En seguridad urbana, la tecnología se puede utilizar para promover un modelo de seguridad integrado, en el que la misma se coproduce con la ciudadanía. La población suele participar a través de las redes sociales en sus diversas formas: plataformas, redes, aplicaciones o servicios de mensajería. También existen aplicaciones móviles de alerta de delitos, que funcionan de diferentes formas y para distintos propósitos. Algunas tienen como objetivo recopilar información sobre los niveles de criminalidad en una ciudad y ofrecer orientación general a las víctimas. Otras se centran en delitos específicos, como delitos de odio o violencia contra la mujer. Por otro lado, algunas ofrecen un canal de comunicación directo con los servicios de la policía local o con instancias de apoyo a las víctimas, mientras que otros solo ofrecen apoyo entre pares. El proyecto Cutting Crime Impact (CCI) ha recopilado distintas iniciativas de este estilo en una guía informativa, para analizar su impacto en las realidades locales. En FEPSU te compartimos algunos de los puntos más interesantes de la misma.
Empoderar e informar
Las aplicaciones de alerta de delitos pueden ayudar y empoderar a las víctimas de diferentes formas. Al aclarar sus derechos legales y proporcionar información sobre los servicios de apoyo a las víctimas y los posibles pasos siguientes, estas aplicaciones permiten a la ciudadanía tomar una decisión informada con respecto a sus opciones. Pueden ayudarlos a navegar lo que podría ser una red confusa de servicios disponibles para ellos, permitiéndoles tomar el control de la situación.
Las aplicaciones también pueden empoderar a los grupos discriminados o vulnerabilizados, como los miembros del colectivo LGBTIQ+, para buscar apoyo en casos de violencias o discriminaciones experimentadas y así denunciarlo, si no formalmente a la policía, al menos de forma anónima a través de la aplicación, proporcionando un importante primer paso en el proceso de denuncia antes de acudir a las autoridades.
Información e impacto en políticas públicas
Además de empoderar y apoyar a las víctimas, las aplicaciones de alerta de delitos pueden ser una fuente de información sobre los tipos de delitos que a menudo no se denuncian. Pueden esclarecer realidades que no se reflejan en las estadísticas oficiales sobre delincuencia. Esto plantea una serie de preguntas: ¿A quién se debe informar de las alertas: a las autoridades locales u otras instancias, como los servicios de apoyo a las víctimas? ¿Cómo pueden los agentes de seguridad locales trabajar en respuestas conjuntas con otros servicios?
Estas aplicaciones pueden también tener impactos en las políticas públicas. Como fuente de información, las aplicaciones de alerta de delitos pueden ayudar a las autoridades a comprender mejor las experiencias de los diferentes colectivos de la comunidad y adaptar sus políticas públicas a las necesidades reales. También puede fomentar respuestas que incluyan a todas las partes interesadas relevantes en la elaboración de soluciones. Además, estas aplicaciones móviles pueden permitir asociaciones con el sector privado e integrar su experiencia en la creación de bases de datos sobre delitos no denunciados.
Implicaciones sociales y éticas
A pesar de los beneficios que estas aplicaciones, su mal manejo también puede significar consecuencias negativas para la población y para determinados colectivos. Existe el riesgo de que los datos recopilados de las aplicaciones de alerta de delitos se utilicen de formas que lleven a la estigmatización de los vecindarios. Por ejemplo, la idea de utilizar ubicaciones de alerta para crear un «mapa de calor» puede implicar sesgos de varios tipos.
La activación de una alerta puede basarse en una percepción de inseguridad básicamente subjetiva del usuario, más que en una situación objetiva de peligro. Estos sentimientos subjetivos se proyectan en los barrios, ya que lo que una persona encuentra inspirador en un entorno concreto, otra persona puede encontrarlo inseguro y aterrador. Además, estas percepciones de inseguridad pueden estar generadas a partir de prejuicios conscientes o inconscientes, lo que lleva a la discriminación en la recopilación de datos. Una posible falta de diversidad en la base de usuarios de una aplicación puede exacerbar este problema, y existe el peligro de que el tamaño de la muestra de usuarios sea demasiado pequeño para usarse como base para conclusiones generales.
Además, las aplicaciones que dependen de una comunidad abierta de usuarios para recibir y responder a alertas pueden correr el riesgo de ser infiltradas por personas con la intención de robar datos o utilizarlos para cometer delitos. Una mala encriptación puede permitir monitorear las alertas y, por ejemplo, acceder a la ubicación de una víctima en peligro, poniéndola en mayor riesgo.
Por otro lado, existen varios riesgos de protección de datos asociados con las aplicaciones de alerta de delitos. En primer lugar, los usuarios anónimos o pseudoanónimos podrían combinar sus datos con otros conjuntos de datos y registros, lo que podría significar que un usuario no puede permanecer inidentificable cuando lo desee. Los marcos legales existentes, en particular el marco de protección de datos de la UE, no abordan las técnicas de análisis de datos en evolución que podrían llevar a tal compromiso del anonimato. También existe la preocupación de que estas aplicaciones contribuyan a una sutil erosión de la privacidad por parte de la tecnología, ya que algunos pueden argumentar que su seguimiento de la ubicación de los usuarios es una forma de vigilancia.
Buenas prácticas
A pesar de estas dificultades, el proyecto CCI ha decidido resaltar aquellas aplicaciones que por sus buenas prácticas están teniendo resultados satisfactorios. Una de ellas, por ejemplo, es App-Elles, una app gratuita de seguridad personal contra la violencia de género, desarrollada en 2015 por Resonantes, una organización francesa sin fines de lucro que aborda la violencia contra mujeres y niñas. La aplicación tiene dos propósitos principales: proporcionar ayuda y recursos y proporcionar una funcionalidad de alerta.
En España, en cambio, el Instituto de Derecho y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha desarrollado la aplicación RightsApp, financiada por el programa de Justicia de la Unión Europea. Su principal objetivo es empoderar a los ciudadanos europeos cuando se convierten en víctimas de delitos y ofrece servicios como una conexión directa con los servicios de emergencia, un recopilatorio de información sobre los derechos de las víctimas y la opción de buscar entidades como comisarías, centros de apoyo y consulados, por ciudad, país y tipo de entidad.
En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones las posibilidades de la tecnología para garantizar una buena prevención del delito y un mantenimiento de la seguridad urbana. Por ejemplo, hemos destacado una aplicación móvil para mejorar la seguridad y la prevención impulsada por el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, hemos analizado cómo usar la tecnología para prevenir amenazas a la seguridad y también hemos abordado los criterios éticos para un buen uso de la inteligencia artificial. Síguenos en Twitter y Facebook para estar al tanto de los próximos artículos, eventos y novedades.