y Conciliadores Comunitarios, un proyecto piloto a nivel español que busca formar en la gestión de conflictos y articular a toda una serie de agentes sociales locales para que puedan desarrollar tareas de prevención y mediación en los entornos donde tienen incidencia. En FEPSU te explicamos cómo funciona esta iniciativa. 

Formación y acción ciudadana

La Red de Conciliadoras y Conciliadores Comunitarios fue uno de los proyectos presentados el pasado 2 de marzo en la asamblea general de FEPSU, que se celebró en Dénia y sirvió para que las ciudades que forman parte de la red pusieran en común las distintas iniciativas que llevan a cabo en sus municipios. El director de Servicios de Seguridad, Convivencia y Civismo de L’Hospitalet de Llobregat, Miquel Justo Medrano, fue el encargado de compartir este proyecto piloto de mediación que se ha puesto en marcha en el municipio catalán y que de momento ya cuenta con una decena de voluntarios. 

Entre las personas que participan de la Red de Conciliadoras se encuentran perfiles diversos, aunque siempre relacionados con las entidades sociales que actúan en el ámbito local; como, por ejemplo, la directora de la asociación de teatro social Plaudite Teatre, Eugènia Delgado; la mediadora del proyecto ‘Entre veïnes’, Fatima Memdouh; un representante del Fòrum de Diàleg Interreligiós, Josep Maria Pujol; y la responsable de voluntarios de la Cruz Roja en el municipio, Laura Bisbal; entre otras personas. 

Todas ellas se formaron durante un año en el programa de ‘Gestión de conflictos públicos y mediación comunitaria’ de la Universidad de Girona, donde recibieron las herramientas necesarias para el desarrollo de sus tareas de conciliación comunitaria. Una vez finalizado el proceso de formación, las personas que participaron y obtuvieron su título presentaron también sus proyectos concretos de mediación comunitaria y se comprometieron a aportar sus conocimientos y habilidades de forma voluntaria para mejorar la convivencia en la ciudad.

Prevención y gestión de conflictos

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es que cada uno de los participantes de la red pueda llevar a cabo acciones concretas de prevención y gestión de conflictos en las entidades sociales donde trabajan y sus espacios de incidencia, así como colaborando con las actuaciones que se lleven a cabo desde el ayuntamiento en el ámbito de la convivencia y el civismo

De hecho, la previsión es que el proyecto pueda realizar ciclos de formación de forma anual para que se puedan ir incorporando más personas a la Red de Conciliadoras. De momento, no obstante, la iniciativa es una prueba piloto que debe servir para evaluar la modalidad de colaboración más efectiva entre los agentes sociales que han recibido la formación y los servicios municipales que trabajan en el ámbito de la convivencia y la mediación de conflictos

El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, a través del departamento de Convivencia, desarrolla desde hace más de 15 años distintas actuaciones relacionadas con la gestión y la resolución de los conflictos entre vecinos y vecinas, a través de acciones de prevención y procesos de mediación en espacios como las comunidades de vecinos, el espacio público, los centros educativos y los comercios, entre otros lugares. 

Una iniciativa premiada

La iniciativa de la Red de Conciliadoras recibió el Premio Innovación de la Sociedad Catalana de Conflictología el pasado 21 de enero, fecha en que se conmemora el Día Europeo de la Mediación. En concreto, se reconoció el hecho de que se trata de un proyecto pionero en toda España en la formación de ciudadanos en tareas de conciliación comunitaria como forma de potenciar la mediación como herramienta para superar conflictos de convivencia. 

Una de las metas de la red es ir creciendo para que el proyecto pueda colaborar desde todos los barrios de la ciudad, desarrollando acciones preventivas y de intervención impulsadas por el departamento de Convivencia del consistorio. La Red de Conciliadoras, además busca incrementar el impacto comunitario de las actuaciones municipales en esta materia y, al mismo tiempo, responsabilizar a los actores vecinales en la gestión de la convivencia para que puedan incidir en su entorno, aportando una visión próxima, compartiendo estrategias y detectando conflictos

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Turismo y ciudades seguras

La seguridad se ha vuelto en los últimos años en un factor de especial preocupación para los turistas que visitan las ciudades europeas, en particular debido a las amenazas de ataques terroristas. El mantenimiento de la seguridad urbana, en este sentido, se vuelve un factor clave para mantener una actividad económica como el turismo, que es la fuente fundamental de ingresos para muchos países y ciudades de Europa. A continuación te compartimos algunas de las recomendaciones planteadas por Efus para favorecer el turismo en entornos urbanos seguros. 

