Violencia y paz en las ciudades

Las ciudades juegan un rol central en el desarrollo de sociedades democráticas donde se favorezca la equidad, la justicia, la convivencia y el respeto hacia los derechos humanos. En este contexto, donde el mundo es cada vez más urbanizado, ¿cuáles son los tipos de violencia que se presentan en las ciudades y que ponen en peligro la paz social de los entornos urbanos? El informe La violencia y la paz en las ciudades, más allá de la seguridad hegemónica, elaborado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau (Delàs) y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), intenta responder a esta y otras preguntas a través de una visión sobre las políticas de seguridad donde se replantean las definiciones relacionadas con la violencia directa y la seguridad de las personas. En FEPSU te compartimos algunos de los enfoques más interesantes de esta investigación. 

Comprendiendo la violencia

El informe elaborado por la investigadora del Centre Delàs, Tica Font, y el investigador del IDHC, Karlos Castilla, parte de un marco conceptual que repiensa el concepto de la paz. Como señalan la autora y el autor del documento, “la paz no se contrapone a la guerra sino a la violencia, una violencia que se expresa por diversas vías o tipos”. 

Entre los distintos tipos de violencia que operan en el día a día de las ciudades no se encuentra solo la violencia directa, donde se incluyen el maltrato, la intimidación e incluso el asesinato; sino también las violencias estructurales, como la falta de acceso a derechos básicos como la educación, la sanidad y la vivienda; así como las violencias de tipo cultural, que se transmiten socialmente y son utilizadas para normalizar, legitimar y justificar tanto la violencia estructural como la directa. 

Por otro lado, la violencia debe ser entendida, en primer término, como una construcción social compleja conformada, la cual se estructura a partir de acciones, palabras, actitudes, sistemas o estructuras que causan daño físico, psicológico, social o medioambiental; que, en último término, impiden a una persona o colectivo alcanzar su potencial humano pleno. 

“La violencia es una respuesta que puede elegirse, lo que la diferencia radicalmente del conflicto”, apuntan en el informe. Esto es así porque los conflictos pueden ser gestionados de múltiples maneras y su existencia no implica necesariamente el uso de la violencia. Para abordarlos, las herramientas más adecuadas son siempre el diálogo y la negociación

Finalmente, para comprender la violencia hay que diferenciarla de la agresividad, ya que esta última es “una característica humana individual, que emerge como respuesta a una amenaza percibida o real”. En este sentido, puede igualmente ser educada por la socialización y no necesariamente ha de expresarse por medio de la violencia.

La violencia en todas sus caras

Además de hacer estos apuntes conceptuales, el informe analiza los tipos de violencia presentes en las ciudades y las organiza en distintas categorías, entre las cuales se encuentran: 

  • El desplazamiento intenso de personas de zonas rurales a la ciudad, ya que se considera una emigración forzada que viene determinada por el mercado laboral. Además, estos desplazamientos se ven afectados también por fenómenos de gentrificación y terciarización, los cuales limitan el goce de los derechos de estas personas. 
  • La segregación por motivos socioeconómicos y étnicos supone también una forma de desigualdad socioespacial, que se expresa no sólo en los indicadores de renta, sino también en el acceso a derechos sociales básicos, como la educación, la salud, las zonas verdes o la cultura, entre otros. 
  • Diversos tipos de violencias estructurales, como puede ser la violencia de género, por ejemplo, expresada no sólo en forma de agresiones directas; sino también como desigualdades en el ámbito laboral, espacial o psicológico. Además, también existen violencias estructurales como la xenofobia, el racismo o la LGTBIfobia, que vienen determinadas por el hecho de que las ciudades no son espacios homogéneos, sino lugares donde conviven múltiples comunidades étnicas, culturales, lingüísticas, religiosas o de identidades sexuales. En este sentido, el fomento de la convivencia y del respeto se vuelve una tarea crucial. 
  • La ciudad es también un espacio donde se producen violencias directas, desde las más obvias y evidentes, hasta otras que están relacionadas con eventos multitudinarios musicales o deportivos, espacios de ocio nocturno, la desatención de ancianos, el acoso infantil y juvenil en escuelas o redes sociales; entre otras. 

El derecho a la ciudad

Finalmente, el informe hace hincapié en cómo las distintas formas de violencia que están presentes en las ciudades inciden en los derechos humanos y la importancia de que existan garantías en el sistema jurídico para no solo sancionar los actos de violencia, sino también para su prevención y así garantizar los derechos de todos y todas. 

En este sentido, la autora y el autor del documento resaltan que en el caso de España la mayoría de normas e instituciones se dirigen a  atender las violencias directas, unas cuantas a las violencias estructurales y son casi nulas las que se dirigen a las violencias culturales

Por este motivo, se hace necesario entender el “derecho a la ciudad” como “un punto de encuentro de todas las garantías de los derechos humanos (normativas, no jurisdiccionales, jurisdiccionales y ciudadanos) frente a las violencias en los entornos locales o más cercanos a la vida cotidiana de las personas”.

