A finales del mes de octubre pasado, cerca de 80 municipios de la provincia de Valencia sufrieron las devastadoras consecuencias de uno de los episodios climáticos más graves de las últimas décadas. La DANA, acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos, se ha convertido en un símbolo que invita a la reflexión sobre la gestión y seguridad de nuestras ciudades.

Este artículo, escrito con la perspectiva que brinda el paso de las semanas, busca recordar a todas las personas afectadas y, con el máximo respeto, señalar algunos de los debates que este desastre deja en torno a la seguridad y la prevención.

La DANA. Una DANA

El 29 de octubre de 2024 alrededor de las 16:00 de la tarde comenzaron a intensificarse las lluvias que caían desde la mañana sobre buena parte de la provincia de Valencia. Durante la madrugada del día 30 las tormentas descargaron entre 200 y 300 litros por metro cuadrado en pocas horas provocando graves inundaciones.

Una DANA se forma cuando una masa de aire frío en altura se desconecta de la corriente principal y entra en interacción con el aire cálido y húmedo en las capas bajas, generando inestabilidad atmosférica. La de Valencia, la DANA, sobrevoló una población de más de un millón y medio de personas y afectó de forma grave y directa a más de 250.000. Los márgenes de los ríos Turia, Júcar o Magro, pero también barrancos y cauces urbanos cedieron más allá de sus límites contribuyendo de forma decisiva a que los daños materiales fueran mayores. Entre todo el desastre, 219 personas murieron en la Comunitat Valenciana, 7 en Castilla la Mancha y 1 en Andalucía, según datos del Gobierno de España.

Cuatro meses después, las zonas afectadas siguen trabajando para recuperar la normalidad. Vecinos y vecinas se organizan para borrar de sus paisajes las huellas del dolor. En cada conversación, en cada cruce de miradas, se entrelazan cansancio, pena y el desconcierto propio que provocan los fenómenos que lo trastocan todo.

Como Sísifos embarrados. Levantar lo caído, limpiar el lodo, reconstruir lo perdido temiendo que, en cualquier momento, todo vuelva a desmoronarse. La roca rueda cuesta abajo una y otra vez. Pero, a diferencia de Sísifo, que estaba condenado a un destino inmutable, aquí aún existe la posibilidad de cambiar el rumbo. Cada catástrofe trae consigo una lección y, quizás, la clave esté en aprender a prevenir en lugar de limitarse a reconstruir. Tal vez, la clave esté en conseguir que una DANA solo sea una DANA: depresión aislada en niveles altos.

Riesgo colectivo, seguridad integral

Casi 40 años después de su publicación resulta incómodo referenciar de nuevo el archiconocido ensayo del sociólogo alemán Ulrich Beck: la sociedad de riesgo. El texto, citado en cada esquina, tuvo una influencia decisiva en estudios de sociología, política y filosofía, pero sin ninguna duda, sirvió como referencia indiscutible para situar, desde un prisma distinto, las cuestiones de la ecología en el mundo académico y en la agenda política.

En esencia, Beck plantea que, en una sociedad moderna marcada por la industrialización y el avance tecnológico, los riesgos se han transformado en amenazas globales y sistémicas que afectan a la sociedad de manera compleja e interconectada. Los peligros no afectan solo a individuos o grupos locales, sino que se distribuyen a nivel global. El cambio climático, la contaminación o las pandemias sirven de ejemplo. Aislar los efectos de ciertos riesgos, en su mayor parte creados por la actividad humana, aun cuando se manifiestan en escenarios naturales, puede resultar prácticamente imposible. 

En la sociedad del riesgo, el futuro se vuelve incierto. Aunque tratemos de gestionar estos riesgos mediante tecnologías y políticas, siempre queda un componente de incertidumbre. Las instituciones encargadas de gestionarla, a menudo, no disponen de los recursos y el conocimiento para enfrentarse a estos peligros de manera totalmente efectiva.

Y en esas andamos, tratando de encontrar un lugar digno desde el que habitar el entramado de relaciones causales que suelen acompañar a este tipo de desastres. Luchando por encontrar la explicación final, el relato decisivo y sanador que demandan quienes sufren sin merecerlo, quienes lloran por méritos ajenos.

Asumimos, porque así nos los cuentan, que la DANA y el cambio climático están estrechamente relacionados, ya que el calentamiento global, y en especial la mayor temperatura del agua del mar, intensifica ciertos fenómenos meteorológicos extremos. Entendemos que, aunque las DANAs no son nuevas, su frecuencia, intensidad y efectos destructivos están aumentando debido al cambio climático y es entonces cuando todo se vuelve más complejo ya que nada de lo que podemos hacer en esa batalla por la sostenibilidad nos será retornado con la inmediatez que requiera el dolor actual.

Lo explicó muy bien Mancur Olson en “La lógica de la acción colectiva” allá por la década de los años sesenta: los incentivos individuales afectan a la cooperación en los grupos y no hay mayor cooperación que la que requiere un planeta limpio. Las personas, en general, tendemos a no contribuir si nuestro esfuerzo no marca la diferencia o, si prescindiendo de él, obtenemos el mismo beneficio que realizándolo.

En momentos difíciles como el actual, apelar a la sostenibilidad del planeta no nos sirve de bálsamo. Al contrario, reconocer en tamaña empresa la causa de nuestro sufrimiento nos genera desasosiego e inseguridad. “Tan solo quienes miran al futuro sin preocupaciones saborean el presente con buen ánimo” escribía Zweig tras un convulso siglo XX. 

Volver a la raíz

Si la sostenibilidad del planeta es una meta lejana y de inmediatez improbable, tal vez la respuesta esté a nuestro alrededor. En tiempos de incertidumbre, cuando las grandes causas nos abruman, debemos fortalecer aquello que está en nuestras manos. Hacernos pequeños no es rendirnos, sino encontrar el espacio desde el que realmente podemos ser decisivos.

Los acontecimientos de Valencia dieron buena muestra de ello. Vecinos anónimos, pero también profesionales de los servicios de emergencias de localidades de todo el Estado, se desplazaron durante esos días, y los que seguirían, para tratar de minimizar el impacto de lo sucedido. Xàbia, Dénia, Gandía, pero también Barcelona y Madrid, entre muchas, fueron ciudades que mostraron apoyo compartiendo recursos de todo tipo. Desde la cercanía que caracteriza al mundo local, personas e instituciones se entremezclaron para dar una respuesta inmediata a la catástrofe creando una red de seguridad con la que mirar al abismo de esos días con mayor esperanza.

Tal vez se trate de empoderar a nuestras instituciones locales, hacerlas trabajar conjuntamente. Desde los sistemas de emergencias hasta las regidorías de urbanismo. Tejer lazos entre la clase política y la sociedad civil lo suficientemente resistentes como para proyectarse en el futuro y lo bastante flexibles para adaptarse a cada nuevo escenario. Si los nudos atan, los lazos unen. 

Desde FEPSU queremos mandar un cálido abrazo a todas las personas afectadas por la DANA, y muy especialmente a las ciudades socias del Foro. Seguimos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Seguimos trabajando.

(c) Cytonn Photography, Pexels

La justicia restaurativa es una alternativa a los sistemas tradicionales de justicia penal que se centra en la reparación del daño causado por un delito, en lugar de únicamente castigar al infractor. Este enfoque se caracteriza por la participación activa de todas las partes involucradas —víctima, infractor y comunidad— en un proceso que busca restaurar el equilibrio roto por el delito. A diferencia del sistema punitivo, donde el Estado se convierte en el principal actor al dictar sanciones, la justicia restaurativa da protagonismo a las víctimas y los ofensores, permitiendo un espacio de diálogo, reflexión y resolución más humanizado.