Transmitir la seguridad 

El 22 de octubre de 2021 se celebró en Niza (Francia), en el marco de la conferencia internacional de Efus, Seguridad, Democracia y Ciudades, un taller alrededor del reto de promover un turismo urbano seguro y sostenible. El debate estuvo moderado por el teniente de alcalde a cargo de los derechos de las víctimas de la ciudad de Niza (Francia), Martine Ouaknine, y contó con la presencia de diversos ponentes expertos, entre los que se encontraban: Kyriaki Bourdakou, teniente de alcalde en la ciudad del Pireo (Grecia); Joao Lázaro, presidente de la asociación portuguesa de apoyo a las víctimas – APAV (Portugal); Ignacio Ibáñez, coordinador del programa de objetivos vulnerables de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT); y Fernando Gaona, subjefe y consejero de seguridad de la Policía Municipal de Xàbia (España)

Todos los ponentes estuvieron de acuerdo en que mantener la seguridad y, sobre todo, saber transmitir esta sensación de seguridad a los potenciales turistas es un gran reto para las ciudades europeas. Como ejemplo, los participantes en el debate señalaron que los atentados terroristas en Francia han provocado una caída de alrededor del 25% de los ingresos por turismo. “Si no hay seguridad, ¿por qué visitaría una ciudad?”, preguntó a los asistentes Ignacio Ibáñez. 

En este sentido, para los participantes en el taller los puntos clave para estrechar el vínculo entre seguridad y turismo son: la sostenibilidad, la responsabilidad, el apoyo mútuo y los derechos humanos. “Debemos vincular el turismo sostenible y responsable para garantizar la seguridad de turistas y ciudadanos”, subrayó Kyriaki Bourdakou.

De esta manera, un turismo sostenible es aquel que implica garantizar que todas las víctimas sean atendidas de manera adecuada. Con esto en mente, es vital que tengamos políticas sólidas y estructuras establecidas que puedan ayudar a apoyarlas y orientarlas (estructuras de apoyo a las víctimas, policía comunitaria, estrategias integradas, cooperación entre los niveles de gobierno local, regional, nacional, europeo e internacional).

Mejorar la comunicación

Otra de las dificultades más mencionadas entre los panelistas fue el problema que se produce por la separación de los servicios de seguridad y el turismo. Para llevar a cabo políticas efectivas y realistas de mantenimiento de la seguridad, ambos servicios deberían trabajar juntos para crear políticas de seguridad turística que sean capaces de responder a las demandas de los turistas, siempre considerando la sostenibilidad de estas estrategias a largo plazo.

Por lo tanto, repensar y reformular las políticas de seguridad turística es esencial y debe implementarse a través de soluciones innovadoras. Entre los ejemplos de buenas prácticas mencionados por los ponentes se encontraba el caso del Ayuntamiento de Xàbia y su Policía Turística Comunitaria, desde la cual se han puesto en marcha varios canales de comunicación con los turistas que visitan la localidad cada año. La apuesta por una mayor proximidad con las personas que visitan temporalmente la localidad se ha convertido en una de las prioridades para las autoridades locales del municipio. 

Otro ejemplo de buenas prácticas es el caso de Casa de Apoyo a las Víctimas de la ciudad de Niza (Francia), una institución municipal creada en 2015 con el objetivo de centralizar en una única oficina la atención a cualquier persona que haya sido víctima de un delito, independientemente de si se trata de una residente o turista. El equipo multidisciplinar que trabaja en el espacio (formado por juristas y psicólogos, entre otros profesionales) proporciona información rápida y práctica sobre los derechos de la víctima y qué trámites administrativos debe realizar para disfrutar de sus derechos.

Ambos ejemplos de buenas prácticas expresados por los ponentes tienen en común que lo que buscan es fortalecer la comunicación con los turistas, brindándoles información adecuada, práctica y útil.

Autonomía para pasar a la acción

Finalmente, los ponentes coincidieron en la necesidad de que las ciudades puedan elaborar su propia política de seguridad y turismo, lo que les exige contar con los recursos suficientes y el apoyo político de su gobierno nacional. En este sentido, la autonomía de las administraciones locales para ser proactivas debe combinarse con los recursos pertinentes para que las autoridades locales y regionales puedan adaptarse a nuevos contextos, crisis y riesgos de una manera ágil y flexible.

