El acoso escolar: un compromiso internacional, una gestión local

En los últimos años ha crecido la preocupación social por los actos de violencia o acoso entre iguales (bullying) y de ciberacoso (ciberbullying). El bullying es un problema grave que afecta a muchos niños y niñas en todo el mundo. Este fenómeno se refiere a la violencia psicológica, física o verbal que se ejerce sobre una persona por parte de otra o varias personas, de manera repetitiva y con la intención de intimidar, humillar o causar daño. Aunque el bullying no es un fenómeno nuevo, en los últimos años se ha hecho más visible gracias a la conciencia que se ha generado en torno a él.

Un problema generalizado

Según varios estudios, el bullying afecta a una gran cantidad de niños en todo el mundo. Así lo pone de manifiesto el informe Behind the numbers: Ending school violence anb bullying promovido por la UNESCO, el organismo de Naciones Unidas especializado en educación, ciencia y cultura. En él se señala que el 32% de los estudiantes de todo el mundo, uno de cada tres, han sufrido algún tipo de bullying en la escuela en el mes anterior a la realización de las encuestas. Además, se estima que el 20% de los estudiantes han sido víctimas de acoso en línea, lo que aumenta la presión sobre ellos incluso fuera del entorno escolar.

El informe, que cuenta con algo más de dos años de existencia, supone el mayor estudio realizado sobre la cuestión, aportando datos de 144 países para estudiantes entre los 9 y los 15 años de edad.

El estudio también revela que la intimidación física es la más frecuente en muchas regiones, con la excepción de Norteamérica y Europa donde es más común la intimidación psicológica. Por otro lado, el acoso sexual se manifiesta como el segundo más común. Sufrido por un 11.2% de los niños/as encuestados, se identifica con las bromas, comentarios o gestos hostiles de carácter sexual. A esto hay que añadir el incremento de nuevas formas de violencia sexual asociadas al espacio virtual. Entre el 12% y el 22% de los niños y niñas encuestados aseguraron haber recibido algún mensaje con contenido sexual en el último año.

Uno de los apartados más interesantes presentados por el informe tiene que ver con aquellos factores que influyen en la violencia escolar o bullying. La apariencia física se presenta como una de las causas más presentes, el 15,5% de los estudiantes declaró haber recibido acoso o burlas entorno a su rostro o cuerpo. En segundo lugar, la raza y la nacionalidad son las causas más frecuentes manifestadas por las personas acosadas, pero junto a estas, otras como la desventaja socioeconómica, la condición de inmigrante o el clima escolar del centro educativo, condicionan las probabilidades de que los/las jóvenes sufran acoso en el ámbito escolar.

El impacto del bullying en los niños/as que lo sufren puede ser devastador. Quienes lo sufren pueden experimentar una amplia gama de problemas emocionales como ansiedad, depresión, baja autoestima, miedo o tristeza. Además, el acoso escolar puede tener un impacto negativo en su rendimiento académico y en la capacidad de quienes lo sufren para relacionarse con los demás. En casos extremos, el bullying puede incluso llevar al suicidio elevándolo como principal causa de muerte entre los jóvenes en determinados países.

Un compromiso internacional

La educación se presenta como una de las prioridades de la UNESCO, organismo encargado de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Este programa se enmarca en la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. La educación, fundamental para avanzar en esa dirección, cuenta con su propio objetivo. El ODS 4, propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

A este objetivo hay que añadir alguna de las metas relacionadas con el ODS 16, en concreto, la meta 16.1 que propone “reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”.

En buena medida, las campañas de sensibilización junto a los muchos programas realizados en la lucha contra el acoso escolar han generado una tendencia que el propio informe, ya en 2019, comienza a registrar. Se observa como en los últimos años se ha producido una disminución paulatina en la prevalencia del acoso escolar en los centros educativos de la mitad de los países del entorno europeo.

Algunos de los factores de éxito en la disminución del bullying tienen que ver con el compromiso político de promover un clima escolar y un entorno de aula seguro; establecer sistemas de denuncia y seguimiento de la violencia eficaces; formación y apoyo a los docentes o empoderamiento y participación de los estudiantes, y todo ello, realizado a través de programas e intervenciones basados en datos empíricos.

A partir de estas experiencias la UNESCO desarrolla un catálogo de recomendaciones para disminuir el acoso escolar. Entre las más relevantes destacamos las siguientes: la confección de un marco normativo en defensa de los derechos de los niños y niñas; la elaboración de investigaciones que permitan trabajar a partir de evidencia empírica; desarrollar proyectos que dispongan del apoyo de toda la comunidad educativa y siempre, en cualquier caso, proporcionar información y apoyo a los/las estudiantes para que puedan reaccionar libremente en caso de sufrir este tipo de situaciones.

La gestión local del acoso escolar

En anteriores entradas, el blog de FEPSU, presentó alguno de los proyectos realizados en materia de prevención de la discriminación en las aulas. En concreto, un catálogo de recomendaciones elaboradas por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE).

Con el objetivo de materializar los compromisos adoptados en la lucha contra el acoso escolar, los actores locales elaboran numerosas actividades en esa dirección. El pasado mes de enero, la Unidad de Relaciones y Mediación con la Comunidad (URMEC) de la Policía Municipal de Terrassa en colaboración con la Escuela La Granja Ability Training Center, organizó una jornada formativa específica dirigida a cuerpos policiales de toda Cataluña. Con el fin de tratar el acoso y la gestión de las emociones se pusieron en común herramientas y recursos para combatir esta problemática.

El tema central de la jornada giró en torno al trabajo en equipo contra el acoso, entendiendo el sistema emocional desde la vivencia, dotando de los recursos suficientes a los agentes y mandos de las Policías Locales que luchan contra la violencia en las aulas.

La jornada también sirvió para que la Policía Municipal de Terrassa compartiese con los asistentes el funcionamiento del servicio de prevención contra el bullying que ofrece la institución en la ciudad.

A través de los agentes de la URMEC, la Policía Municipal de Terrassa realiza un proyecto de acompañamiento integral a los/las alumnos/as de las escuelas de la ciudad para luchar y prevenir el acoso entre niños/as y jóvenes que se produce tanto dentro como fuera de las aulas.

El proyecto ofrece un servicio personalizado en las escuelas e institutos de Terrassa donde imparten charlas y sesiones formativas personalizadas, ya sea en la fase de primaria y secundaria, ya sea en intervenciones específicas o charlas con las familias. En el período comprendido entre enero y diciembre de 2022 se realizaron más de 70 sesiones a las que asistieron alrededor de 2.200 alumnos/as.

En las sesiones formativas sobre acoso en las aulas, la URMEC adapta el mensaje y los recursos en función de la edad de los alumnos y alumnas, así como la programación y el soporte gráfico. Con ello se busca conseguir que la sesión sea lo más personalizada posible. Asimismo, en todas las etapas educativas introducen y destacan la importancia de la gestión de las emociones para prevenir situaciones de acoso.

Desde FEPSU compartimos una certeza: aquello que la sociedad ofrece a sus jóvenes es aquello que le devolverán el día de mañana. Es por eso que aplaudimos proyectos como el de nuestro socio en Terrassa, iniciativas que nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, una sociedad libre de violencia.

Ocupación ilegal: falsas creencias y gestión de la convivencia

En los últimos años, el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas ha destacado entre los temas que más preocupan a la opinión pública. A menudo, un tratamiento poco exhaustivo y riguroso por parte de los medios de comunicación, contribuye a generar falsas creencias entorno al hecho aumentando con ello la percepción de inseguridad de la ciudadanía. En este artículo proponemos una breve aproximación al contexto jurídico y social que acompaña al fenómeno de la ocupación ilegal, a la vez que presentamos algunas de las herramientas operativas con las que minimizar el impacto negativo que pueden provocar sobre la convivencia en los espacios comunitarios.