Este enfoque se ha popularizado en diversos países como una herramienta eficaz para abordar delitos de distintas magnitudes. Los resultados de los programas de justicia restaurativa han demostrado ser positivos, no solo en términos de satisfacción de las víctimas y reducción de la reincidencia, sino también en la creación de comunidades más cohesionadas.

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Orígenes y concepto de la justicia restaurativa

Virata, un hombre justo y sabio, dedica su vida a impartir justicia desde que el rey le invistió de ese poder. Sin embargo, se enfrenta a una contradicción esencial: a pesar de sus esfuerzos por hacer el bien, sus decisiones como juez inevitablemente causan sufrimiento a otros. Este conflicto lo lleva a cuestionar si la justicia terrenal (justicia retributiva) puede realmente ser justa en un sentido absoluto y si la sanación del conflicto se satisface únicamente con la respuesta penal.

A través de esta fábula titulada “Los ojos del hermano eterno”, el escritor austríaco Stefan Zweig propone un espacio de reflexión acerca de una de las cuestiones esenciales en la convivencia de las ciudades: el tratamiento de la infracción de la norma y la gestión de la ofensa.

La justicia restaurativa tiene sus raíces en diversas culturas ancestrales, como las prácticas de resolución de conflictos de los pueblos indígenas de Nueva Zelanda (maoríes), América del Norte (nativos americanos) y África (comunidades de Sudáfrica). Estas sociedades valoraban la reparación del daño causado a la comunidad y a las personas afectadas por un conflicto, en lugar de apartar o castigar al infractor como única medida.

El término «justicia restaurativa» se popularizó a mediados del siglo XX como respuesta a las limitaciones de un sistema penal tradicional que, en muchos casos, dejaba insatisfechas tanto a las víctimas como a los infractores. En lugar de ofrecer una solución integral a los problemas causados por el delito, el sistema punitivo se centraba en sancionar a los ofensores, dejando de lado la dimensión emocional y social del conflicto. La justicia restaurativa propone un cambio de paradigma en el que el delito se percibe no solo como una violación de las leyes del Estado, sino como una ruptura de relaciones entre las personas.

Los principios clave de la justicia restaurativa incluyen:

1. Reparación del daño: La prioridad es enmendar el daño causado a las víctimas y la comunidad. Se busca devolver el equilibrio roto por el delito.
2. Participación de las partes afectadas: Todas las partes tienen voz en el proceso: la víctima, el infractor y, en algunos casos, miembros de la comunidad. Este enfoque busca generar un diálogo que permita a las partes expresar sus necesidades y llegar a acuerdos.
3. Responsabilidad y rendición de cuentas: El infractor asume la responsabilidad de sus acciones y debe reconocer el impacto que ha tenido en la víctima y la comunidad. De este modo, junto a la disculpa se crea un espacio para que nazca el compromiso de realizar acciones concretas para la reparación del daño.
4. Reintegración: La justicia restaurativa busca que víctima e infractor puedan volver a formar parte de la comunidad, evitando la estigmatización y el aislamiento, factores que pueden perpetuar el ciclo del delito.

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Medidas y mecanismos de la justicia restaurativa

A través de diversas prácticas y medidas, la justicia restaurativa busca crear espacios donde las víctimas puedan expresar su dolor y los ofensores puedan entender el impacto de sus acciones.

Las conferencias restaurativas son encuentros formales que reúnen a la víctima, al infractor y, con frecuencia, a miembros de la comunidad, como familiares o amigos de ambas partes. Estos encuentros son facilitados por un mediador capacitado, cuyo propósito es guiar la conversación hacia el reconocimiento del daño causado y la búsqueda de soluciones para repararlo. Este proceso tiene como objetivo principal que el infractor asuma responsabilidad directa por sus actos y que la víctima reciba tanto una compensación emocional como, en algunos casos, material. Al dialogar cara a cara, la víctima puede expresar cómo le ha afectado el delito, mientras que el infractor explica las circunstancias de su acción y se compromete a reparar el daño.

Por otro lado, los círculos de paz y círculos restaurativos, inspirados en prácticas indígenas, son procesos comunitarios que se desarrollan en un entorno seguro y estructurado. En estos encuentros, las víctimas, los infractores y los miembros de la comunidad se sientan en un círculo que fomenta un espacio de igualdad donde todos pueden hablar y ser escuchados. El diálogo busca que el infractor reconozca el daño causado, que la víctima encuentre apoyo emocional y que la comunidad participe en la reintegración del ofensor. Además de ser una herramienta de reparación, estos círculos pueden tener un carácter preventivo, ayudando a resolver tensiones antes de que escalen a conflictos mayores.

La mediación penal, en cambio, es un mecanismo que cuenta con la intervención de una tercera parte neutral que facilita el diálogo entre víctima e infractor. Este enfoque, más flexible y privado que las conferencias restaurativas, no tiene como objetivo forzar la reconciliación, sino alcanzar acuerdos sobre cómo se puede reparar el daño. Resulta especialmente útil en casos de delitos menores, donde ambas partes están dispuestas a participar de forma voluntaria y a buscar soluciones conjuntas. Los acuerdos alcanzados en la mediación pueden incluir compensaciones económicas, trabajos comunitarios u otras acciones adecuadas para reparar el daño causado.

Otra herramienta importante en la justicia restaurativa son los programas de servicio comunitario que permiten a los infractores reparar el daño al colectivo a través de trabajos que beneficien a la comunidad afectada. Este enfoque promueve tanto la responsabilidad como la rehabilitación y reintegración social. En algunos casos, estos programas se combinan con otros mecanismos restaurativos, como la mediación o las conferencias, para que la comunidad también tenga un papel activo en decidir qué tipo de servicio sería más adecuado.

Por último, la restitución es una medida mediante la cual el infractor compensa directamente a la víctima, ya sea de forma financiera o material. Puede implicar el pago de daños económicos o la reparación de bienes afectados por el delito. En muchos sistemas de justicia restaurativa, la restitución se integra en acuerdos más amplios alcanzados a través de conferencias o mediaciones, reforzando el compromiso del infractor con la reparación efectiva del daño causado.

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Beneficios de la justicia restaurativa

La justicia restaurativa ofrece numerosos beneficios que impactan de manera positiva a las víctimas, los infractores y la comunidad en general. Uno de los aspectos más destacados es la satisfacción que experimentan las víctimas al participar en este tipo de procesos, ya que se les brinda la oportunidad de ser escuchadas y de recibir un reconocimiento explícito de su sufrimiento. Además, este enfoque promueve la reducción de la reincidencia, pues al responsabilizarse de sus actos, los infractores tienden a desarrollar un mayor compromiso con evitar comportamientos delictivos en el futuro, siendo especialmente efectivo en el caso de los jóvenes.

Otro beneficio significativo es la posibilidad de reintegración social para los ofensores, quienes, al no enfrentarse al estigma de un castigo severo o la reclusión, tienen mejores oportunidades para rehabilitarse y reincorporarse de forma constructiva en la sociedad. Por último, la justicia restaurativa fortalece los lazos comunitarios, ya que fomenta la participación activa de los ciudadanos en la resolución de conflictos, contribuyendo a construir comunidades más resilientes y cohesionadas.

La justicia restaurativa ofrece un enfoque más humano y constructivo para abordar el crimen. Su enfoque en la reparación del daño, la participación de las partes afectadas y la reintegración social ha demostrado ser una alternativa eficaz y transformadora frente a los sistemas punitivos tradicionales. Aunque no es adecuada para todos los tipos de delitos, su implementación en diferentes contextos muestra que es posible construir una justicia que no solo castigue, sino que también sane y reconcilie.