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Prevenir el racismo desde lo local

El racismo es un fenómeno sistémico en la sociedad, el cual opera a todos los niveles, desde lo personal a lo político y económico, y genera situaciones de discriminación evidentes (un insulto, una agresión, la negación de un servicio), así como otras más sutiles y más difíciles de identificar y prevenir. Por este motivo el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido desplegar una nueva estrategia para abordar la prevención de este fenómeno a través de un servicio específico y de referencia en la ciudad: la Oficina por la No Discriminación (OND). En FEPSU te explicamos en qué consiste esta perspectiva novedosa para hacer frente al racismo a nivel local. 

Tres niveles de actuación

La nueva estrategia antirracista que se ha puesto en marcha en Barcelona contempla tres niveles distintos de actuación. En primer lugar, se centra en la prevención general del racismo, con acciones orientadas a deconstruir los prejuicios en los que se fundamentan las discriminaciones. En segundo lugar, se despliegan acciones más específicas, dirigidas a desactivar las actitudes y conductas racistas más manifiestas. Por último, pero no menos importante, la estrategia aborda también la protección frente a la vulneración de derechos.

Bajo el lema ‘Por una Barcelona antirracista’, esta medida del gobierno local de la capital catalana tiene en consideración la necesidad, la voluntad y el compromiso firme de implicar a las personas racializadas en el diseño y despliegue de las líneas de trabajo que se proponen, ya que, como señalan desde el mismo ayuntamiento, “no se puede trabajar de forma efectiva y honesta para deconstruir el privilegio blanco sin la participación protagonista de este colectivo”.

En este sentido, una de las acciones que prevé esta estrategia de abordaje del racismo es la creación de una bolsa de personas formadoras racializadas que participarán en las actividades de formación previstas, tanto para el personal interno de los servicios municipales que tienen contacto directo con la ciudadanía, como en sesiones de formación externas que la OND realiza de forma recurrente.

Una prevención transversal

Uno de los ámbitos donde el Ayuntamiento de Barcelona quiere implementar el nuevo modelo de prevención contra el racismo con personas racializadas es en las comunidades educativas y centros escolares. Por un lado, se busca potenciar la mirada antirracista en las escuelas e incrementar el número de centros adheridos al programa de ‘Escuelas por la igualdad y la diversidad’, así como mejorar la presencia y expresión de la diversidad de nuestra sociedad en los materiales pedagógicos utilizados en los centros educativos. Sin embargo, el alcance de la estrategia de prevención no termina en las aulas, sino que quiere llegar también al personal de espacios como los comedores escolares y las actividades extraescolares, así como a las asociaciones de familias y otros espacios de la comunidad educativa no formal, como los casales y las actividades de ocio extraescolar.

Otro sector destacado en el que el ayuntamiento quiere intervenir de forma prioritaria es el sector inmobiliario, ya que los agentes que trabajan son un actor clave e indispensable en la prevención de la discriminación en el acceso a la vivienda por su rol de intermediación en las relaciones comerciales en el mercado de alquiler. El reciente estudio encargado por el Ayuntamiento de Barcelona, ‘Discriminación a la carta’, muestra una alta aceptación de las prácticas discriminatorias entre los agentes inmobiliarios, si bien entre los colegiados existen más reticencias en aceptarlas y normalizarlas. 

Por este motivo, el consistorio ha acordado, en el marco de esta nueva estrategia de prevención del racismo, la celebración de un programa formativo con profesionales del sector para prevenir y detener actitudes discriminatorias, así como seguir tejiendo espacios de colaboración con representantes de las propiedades, agentes de la propiedad inmobiliaria y agencias inmobiliarias para mejorar la sensibilización de sus colegiados.

Mejorar los canales de denuncia

Desde el Ayuntamiento de Barcelona explican que la infradenuncia es una de las principales dificultades a la hora de detectar situaciones de discriminación en la ciudad. Un hecho que es especialmente preocupante, pues refleja la normalización de algunos comportamientos racistas, así como la desconfianza o la dificultad de acceso por parte de la población racializada a los servicios a través de los cuales se formaliza la denuncia. 

Por ello, la OND desplegará en los distritos de Sant Andreu i Sants-Montjuïc dos puntos de información y atención sobre discriminación y defensa de derechos. En paralelo, se desplegará el proyecto Antenes, a través del cual se capacitarán a entidades ciudadanas que trabajan a nivel local, como asociaciones de vecinos o de padres y madres de familia, para que incorporen o refuercen la mirada antirracista y se conviertan en asociaciones colaboradoras de los servicios municipales contra la discriminación.