¿Qué es una ocupación?

El pasado mes de noviembre, el Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU) organizó su conferencia nacional en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias de Madrid. Bajo el lema Retos para una sociedad con una convivencia pacífica y segura, algunos de los miembros de FEPSU presentaron proyectos en materia de seguridad y convivencia realizados recientemente. De este modo, durante dos jornadas se trataron temas relacionados con la convivencia en el espacio público y en el espacio comunitario entre los que destacó una mesa monográfica sobre la gestión de las ocupaciones con impacto negativo. En los próximos párrafos concretamos algunas de las cuestiones planteadas.

Es importante destacar que el término ocupación no es una categoría jurídica. No existe como tal el delito de ocupación, sino que usamos la palabra para referirnos a aquellos casos en los que alguien hace uso de un inmueble ajeno fuera de los supuestos previstos por la ley.

Sí se consideran delitos, y como tales están regulados en la legislación penal, el allanamiento de morada (art. 202 y 203 del Código Penal) y la usurpación (art. 245 del Código Penal). En el primero de los casos el bien jurídico protegido es la morada, entendida como aquel espacio que constituye el domicilio de una o varias personas, aquel en el que desarrollan su vida más privada. Es importante destacar que las segundas residencias son consideradas morada, por más que solo se permanezca en ellas durante periodos de vacaciones.

En el segundo supuesto, el delito de usurpación, el bien jurídico a proteger es la propiedad, tratándose de un delito contra el patrimonio. Así pues, estamos ante un delito de usurpación en aquellos casos en los que se ocupe ilegalmente una vivienda deshabitada sin el consentimiento de sus propietarios.

Carlos Rodríguez, Fiscal Decano de Madrid, aseguró en su ponencia en la conferencia nacional de FEPSU que “existe la creencia de que no se dispone de medidas ágiles para hacer frente al problema de las ocupaciones y la recuperación de las viviendas.” Esta creencia contribuye a generar una alarma social que desde un punto de vista jurídico y operativo no estaría justificada.

El allanamiento de morada constituye un delito que permite la actuación policial inmediata desalojando a los ocupantes del inmueble y restituyendo la propiedad al titular de la morada. En el caso de la usurpación, cuando se comete con violencia o intimidación se procede de la misma manera y en los casos que no es así, siempre que los ocupantes no hayan constituido su morada, también podrán ser desalojados rápidamente. Para aquellos supuestos en los que los ocupantes se encuentren desarrollando plenamente su vida en el inmueble, el desalojo necesitará una orden judicial por entrar en juego el derecho a la inviolabilidad de domicilio del artículo 18.2 del texto constitucional. En este sentido, Iván Nogales, miembro de la policía local de Santa Coloma de Gramanet, destaca la importancia de que las comunidades de propietarios conozcan el fenómeno de la ocupación ilegal y lo denuncien cuando sucedan en sus comunidades. 

Cabe destacar que cada vez son más las instancias judiciales que han tenido a bien incluir las usurpaciones, en su versión delictiva leve, dentro del grupo de delitos que pueden ser enjuiciados mediantejuicios rápidos o inmediatos. Este tipo de juicios se celebran en el Juzgado de guardia lo que supone una reducción muy significativa de los plazos para recuperar la vivienda. Por otro lado, podrán celebrarse siempre que concurran las circunstancias siguientes: que los ocupantes puedan ser identificados, que no se haya ejercido violencia contra los propietarios, y que se solicite la recuperación de la vivienda como medida cautelar.

Hasta aquí la vía penal. Fuera de ella pueden existir otros supuestos de ocupación, principalmente, relacionados con casos de impago de rentas del alquiler; finalización de contrato de alquiler; o ejecuciones hipotecarias, entre otros. En cualquiera de estos casos, al encontrarnos fuera de los requisitos necesarios para la causa penal, los procesos de desahucio siguen la vía civil, por lo general, mediante un procedimiento verbal de desahucio.

Llegados a este punto interesa detenerse en el coste temporal de estos procedimientos. La vía penal es la más rápida. En los juicios inmediatos por delitos leves la recuperación de la finca por parte de la víctima es inmediata.  Asumiendo el riesgo de la generalización, estos casos permiten la realización de los desalojos en poco más de una semana. No obstante, cuando no se den los requisitos que permitan tratar la usurpación como un delito leve y por tanto enjuiciarlo mediante un juicio rápido, este tipo de denuncias suelen resolverse en un plazo de entre 1 y 3 meses. Para los casos de allanamiento de morada, como ya dijimos, la actuación policial es inmediata.

En el caso de la vía civil, el procedimiento verbal de desahucio puede variar significativamente dependiendo de si el inquilino o persona ocupante se opone formalmente a la demanda o no lo hace. En cualquier caso, volviendo a generalizar, este proceso puede situarse entre los 3 y 6 meses de media para su resolución en primera instancia.

Falsas creencias y convivencia

En ese caso, ¿de dónde procede la idea de que tras una ocupación la recuperación de la vivienda es lenta, costosa y muy garantista con los ocupantes? ¿De dónde la idea de que podemos salir el fin de semana y al volver encontrar nuestra casa ocupada no pudiendo acceder de nuevo en mucho tiempo? ¿Qué hay de cierto pues, en el hecho de que transcurridas 48 horas desde la ocupación la policía ya no puede hacer nada?

Indudablemente, alguna de estas ideas puede resultarnos conocida. Ya sea desde medios de comunicación ya sea a través de determinados discursos políticos, este tipo de afirmaciones aumentan el miedo de las personas y tienen una gran incidencia en la construcción de su percepción de inseguridad.

Las falsas creencias alrededor de la ocupación ilegal en España no inventan un problema inexistente, pero distorsionan notablemente sus características y condicionan la percepción ciudadana que de él se tiene. Como confirmó Iván Nogales, sargento de la policía local de Santa Coloma de Gramanet durante su ponencia en la conferencia nacional de FEPSU, “la mayor parte de las ocupaciones en nuestro país se producen por bandas organizadas en inmuebles de entidades bancarias para alquilarlos a terceros”.De este modo, las ocupaciones de domicilios o segundas residencias de particulares suponen un porcentaje residual del total de los bienes inmuebles afectados por el problema. A título de ejemplo, en la última edición de la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya las ocupaciones de segundas residencias no llegaron al 0.2% del total de hechos registrados, y en ningún caso se puede vislumbrar un aumento destacable desde 2015, año en el que se incorporaron a la cesta de hechos registrados por el estudio.

De este modo, actualmente, el principal problema de las ocupaciones es el impacto o alteración que generan en la convivencia de las comunidades que las sufren. A menudo, conllevan riesgos derivados por las conexiones precarias y fraudulentas de los suministros, en otros casos, traen consigo los efectos de una delincuencia asociada: narcopisos, redes de prostitución… En cualquier caso, siempre condicionan la demanda ciudadana en el mercado de la vivienda contribuyendo a la guetificación de determinadas zonas.

Jesús María García Cortijo, intendente de la policía municipal de Madrid, destacó en su ponencia la importancia de la mediación a diferentes niveles. Por un lado, en relación a la comunidad y en todo aquello relativo a los problemas de convivencia que pueden generarse. Por otro lado, orientada a resolver de forma extrajudicial el conflicto jurídico de fondo: “tenemos una figura clave, la del agente mediador que intenta poner en contacto a morador y titular de la vivienda con la finalidad de acercar posturas”. Todo ello sin olvidar la importancia de contar con información fiable sobre las cuestiones de seguridad relacionadas con la ocupación o con el tipo de intervención que vaya a llevarse a cabo.