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La colaboración institucional como herramienta de implementación

El pasado mes de julio el Ajuntament de Barcelona y el Col•legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) firmaban un convenio para impulsar un programa piloto de justicia restaurativa para víctimas de accidentes de tráfico en Barcelona.

El programa, gestionado por Guàrdia Urbana de Barcelona y el centro ADR del ICAB (centro de resolución alternativa de conflictos), pretende facilitar un espacio en el que aportar información i datos que sirvan para reparar a las partes implicadas en los hechos, tanto desde el punto de vista personal como material dando la posibilidad de participar en la gestión de los intereses propios.

El programa piloto se presentó con una duración temporal de 6 meses tras los cuales ambas instituciones elaborarán una valoración y presentación de resultados que sirva para valorar la implementación de los servicios y la posibilidad de ampliar sus objetivos a nuevas realidades.

Desde FEPSU trabajamos en conocer todas aquellas herramientas encaminadas a mejorar la seguridad y la convivencia de nuestras ciudades y de las comunidades que las conforman.

Con esta entrada terminamos la serie de artículos dedicados a las encuestas de victimización. En las dos primeras entregas hemos hablado del origen de estos estudios, de su objeto de estudio y de las principales referencias a nivel mundial y en el estado español.

Con esta entrada presentamos las principales variables e indicadores y compartimos las mejores estrategias de análisis para la elaboración de un informe de resultados en el ámbito de la victimización y la percepción de seguridad.

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La victimización

La principal unidad de medición de la victimización responde al nombre de índice de victimización. En esencia, este indicador mide la prevalencia de la victimización, esto es, el porcentaje de personas encuestadas que ha sido víctima de uno o más hechos de entre los contemplados en el estudio. En algunos casos, Estados Unidos y México son un ejemplo, la prevalencia se focaliza en los hogares seleccionados para el estudio, en el caso de las tres encuestas existentes en Catalunya la unidad de muestra es la persona seleccionada.

Como se ha señaladoen la primera y la segunda entrega de esta serie, hay que atender al contenido de ese índice de victimización, esto es, al tipo de hechos del que se construye. En otras palabras, el valor de ese porcentaje está relacionado con la cifra, siempre es preferible que sea baja, pero también con el tipo de experiencias que la conforman, siempre es preferible contabilizar hurtos a robos con violencia o agresiones físicas, esto es, hechos de menor impacto para las personas que los sufren. Así pues, cualquier análisis de los índices de victimización debe atender a la tendencia, aumento o disminución, de la prevalencia de la victimización, pero también a su composición.

En relación a esa composición, las encuestas de victimización suelen incorporar una variable denominada recuerdo espontáneo. La pregunta suele encontrarse al inicio del cuestionario y consiste en preguntar a las personas encuestadas si en el último año recuerdan haber sido víctimas de algún delito. Lo peculiar de esta pregunta es que su formulación se realiza antes de exponer ningún hecho concreto. De esta manera, se asegura que las respuestas de las personas relatan hechos presentes en su memoria, sin ninguna inducción externa. Esta variable es relevante en la medida que permite conocer qué porcentaje de las personas victimizadas recuerda por si sola los hechos y qué porcentaje los recuerda después de ser interpelado de forma directa sobre los mismos.

Como norma general, cabe suponer que los hechos recordados de forma espontánea han generado un mayor impacto en las personas que los relatan. Idealmente, se quiere un porcentaje bajo de recuerdo espontáneo y lo más alejado posible del índice de victimización. Esta realidad confirmaría una victimización de bajo impacto para las personas que la sufren.

Junto a la prevalencia encontramos la incidencia de esa victimización. En este caso hablamos del número total de hechos experimentados por la ciudadanía en un periodo de tiempo determinado. A diferencia de la prevalencia, que cuenta a las víctimas individuales, la incidencia cuenta cada evento delictivo. En esencia, suele presentarse relacionando el total de personas entrevistadas y el total de hechos registrados, expresándose como el porcentaje de hechos por cada 100 habitantes. Es lo que conocemos como índice de hechos delictivos. De este indicador nace también la ratio de multivictimización, el valor promedio de hechos sufridos por cada persona víctima. Hay que tener en cuenta que los aumentos de incidencia no siempre van acompañados de mayor prevalencia. En otras palabras, pueden aumentar los hechos, pero quedar repartidos entre el mismo número de personas, incluso menos produciéndose un aumento de la ratio de multivictimización.

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La denuncia

Si las encuestas de victimización deben servir, entre otras cosas, para conocer la magnitud de la cifra negra, los hechos no informados a la administración, es importante conocer si las experiencias de victimización declaradas en la encuesta fueron denunciadas.

La construcción del índice de denuncia se realiza sobre la base de hechos que previamente han sido considerados delictivos. Lo peculiar de la situación es que ese carácter delictivo es expresado por la persona entrevistada. En efecto, no cabría esperar que aquello que no ha sido considerado delictivo fuese denunciado. Es por eso que más allá del conocimiento jurídico que la ciudadanía pueda tener sobre el sistema penal, lo que se busca es la percepción de las personas sobre el carácter delictivo de los hechos que sufren. Esa es, en definitiva, la percepción sobre la que nacerá la iniciativa de denunciar o no hacerlo.

Por otro lado, es importante especificar que la denuncia debe materializarse con la firma y presentación formal de un documento ante la policía o los juzgados, de lo contrario, podrían estar registrándose como denuncias simples quejas ciudadanas, comprometiendo de ese modo el objetivo de iluminar la cifra negra.

De este modo, el índice de denuncia debe entenderse como el porcentaje de hechos denunciados mediante la firma de un documento ante la policía o los juzgados entre aquellos hechos considerados delictivos.

Junto al índice de denuncia general, el que resulta del análisis conjunto de todos los tipos de hechos, conviene desglosar la lectura por ámbitos. De este modo, suelen encontrarse diferencias significativas entre hechos relacionados con el domicilio o la seguridad personal, con niveles de denuncia más elevados, y hechos como las estafas y engaños, con un historial muy humilde en lo que a denuncia se refiere.

Las encuestas de victimización suelen incorporar preguntas relacionadas con los motivos que provocan que las personas no denuncien hechos declarados como experiencias de victimización. Entre los más habituales se encuentra la escasa importancia que se le dio a los hechos, la certeza de que la policía no puede hacer gran cosa, o los desincentivos relacionados con el procedimiento de denuncia (esperas, papeleos…)

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La percepción de seguridad

Como se ha explicado en anteriores entregas de la serie, las preguntas sobre victimización se complementan con las de percepción de seguridad. De este modo, las encuestas de victimización son estudios relevantes en el terreno de los hechos, pero también en el de las opiniones o percepciones.

De forma muy resumida. La percepción de seguridad suele abordarse desde tres puntos de vista.

Hablamos de una aproximación cognitiva cuando pedimos a las personas un análisis lo más objetivo posible de la seguridad en su municipio o barrio. Ciertamente, la percepción sobre cualquier cosa tiene un componente de subjetividad indisociable de su naturaleza, no obstante, se espera de las respuestas un diagnóstico genérico sin valorar de manera específica experiencias personales. Es evidente que las percepciones se construyen, también, de las experiencias individuales, pero en este caso se persigue una valoración (una nota entre 0 y 10) global. En otras palabras, nada impide que una persona victimizada pueda considerar que, pese a todo, su ciudad es un lugar seguro.

Una segunda manera de valorar cómo percibimos la seguridad se relaciona con una aproximación al fenómeno de tipo emotivo. En este sentido, suelen incorporarse preguntas relativas al nivel de preocupación que genera la delincuencia o los niveles de pesimismo u optimismo con la evolución que esta pueda tener.