Otro punto que mencionaron los participantes en el debate fue la importancia de esforzarse por asegurar el respeto a los derechos humanos fundamentales, que generalmente consideramos como un hecho en nuestras sociedades. Los responsables políticos locales deben asegurarse de que se les respete cuando busquen proteger a los turistas. “La seguridad urbana seguirá estando en el centro de los desafíos de nuestra sociedad”, concluyó Martine Ouaknine. 

En otras ocasiones en FEPSU hemos abordado la importancia de mantener la seguridad urbana como un requisito para el desarrollo económico y social de las ciudades. Por ejemplo, hemos tratado cómo se pueden diseñar ciudades seguras e inclusivas para favorecer la cohesión social y prevenir la exclusión de una parte de la población. También hemos abordado las estrategias de seguridad para la vida nocturna local, como uno de los espacios clave donde es necesaria la prevención de la violencia y el delito. 

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Comunidades locales contra el racismo

En sociedades diversas culturalmente como las europeas, las policías locales y de proximidad se vuelven actores muy relevantes para poder detectar, prevenir y actuar ante cualquier tipo de discurso de odio, como el racismo o la xenofobia. Por este motivo, el proyecto CLARA ha reunido a los ayuntamientos de Madrid, Elche, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Málaga y Pamplona para desarrollar distintas herramientas y recursos que ayuden a favorecer la cohesión social y la convivencia en estas ciudades españolas. En FEPSU te explicamos los objetivos, metodologías y conclusiones de esta iniciativa. 

Aprendizaje comunitario

El proyecto CLARA (Comunidades Locales de Aprendizaje contra el Racismo, la Xenofobia y los discursos de odio) tiene como meta la mejora de las capacidades de las autoridades locales y de las policías de proximidad para la prevención, identificación, mediación y lucha contra los incidentes racistas, xenófobos y, en especial, los discursos y delitos de odio que amenazan la convivencia pacífica en las ciudades. 

Tras dos años de trabajo, el pasado 4 de febrero se celebró en Madrid la conferencia final del proyecto, en la que participaron las más de 136 mujeres y hombres policías y las 65 personas representantes de entidades locales y organizaciones de la sociedad civil que participaron a lo largo de todo el proyecto. 

La iniciativa ha contado con la cofinanciación de la Unión Europea, dentro del Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014-2020), y ha sido gestionado por un consorcio coordinado por el Ayuntamiento de Madrid, con la participación de los consistorios de Elche, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Málaga y Pamplona, además del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), la cooperativa social Dinamia, la Bradford Hate Crime Alliance y la Universidad de Salamanca.

¿Cómo ha funcionado?

El proyecto CLARA se ha basado en una metodología de formación innovadora, que ha partido en una primera instancia de la formación de siete Comunidades Locales de Aprendizaje (CLAP) en cada uno de los municipios participantes. Estas comunidades de aprendizaje han estado integradas por representantes de las policías locales y organizaciones civiles de las distintas ciudades, a través del asesoramiento de la Universidad de Salamanca

El objetivo de conformar estos grupos de trabajo era el diseño de estrategias compartidas, dirigidas a conseguir la interacción cara a cara y la generación de confianza mutua entre los distintos actores policiales y sociales involucrados en las CLAP; pero sobre todo con la meta de reforzar las sinergias entre actores institucionales y agentes sociales clave (donde se incluye también a las comunidades afectadas por el discurso de odio), como un paso previo para poder combatir el racismo, la xenofobia y los delitos de odio a nivel local. 

Una vez diseñadas estas estrategias, las CLAP han pasado a la fase de prueba piloto y de puesta en práctica de las mismas, a través de un modelo de seguimiento y apoyo a las víctimas de delitos y discursos de odio dentro de las comunidades locales, con la intención de mejorar la acción policial comunitaria desde el punto de vista de la prevención y de la mediación.

Finalmente, el proyecto CLARA también buscaba promover el intercambio de experiencias a nivel europeo. En concreto, las y los policías y agentes sociales participantes del proyecto han realizado una visita de estudios a Bradford (Inglaterra) para conocer la experiencia de la Bradford Hate Crime Alliance, así como para colaborar con la Coalición de Ciudades contra el Racismo (ECCAR) y otras redes europeas, con el objetivo de intercambiar metodologías de actuación y resultados, así como realizar una propuesta de transferibilidad del modelo a otros contextos europeos.

Las estrategias resultantes 

El resultado de toda esta metodología de trabajo ha sido la generación de diversos productos que incluyen protocolos de actuación policial, creación de unidades especializadas para la lucha contra los delitos de odio y el establecimiento de marcos estables de cooperación y comunicación entre las policías comunitarias, otras entidades locales y las organizaciones de la sociedad civil.