Queda claro que la ocupación ilegal es un problema complejo, asociado, en buena medida, a déficits estructurales relacionados con el parque de vivienda en España, especialmente en las grandes ciudades. También resulta evidente que se debe seguir trabajando para ofrecer una respuesta policial y judicial que llegue de la manera más rápida y coordinada posible. A pesar de eso, la magnitud del problema recomienda seguir explorando caminos como el de la mediación que a menudo suponen soluciones menos costosas y más rápidas que los procedimientos judiciales. También, la creación de servicios o respuestas municipales con perspectiva transversal, dirigidas a promover y mantener un buen clima de convivencia, en especial en los entornos de fincas que sufren los efectos de las ocupaciones. Hay que tener en cuenta que la finca ocupada va a requerir un determinado tipo de intervención (policial o judicial), pero el vecindario o comunidad adyacentes, también va a necesitar de un apoyo dirigido a restablecer la convivencia que puede haberse visto afectada por la ocupación conflictiva. En el mejor de los casos, dicha comunidad va a requerir una intervención a fin de reducir el impacto negativo de la ocupación.

Desde FEPSU aplaudimos las soluciones que algunos de nuestros socios han aportado al problema. Con ellas continuamos avanzando en la construcción de sociedades más seguras y fomentando la convivencia en los espacios comunitarios.

Percepciones y actitudes de la ciudadanía: la legitimidad policial

Con más o menos frecuencia, a menudo después de acontecimientos que sacuden a la opinión pública, las autoridades políticas y los profesionales del sector retoman el debate sobre legitimidad policial, tratando de precisar en qué punto se encuentra la confianza que la ciudadanía brinda a sus cuerpos policiales.

A raíz del confinamiento y la posterior desescalada en las restricciones a la movilidad, crece la sensación de que la legitimidad de la policía ha disminuido en algunos sectores de la población, especialmente entre los más jóvenes. Episodios como el de la ciudad de Mataró en el que un grupo de jóvenes se enfrentó a los Mossos d’Esquadra en los accesos a una discoteca, o los vividos en Madrid con motivo de los macrobotellones celebrados durante las fiestas del Pilar, han vuelto a situar el tema en la agenda política.

Sindicatos vinculados a distintos cuerpos policiales han denunciado en diferentes medios el incremento de la violencia sufrida por sus agentes y el sentimiento de impunidad con qué algunos jóvenes protagonizan estas conductas. A estas denuncias hay que añadir los datos publicados por el Ministerio del Interior acreditando un aumento significativo de los delitos de resistencia y desobediencia contra agentes de policía.

En el caso de Catalunya, Mossos d’Esquadra registró durante 2020 un máximo histórico por infracciones administrativas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, relacionadas con la desobediencia y resistencia a la autoridad, una de las infracciones graves recogidas en su artículo 36.

Percepciones y actitudes de los jóvenes

La literatura especializada en percepciones y actitudes frente a la policía es muy abundante, especialmente en Estados Unidos. En el caso europeo también son numerosas las publicaciones, pero son menos los trabajos centrados en la relación entre jóvenes y policia, y a menudo, las conclusiones de los estudios norteamericanos deben trasladarse con cautela al entorno europeo por las diferencias existentes en factores de tipo demográfico y socioeconómico.

Con el objetivo de identificar esa tendencia negativa en las relaciones entre jóvenes y policía y conocer mejor cómo se construyen, la Fundació per a la Seguretat Pública ha liderado un Estudio sobre percepciones y actitudes de la juventud con relación a la policía en Catalunya, publicado el pasado mes de junio.

La legitimidad es una “propiedad psicológica” que se otorga a una autoridad o institución al reconocerla como “apropiada, correcta y justa”. El elemento fundamental para consolidar esa legitimidad es la confianza que, en el contexto de la autoridad legal, debe entenderse como la “expectativa que el ciudadano tiene sobre el comportamiento de un/a agente en condiciones de incertidumbre”.

Uno de los factores decisivos en el reconocimiento de esa legitimidad es la denominada “justicia procesal”, esto es, que los ciudadanos se sientan tratados con respeto, dignidad y neutralidad por los agentes. La experiencia indirecta, cuando el conocimiento de encuentros desagradables con la policía proviene de terceras personas, aunque en menor medida, también influiría en la construcción de esa legitimidad.

Estas dinámicas relacionales son bastante similares entre jóvenes y población adulta. Cuando el trato recibido se considera justo aumenta la legitimidad con qué se percibe a la institución, qué a su vez, incrementa el cumplimiento de la ley. No obstante, sí se observan algunas diferencias en lo relativo a la voluntad de cooperación por parte de los jóvenes. En su caso, el trato recibido por la policía sería más influyente en la predisposición a colaborar con la institución.

Junto a un examen exhaustivo de los estudios en la materia, el informe final presenta los resultados de una aproximación cuantitativa y otra cualitativa para el escenario catalán. En el primer caso, se realizan encuestas a un total de 825 jóvenes entre los 14 i los 30 años. En el segundo, se ha trabajado con distintos grupos de discusión y siguiendo la metodología del abordaje etnográfico espontáneo, un sistema de inmersión grupal en el entorno natural de la población estudiada.

Las conclusiones confirman la teoría de la “justicia procesal” para el caso de Catalunya. Los jóvenes muestran un nivel de satisfacción mayor en sus contactos directos con la policía, 6.77 sobre 10, cuando son tratados con respeto, dignidad y neutralidad. En aquellos casos en los que se ha detectado un abuso de poder o un uso excesivo de la fuerza, la media desciende a un 3.9. Igualmente, ese nivel de satisfacción tras un contacto directo correlaciona de forma positiva con la percepción de la legitimidad policial, del mismo modo que sucede con la variable “confianza en la policía”. Finalmente, los datos parecen confirmar que en aquellos casos en qué la legitimidad otorgada a la policía es mayor, aumenta la voluntad de cooperar con la institución e incrementa el cumplimiento de la ley.

Los botellones i macrobotellones como factor de riesgo

Los grupos de discusión celebrados durante el trabajo de campo sirvieron para evidenciar las muchas modalidades que pueden adoptar los botellones, reuniones de jóvenes que en cualquier caso siempre mantienen un factor común: el consumo de alcohol en espacios públicos.

Los propios jóvenes destacan aspectos positivos como la “diversión”, “estar entre amigos”, “los precios económicos en comparación con discotecas” o “la improvisación en comparación con el ocio que supone comprar entradas anticipadas”. Por otro lado, los aspectos negativos manifestados son “el riesgo de recibir una multa”, “el frio en invierno”, “la inseguridad” o “la falta de espacios para orinar”, entre otros.

Los participantes en los grupos manifiestan detectar un aumento de la violencia desde antes de la pandemia, siendo los jóvenes de entre 16 y 18 años los que muestran mayor afectación por esta realidad.

En este contexto, la policía se percibe como un “agente controlador y represivo”, especialmente en lo relativo a las sanciones de multa que, pese a considerarse baja, a menudo se acompaña de sanciones por otras infracciones.

De este modo, los botellones, más o menos masivos, generan espacios en los que la agresividad en el comportamiento de los jóvenes se intensifica por diferentes factores. Por un lado, las responsabilidades individuales se diluyen en el grupo provocando la impunidad de algunas de las personas que cometen hechos delictivos o inician enfrentamientos con la policía. Por otro, la ausencia de normativa concreta sobre macrobotellones con gran afluencia de participantes complica los operativos policiales.

Los estudios realizados hasta el momento parecen tener claro el mecanismo mediante el que se construye la legitimidad de los cuerpos de seguridad. En adelante, las administraciones tienen el reto de mantener en niveles altos la confianza en la policía, de lo contrario, el mantenimiento del orden público y la protección ciudadana podrían verse afectados.

Puede consultarse el informe completo aquí.