Finalmente, también es relevante conocer hasta qué punto las personas modifican su comportamiento con la finalidad de evitar ser víctimas de determinados hechos. Algunos ejemplos se relacionan con el hecho de dejar de pasear a determinadas horas o por determinados lugares, o la instalación de sistemas de seguridad en los domicilios para evitar robos.

Existen numerosos estudios que acreditan una correlación positiva entre la percepción de seguridad de la ciudadanía y la valoración que ésta realiza de los servicios policiales. En otras palabras, cuando la policía goza de una legitimidad sólida, los niveles de seguridad percibidos son mayores. Es por ello que conviene dedicar preguntas de una encuesta de victimización a conocer la valoración de los cuerpos de policía existentes sobre un territorio. Esta valoración puede registrarse de forma genérica, es el caso de la clásica puntuación entre 0 y 10, o puede concretarse en funciones específicas como el sistema de recepción de denuncia. Del mismo modo, también puede diferenciarse atendiendo a quien toma la iniciativa en el contacto: ciudadanos/as que recurren a la policía o policías que contactan con ciudadanos/as.

Con esta tercera entrega terminamos la serie dedicada a las encuestas de victimización. A lo largo de tres artículos hemos conocido su razón de ser, el papel que pueden desempeñar en el diseño de políticas de seguridad, algunos referentes tanto internacionales como nacionales y el funcionamiento de sus principales indicadores y variables.

Desde FEPSU trabajamos en visibilizar toda la investigación y el conocimiento generado en el ámbito de la seguridad, la prevención y la convivencia. Síguenos en redes y conoce lo que hacemos a través de nuestra newsletter. Seguimos trabajando.

En esta entrada seguiremos profundizando en las encuestas de victimización como instrumento de medición de la seguridad y analizaremos las experiencias más o menos cercanas, en un ámbito de estudio consolidado desde finales de siglo pasado.

Las encuestas de victimización en el mundo

Uno de los primeros esfuerzos notables en el estudio de la victimización fue el Programa Nacional de Encuestas sobre delincuencia y Justicia que evolucionó hasta convertirse en la actual Encuesta Nacional de Victimización Delictiva (NCVS). Hasta el día de hoy y desde 1973, la NCVS ha madurado convirtiéndose en la fuente más importante de datos sobre la victimización delictiva en los Estados Unidos.

La encuesta la realiza la Oficina del Censo de Estados Unidos de parte de la Oficina de Estadísticas Judiciales (BJS) del Departamento de Justicia y permite recabar información sobre los delitos desde la perspectiva de las víctimas, sin importar si estos se reportaron o no a la policía. De esta manera, junto al registro numérico del tipo y cantidad de hechos, se obtiene información de las características de las persones y de los hogares, el momento y lugar en el que suceden los hechos, las lesiones que provocan i el posible empleo de armas.

Uno de los elementos singulares de la NCVS se encuentra en la selección de la muestra. A diferencia de lo que sucede con otros estudios de las mismas características, la unidad de nuestra básica son los domicilios, no las personas, y el seguimiento de estos espacios se lleva a cabo durante tres años y medio. Se consideran miembros de un hogar las personas de 12 años o más que residen en él de forma habitual en el momento de la entrevista. De esta manera, en caso de que los inquilinos de un hogar seleccionado cambien de ubicación, los nuevos moradores serán los encargados de continuar con la monitorización del espacio reportando sus experiencias.

Más reciente, pero con un trabajo exhaustivo en los últimos años encontramos la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad (ENVIPE) coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Méjico. Desde su primera edición en 2011, el estudio ha presentado un informe anual de manera ininterrumpida.

De la misma manera que la NCVS, EVIPE trabaja sobre un muestreo en que la unidad primaria está constituida por manzanas con un mínimo y máximo de viviendas, dependiendo de si se trata de un entorno rural o urbano. En este caso, las entrevistas se realizan a personas de 18 años o más y el estudio permite presentar resultados a nivel nacional y para cada una de las 31 realidades federativas, incluyendo Ciudad de Méjico. En su edición de 2022 la muestra se constituyó de 102.093 viviendas, cosa que de una idea del alcance y ambición del proyecto.

ENVIPE recoge datos sobre victimización, pero en la sección cuarta de su cuestionario desarrolla con mucho detalle cuestiones relacionas con la percepción de seguridad de los participantes en el estudio. De este modo, se recogen preguntas acerca de la preocupación por temas como la pobreza, desempleo, narcotráfico o corrupción; sobre el sentimiento de inseguridad en determinados espacios como la casa, el trabajo, la calle, el banco…; o las probabilidades estimadas de sufrir un robo total o parcial de vehículo, un asalto en su habitación o un fraude o clonación de tarjeta bancaria, entre otros.

ENVIPE es un claro ejemplo de aquellos estudios que complementan el registro de victimización con datos sobre percepción de seguridad, pudiendo con ello realizar cruces de variables que permitan encontrar correlaciones entre los dos ámbitos. Es de esta manera como la criminología conoce que entre las personas victimizadas los niveles de inseguridad manifestados suelen ser significativamente más elevados.

En el entorno europeo, probablemente, el estudio más referenciado sea la Crime Survey for England and Wales (CSEW). Realizada por la Oficina de Estadística Nacional desde 1981 se consolidó como encuesta de referencia para buena parte de las iniciativas presentadas por países vecinos.

La CSEW siempre se ha presentado como un estudio innovador en los enfoques y la selección de módulos de sus cuestionarios. Junto a los hechos delictivos más clásicos (robos con violencia, hurtos, agresiones…) el estudio comenzó a registrar fraudes y estafas con la finalidad de conseguir el mejor retrato posible de la criminalidad sufrida por su muestra. En este mismo sentido, recientemente, la CSEW incorpora entrevistas con chicos/as jóvenes de 10 a 15 años de edad. Entre otras, las personas seleccionadas reciben preguntas sobre el uso de internet y su comportamiento en línea: qué cosas hacen mientras navegan por la red, si han sufrido alguna experiencia negativa en el entorno o si, para el caso de los/las jóvenes de 13 a 15 años, si han enviado o recibido mensajes con contenido sexual.

Más allá de los registros clásicos de victimización, esta nueva experiencia debe servir para realizar una valoración de riesgo. De este modo, los padres o tutores de los/las chicos/as participantes reciben tras la entrevista un informe sobre la valoración del riesgo de sufrir determinadas experiencias vinculadas, únicamente, a los comportamientos declarados en la encuesta.

Otra de las particularidades de la CSEW está relacionada con el hecho de que todas las entrevistas se realizan de forma presencial. Los hogares seleccionados reciben una carta e información adicional sobre el estudio, al cabo de unos días, las personas encargadas de realizar la entrevista se personan en los domicilios y seleccionan aleatoriamente una persona de 16 años y más para responder el cuestionario.

Las encuestas de victimización en el estado español

En el estado español no existe una encuesta de victimización encargada de monitorizar la victimización y la percepción de seguridad de los ciudadanos. Es cierto que desde el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se han elaborado estudios concretos sobre victimización y seguridad ciudadana (1999) o delincuencia, seguridad ciudadana e imagen de la policía (1995), pero no se ha desarrollado un instrumento de medición sistematizado en el tiempo que permita elaborar ciclos de seguridad y examinar grandes tendencias y evoluciones.

En este sentido, Catalunya supone una curiosa anomalía. A día de hoy son tres las encuestas de victimización con registros de más de 25 años.