Por otro lado, la OND aprovechará todas las herramientas jurídicas de las que se dispone, con el despliegue de la ‘Ley 19/2020, de igualdad de trato y no discriminación’, así como de los mecanismos de justicia restaurativa y defensa de los derechos de la víctima, que incluyen, entre otros aspectos, el acompañamiento y empoderamiento de las víctimas, un régimen amplio de infracciones, y herramientas de reparación y educación al sujeto infractor. El Ayuntamiento de Barcelona destinará recursos técnicos y humanos de la OND para desarrollar este régimen de garantía, y diseñará e implementará un plan de formación a servicios municipales clave en esta materia.

En FEPSU hemos estado siempre comprometidos con la prevención del racismo, ya que es una de las principales causas de discriminación que altera la convivencia en las ciudades. Por este motivo, desde nuestra red hemos compartido iniciativas como el proyecto CLARA, donde desde una óptica basada en el trabajo comunitario y local se intenta favorecer la cohesión social y hacer frente a los discursos de odio. Además, nos hemos hecho eco también de las reclamaciones de distintas entidades locales que abogan por facilitar la denuncia de las situaciones de discriminación racial, como medida necesaria para poder avanzar hacia una mejor prevención de la problemática. 

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Comunidades locales contra el racismo

En sociedades diversas culturalmente como las europeas, las policías locales y de proximidad se vuelven actores muy relevantes para poder detectar, prevenir y actuar ante cualquier tipo de discurso de odio, como el racismo o la xenofobia. Por este motivo, el proyecto CLARA ha reunido a los ayuntamientos de Madrid, Elche, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Málaga y Pamplona para desarrollar distintas herramientas y recursos que ayuden a favorecer la cohesión social y la convivencia en estas ciudades españolas. En FEPSU te explicamos los objetivos, metodologías y conclusiones de esta iniciativa. 

Aprendizaje comunitario

El proyecto CLARA (Comunidades Locales de Aprendizaje contra el Racismo, la Xenofobia y los discursos de odio) tiene como meta la mejora de las capacidades de las autoridades locales y de las policías de proximidad para la prevención, identificación, mediación y lucha contra los incidentes racistas, xenófobos y, en especial, los discursos y delitos de odio que amenazan la convivencia pacífica en las ciudades. 

Tras dos años de trabajo, el pasado 4 de febrero se celebró en Madrid la conferencia final del proyecto, en la que participaron las más de 136 mujeres y hombres policías y las 65 personas representantes de entidades locales y organizaciones de la sociedad civil que participaron a lo largo de todo el proyecto. 

La iniciativa ha contado con la cofinanciación de la Unión Europea, dentro del Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014-2020), y ha sido gestionado por un consorcio coordinado por el Ayuntamiento de Madrid, con la participación de los consistorios de Elche, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Málaga y Pamplona, además del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), la cooperativa social Dinamia, la Bradford Hate Crime Alliance y la Universidad de Salamanca.

¿Cómo ha funcionado?

El proyecto CLARA se ha basado en una metodología de formación innovadora, que ha partido en una primera instancia de la formación de siete Comunidades Locales de Aprendizaje (CLAP) en cada uno de los municipios participantes. Estas comunidades de aprendizaje han estado integradas por representantes de las policías locales y organizaciones civiles de las distintas ciudades, a través del asesoramiento de la Universidad de Salamanca

El objetivo de conformar estos grupos de trabajo era el diseño de estrategias compartidas, dirigidas a conseguir la interacción cara a cara y la generación de confianza mutua entre los distintos actores policiales y sociales involucrados en las CLAP; pero sobre todo con la meta de reforzar las sinergias entre actores institucionales y agentes sociales clave (donde se incluye también a las comunidades afectadas por el discurso de odio), como un paso previo para poder combatir el racismo, la xenofobia y los delitos de odio a nivel local. 

Una vez diseñadas estas estrategias, las CLAP han pasado a la fase de prueba piloto y de puesta en práctica de las mismas, a través de un modelo de seguimiento y apoyo a las víctimas de delitos y discursos de odio dentro de las comunidades locales, con la intención de mejorar la acción policial comunitaria desde el punto de vista de la prevención y de la mediación.

Finalmente, el proyecto CLARA también buscaba promover el intercambio de experiencias a nivel europeo. En concreto, las y los policías y agentes sociales participantes del proyecto han realizado una visita de estudios a Bradford (Inglaterra) para conocer la experiencia de la Bradford Hate Crime Alliance, así como para colaborar con la Coalición de Ciudades contra el Racismo (ECCAR) y otras redes europeas, con el objetivo de intercambiar metodologías de actuación y resultados, así como realizar una propuesta de transferibilidad del modelo a otros contextos europeos.