Nuevo abordaje de las violencias machistas

Un 77% de las mujeres y un 63% de las personas transgénero o no binarias se sienten inseguras cuando salen solas de noche. De hecho, la mayoría de las agresiones sexuales y violaciones se producen durante la noche o la madrugada, especialmente en los espacios de ocio nocturno. Es por este motivo que la Generalitat de Catalunya ha apostado por la creación de un nuevo Plan de Prevención de las Violencias Sexuales en los Entornos de Ocio, el cual será desplegado por los Mossos d’Esquadra y que se ha elaborado gracias al trabajo colaborativo del Departamento de Interior y el Departamento de Igualdad y Feminismos. En FEPSU te explicamos las principales medidas que contempla este plan, cuyo objetivo es avanzar hacia un nuevo abordaje de las violencias machistas

Priorizar la prevención en el ocio nocturno

El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicado que la principal motivación que les ha llevado a impulsar junto al Departamento de Igualdad y Feminismo este nuevo modelo de abordaje de las violencias machistas es la de mejorar las medidas de prevención en los entornos de ocio nocturno. En este sentido, desde los Mossos d’Esquadra se priorizará y reforzará el patrullaje para evitar que se produzcan situaciones de victimización y, al mismo tiempo, se buscará mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía. Además, se potenciarán también las oficinas móviles de atención ciudadana, para aproximarse a los espacios de intervención. 

Concretamente en el ámbito del ocio nocturno, los Mossos d’Esquadra desplegarán un conjunto de actuaciones encaminadas a impulsar la prevención para evitar la acción delincuencial y se reforzará el trabajo transversal e indispensable de los diferentes actores que pueden contribuir a frenar cualquier tipo de violencia sexual y a proteger a las personas que puedan llegar a ser vulnerables.

Una de estas actuaciones es la puesta en marcha de la campaña ‘Sin consentimiento es violencia’, que busca concienciar y promover la prevención de las violencias sexuales que se dan en los entornos de ocio nocturno. La campaña realiza un paralelismo entre el derecho de admisión y el consentimiento sexual, remarcando que cada persona establece su propio derecho de admisión siempre bajo una condición innegociable: la prestación del consentimiento sexual se debe hacer desde la libertad.

Otra de las acciones que se pondrán en marcha será el establecimiento de itinerarios seguros desde las zonas de ocio hacia el transporte público, con el doble objetivo de proteger a las personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad e identificar personas potencialmente autoras de acciones ilícitas contra la libertad sexual. Así, se crearán más rutas seguras como las que ya se han puesto en marcha en distintos municipios, a través del estudio de los espacios y calles del entramado de ocio nocturno, con el objetivo de incorporar modificaciones y cambios urbanísticos que aumenten la seguridad de las personas y en especial de las mujeres.

Mejorar la atención y evitar la victimización

El consejero de Interior ha destacado que se mejorará también el atestado policial en los casos de violencias sexuales, con el objetivo de mejorar la operatividad policial y para homogeneizar la instrucción y la investigación policial en todo el territorio; así como la atención de las víctimas. “Una correcta atención de la víctima garantiza la reducción de la victimización, facilita la restitución de la víctima y mejora la eficacia policial”, ha asegurado Elena.

En esta misma línea, los Mossos d’Esquadra también extenderán a todo el resto del territorio el modelo de la Unidad Central de Agresiones Sexuales, para de esta manera crear personas de referencia y especializadas en la materia alrededor de Catalunya, así como para mejorar en el ámbito de la investigación policial. En lo que respecta a la prevención comunitaria, Elena ha informado que se potenciarán las relaciones con otros operadores para extender esta estrategia a otros sectores que son esenciales como radares para identificar posibles situaciones de violencia de género o como generadores de espacios seguros. Además, se reforzará la coordinación entre los cuerpos policiales y los servicios del Departamento de Igualdad y Feminismo para la atención y la recuperación en casos de violencias sexuales. Finalmente, se constituirá un gabinete de coordinación para hacer el seguimiento y la evaluación del plan de prevención.

 Actuación desde los municipios

Más allá del abordaje de carácter policial, la consejera de Igualdad y Feminismo, Tània Verge Mestre, ha señalado que entre las actuaciones que se activarán este verano como parte del establecimiento de este nuevo modelo de abordaje de las violencias machistas se encuentra el refuerzo del servicio de intervención en crisis delante de las violencias sexuales, el cual ofrece atención psicológica a las mujeres que hayan sufrido una agresión sexual reciente y que, después de la primera atención sanitaria, requieren de este acompañamiento, que se desplaza hasta donde sea necesario. 

En este sentido, también se reforzarán los puntos lila que los municipios ofrecen en los espacios de ocio y se ofrecerán diversas formaciones a los ayuntamientos y consejos comarcales para permitirles revisar el funcionamiento de sus puntos lilas y así garantizar una atención adecuada y coordinada, para crear nuevos, si hace falta. Verge ha subrayado además que se actualizarán todos los protocolos municipales en los espacios de ocio, a través de la aprobación de un protocolo marco de abordaje de las violencias machistas, que se presentará a mediados de julio y estandarizará la actuación para todos los poderes públicos. 

En FEPSU siempre hemos estado comprometidos con la prevención de las violencias machistas, como un aspecto indispensable para avanzar hacia una mayor igualdad de género en las ciudades. Por ejemplo, nos hemos hecho eco del inmenso reto que supone el abordaje de las violencias de género en la adolescencia para poder garantizar relaciones igualitarias entre hombres y mujeres desde edades tempranas. Así, también hemos destacado las iniciativas de distintos municipios a la hora de innovar en la atención de las violencias machistas, como es el caso del proyecto Artemis en Dénia.

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Ciudadanía y policía, conectada a través del móvil

La tecnología ofrece nuevas posibilidades para facilitar la comunicación entre la ciudadanía y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por este motivo, la Policía Local de Xàbia ha puesto en marcha la app ‘Xàbia Alerta’, que tiene por objetivo reducir el tiempo de respuesta de los agentes ante una situación de inseguridad, además de permitir franquear las barreras idiomáticas cuando estas existan. Para la localidad valenciana se trata de un nuevo paso hacia adelante en la meta de conseguir una policía de mayor proximidad y con vías amplificadas de comunicación bidireccional entre ciudadano y agente. En FEPSU te explicamos cuáles son los beneficios del uso de esta tecnología para el mantenimiento de la seguridad urbana y la prevención del delito

Una aplicación intuitiva y segura

De entre todas las funcionalidades que tiene la aplicación móvil ‘Xàbia Alerta’ se encuentra la posibilidad de que particulares o comercios puedan contactar con la policía local cuando se experimente una situación de peligro, así como mandar avisos en el caso de que sea testimonio de un posible delito. Para ello, la aplicación tiene predeterminados seis tipos distintos de alertas: agresión sexista, emergencia médica, robo, incendio, botón del pánico (para otros delitos) y contacto directo con el 112.

Estas tres funcionalidades están debidamente identificadas por un ícono de fácil reconocimiento y se muestran en la pantalla principal de la aplicación una vez registrado el usuario. En este sentido, uno de los aspectos que aseguran la seguridad del uso de la propia aplicación es que antes de que esté operativo el usuario –sea particular o comercio–, la policía deberá validar el perfil, para evitar así posibles usos indebidos de la herramienta. Para la creación de cada usuario se necesitan datos básicos como nombre completo, DNI, dirección y el número de teléfono, que será el dato identificativo de cada usuario.

La aplicación ha sido desarrollada por la empresa Goil con el objetivo de que su uso sea intuitivo y apto para todos los públicos. Una vez seleccionado el aviso, de entre las seis opciones que se presentan en la pantalla principal de la app, la alerta tarda tan solo un segundo en llegar al ordenador de control de retén, que es el que se encarga de gestionar la incidencia, ampliar la información con el teléfono que tenga registrado y enviar a la patrulla indicada para dar respuesta a su situación. 