Inicialmente, el proyecto CLARA se marcaba como meta la elaboración de un proyecto común de transformación a aplicarse en todas las localidades participantes. Sin embargo, las propias comunidades locales optaron, debido a las necesidades identificadas, en trabajar más de un proyecto; ya que la complejidad de las transformaciones esperadas y el escaso nivel de desarrollo de este tipo de estrategias en municipios concretos requería de varias acciones conjuntas que atendieran todos los ejes de prevención, intervención, coordinación y asistencia

En concreto, estos han sido los resultados que ha tenido el proyecto en cada una de las localidades participantes: 

  • La CLAP de Elche ha desarrollado una Unidad Específica de Relaciones con la Comunidad, que se apoya en una mesa técnica de trabajo. 
  • La CLAP de Fuenlabrada ha diseñado una Alianza por la Tolerancia y Contra el Odio y la Discriminación cuyo objetivo es aflorar los incidentes y delitos de odio gracias a la colaboración con las asociaciones. 
  • La CLAP de Getafe ha desarrollado una unidad de Gestión de la Diversidad que trabaja coordinada con una Mesa Mixta, también creada de acuerdo con la Guía para reconocer y actuar ante los delitos de odio, elaborada por la comunidad. 
  • La CLAP de Leganés ha diseñado dos productos: la Comunidad Local por la Convivencia y la Diversidad y el Manual de Procedimiento de Actuación ante Casos de Racismo, Xenofobia y Delitos de Odio. Este último, incluye un flujograma de actuaciones policiales ante delitos e infracciones
  • La CLAP de Madrid ha creado un guía “Racismo, Xenofobia y Otras Formas de Intolerancia: Manual de Actuación Policial” y ha diseñado la figura del agente enlace con la comunidad, dependiendo de la Oficina de Atención al ciudadano.
  • La CLAP de Málaga ha proyectado la creación de un Subgrupo de odio y diversidad y ha desarrollado una formación de choque en detección, prevención y tratamiento de incidentes y delitos de odio y discriminación, ya impartida a aproximadamente 350 policías. El desarrollo de un manual policial sobre delitos de odio permanece, en el momento de redactar este informe, inconcluso.
  • La CLAP de Pamplona ha diseñado un acuerdo de colaboración entre asociaciones y Policía Municipal de Pamplona cuyo objetivo principal es incrementar el conocimiento y la denuncia de los delitos e incidentes de odio a través de la creación de una red de denuncia y el formulario de denuncia desarrollado también como producto.

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones la importancia de trabajar en la prevención de los delitos de odio en el ámbito local. En este sentido, a finales de noviembre de 2021 organizamos un webinar destinado a analizar cómo prevenir y abordar los delitos de odio por motivos de identidad sexual o de género. Puedes encontrar las principales conclusiones del debate en este artículo. Además, también nos hicimos eco de las recomendaciones de la Fiscalía General del Estado para prevenir los discursos de odio en las redes sociales, las cuales son el primer eslabón para su prevención. 

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Diseñar ciudades seguras e inclusivas

Los espacios públicos están en el corazón de cualquier ciudad: pueden ser al mismo tiempo un vehículo para la cohesión social, como pueden también acentuar la marginación y la exclusión de una parte de la población. ¿Cómo pueden las ciudades diseñar y gestionar espacios públicos más seguros e inclusivos? Esta es la pregunta a la que intentaron responder una serie de expertos durante uno de los talleres que se celebraron en la conferencia internacional de Efus, Seguridad, Democracia y Ciudades. En FEPSU te compartimos algunas de sus principales conclusiones. 

Integrar la seguridad en el diseño

El taller dedicado al diseño y la planificación urbana de ciudades más seguras e inclusivas, que se celebró el 21 de octubre en el marco de la conferencia internacional de Efus, estuvo moderado por el fundador del instituto de investigación DSP-Groep (Países Bajos), Paul van Soomeren, y la mesa de debate estuvo presidida por el concejal en materia de Obras Públicas, Centro Histórico y Legalidad de la ciudad de Módena (Italia), Andrea Bosi

En el debate participaron los siguientes expertos y expertas en planificación urbana y seguridad: Laetitia Wolff, consultora de estrategia de design impact y profesora de The Sustainable Design School (SDS) en Niza (Francia); Ana Verónica Neves, socióloga y experta en prevención del delito para la Policía Municipal de Lisboa (Portugal); y Umberto Nicolini, director de la organización italiana Laboratorio Qualità Urbana E Sicurezza (LabQUS) y presidente de la iniciativa EU Cost Action TU1203.