La Encuesta de Victimización de Barcelona (EVB) se realiza anualmente de forma ininterrumpida desde 1984 lo que la convierte en el estudio más longevo de estas características en todo el estado. Desde el año 2015 combina las encuestas telefónicas con aquellas autoadministradas a través de internet por las personas seleccionadas. Este cambio originó la posibilidad de llegar a grupos de población con los que resulta más difícil contactar por teléfono: jóvenes y población de nacionalidad extranjera, por ejemplo.

La EVB selecciona su muestra entre la población empadronada en Barcelona de 16 años y más, y exceptuando las ediciones de 2016 y 2018, ha contado con 4.000 personas por edición, cosa que permite que sus resultados puedan desagregarse por distritos manteniendo la representatividad estadística. De esta manera, en cada uno de los estratos (distritos) se exigen cuotas por sexo, grupo de edad y nacionalidad (española i/o extranjera) asegurando que la realidad de estos colectivos se analiza de forma representativa.

En esencia, la EVB divide su objeto de estudio en cuatro grandes bloques. Junto a los clásicos módulos de victimización y percepción de la seguridad, encontramos preguntas centradas en profundizar en la victimización desde el punto de vista del territorio, y en aquellos aspectos relacionados con la convivencia, un elemento clave en el desarrollo de las competencias en el mundo local. De esta manera, incidentes relacionados con el ruido en los vecindarios y calles, ocupaciones, suciedad o vandalismo, se incorporan a una base de datos que permitirá cruzar las variables con experiencias de victimización y percepción.

Desde el año 1990 la EVB comparte trabajo de campo con la Encuesta de Victimización del Área Metropolitana de Barcelona (EVAMB). Con la finalidad de extender el estudio a los 36 municipios del área el estudio estratifica su muestra en ámbitos territoriales y las seis ciudades de más de 75.000 habitantes.

Una de las posibilidades que ofrecen estos estudios supramunicipales consiste en la ampliación de muestra de alguno de los municipios que la componen. Es el caso de Hospitalet del Llobregat que con ello consigue mayor precisión en sus resultados disminuyendo los márgenes de erros que cualquier operación estadística de estas características lleva asociado. La gran ventaja de estas operaciones se encuentra en el hecho de compartir cuestionario y por lo tanto mantener la comparabilidad con otras realidades territoriales. Por otra parte, abre la puerta a este tipo de investigaciones a muchos Ayuntamientos que, ya sea por los costes asociados ya sea por la falta de conocimientos técnicos en la materia, no podrían disponer de datos de victimización, percepción de seguridad o convivencia si no fuera bajo el paraguas de una iniciativa mayor.

En último lugar, la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya (ESPC) supone el estudio de victimización con mayor universo de población: Catalunya. Realizado por el Departamento de Interior desde 1999 celebra su 25 aniversario durante 2024. Durante algunas ediciones compartió trabajo de campo con las dos encuestas anteriores, pero desde 2013 se realiza cada dos años centrando su contenido en tres grandes bloques: victimización, percepción de seguridad y valoración de la policía.

El bloque de victimización se estructura en 7 ámbitos temáticos: hechos relacionados con el vehículo, los domicilios, las segundas residencias, los negocios urbanos, el patrimonio de proximidad (atraco, tirón, robo de móvil…), con las personas (agresiones físicas, amenazas…) o con los engaños, fraudes y estafas. En este sentido, las estafas se incorporaron al estudio en 2015 y cabe destacar que, en sus últimas ediciones, y en buena medida por los efectos asociados al confinamiento, han condicionado algunos indicadores obligando a matizar algunas tendencias. No obstante, reservamos el análisis y evolución de los principales indicadores para una tercera entrega de esta serie dedicada a las encuestas de victimización.

Desde FEPSU trabajamos por dar a conocer los principales instrumentos de estudio y análisis de la seguridad, percepción y convivencia en las ciudades. Con ello, compartimos con nuestros socios posibilidades para avanzar en el desarrollo de las mejores políticas públicas.

Las encuestas de victimización son una herramienta crucial en la comprensión del estado de la seguridad pública, la convivencia y la percepción de inseguridad. A lo largo de las últimas décadas, estas encuestas se han convertido en una valiosa fuente de información para los investigadores, responsables de políticas públicas y la sociedad en general. En este artículo, exploraremos en profundidad qué son las encuestas de victimización, sus objetivos, y su utilidad como complemento del dato institucional. 

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¿Por qué hacer encuestas de victimización?

La seguridad pública como objeto de investigación plantea algunas dificultades concretas entre las que destaca el problema de la llamada «cifra negra». Los datos administrativos de los que se dispone, ya sean de procedencia policial o judicial, a menudo dibujan un escenario incompleto al referenciar exclusivamente aquellos incidentes que llegan a ser comunicados a la policía, jueces y magistrados o administración de justicia en general. No obstante, no todos los actos relacionados con la seguridad son puestos en conocimiento de estas instancias administrativas.

Entre las motivaciones para no denunciar actividad delictiva encontramos un catálogo de razones variado. En ocasiones, la causa se relaciona con la percepción, cuando la víctima no considera que el hecho agresor tenga una relevancia suficientemente significativa. Es habitual que la consideración de que un hecho sea poco relevante contribuya a forjar la idea de que policía y sistema judicial pueden hacer bien poca cosa al respecto. En otros casos, la falta de confianza en el sistema judicial o en la policía es la razón por la que no se informa de determinados hechos. Finalmente, optar por no denunciar también puede estar relacionado con la privacidad en aquellos casos donde la víctima no desea involucrar a la policía compartiendo determinadas experiencias de victimización. 

Con el fin de complementar la información policial y radiografiar de forma más precisa el estado de la seguridad pública, en las décadas de 1960 y 1970, en paralelo al desarrollo de la victimología como disciplina académica, se comenzaron a generalizar este tipo de encuestas, convirtiéndose en una herramienta importante a la hora de identificar aspectos del delito que los datos administrativos disponibles no pueden capturar fácilmente.

Las encuestas de victimización son estudios diseñados para recopilar información sobre las experiencias de las personas que han sido víctimas de delitos, así como sobre aquellas que no han sufrido incidentes delictivos. A diferencia de las estadísticas tradicionales de delincuencia que se basan en informes policiales, las encuestas de victimización se centran en la perspectiva de la víctima, proporcionando una visión más completa y precisa de la realidad de la seguridad en una sociedad.

En paralelo, es habitual que las encuestas de victimización dispongan de módulos – preguntas, en su defecto- sobre la percepción de inseguridad de las personas encuestadas. Más allá de las experiencias de victimización declaradas, importantísimas como complemento de los registros policiales, este tipo de estudios permite conocer la relación directa y subjetiva de las personas con el estado de la seguridad, una realidad que en ocasiones no mantiene una relación coherente y previsible con los niveles de delincuencia.

Por último, es importante tener en cuenta que las reglas para medir qué entendemos por delito pueden ser diferentes según el país en el que nos encontremos, lo que dificulta establecer comparaciones de actividad delictiva. En este sentido, las encuestas de victimización pueden ser un aliado al permitir trabajar con hechos que no respondan estrictamente a la tipología penal. Si bien es cierto que en ese caso se diluye su carácter complementario, esta posibilidad abre un camino interesante en investigaciones que quieran trazar una línea clara entre tipicidad penal y victimización. En otras palabras, el sentimiento de victimización puede venir provocado por hechos no delictivos, más allá de las leyes penales. Conocer esa realidad nos ayuda a comprender la relación que mantiene con la seguridad la ciudadanía.

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El diseño de las políticas públicas en materia de seguridad

El objetivo principal de las encuestas de victimización es la recopilación de información que permita influir en el diseño de políticas públicas destinadas a mejorar la seguridad ciudadana.