Desde el Ayuntamiento de Xàbia destacan que una de las principales ventajas de utilizar la app es que con su uso se evitan esperas si la centralita está ocupada y, si se tiene activa la geolocalización, se evita tener que explicar el lugar del incidente; con lo que la actuación es más rápida. Además, la aplicación está disponible para descarga gratuita en cualquiera de las principales tiendas de app móviles. 

Múltiples ventajas

Otra de las principales ventajas que ofrece la app ‘Xàbia Alerta’ es que permite trasladar incidencias en la vía pública durante las 24 horas del día, desde averías en el alumbrado y desperfectos en señalética o mobiliario público, hasta otras situaciones que puedan afectar la seguridad en los espacios públicos. Además, permite a la propia policía lanzar y hacer llegar directamente a las personas o comercios suscritos avisos sobre temas de seguridad, tráfico o emergencias.

Para protegerse de posibles malas praxis y proteger también la privacidad de los usuarios, la app funciona únicamente cuando el móvil se encuentra dentro del término municipal. Solo hay una única excepción y es con el botón para contactar el número de emergencias 112, el cual siempre estará disponible. La app cumple con todas las garantías de protección de datos, pues no permite a la policía local saber la ubicación del usuario excepto cuando este envía un aviso.

La aplicación, por otro lado, tiene también funcionalidades a nivel interno para la Policía Local de Xàbia, permitiendo la transmisión de información entre la plantilla y posibilitando un fácil análisis de datos o el mapeo de las incidencias para que así la policía pueda planificar acciones de prevención o disuasorias. La app, además, facilita la comunicación entre agentes y ciudadanía, pues se instala en el idioma en que se encuentra configurado el móvil y de esta manera se rompen las barreras idiomáticas que puedan existir. 

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones las posibilidades que ofrecen las aplicaciones móviles de seguridad para mejorar la rapidez de actuación de la policía en el ámbito local. En este artículo explicamos cuáles son los beneficios y las limitaciones de las app de seguridad, señalando que pueden ayudar y empoderar a las víctimas de diferentes formas, a pesar de que hay que prestar mucha atención y abordar debidamente los peligros éticos y referentes a la protección de datos que pueden suponer su uso. También hemos expuesto casos de éxito, como el de la aplicación móvil de seguridad ciudadana de Cornellà de Llobregat, que utiliza el sistema M7 Citizen Security, el cuál ha sido adoptado ya por 17 municipios de la provincia de Barcelona y cuenta ya con más de 100.000 usuarios. 

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Ciudades y justicia restaurativa

Los ‘procesos restaurativos’ permiten prevenir actos de violencia y resolver conflictos de manera amistosa. Los recursos de mediación interpersonal (familiar, vecinal, dentro de las estructuras educativas) son conocidos y desarrollados en la mayoría de los territorios. La justicia restaurativa permite trabajar a nivel social y dentro de la propia comunidad. Además, nos permite enfrentar los conflictos de una manera que va más allá del nivel interpersonal. ¿Cuál es la importancia del papel de las ciudades en el desarrollo de la justicia restaurativa? En FEPSU te compartimos algunas de las reflexiones elaboradas por Efus sobre el tema.

Apostar por la restauración

El día 21 de octubre de 2021, diversos expertos y expertas en justicia restaurativa, así como representantes de instituciones municipales, se reunieron durante la conferencia internacional de Efus, Seguridad, Democracia y Ciudades, para evaluar las necesidades de las ciudades europeas de apostar por los procesos restaurativos para abordar la prevención de la violencia y del conflicto social

El debate estuvo moderado por la vicepresidenta de la Metrópoli de Toulouse, Julie Escudier. En él participaron también la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IRS), Cristina Vasilescu; el presidente del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, Tim Chapman; el profesor emérito de criminología de la Universidad de Lovaina (Bélgica), Ivo Aertsen; y el encargado de programas y cualificación de la junta ejectuva del forumZFD de Alemania, Alexander Mauz

La primera idea que se abordó en el debate fue la importancia de apoyar la implementación de medidas locales e integrarlas en la gobernanza de la seguridad local, junto con socios públicos y privados (sistema de justicia, policía, asociaciones, ONG, servicios municipales, representantes electos, empleadores, escuelas, etc.). 

Para que estas medidas sean más efectivas y legítimas, los participantes en el taller coincidieron en la necesidad de involucrar a la ciudadanía, tanto a los directamente involucrados en un conflicto como a la comunidad en general. “Las desigualdades sociales y económicas alimentan el resentimiento. Es fundamental que las políticas locales fortalezcan la inclusión social y la igualdad”, señaló Julie Escuder. 

Comunidad y cuidados

Las intervenciones restaurativas a nivel comunitario intentan involucrar también a la comunidad en general, además de las partes directas de un conflicto, y hacerla más responsable del cuidado de la comunidad. Además, la participación de la ciudadanía en tales prácticas debe considerarse como un valor en sí mismo en las sociedades democráticas (ya que puede fortalecer la “ciudadanía”). “Las comunidades deben garantizar la paz, antes de centrarse en los tribunales”, aseguró Tim Chapman. 

El primer objetivo de la justicia restaurativa es no virar hacia la represión (que no siempre es concebible), sino generar conexiones, actividades comunitarias y un diálogo respetuoso entre los actores involucrados en un conflicto.

El proceso de comprensión y tratamiento de los conflictos puede ser largo. Es fundamental que las autoridades locales sean conscientes de que pueden desempeñar un papel integral en estas dificultades. En consecuencia, su participación en el proceso debe ser fuerte y deben ser un modelo de transparencia y comunicación.

Involucrar a la ciudadanía

Para involucrar a los ciudadanos, ciertos miembros de la comunidad local (por ejemplo, personalidades reconocidas como dignas de confianza por la propia comunidad) podrían ser identificados y convertirse en “portavoces” de la justicia restaurativa. La construcción de la justicia restaurativa debe pasar por la autoridad de grupos en situación de igualdad para ganar legitimidad y aceptación.

Las tensiones sociales (por ejemplo, causadas por cambios sociales) y los conflictos deben tratarse de manera proactiva, por ejemplo, a través del asesoramiento local sobre conflictos. Este enfoque implica ayudar a las personas que toman decisiones y que diseñan las políticas locales para que avancen en el desarrollo de una gestión de conflictos constructiva e inclusiva a través de la combinación de herramientas como el asesoramiento sistémico, así como instrumentos de gestión de conflictos y transformación de conflictos.

Buenas prácticas

En Irlanda del Norte, por ejemplo, los ex delincuentes han implementado proyectos de justicia restaurativa a través de informar y educar a su comunidad, así como mediante el trabajo en estrecha colaboración con la policía y la población. Para empezar, eran muy impopulares, ya que las fuerzas del orden siempre fueron vistas como «el enemigo». No obstante, cabe señalar que, para que la acción sea creíble, es imprescindible que sea llevada a cabo por las personas que estuvieron en el centro de los conflictos. 

Otro ejemplo de buenas prácticas es la acción orientada a la justicia restaurativa que se llevó a cabo en Ámsterdam entre 2002 y 2003, tras la muerte de un popular director de cine que fue asesinado a golpes. El programa permitió una recaudación de fondos y la implementación de acciones, pero, lamentablemente, no se ha sostenido en el tiempo.

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones la necesidad de las ciudades europeas de apostar por la justicia restaurativa para la prevención del delito y la garantía de la seguridad urbana. Por ejemplo, compartimos una entrevista realizada por Efus al presidente del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, Tim Chapman; en el cual abordaba la importancia que ha tenido la justicia restaurativa para resolver y tratar la polarización social en Irlanda del Norte. Además, también hemos explicado cuáles son las herramientas y prácticas clave para poder abordar la polarización en las ciudades, como el fomento de la participación de la ciudadanía y las medidas estructurales para hacer frente a la desigualdad.

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¿Cómo fortalecer la salud física y mental de la policía?