Una de las principales conclusiones surgidas a partir del debate es que se deben incorporar características de seguridad en la planificación, el diseño y la gestión urbana. Para ello, el diseño de espacios públicos seguros necesita un enfoque colectivo y una reflexión a largo plazo sobre los aspectos arquitectónicos, pero también sobre los sociales. La arquitectura y el diseño influyen en el comportamiento cotidiano de los ciudadanos, sus relaciones interpersonales y en la percepción general de inseguridad.

En este sentido, los participantes en el debate resaltan el diseño y la planificación de la embajada de Estados Unidos en Londres como un buen ejemplo de integración entre aspectos arquitectónicos, sociales y de seguridad. La embajada fue diseñada como una fortaleza medieval visualmente agradable y muy bien integrada en el paisaje abierto y público. Es un ejemplo perfecto de seguridad sólida combinada con características de seguridad ocultas. Un muro bajo, por ejemplo, proporciona asientos y funciona como un dispositivo anti-choque, mientras que un seto, típico de los parques ingleses, oculta los bolardos.

Participación de los diseñadores

Los diseñadores de espacios públicos deben participar en las etapas iniciales de la planificación urbana para incluir aspectos relacionados con la seguridad si se quiere tener éxito. Para ello, una de las claves es mejorar la formación específica de planificadores, diseñadores y arquitectos en materia de seguridad, ya que muchas veces no tienen en cuenta estas cuestiones a la hora de planificar las ciudades. 

En los últimos años, la prevención del delito a través del diseño ambiental se ha extendido en las ciudades europeas como una forma de hacer más seguras las zonas de alto riesgo. Sin embargo, en el diseño de espacios públicos seguros también se deben considerar otros factores limitantes, como el turismo, en un espíritu de co-creación. Este proceso sigue siendo inusual y no es la corriente principal. Una opción para extender su uso es atribuir otras funciones a los equipos de seguridad y mezclar los diferentes usos del diseño urbano.

Enfoques integrales 

No obstante, el diseño del espacio público es una herramienta que no es suficiente por sí sola. En el proceso de diseño de un entorno seguro e inclusivo, se deben tener en cuenta todas las demandas y necesidades del conjunto de la ciudadanía. En este sentido, se vuelve necesario adoptar un enfoque integral y colectivo de los espacios públicos, pues la planificación urbana por sí sola no fomenta la cohesión social.

Para ello, es fundamental involucrar a la ciudadanía y las comunidades en los proyectos de planificación urbana desde sus primeras etapas de concepción. Es a partir de esto que es posible generar un sentimiento de pertenencia y propiedad en la ciudadanía, que pueda provocar una sensación de protección mutua frente a las vulnerabilidades y promover la cohesión social. La inclusión de la ciudadanía también abre nuevos caminos para definir los problemas y fundamentar el proyecto en un diagnóstico claro.

Como ejemplo de éxito en la humanización del diseño urbano a través de la participación de la ciudadanía, los participantes en el debate resaltan la remodelación de la comisaría de la policía local en el Precinto 71 de Brownsville en Nueva York (Estados Unidos). En su origen, el edificio fue diseñado para disuadir la entrada a los ciudadanos. Sin embargo, los resultados fueron pobres y consiguieron que se estableciera un mal ambiente. Para cambiarlo, se puso en marcha una labor de humanización y apropiación ciudadana: se instalaron cajeros automáticos, se limpiaron cristales y se llevaron a cabo otras reformas, con el fin de promover una mejor relación entre la policía y la ciudadanía.

En este sentido, el principal objetivo de la planificación urbana debe ser que los espacios públicos sigan siendo públicos, sobre la base de un enfoque humano y basado en la colaboración entre iguales. El diseño y la planificación urbana es importante, pues reduce los comportamientos no deseados en los espacios públicos y puede centrarse en numerosas amenazas, como el terrorismo, así como aplicarse a muchos contextos diversos, desde escuelas, hospitales, espacios públicos, barrios residenciales y más. 

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones la importancia de diseñar y planificar ciudades teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados con la seguridad. Por ejemplo, hemos explicado en qué consiste la prevención del delito a través del diseño ambiental, una perspectiva de abordaje de la seguridad que ha ido ganando terreno a nivel institucional en los últimos años. También hemos compartido las conclusiones del proyecto PACTESUR respecto a cómo diseñar infraestructuras de seguridad para proteger espacios públicos, especialmente aquellos de interés turístico, sin que esto dañe el paisaje urbano. 

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