En ese sentido, las encuestas permiten medir con mayor precisión la magnitud de un problema, proporcionar una imagen más precisa a los decisores públicos. En ocasiones, las estadísticas oficiales pueden subestimar un problema social –muy habitual en conflictos asociados a la convivencia- por no encontrarse registrado fielmente en los recorridos institucionales habituales. El contacto directo con los ciudadanos proporciona información de mayor calidad que puede perderse en los procesos de medición oficiales que configuran los principales indicadores en la materia.

En paralelo, analizando los datos recopilados por las encuestas de victmización se pueden identificar patrones y tendencias en la comisión de delitos, en la percepción de seguridad y en el estado de la convivencia en una ciudad. Esto es crucial para entender cómo cambian las dinámicas de la seguridad en el tiempo y para orientar la formulación de políticas de seguridad más efectivas.

Junto al diseño de esas políticas públicas de seguridad, es importante poder evaluar qué tan eficaces han sido. Las encuestas de victimización permiten evaluar la efectividad de las políticas públicas en la prevención del delito y la protección de los ciudadanos. Este enfoque, basado en la experiencia de las víctimas, proporciona información valiosa para ajustar estrategias y asignar recursos de manera más eficiente.

De este modo, las encuestas en el ámbito de la seguridad se presentan como instrumentos versátiles a la hora de correlacionar la victimización y la percepción de seguridad con determinadas realidades sociales. Es habitual encontrar preguntas sobre variables sociodemográficas: nivel de ingresos, nivel de estudios, ocupación, país de origen o posibles situaciones de diversidad funcional. El cruce de estas variables con los registros de victimización y percepción de seguridad, nos permite entender la victimización desde otro punto de vista. Junto con el valor de saber qué cosas pasan y cuántas veces, aprendemos sobre las realidades personales de quienes soportan esa victimización. Ser capaces de dibujar un mapa de correlaciones de estas características nos permite disponer de una herramienta muy valiosa en materia de predicción y prevención del delito.

Este artículo es el primero de una serie en la que analizaremos las principales encuestas en el ámbito de la seguridad, así como los principales resultados en sus últimas ediciones. Desde FEPSU trabajamos en difundir proyectos e investigaciones en el campo de la prevención, la seguridad y la convivencia

La salud mental en los cuerpos de policía es un tema crítico y a menudo subestimado. Algunos de los estereotipos asociados a las estructuras policiales y a la naturaleza del trabajo desempeñado por sus profesionales han contribuido a silenciar una realidad de la que, cada vez con más intensidad, se demanda su abordaje por parte de las administraciones competentes.

Las políticas orientadas a la creación de programas de bienestar para agentes de policía no son algo nuevo. Existen iniciativas que de forma más o menos ambiciosa han tratado de establecer criterios que definan de qué manera se vela por la salud mental de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. A menudo se asocia esta problemática desde la incidencia que tiene sobre el volumen de efectivos disponibles y su impacto en las plantillas, pero lo cierto es que la calidad del trabajo realizado también se resiente cuando los/las agentes de policía desarrollan sus funciones afectados por este tipo de problemas.

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El trabajo de policía

Cada vez son más las campañas de sensibilización sobre salud mental que desde las administraciones públicas se lanzan para concienciar a la sociedad en la necesidad de abordar los síntomas y eliminar los estigmas asociados a determinadas patologías.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó en 2003 que no es posible considerar la salud sin tener en cuenta la salud mental, considerando que una lista de enfermedades profesionales que no asimila determinados trastornos mentales, por definición, es una lista incompleta. La Declaración de Helsinki, firmada en el año 2005 por los estados miembros de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y el Consejo (Resolución EUR/RC55/R2), incorpora la salud mental como prioridad en la agenda europea e identifica la salud mental como un asunto de salud pública.

De este modo, no puede decirse que la salud mental sea algo ajeno a las agendas políticas de las distintas administraciones. No obstante, la salud mental de los/las profesionales del trabajo policial y de los servicios de emergencias, exige un tratamiento diferenciado por las características del entorno en el que se realiza.

A menudo se espera que los/as agentes de policía estén en su mejor forma física y mental en todo momento, pero la realidad es que muchos de ellos/as se enfrentan a desafíos significativos que pueden condicionar su bienestar psicológico.

Tanto en España como a nivel internacional, múltiples estudios han abordado este tema arrojando luz sobre la prevalencia de problemas de salud mental en entre los/las profesionales de los cuerpos de policía y emergencias y la necesidad de abordar estos problemas de manera efectiva.

Existe cierto tabú entorno a las enfermedades mentales y el suicidio. Los medios de comunicación suelen silenciar una realidad bajo la falsa creencia de que su tratamiento mediático, en el caso del suicidio, puede producir un efecto llamada. Es lo que se conoce como el efecto Werther, término acuñado desde la sociología a mediados de la década de los setenta en referencia al protagonista de la novela de Goethe, “Las penas del joven Werther”, en la que los desamores de un muchacho de corta edad le llevan a terminar con su vida.

De forma bastante generalizada, la mayoría de estudios concluyen que el impacto de la violencia laboral que supone el trabajo de policía y personal de emergencias está significativamente asociado con una mayor incidencia de trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. De este modo, estos colectivos tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos de salud mental en comparación con la población general. Algunos datos manifiestan que entre los efectivos policiales existe el doble de probabilidades de manifestar conductas suicidas.

El estrés laboral y la exposición a situaciones traumáticas se definen como riesgos psicosociales importantes en el desarrollo de las funciones de estos colectivos, de ahí la necesidad de facilitar herramientas que permitan la autoprotección necesaria para evitar o minimizar efectos nocivos para su salud mental.

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El abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial

El pasado 27 de marzo asistimos a la jornada Abordaje del suicidio y las enfermedades mentales desde la perspectiva policial organizada por la Guàrdia Urbana de Barcelona y el Ajuntament de Barcelona. El acto, al que asistieron representantes de más de 50 policías locales, se estructuró en tres mesas dedicadas a la prevención del suicidio en el ámbito policial, la intervención operativa en tentativas de suicidio y las enfermedades mentales y su impacto en el servicio policial.

Bajo la idea generalizada de que para prevenir un problema es necesario hablar sobre él, la primera de las mesas sirvió para presentar las herramientas desarrolladas en los últimos años desde el consistorio barcelonés.

En primer lugar, los Departamentos de Riesgos Laborales del cuerpo de bomberos de Barcelona y su policía municipal, trabajan conjuntamente con el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones (INAD) del Parc de Salut y Mar del Hospital del Mar de Barcelona en un programa de atención psicológica dirigido a los agentes. Se trata de un servicio voluntario y confidencial que ha servido para atender a más de 700 agentes, aproximadamente un 15% de sus plantillas.

A su vez, la mesa sirvió para, de la mano de Beatriz Almenar Pasies, técnica del del departamento, presentar el Protocolo de prevención del suicidio del que dispone la Guàrdia Urbana de Barcelona desde 2019. La herramienta, que “en el segundo año de su implementación ya había llegado a toda la plantilla a través de un programa de formación interna”, tiene como objetivo la detección de conductas de riesgo entre los policías. El seguimiento del estado del/la agente, la retirada del arma de fuego como medida preventiva o la derivación del/la profesional a un centro sanitario para recibir atención psicológica urgente, son algunas de las medidas previstas atendiendo a la gravedad de cada caso.