Aunque la creación de iniciativas integrales para la seguridad y el bienestar de los policías tiene beneficios claros, muchos departamentos no saben por dónde empezar ni cómo ampliar su programación de bienestar. Este ámbito necesita orientación sobre cómo proporcionar un apoyo eficaz a los y las agentes y miembros del personal no policial que hayan experimentado algún trauma, para promover su salud física y mental a largo plazo, para dotar a los agentes de habilidades de supervivencia emocional y superar el estigma y otras barreras culturales y psicológicas que necesiten ser tratadas. El Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya ha publicado en su blog Notes de Seguretat una serie de lineamientos básicos. En FEPSU te los compartimos. 

La experiencia de Estados Unidos

Para ayudar a satisfacer las necesidades de bienestar de los y las agentes de la policía, en 2017 el Foro de Investigación de la Policía (PERF) fue seleccionado por la Oficina de Servicios de Policía Orientados en la Comunidad (Oficina COPS) del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para implementar y gestionar el proyecto de asistencia técnica de seguridad y bienestar de los policías

Como parte de este proyecto, PERF proporcionó soporte y experiencia práctica a tres agencias policiales mientras desarrollaban o ampliaban sus programas de seguridad y bienestar de los agentes. El resultado fue un informe que se basa principalmente en la experiencia del PERF con estas agencias de policía.

El objetivo de esta publicación es proporcionar a los departamentos policiales de todo el país una hoja de ruta para crear sus propios programas de bienestar. La información contenida en este manual del profesional incluye estrategias para crear y mejorar programas de bienestar, fomentar la participación en estas iniciativas y normalizar el uso rutinario de los servicios de salud mental.

Otro de los objetivos del informe es proporcionar orientación a las agencias de policía sobre cómo construir y fortalecer su programación de bienestar para sus empleados. Cada capítulo de esta publicación presenta conclusiones y recomendaciones sobre un tema que surgió como área común durante las evaluaciones. Las recomendaciones del informe reflejan los retos comunes a los que se enfrentan los ámbitos del proyecto y otras agencias policiales de todo Estados Unidos.

Hacia un bienestar integral de los agentes

Por ejemplo, en el capítulo 1 del informe se analizan los elementos básicos que debe tener un programa de bienestar integral, incluidos la forma de identificar las necesidades de salud física y mental de los policías, así como los lineamientos básicos para crear un comité de bienestar. El capítulo 2 se centra en el desarrollo de programación para distintos tipos de bienestar, incluidos el físico, el mental y el emocional, así como el financiero y el espiritual. Las principales recomendaciones son, entre otras:

  • Evaluar varios métodos para incentivar la participación en programas de acondicionamiento físico y determinar cuáles son los que tienen mayor éxito con la plantilla.
  • Proporcionar formación sobre bienestar mental a todos sus nuevos miembros.
  • Eliminar el estigma asociado a la atención a la salud mental y promover el uso del soporte.
  • Identificar y ayudar a los policías que puedan estar en crisis.
  • Crear un programa de mentoría en el que los oficiales veteranos sean asignados a nuevos empleados para ayudarles y sirvan como recurso durante su formación académica, su formación sobre el terreno y en todo el territorio.
  • Capacitar a los supervisores sobre cómo identificar los primeros indicadores de estrés agudo o problemas de salud mental.
  • Incorporar el bienestar y resistencia a las pruebas promocionales para aumentar el conocimiento de los supervisores.
  • Capacitar sobre la identificación y resolución de conductas de afrontamiento ineficaces, como el abuso de alcohol.
  • Evaluar los riesgos de suicidio entre los agentes, promover formas saludables de control del estrés y proporcionar estrategias de salud para prevenir enfermedades.
  • Proporcionar información sobre el bienestar financiero (por ejemplo, presupuestos, beneficios de la jubilación y ahorro financiero).

El seguimiento de todas estas recomendaciones es clave si se quiere asegurar un cuerpo policial sano, tanto física como mentalmente, el cual pueda desarrollar su labor de prevención y mantenimiento de la seguridad con todas las garantías y con la mayor eficiencia. 

En FEPSU siempre nos hemos interesado por brindar herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan ser beneficiosas para el desarrollo de una labor más humana y conectada con sus comunidades. Por ejemplo, hace algunas semanas compartimos un artículo del centro de estudios británico The Police Foundation donde se nos planteaba la siguiente pregunta: ¿Por qué la policía necesita reconectarse con lo local? Además, también hemos abordado las distintas herramientas tecnológicas que ayudan a los y las agentes de policía a hacer una mejor labor, como puede ser la tecnología de sensores portátiles o las aplicaciones móviles de seguridad. Todas estas herramientas, junto a una apuesta decidida por un trabajo de prevención comunitaria, podrán llevar a las distintas agencias y fuerzas del orden a realizar una labor verdaderamente eficaz para prevenir el delito y garantizar la seguridad urbana

Si quieres estar al tanto de temas y debates como este, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales (Twitter y Facebook), donde además encontrarás recursos, eventos y otra serie de contenidos relacionados con la prevención y la seguridad urbana.

Innovación para una mejor prevención. Proyecto CCI

¿Cómo podemos mejorar la forma en que se enfocan y se abordan los problemas de seguridad para conseguir mejores resultados? ¿De qué manera se puede mejorar el éxito de las estrategias de prevención a través de un enfoque centrado en las personas? ¿Cómo se puede hacer para que la política de seguridad europea sea significativa para los y las profesionales de la seguridad y la ciudadanía? ¿De qué formas se está conceptualizando y proporcionando la seguridad en toda la Unión Europea? Estas serán las preguntas que guiarán el debate en la conferencia final del proyecto Cutting Crime Impact (CCI), que lleva por nombre Designing Security Futures y que se celebrará los días 24 y 25 de noviembre en Bruselas (Bélgica). En FEPSU te compartimos lo más destacado de su programa. 

Diseñar el futuro de la seguridad

El proyecto CCI ha permitido a seis agencias de aplicación de la ley, conocidas como LEA por sus siglas en inglés (Law Enforcement Agencies), adoptar un proceso de innovación centrado en las personas para investigar, definir, desarrollar y poner en marcha soluciones prácticas a los problemas reales que enfrenta la policía, las administraciones locales y regionales y la ciudadanía.

Los asistentes a la conferencia Designing Security Futures aprenderán a adoptar un enfoque de innovación centrado en las personas en el contexto de la seguridad. Entre otras cosas, los ponentes que participarán en el evento explorarán cómo el enfoque del proyecto CCI permite: 

  • El correcto encuadre y abordaje de los problemas relacionados con la seguridad y la prevención del delito
  • Garantizar la viabilidad, para que las soluciones funcionen según lo previsto
  • Y mejora la implementación, para que las soluciones se adapten al contexto y al grupo de usuarios identificado, ya sean agentes de policía, responsables políticos o ciudadanía.

Durante la conferencia Designing Security Futures se explorarán y analizarán los resultados del proyecto CCI, a partir de las experiencias de diseño e implementación de las ocho herramientas desarrolladas por los socios del proyecto. Además, en el evento se abordarán las políticas de seguridad a nivel local, estatal y de la UE, así como se presentará también un modelo de seguridad europeo nuevo y ampliado. 

Como objetivo final, en el evento se redactarán documentos de políticas públicas relacionados con cuatro áreas concretas: vigilancia predictiva, vigilancia comunitaria, prevención del delito mediante el diseño y la planificación urbana; y la percepción de inseguridad de la ciudadanía. La conferencia estará formada por presentaciones, debates y talleres que explorarán enfoques centrados en el ser humano para innovar soluciones de seguridad y formas de integrar diferentes estrategias en los contextos de la UE.