Las estrategias resultantes 

El resultado de toda esta metodología de trabajo ha sido la generación de diversos productos que incluyen protocolos de actuación policial, creación de unidades especializadas para la lucha contra los delitos de odio y el establecimiento de marcos estables de cooperación y comunicación entre las policías comunitarias, otras entidades locales y las organizaciones de la sociedad civil.

Inicialmente, el proyecto CLARA se marcaba como meta la elaboración de un proyecto común de transformación a aplicarse en todas las localidades participantes. Sin embargo, las propias comunidades locales optaron, debido a las necesidades identificadas, en trabajar más de un proyecto; ya que la complejidad de las transformaciones esperadas y el escaso nivel de desarrollo de este tipo de estrategias en municipios concretos requería de varias acciones conjuntas que atendieran todos los ejes de prevención, intervención, coordinación y asistencia

En concreto, estos han sido los resultados que ha tenido el proyecto en cada una de las localidades participantes: 

  • La CLAP de Elche ha desarrollado una Unidad Específica de Relaciones con la Comunidad, que se apoya en una mesa técnica de trabajo. 
  • La CLAP de Fuenlabrada ha diseñado una Alianza por la Tolerancia y Contra el Odio y la Discriminación cuyo objetivo es aflorar los incidentes y delitos de odio gracias a la colaboración con las asociaciones. 
  • La CLAP de Getafe ha desarrollado una unidad de Gestión de la Diversidad que trabaja coordinada con una Mesa Mixta, también creada de acuerdo con la Guía para reconocer y actuar ante los delitos de odio, elaborada por la comunidad. 
  • La CLAP de Leganés ha diseñado dos productos: la Comunidad Local por la Convivencia y la Diversidad y el Manual de Procedimiento de Actuación ante Casos de Racismo, Xenofobia y Delitos de Odio. Este último, incluye un flujograma de actuaciones policiales ante delitos e infracciones
  • La CLAP de Madrid ha creado un guía “Racismo, Xenofobia y Otras Formas de Intolerancia: Manual de Actuación Policial” y ha diseñado la figura del agente enlace con la comunidad, dependiendo de la Oficina de Atención al ciudadano.
  • La CLAP de Málaga ha proyectado la creación de un Subgrupo de odio y diversidad y ha desarrollado una formación de choque en detección, prevención y tratamiento de incidentes y delitos de odio y discriminación, ya impartida a aproximadamente 350 policías. El desarrollo de un manual policial sobre delitos de odio permanece, en el momento de redactar este informe, inconcluso.
  • La CLAP de Pamplona ha diseñado un acuerdo de colaboración entre asociaciones y Policía Municipal de Pamplona cuyo objetivo principal es incrementar el conocimiento y la denuncia de los delitos e incidentes de odio a través de la creación de una red de denuncia y el formulario de denuncia desarrollado también como producto.

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones la importancia de trabajar en la prevención de los delitos de odio en el ámbito local. En este sentido, a finales de noviembre de 2021 organizamos un webinar destinado a analizar cómo prevenir y abordar los delitos de odio por motivos de identidad sexual o de género. Puedes encontrar las principales conclusiones del debate en este artículo. Además, también nos hicimos eco de las recomendaciones de la Fiscalía General del Estado para prevenir los discursos de odio en las redes sociales, las cuales son el primer eslabón para su prevención. 

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Las redes, primer eslabón para una prevención de los delitos de odio

Los delitos de odio han en ido aumento en España en el último año. El primer trimestre de 2021 ha visto especialmente una tendencia al alza en este tipo de crímenes, sobre todo en lo que se refiere a aquellos motivados por la orientación sexual, los cuales se han incrementado en un 43% respecto al mismo período del año pasado. Ante esta realidad, las distintas administraciones —estatales, autonómicas y locales— están tomando medidas para prevenir este tipo de situaciones. En concreto, la Fiscalía General del Estado ha anunciado la implementación de un protocolo para combatir los discursos de odio en Internet, como una estrategia clara para atajar este tipo de delitos antes de que ocurran y garantizar así una mejor prevención. En FEPSU te explicamos las distintas acciones que se están desarrollando en el país y reflexionamos alrededor de los datos más recientes sobre este tipo de crímenes. 

Un protocolo interinstitucional

La Unidad Especializada de Criminalidad Informática de La Fiscalía General del Estado ha puesto en marcha a inicios de septiembre los diferentes procedimientos del protocolo para combatir el discurso de odio en línea. Dicho protocolo fue suscrito a inicios de 2021 por la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, distintas secretarías de Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, así como por organizaciones de la sociedad civil y por empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos. 