El protocolo de prevención del suicidio de Guàrdia Urbana de Barcelona propone un programa de actuación que junto a las vías de intervención expuestas requiere de una toma de conciencia por parte de los/las agentes. En este sentido, buena parte de las formaciones realizadas persiguen dotar a los/las profesionales de un compromiso consigo mismos estableciendo la autoprotección como primera vía de protección. Los talleres recrean situaciones de riesgo que deben ser gestionadas por los participantes. A partir de ahí, se comparte la vivencia emocional que supone la actuación con la finalidad de extraer un aprendizaje que prepare emocionalmente a los/las agentes para situaciones de estas características. Es así como se consigue minimizar el impacto que pueda suponer sobre su salud mental la intervención en determinadas situaciones.

El compromiso por avanzar en materia de salud mental trasciende la realidad de los/las profesionales de la seguridad y las emergencias. En este sentido, Lídia Ametller, técnica de salud mental en el Ajuntament de Barcelona, presentó el flamante Plan de Salut Mental 2023-2030. El nuevo instrumento refuerza las 111 acciones del antiguo plan con 90 nuevas medidas desarrolladas mediante el trabajo conjunto en el seno de una comisión interdisciplinar. Este grupo, formado por instituciones y expertos/as en este campo, desarrolla propuestas procedentes de más de 500 organizaciones de la ciudad.

La celebración de la jornada también sirvió para valorar las actuaciones que los cuerpos de seguridad y otros servicios de emergencias realizan ante casos de tentativa de suicidio por parte de la ciudadanía. David Ruíz, técnico de operaciones de CAT112, el teléfono de emergencias de la Generalitat de Catalunya, informó que en 2022 el servicio recibió más de 20.000 llamadas relacionadas con tentativas de suicidio y concluyó que en los relativo al servicio de llamadas de emergencia «al gestor de emergencias se le pide que sea muy concreto: que diga lo que está pasando y sobretodo, que diga donde está pasando»

Desde el FEPSU aplaudimos iniciativas como esta. Iniciativas que permiten avanzar en el conocimiento de los problemas que nuestra sociedad refleja.

En los últimos años ha crecido la preocupación social por los actos de violencia o acoso entre iguales (bullying) y de ciberacoso (ciberbullying). El bullying es un problema grave que afecta a muchos niños y niñas en todo el mundo. Este fenómeno se refiere a la violencia psicológica, física o verbal que se ejerce sobre una persona por parte de otra o varias personas, de manera repetitiva y con la intención de intimidar, humillar o causar daño. Aunque el bullying no es un fenómeno nuevo, en los últimos años se ha hecho más visible gracias a la conciencia que se ha generado en torno a él.

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Un problema generalizado

Según varios estudios, el bullying afecta a una gran cantidad de niños en todo el mundo. Así lo pone de manifiesto el informe Behind the numbers: Ending school violence anb bullying promovido por la UNESCO, el organismo de Naciones Unidas especializado en educación, ciencia y cultura. En él se señala que el 32% de los estudiantes de todo el mundo, uno de cada tres, han sufrido algún tipo de bullying en la escuela en el mes anterior a la realización de las encuestas. Además, se estima que el 20% de los estudiantes han sido víctimas de acoso en línea, lo que aumenta la presión sobre ellos incluso fuera del entorno escolar.

El informe, que cuenta con algo más de dos años de existencia, supone el mayor estudio realizado sobre la cuestión, aportando datos de 144 países para estudiantes entre los 9 y los 15 años de edad.

El estudio también revela que la intimidación física es la más frecuente en muchas regiones, con la excepción de Norteamérica y Europa donde es más común la intimidación psicológica. Por otro lado, el acoso sexual se manifiesta como el segundo más común. Sufrido por un 11.2% de los niños/as encuestados, se identifica con las bromas, comentarios o gestos hostiles de carácter sexual. A esto hay que añadir el incremento de nuevas formas de violencia sexual asociadas al espacio virtual. Entre el 12% y el 22% de los niños y niñas encuestados aseguraron haber recibido algún mensaje con contenido sexual en el último año.

Uno de los apartados más interesantes presentados por el informe tiene que ver con aquellos factores que influyen en la violencia escolar o bullying. La apariencia física se presenta como una de las causas más presentes, el 15,5% de los estudiantes declaró haber recibido acoso o burlas entorno a su rostro o cuerpo. En segundo lugar, la raza y la nacionalidad son las causas más frecuentes manifestadas por las personas acosadas, pero junto a estas, otras como la desventaja socioeconómica, la condición de inmigrante o el clima escolar del centro educativo, condicionan las probabilidades de que los/las jóvenes sufran acoso en el ámbito escolar.

El impacto del bullying en los niños/as que lo sufren puede ser devastador. Quienes lo sufren pueden experimentar una amplia gama de problemas emocionales como ansiedad, depresión, baja autoestima, miedo o tristeza. Además, el acoso escolar puede tener un impacto negativo en su rendimiento académico y en la capacidad de quienes lo sufren para relacionarse con los demás. En casos extremos, el bullying puede incluso llevar al suicidio elevándolo como principal causa de muerte entre los jóvenes en determinados países.

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Un compromiso internacional

La educación se presenta como una de las prioridades de la UNESCO, organismo encargado de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Este programa se enmarca en la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. La educación, fundamental para avanzar en esa dirección, cuenta con su propio objetivo. El ODS 4, propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

A este objetivo hay que añadir alguna de las metas relacionadas con el ODS 16, en concreto, la meta 16.1 que propone “reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”.

En buena medida, las campañas de sensibilización junto a los muchos programas realizados en la lucha contra el acoso escolar han generado una tendencia que el propio informe, ya en 2019, comienza a registrar. Se observa como en los últimos años se ha producido una disminución paulatina en la prevalencia del acoso escolar en los centros educativos de la mitad de los países del entorno europeo.

Algunos de los factores de éxito en la disminución del bullying tienen que ver con el compromiso político de promover un clima escolar y un entorno de aula seguro; establecer sistemas de denuncia y seguimiento de la violencia eficaces; formación y apoyo a los docentes o empoderamiento y participación de los estudiantes, y todo ello, realizado a través de programas e intervenciones basados en datos empíricos.

A partir de estas experiencias la UNESCO desarrolla un catálogo de recomendaciones para disminuir el acoso escolar. Entre las más relevantes destacamos las siguientes: la confección de un marco normativo en defensa de los derechos de los niños y niñas; la elaboración de investigaciones que permitan trabajar a partir de evidencia empírica; desarrollar proyectos que dispongan del apoyo de toda la comunidad educativa y siempre, en cualquier caso, proporcionar información y apoyo a los/las estudiantes para que puedan reaccionar libremente en caso de sufrir este tipo de situaciones.

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La gestión local del acoso escolar

En anteriores entradas, el blog del FEPSU, presentó alguno de los proyectos realizados en materia de prevención de la discriminación en las aulas. En concreto, un catálogo de recomendaciones elaboradas por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE).

Con el objetivo de materializar los compromisos adoptados en la lucha contra el acoso escolar, los actores locales elaboran numerosas actividades en esa dirección. El pasado mes de enero, la Unidad de Relaciones y Mediación con la Comunidad (URMEC) de la Policía Municipal de Terrassa en colaboración con la Escuela La Granja Ability Training Center, organizó una jornada formativa específica dirigida a cuerpos policiales de toda Cataluña. Con el fin de tratar el acoso y la gestión de las emociones se pusieron en común herramientas y recursos para combatir esta problemática.

El tema central de la jornada giró en torno al trabajo en equipo contra el acoso, entendiendo el sistema emocional desde la vivencia, dotando de los recursos suficientes a los agentes y mandos de las Policías Locales que luchan contra la violencia en las aulas.

La jornada también sirvió para que la Policía Municipal de Terrassa compartiese con los asistentes el funcionamiento del servicio de prevención contra el bullying que ofrece la institución en la ciudad.