Herramientas e investigación

La jornada inaugural, que se celebra el miércoles 24 de noviembre de las 11.00 h a las 17.00 h del horario central europeo (CET), contará con las conferencias inaugurales de los profesores de la Universidad de Salford (Reino Unido), Caroline L. Davey y Andrew B. Wootton; así como el responsable del área de Investigación en innovación y seguridad de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Andrea De Candido. 

Después de la conferencia de bienvenida, a partir de las 12.00 h, se llevarán a cabo las presentaciones de las distintas herramientas elaboradas por los socios del proyecto CCI. Entre los miembros de FEPSU que participarán en estas conferencias se encuentran los representantes del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, Francesc Guillén y Mercè Soro, que presentarán la guía La percepción importa, que brinda herramientas para analizar manifestaciones de percepción de inseguridad y articular respuestas eficaces.

Finalmente, el primer día del evento se cerrará con un taller titulado Comprender la investigación europea en materia de seguridad, impartido por el Doctor Oskar Gstrein, de la Rijksuniversiteit Groningen (Países Bajos). 

Hacia un nuevo modelo europeo de seguridad

La segunda jornada del evento, que se llevará a cabo de las 09.30 h a las 15.30 h (CET), arrancará con la conferencia del Oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC), Johannes de Haan. Seguidamente, el fundador del instituto de investigación neerlandés DSP-groep, Paul van Soomeren, dirigirá la sesión dedicada a políticas públicas en materia de seguridad urbana y prevención del delito. 

A partir de las 11.00 horas se celebrará una nueva ronda de presentación de las herramientas elaboradas en el proyecto CCI. Entre otras iniciativas, se dará a conocer la herramienta de vigilancia comunitaria de Lisboa (Portugal), llamada Comunidades más seguras y que será presentada por los representantes de la Policía Municipal de Lisboa, Monica Diniz y Verónica Nevez. Además, los representantes de la Policía Nacional de los Países Bajos, Armando Jongejan & Marian Krom, presentarán el proyecto ProHIC sobre vigilancia policial predictiva. 

Después de la comida, a partir de las 14.10 h, los profesores de la Universidad de Salford (Reino Unido), Caroline L. Davey & Andrew B. Wootton, dirigirán una conferencia magistral sobre la propuesta del proyecto para avanzar hacia un nuevo modelo europeo de seguridad. Finalmente, la profesora Davey será la encargada de clausurar el evento junto a la directora adjunta de Efus, Carla Napolano

Además de las charlas y de los talleres, durante toda la conferencia las organizaciones y proyectos relacionados con la seguridad y la prevención del delito financiados por la UE expondrán su trabajo y sus resultados de investigación y promoverán su proyecto en el área de exhibición del evento. Algunas de las iniciativas presentes son: Prediction and Visual Intelligence for Security Information (Prevision), Tracing illicit money flows in Europe (Trace), Countering tax crimes in Europe (Protax), An Interactive, Collaborative Digital Gamification Approach to Effective Experiential Training and Prediction of Criminal Actions (Law-Game), Deep AR Law Enforcement Ecosystem (Darlene), Improve performance of European police officers by developing VR enhanced training (Shotpros), A platform for Monitoring and Prediction of Social Impact and Acceptability of Modern Border Control (Meticos) y Efus

Desde FEPSU queremos invitar cordialmente a todos nuestros miembros y socios a participar en este evento internacional sobre innovación y prevención del delito. Recordamos que la conferencia se celebrará en el espacio Le Bouche à Oreille de Bruselas (Bélgica) y que se puede participar tanto presencialmente como virtualmente. Las inscripciones son gratuitas e incluyen comida y refrigerio. Aún así, las plazas son limitadas, por lo que recomendamos registrarse cuanto antes en la página web del proyecto CCI.

El Parlamento Europeo, en contra de la vigilancia policial preventiva

El Parlamento Europeo ha decidido poner freno al uso de la inteligencia artificial (IA) para la vigilancia policial predictiva. En una resolución aprobada a inicios de octubre con 377 votos a favor, 248 en contra y 62 abstenciones; los eurodiputados y eurodiputadas han llamado a prohibir las actuaciones policiales predictivas basadas en datos obtenidos a partir de tecnologías como, por ejemplo, los dispositivos de reconocimiento facial. En FEPSU hacemos un repaso de los puntos más importantes de esta resolución que cambiará la forma en que estas herramientas se utilizan por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad

Peligro de discriminación

Combatir la discriminación y garantizar el derecho a la privacidad. Estas han sido las principales razones por las que el Parlamento Europeo ha decidido oponerse al uso de herramientas de inteligencia artificial para actuaciones de vigilancia predictiva. Los eurodiputados y las eurodiputadas han exigido fuertes salvaguardas para aquellas ocasiones en que se utilicen herramientas de IA en la aplicación de la ley.

En la resolución, los parlamentarios han señalado el riesgo de sesgo algorítmico en las aplicaciones de IA y han enfatizado que se necesita supervisión humana y fuertes poderes legales para prevenir la discriminación por parte de estas herramientas, especialmente en su uso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad o en las fronteras. “Los operadores humanos siempre deben tomar las decisiones finales y los sujetos monitoreados por sistemas impulsados ​​por inteligencia artificial deben tener acceso a la reparación”, aseguran los eurodiputados y las eurodiputadas.

Según el texto de la resolución, los sistemas de identificación basados ​​en inteligencia artificial cometen errores a la hora de identificar a grupos étnicos minoritarios, personas LGBTIQ+, ancianos y mujeres en tasas más altas, lo que es particularmente preocupante en el contexto de la aplicación de la ley y la actuación judicial. “Para garantizar que se respeten los derechos fundamentales al utilizar estas tecnologías, los algoritmos deben ser transparentes, rastreables y suficientemente documentados”, subrayan los eurodiputados y las eurodiputadas, en relación a los criterios éticos para un buen uso de la IA. Además, siempre que sea posible, las autoridades públicas deberían utilizar software de código abierto para ser más transparentes.

Prohibición del reconocimiento facial

En este sentido, para respetar la privacidad y la dignidad humana, los parlamentarios y las parlamentarias han solicitado una prohibición permanente del reconocimiento facial de personas en los espacios públicos, ya que, en su opinión, la ciudadanía solo debe ser monitoreada cuando existan sospechas de un delito. El Parlamento Europeo ha pedido, además, que se prohíba el uso de bases de datos privadas de reconocimiento facial (como el sistema Clearview AI, que ya está en uso) y la vigilancia policial predictiva basada en datos de comportamiento.

Los eurodiputados y las eurodiputadas también han abogado por prohibir los sistemas de puntuación social, que intentan calificar la confiabilidad de los ciudadanos en función de su comportamiento o personalidad. Además, los y las representantes del Parlamento Europeo han mostrado su preocupación por el uso de datos biométricos para identificar a las personas de forma remota. Por ejemplo, las puertas de control fronterizo que utilizan el reconocimiento automatizado y el proyecto iBorderCtrl (un «sistema inteligente de detección de mentiras» para la entrada de viajeros a la Unión Europea) deberían descontinuarse, según la resolución. Los parlamentarios y las parlamentarias han instado a la Comisión Europea a abrir procedimientos de infracción contra los Estados miembros si es necesario. 

“Los derechos fundamentales son incondicionales. Por primera vez en la historia, pedimos una moratoria en el despliegue de sistemas de reconocimiento facial con fines de aplicación de la ley, ya que la tecnología ha demostrado ser ineficaz y, a menudo, conduce a resultados discriminatorios. Nos oponemos claramente a la vigilancia policial predictiva basada en el uso de IA, así como a cualquier procesamiento de datos biométricos que conduzca a una vigilancia masiva. Esta es una gran victoria para todos los ciudadanos europeos”, ha manifestado el europarlamentario búlgaro, Petar Vitanov. 