El protocolo se enmarca en el acuerdo interinstitucional para colaborar en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia, el cual fue suscrito el 19 de septiembre de 2018. De esta manera, la Unidad Especializada de Criminalidad Informática se encargará de forma preferente de gestionar la retirada o el bloqueo en el entorno digital de aquellos contenidos ilegales, para garantizar así el ágil y efectivo cumplimiento de la ley y la debida protección de las víctimas y personas vulnerables.

La implementación de este protocolo tiene especial importancia si se tiene en cuenta que la propia Fiscalía constata en su Memoria 2020 que las redes sociales han sido el medio principal a través del cual se ha vehiculado la mayoría de delitos de odio por motivo ideológico, los cuáles han ido en aumento en el último año. La orientación sexual, el racismo y lo xenofobia, sin embargo, continúan siendo los motivos más numerosos de crímenes discriminatorios. Además, la Unidad de Criminalidad Informática ha alertado también de una progresión de las conductas en línea que atentan contra la libertad sexual, sobre todo de los menores de edad. 

Los delitos de odio, en aumento

Según los datos más recientes del Ministerio de Interior, en los últimos siete años los delitos de odio han aumentado un 9% en España. En 2020 se reportaron un total de 1.401 crímenes de este tipo, aunque hay que tener en cuenta que los datos del año anterior han estado condicionados por la pandemia y el confinamiento domiciliario. Si se toma en cuenta 2019, el último antes de la crisis sanitaria, el aumento respecto a 2014 es del 33%

Por otro lado, los delitos específicos por orientación sexual han tenido también una tendencia al alza. A pesar del confinamiento y de la reducción de los delitos en general durante el 2020, en ese año se registraron prácticamente los mismos delitos de odio por orientación sexual que en 2019: 282 frente a 283. Un dato que lleva a pensar que, de no haber existido las restricciones de movilidad e interacción social provocadas por la Covid-19, las cifras de delitos en 2020 habrían sido mayores que en 2019. 

En Catalunya, el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha llegado a reconocer que existen “grupos de gente que quedan para salir a cazar” a personas homosexuales o con otra identidad sexual diversa. Un hecho especialmente preocupante si se tiene en cuenta que según el Ministerio del Interior los delitos de odio por orientación sexual han crecido un 43% en el primer trimestre de 2021 y que en ese mismo período han salido a la luz diversos casos de agresiones a personas del colectivo LGTBI que han levantado la indignación social debido a su crudeza, como puede ser el asesinato de Samuel Luiz en A Coruña a principios de julio.

Debido a estos casos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para el 10 de septiembre una reunión extraordinaria de la Comisión de seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio que servirá para actualizar los criterios para que un delito sea reconocido como tal y adoptar los cambios pertinentes para mejorar su prevención.

Estrategias locales

Desde las administraciones locales se han ido desarrollando distintas estrategias para abordar los discursos de odio y garantizar así una mejor prevención de las muestras de intolerancia y discriminación. En 2017, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha la campaña #BCNvsOdi, la cual, a través de una página web y de distintas acciones en el espacio público, busca ser una plataforma de divulgación y sensibilización en materia de lucha contra el discurso de odio, tanto en su manifestación en línea como fuera de Internet, con información, materiales y recursos pedagógicos, informativos y de análisis para la ciudadanía.

Recientemente y en el mismo sentido, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha puesto en marcha la campaña de sensibilización La fuerza de las palabras, que busca divulgar experiencias, sentimientos y vivencias de los ciudadanos del municipio para generar narrativas interculturales que se enfrenten a los mensajes de odio y de crispación que se leen en las redes sociales

En FEPSU hemos reflexionado en distintas ocasiones sobre la importancia de la prevención a la hora de abordar los delitos de odio. Por ejemplo, hemos analizado cómo abordar la discriminación y promover la igualdad a través de los Derechos Humanos, así como la necesidad de ampliar la definición de acoso sexual para una mejor prevención o hemos desgranado también las cifras del racismo y la xenofobia, como principales causas de discriminación. ¡Únete a la conversación para conseguir una mejor seguridad urbana!

Racismo y xenofobia, principales causas de discriminación

En 2020 se reportaron más de 430 situaciones de discriminación en Barcelona, según recogen los datos del último informe del Observatorio de las Discriminaciones, publicado a mediados de junio por el Ayuntamiento de Barcelona. El racismo y la xenofobia han vuelto a ser un año más los principales motivos de discriminación en la ciudad, ya que representaron un 34% de casos registrados. Por otro lado, la LGTBI-fobia no solo fue la segunda razón de discriminación, sino también la principal causa de agresiones físicas en la localidad. En FEPSU te compartimos algunas de las conclusiones de este informe de una de las ciudades socias de nuestra red.