A través de los agentes de la URMEC, la Policía Municipal de Terrassa realiza un proyecto de acompañamiento integral a los/las alumnos/as de las escuelas de la ciudad para luchar y prevenir el acoso entre niños/as y jóvenes que se produce tanto dentro como fuera de las aulas.

El proyecto ofrece un servicio personalizado en las escuelas e institutos de Terrassa donde imparten charlas y sesiones formativas personalizadas, ya sea en la fase de primaria y secundaria, ya sea en intervenciones específicas o charlas con las familias. En el período comprendido entre enero y diciembre de 2022 se realizaron más de 70 sesiones a las que asistieron alrededor de 2.200 alumnos/as.

En las sesiones formativas sobre acoso en las aulas, la URMEC adapta el mensaje y los recursos en función de la edad de los alumnos y alumnas, así como la programación y el soporte gráfico. Con ello se busca conseguir que la sesión sea lo más personalizada posible. Asimismo, en todas las etapas educativas introducen y destacan la importancia de la gestión de las emociones para prevenir situaciones de acoso.

Desde el FEPSU compartimos una certeza: aquello que la sociedad ofrece a sus jóvenes es aquello que le devolverán el día de mañana. Es por eso que aplaudimos proyectos como el de nuestro socio en Terrassa, iniciativas que nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, una sociedad libre de violencia.

Con más o menos frecuencia, a menudo después de acontecimientos que sacuden a la opinión pública, las autoridades políticas y los profesionales del sector retoman el debate sobre legitimidad policial, tratando de precisar en qué punto se encuentra la confianza que la ciudadanía brinda a sus cuerpos policiales.

A raíz del confinamiento y la posterior desescalada en las restricciones a la movilidad, crece la sensación de que la legitimidad de la policía ha disminuido en algunos sectores de la población, especialmente entre los más jóvenes. Episodios como el de la ciudad de Mataró en el que un grupo de jóvenes se enfrentó a los Mossos d’Esquadra en los accesos a una discoteca, o los vividos en Madrid con motivo de los macrobotellones celebrados durante las fiestas del Pilar, han vuelto a situar el tema en la agenda política.

Sindicatos vinculados a distintos cuerpos policiales han denunciado en diferentes medios el incremento de la violencia sufrida por sus agentes y el sentimiento de impunidad con qué algunos jóvenes protagonizan estas conductas. A estas denuncias hay que añadir los datos publicados por el Ministerio del Interior acreditando un aumento significativo de los delitos de resistencia y desobediencia contra agentes de policía.

En el caso de Catalunya, Mossos d’Esquadra registró durante 2020 un máximo histórico por infracciones administrativas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, relacionadas con la desobediencia y resistencia a la autoridad, una de las infracciones graves recogidas en su artículo 36.

Percepciones y actitudes de los jóvenes

La literatura especializada en percepciones y actitudes frente a la policía es muy abundante, especialmente en Estados Unidos. En el caso europeo también son numerosas las publicaciones, pero son menos los trabajos centrados en la relación entre jóvenes y policia, y a menudo, las conclusiones de los estudios norteamericanos deben trasladarse con cautela al entorno europeo por las diferencias existentes en factores de tipo demográfico y socioeconómico.

Con el objetivo de identificar esa tendencia negativa en las relaciones entre jóvenes y policía y conocer mejor cómo se construyen, la Fundació per a la Seguretat Pública ha liderado un Estudio sobre percepciones y actitudes de la juventud con relación a la policía en Catalunya, publicado el pasado mes de junio.

La legitimidad es una “propiedad psicológica” que se otorga a una autoridad o institución al reconocerla como “apropiada, correcta y justa”. El elemento fundamental para consolidar esa legitimidad es la confianza que, en el contexto de la autoridad legal, debe entenderse como la “expectativa que el ciudadano tiene sobre el comportamiento de un/a agente en condiciones de incertidumbre”.

Uno de los factores decisivos en el reconocimiento de esa legitimidad es la denominada “justicia procesal”, esto es, que los ciudadanos se sientan tratados con respeto, dignidad y neutralidad por los agentes. La experiencia indirecta, cuando el conocimiento de encuentros desagradables con la policía proviene de terceras personas, aunque en menor medida, también influiría en la construcción de esa legitimidad.

Estas dinámicas relacionales son bastante similares entre jóvenes y población adulta. Cuando el trato recibido se considera justo aumenta la legitimidad con qué se percibe a la institución, qué a su vez, incrementa el cumplimiento de la ley. No obstante, sí se observan algunas diferencias en lo relativo a la voluntad de cooperación por parte de los jóvenes. En su caso, el trato recibido por la policía sería más influyente en la predisposición a colaborar con la institución.

Junto a un examen exhaustivo de los estudios en la materia, el informe final presenta los resultados de una aproximación cuantitativa y otra cualitativa para el escenario catalán. En el primer caso, se realizan encuestas a un total de 825 jóvenes entre los 14 i los 30 años. En el segundo, se ha trabajado con distintos grupos de discusión y siguiendo la metodología del abordaje etnográfico espontáneo, un sistema de inmersión grupal en el entorno natural de la población estudiada.

Las conclusiones confirman la teoría de la “justicia procesal” para el caso de Catalunya. Los jóvenes muestran un nivel de satisfacción mayor en sus contactos directos con la policía, 6.77 sobre 10, cuando son tratados con respeto, dignidad y neutralidad. En aquellos casos en los que se ha detectado un abuso de poder o un uso excesivo de la fuerza, la media desciende a un 3.9. Igualmente, ese nivel de satisfacción tras un contacto directo correlaciona de forma positiva con la percepción de la legitimidad policial, del mismo modo que sucede con la variable “confianza en la policía”. Finalmente, los datos parecen confirmar que en aquellos casos en qué la legitimidad otorgada a la policía es mayor, aumenta la voluntad de cooperar con la institución e incrementa el cumplimiento de la ley.

Los botellones i macrobotellones como factor de riesgo

Los grupos de discusión celebrados durante el trabajo de campo sirvieron para evidenciar las muchas modalidades que pueden adoptar los botellones, reuniones de jóvenes que en cualquier caso siempre mantienen un factor común: el consumo de alcohol en espacios públicos.

Los propios jóvenes destacan aspectos positivos como la “diversión”, “estar entre amigos”, “los precios económicos en comparación con discotecas” o “la improvisación en comparación con el ocio que supone comprar entradas anticipadas”. Por otro lado, los aspectos negativos manifestados son “el riesgo de recibir una multa”, “el frio en invierno”, “la inseguridad” o “la falta de espacios para orinar”, entre otros.

Los participantes en los grupos manifiestan detectar un aumento de la violencia desde antes de la pandemia, siendo los jóvenes de entre 16 y 18 años los que muestran mayor afectación por esta realidad.

En este contexto, la policía se percibe como un “agente controlador y represivo”, especialmente en lo relativo a las sanciones de multa que, pese a considerarse baja, a menudo se acompaña de sanciones por otras infracciones.

De este modo, los botellones, más o menos masivos, generan espacios en los que la agresividad en el comportamiento de los jóvenes se intensifica por diferentes factores. Por un lado, las responsabilidades individuales se diluyen en el grupo provocando la impunidad de algunas de las personas que cometen hechos delictivos o inician enfrentamientos con la policía. Por otro, la ausencia de normativa concreta sobre macrobotellones con gran afluencia de participantes complica los operativos policiales.

Los estudios realizados hasta el momento parecen tener claro el mecanismo mediante el que se construye la legitimidad de los cuerpos de seguridad. En adelante, las administraciones tienen el reto de mantener en niveles altos la confianza en la policía, de lo contrario, el mantenimiento del orden público y la protección ciudadana podrían verse afectados.

Puede consultarse el informe completo aquí.