Una tecnología en debate: antecedentes

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones los debates que despierta el uso de la inteligencia artificial en las actuaciones policiales, especialmente aquellas dirigidas hacia la predicción de comportamientos delictivos. Una de las preguntas que ha suscitado este tema ha sido: ¿Qué tan efectiva es la vigilancia policial predictiva? La digitalización de las bases de datos ha abierto puertas para cambios en los métodos policiales para pronosticar la posibilidad de que se cometan delitos. Sin embargo, al mismo tiempo se ha cuestionado su eficacia para la prevención del delito, algo que los eurodiputados y las eurodiputadas seguramente han tenido en cuenta a la hora de emitir su dictamen. 

En este espacio habíamos advertido ya que la UE estaba buscando dar pasos firmes hacia la regulación de la inteligencia artificial en materia de seguridad, como demuestra esta resolución del Parlamento Europeo. A inicios de junio hicimos un repaso de los sistemas de inteligencia artificial que estarán prohibidos en Europa, si finalmente sale adelante la propuesta de normativa europea que busca poner fin al uso del reconocimiento facial para la vigilancia y los algoritmos que manipulen el comportamiento humano.

Sin embargo, esta propuesta de legislación elaborada por la UE ha despertado reacciones diversas entre los expertos en tecnología, seguridad y derecho, ya que, aunque es un marco normativo novedoso, sigue teniendo lagunas en su texto que invitan a pensar en los siguientes pasos que se deben tomar. En este artículo analizamos los distintos puntos de vista encontrados que ha suscitado el debate sobre la regulación de la IA. 

Para estar al tanto de las últimas novedades en lo que respecta al uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías en materia de prevención del delito y seguridad urbana, no dudes en seguir nuestras redes sociales (Twitter y Facebook), donde encontrarás artículos, eventos y recursos diversos para mantenerte informado.

¿Por qué la policía necesita reconectarse con lo local?

Las definiciones respecto a qué significa que la población esté y se sienta segura ha ido cambiando a lo largo de los años. Sin duda, la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y las restricciones sociales sin precedentes que se impusieron para limitar su extensión han tenido un efecto acelerador en este cambio de paradigma. Dentro de este contexto, las fuerzas y cuerpos de seguridad se enfrentan al reto de recuperar la percepción de seguridad en aquellos lugares que dejaron de ser percibidos como seguros, para que la ciudadanía pueda volver a disfrutar de sus libertades sin miedo y en armonía con los demás. En este sentido, el centro de estudios británico The Police Foundation ha publicado un artículo en el que aboga por recuperar el trabajo de los policías locales en el terreno y así reconectar con la ciudadanía, para mejorar la percepción de seguridad de la población. En FEPSU te compartimos algunas de sus conclusiones.

Cambios de paradigma

En el artículo Police in place. Why the police need to reconnect locally, el director de investigación de The Police Foundation, Andy Higgins, hace un repaso sobre cómo a lo largo de los últimos años emerge en distintas partes del mundo una sensación de deterioro local, que lleva a la población a percibir como inseguros lugares que antes eran vistos como espacios públicos seguros.

Al mismo tiempo, la Covid-19 no solo redujo durante un tiempo el rango de lugares en los que desarrollábamos nuestras actividades, sino que también nuestras rutinas diarias de pronto se vieron cubiertas por un peligro invisible y por un mayor escrutinio, aprehensión e indignación hacia las acciones de aquellos con quienes compartimos nuestros espacios. Por este motivo, para Higgins, se vuelve necesario repensar lo que significa estar y sentirse seguros en el espacio público y entre nuestros vecinos y vecinas, mientras emergemos hacia un mundo diferente después de haber experimentado una pandemia global.

Dentro de este contexto, se hace necesaria una acción policial preventiva y cercana a la población, que actúe desde los barrios para atajar aquellas problemáticas sociales que se dan a nivel local.

No perder de vista lo local

Higgins explica que la tarea de las agencias encargadas de mantener la seguridad se ha complejizado en esta era moderna, en la que las personas viven interconectadas y se relacionan entre ellas en distintos dominios, físicos y virtuales, los cuales contienen riesgos para la seguridad. Además, debido a esta complejidad, muchas veces los problemas locales de los vecindarios parecen triviales y se les acaba dedicando menos recursos y espacios de reflexión.

«Nuestra búsqueda por respuestas a los problemas sociales que sean más sofisticadas, basadas en la evidencia y eficientes también nos ha empujado hacia lo universal y nos ha alejado de lo situado. Hemos estado, quizá, muy ocupados buscando lo que funciona, sin tener en cuenta que muy pocas cosas funcionan igual en todos lados, y que las intervenciones basadas en los lugares, específicas y orientadas a problemas concretos suelen tener resultados más efectivos», señala el investigador de The Police Foundation.

Por este motivo, en la actualidad se vuelve más necesario que nunca prestar atención a las particularidades de cada lugar y las relaciones que estas generan, para poder entender mejor lo que hace que los lugares sean más o menos seguros y que la gente que vive en ellos se sientan más o menos seguros.

No solo hace falta recuperar modelos de policía comunitaria de décadas pasadas o replicar estrategias de resolución de conflictos predeterminadas, sino que hoy más que nunca se hace necesario reconectar con el compromiso de desarrollar un entendimiento sofisticado de las necesidades de la comunidad junto a la necesidad de la policía de estar realmente presente en los lugares, hablar con las personas que viven y pasan tiempo ahí, así como entender los problemas en sus contextos locales.

Una policía situada

La gestión de las restricciones sociales aplicadas durante la pandemia de la Covid-19 nos ha dejado muchas enseñanzas respecto a lo que debe ser la acción policial de proximidad. Durante los meses más duros de la crisis sanitaria, la policía se vio ante un nuevo reto: ¿cómo conseguir la complicidad de la población para implementar las medidas de control social más restrictivas para la vida de las personas desde la Segunda Guerra Mundial?

La naturaleza de estas normas, que no podían ser impuestas, empujaron a los policías, sobre todo locales, a buscar el consenso y activar la complicidad de la población a través de la persuasión. Sin embargo, esto no fue igual de sencillo en todos los lugares, ya que cada contexto presenta sus propias particularidades respecto a la relación entre agentes policiales y población.

Como destaca Higgins, «la gente sigue reglas y coopera con los agentes, no porque teman las consecuencias de una desobediencia, sino porque creen que es lo correcto que hay que hacer». Por lo tanto, la única forma de conseguir legitimidad y autoridad a partir de la cual provocar la complicidad y la cooperación de la ciudadanía es que los agentes locales de policía sean percibidos como justos, bienintencionados, dignos de confianza y respetuosos, así como personas capaces de escuchar y permitir que los demás se expresen.

«Solo una policía arraigada en el terreno, conectada con las comunidades y familiarizada con las historias que viven y explican, puede generar un entendimiento mutuo y conseguir la confianza en las comunidades», subraya el director de investigación de The Police Foundation. Por estas razones es vital que la policía sea capaz de tener a la población de su lado cuando suceda lo inesperado o cuando la situación social se ponga tensa. Esto significa recolocar a los agentes policiales ahí donde puedan escuchar, hacer contacto cercano, volverse familiares y llegar a conocer y a sentir y comprender algo de lo que significa estar y vivir en ese lugar y en ese momento concreto.

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones la importancia de que la policía local trabaje con distintos actores relevantes para la comunidad, desde el municipio y los agentes sociales, hasta las autoridades estatales o regionales. Por ejemplo, hemos destacado los beneficios y las limitaciones de las aplicaciones de alerta de delitos para mejorar la prevención y la seguridad. También nos hemos preguntado qué tan efectiva es la vigilancia policial predictiva o cómo funciona la tecnología de sensores portátiles y su potencial para la seguridad en el trabajo de las policías locales. Síguenos en Twitter y Facebook para estar al tanto de los próximos artículos, eventos y novedades.