Diversidad de motivos discriminatorios

El Ayuntamiento de Barcelona registró un total de 163 casos de racismo y xenofobia en 2020. La mayoría de estas discriminaciones fueron perpetradas por personas particulares (un 44%) y se detectó también que un 84% de estas situaciones tuvieron un claro vínculo con los motivos religiosos, un hecho que es especialmente relevante en relación con los casos de islamofobia en la ciudad. 

A pesar que el racismo y la xenofobia fueron las principales causas de discriminación el año pasado, solo representaron un 33% de los casos en que se vulneró la integridad física de las personas. La LGTBI-fobia, en cambio, fue el motivo de más de la mitad de las agresiones físicas (47%), a pesar que el total de situaciones de agresión física se redujeron un 3% respecto al 2019. 

En menor medida, los otros motivos de discriminación que se han recogido en el Observatorio son la discapacidad (11%), la lengua (10%), la religión (7%), la salud (6%), el género, la ideología y la dedad. En conjunto, el año pasado se registró un incremento del 6% de las situaciones recogidas en 2019, pero eso puede explicarse también por el aumento del número de asociaciones y entidades que participaron en la recopilación de datos para el informe, que pasaron de 18 a 22. 

Las mujeres y jóvenes denuncian menos

La infradenuncia también sigue siendo un problema a la hora de contabilizar y visibilizar las situaciones de discriminación que ocurren en Barcelona. Según las entidades colaboradoras del Observatorio, la discriminación como vivencia cotidiana normalizada es de las principales razones de esta infradenuncia, ya que esta reiteración en la vida diaria de las discriminaciones hace que sea imposible reportar o denunciarlas constantemente, pues implicaría un desgaste emocional y de inversión de tiempo inasumible. 

Según los datos recogidos en 2020, los hombres y las personas adultas denuncian mucho más que las mujeres y la población entre los 15 y los 24 años. El 53% de las discriminaciones reportadas el año pasado fueron denunciadas por hombres, mientras que el 76% de las personas que denunciaron se encontraban en las franjas de edad de los 25 a los 39 años y de los 40 a los 64 años. 

La pandemia, un factor agravante

Así como en el resto de aspectos de la vida cotidiana, la pandemia de Covid-19 ha impactado en las discriminaciones y en el trabajo de las entidades que buscan hacer frente a las mismas. Desde el Observatorio señalan que, sobre todo, se han visto afectados los espacios donde se discrimina, ya que, la reclusión en casa durante el confinamiento y el encierro de muchos de los espacios de socialización de las personas, han incrementado los problemas de convivencia en las viviendas y en las comunidades de vecinos. 

Además, la virtualización de las tareas de atención a la población vulnerabilizada ha dificultado también la detección y atención de las situaciones de discriminación. En este aspecto, el colectivo LGTBIQ ha sido uno de los más afectados por el impacto de la pandemia, ya que debido a las restricciones sanitarias y al confinamiento se incrementaron también los casos de discriminación hacia estas personas en viviendas, pasando de solo 9 en 2019 a 23 en 2020. 

Necesidad de nuevos protocolos

Después de la puesta en marcha en Barcelona del protocolo de agresiones por LGTBIfobia hace un año, el Observatorio reclama la definición de nuevos protocolos contra la discriminación racial en las actuaciones policiales, así como el establecimiento por parte de las administraciones regionales y estatales de un nuevo protocolo para hacer frente a las barreras físicas para la movilidad de personas con problemas de salud mental y con discapacidad intelectual en la ciudad. 

Entre las recomendaciones que realizan las entidades colaboradoras del Observatorio se encuentra la necesidad de adaptar los procedimientos para acceder a los servicios sociales a las necesidades de los colectivos vulnerables, así como visibilizar más y mejor para la ciudadanía todas las herramientas de denuncia a su disposición. 

El Observatorio de las Discriminaciones reúne al Ayuntamiento de Barcelona con las entidades que trabajan en defensa de los derechos de las personas vulnerabilizadas. El informe de 2020 se ha elaborado con los datos cuantitativos y cualitativos recogidos por las asociaciones y plataformas que forman el Observatorio, que incluyen a la Oficina municipal para la No Discriminación (OND), las 22 organizaciones que conforman la Mesa de Entidades con Servicio de Atención a las Víctimas de Discriminación y el Centro de Recursos en Derechos Humanos del Ayuntamiento. 

Si quieres tener acceso al informe completo del Observatorio y conocer al detalle todos los datos recogidos en el mismo, puedes visitar la página web del Ayuntamiento de Barcelona. Para informarte sobre toda la actualidad relacionada con la seguridad urbana y la prevención en Europa y España, no dudes en visitar la página web de FEPSU, donde además encontrarás recursos y proyectos relacionados con estas temáticas.

El proyecto LOUD llega a su fin en L’Hospitalet de Llobregat

L’Hospitalet de Llobregat celebró un acto el pasado 31 de mayo para dar por concluida su participación en el proyecto europeo LOUD, cuyo objetivo es sensibilizar a los jóvenes para prevenir el racismo. El evento tuvo lugar en el Centro Cultural Tecla Sala y supuso el punto final de la campaña de sensibilización sobre los microrracismos que habían diseñado los diez jóvenes que participaron en este proyecto junto a adolescentes de otras ciudades europeas. L’Hospitalet es uno de los municipios miembros de nuestra red y por este motivo en FEPSU te contamos cómo fue el desarrollo de este proyecto. 

Sensibilizar sobre los microrracismos

La campaña de sensibilización sobre microrracismos que se llevó a cabo en L’Hospitalet de Llobregat fue diseñada por diez jóvenes de la ciudad que participaron activamente del proyecto LOUD. Arrancó el 21 de marzo, con la conmemoración del Día Internacional contra el Racismo, y ha consistido en la distribución de materiales como carteles y vídeos a través de las redes sociales, en el espacio público y en medios de comunicación.

Los materiales elaborados por los jóvenes buscaban poner el foco sobre aquellas frases que escuchamos constantemente y que reproducen estereotipos racistas, para hacerlas visibles y prevenir su uso. También se ha difundido un vídeo que han creado los participantes del proyecto, el cual se ha distribuido a escuelas y entidades de educación en el tiempo libre para que puedan utilizarlo como material pedagógico para abordar los microrracismos

El objetivo de esta campaña de sensibilización era fomentar entornos inclusivos para evitar la deriva hacia la intolerancia y las conductas extremistas en la ciudad. Todos los jóvenes que participaron en su elaboración y difusión recibieron un certificado de participación en el acto de cierre del proyecto. 

Formación y encuentros para jóvenes

El proyecto LOUD se inició en L’Hospitalet de Llobregat en marzo de 2019 y en él han participado diez jóvenes de entre 14 y 20 años, los cuales son residentes de la ciudad y participan también en el proyecto local EntreJoves

Hasta febrero de 2020, estos jóvenes participaron en formaciones, encuentros e intercambios internacionales. Posteriormente, se llevó a cabo el diseño de la campaña a partir de distintos encuentros y sesiones de intercambio con expertos europeos, así como de diversas sesiones de formación. 

Además, el año pasado también visitaron L’Hospitalet una decena de jóvenes de la localidad francesa de Valenciennes que participaban también en el proyecto LOUD. Durante su estadía, estos jóvenes franceses tuvieron contacto con las entidades de la ciudad catalana e intercambiaron experiencias con los jóvenes locales que participaban del proyecto. 

Promover la inclusión y la cohesión

L’Hospitalet de Llobregat ha sido la única ciudad de España que ha participado en el proyecto LOUD, en el cual había otras ocho ciudades europeas: Leuven (Bélgica); Augsburg y Düsseldorf (Alemania); Pella (Grecia) y Rosny-sous-Bois, Montreuil, Lille y Valenciennes (Francia). 

El proyecto ha sido coordinado por el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (Efus) y ha partido de la premisa de que el desarrollo de conciencia intercultural y la lucha contra los prejuicios son importantes para promover la inclusión y reforzar la cohesión social

Los ejes que han definido el desarrollo del proyecto han sido: Contrarrestar todas las formas de intolerancia y discurso extremista, proporcionar narraciones alternativas efectivas de ámbito local, implicar a la gente joven en la lucha contra la discriminación y los contenidos extremistas, y promover los intercambios europeos sobre narraciones alternativas entre la juventud. 

Si quieres conocer más sobre este proyecto europeo y sobre las campañas que se llevaron a cabo en el resto de ciudades europeas, puedes visitar la página web de Efus. Para saber más sobre este y otros proyectos en los que participan las ciudades que forman parte de nuestra red, no te olvides de consultar la página web de FEPSU, donde además encontrarás información de actualidad sobre temas relacionados con la prevención y la seguridad urbana.

¿Por qué apostar por la prevención comunitaria?

Las movilizaciones antirracistas que han sacudido Estados Unidos en los últimos meses han abierto un debate importante en el país sobre la prevención de la violencia: ¿Están dispuestas las ciudades a reducir el gasto policial para invertir más en programas comunitarios? El director ejecutivo de Cities United, Anthony Smith, y la directora ejecutiva del Prevention Institute, Rachel Davis, explican, en un artículo publicado en The Trace, cómo la pandemia del coronavirus está suponiendo recortes presupuestarios para proyectos que han demostrado ser efectivos en la prevención de la violencia armada. En FEPSU traducimos y compartimos algunos de los puntos más importantes de su propuesta.

Muchas ciudades en Estados Unidos experimentaron un pico de violencia con armas de fuego desde el inicio de la pandemia. La crisis provocada por la Covid-19 ha dejado a millones de personas desempleadas y luchando por mantener sus viviendas y poner comida en la mesa, creando un nivel de estrés sin precedentes. Esta situación tensó aún más la relación entre la ciudadanía y la policía, especialmente en el caso de la comunidad afroamericana tras las muertes de Breonna Taylor, Tony McDade y George Floyd. 

Una de las demandas del movimiento Black Lives Matter, que salió a las calles tras los recientes casos de violencia policial hacia personas negras, ha sido la del desvío de fondos de las fuerzas del orden hacia recursos comunitarios que apoyen a crear comunidades seguras y equitativas en primer lugar. Sin embargo, está pasando lo contrario: muchos gobiernos locales han anunciado recortes presupuestarios en programas con un historial comprobado de reducción de la violencia diaria, que amenaza sobre todo la seguridad y el bienestar de las comunidades afroamericanas. ¿Por qué es vital que las ciudades mantengan proyectos de prevención con un enfoque de salud pública?

Éxito contrastado de los programas de prevención

Tanto Smith como Davis señalan en su artículo que en Estados Unidos ha habido muchos casos de éxito de los proyectos comunitarios para prevenir la violencia. En enero, Milwaukee informó que ha tenido descensos constantes en las tasas de homicidio desde 2015, y en 2019 tuvo menos de 100 homicidios por segundo año consecutivo. Filadelfia registró una reducción del 55% en los asesinatos involucrados en grupos o miembros de pandillas entre 2011 y 2015. En 2019, West Palm Beach, Florida, registró una disminución de los homicidios del 29%.

Y aunque muchas de estas ciudades han vuelto a experimentar incrementos en la violencia tras la llegada de la pandemia del coronavirus, ahora es más necesario que nunca redoblar los esfuerzos en estos programas que han demostrado ser efectivos a largo plazo en la reducción de la inseguridad. Smith y Davis apuntan que el éxito de estos proyectos depende de dos factores clave: el desarrollo de planes integrales en cooperación con residentes, organizaciones sin fines de lucro y diversos agentes de la ciudad; y el empleo de un enfoque de salud pública para prevenir la violencia armada.

¿Qué es un enfoque de salud pública?

Una particularidad de los programas comunitarios de prevención que han tenido éxito en Estados Unidos es que han estado basados en un enfoque de salud pública. ¿Qué significa esto? Para empezar, se trata de planes integrales que reconocen el racismo y otras formas de discriminación como causas estructurales de muchos de los problemas de convivencia que tenemos en la actualidad en nuestras ciudades. Además, este tipo de enfoque se basa principalmente en los datos para observar el perfil específico de la violencia en una comunidad y permitir así que los actores que trabajan para la prevención se centren en las acciones que tendrán un mayor beneficio a un menor coste. 

Los planes de prevención con un enfoque de salud pública se forman a partir de las condiciones específicas de cada comunidad y están diseñados para ser colaborativos, ya que el proceso de desarrollo del proyecto reúne a los miembros de la comunidad con personas que representan a los sectores médicos, educativos, a las fuerzas del orden público, los servicios sociales y otros actores locales importantes que están representados en un plano de igualdad. Por último, es un enfoque que promueve que sean los propios afectados por la violencia quienes propongan soluciones y proporciona también un espacio para que los residentes de la comunidad puedan procesar su trauma. 

La prevención cuesta menos

Los programas de prevención comunitaria, además de tener un éxito contrastado en la reducción de la violencia a largo plazo, suponen también un menor gasto en recursos para las ciudades que los implementan. Sobre todo si se compara con el coste que supone responder a la violencia cuando esta ya se ha desarrollado en el espacio público: transporte de efectivos, atención de trauma y otros costos médicos, investigaciones policiales y costos de fiscales y defensores públicos, entre otros.  

Por este motivo, la coalición Liberate MKE, liderada por la African-American Roundtable en Milwaukee, defendió antes de la pandemia que debían incrementarse los fondos de los programas de prevención. Esta organización consiguió que se dirigieran con éxito 900 millones de dólares del presupuesto del Departamento de Policía para el empleo juvenil, viviendas asequibles de calidad y diversos esfuerzos de prevención de la violencia. Según Smith y Davis debería apostarse por medidas como esta no solo en el resto de ciudades de Estados Unidos, sino en el mundo entero, si lo que se quiere es que las ciudades brinden seguridad a las comunidades más desfavorecidas.

Anthony Smith es el director de Cities United, una red nacional de 130 alcaldes, comprometida con la creación de comunidades seguras, saludables y esperanzadoras. Rachel Davis es directora ejecutiva del Prevention Institute, una organización sin fines de lucro que trabaja en programas de prevención. Si quieres leer más artículos en los que se proponen estrategias de seguridad urbana, no te olvides de visitar el blog de FEPSU.


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