El acoso escolar: un compromiso internacional, una gestión local

En los últimos años ha crecido la preocupación social por los actos de violencia o acoso entre iguales (bullying) y de ciberacoso (ciberbullying). El bullying es un problema grave que afecta a muchos niños y niñas en todo el mundo. Este fenómeno se refiere a la violencia psicológica, física o verbal que se ejerce sobre una persona por parte de otra o varias personas, de manera repetitiva y con la intención de intimidar, humillar o causar daño. Aunque el bullying no es un fenómeno nuevo, en los últimos años se ha hecho más visible gracias a la conciencia que se ha generado en torno a él.

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Un problema generalizado

Según varios estudios, el bullying afecta a una gran cantidad de niños en todo el mundo. Así lo pone de manifiesto el informe Behind the numbers: Ending school violence anb bullying promovido por la UNESCO, el organismo de Naciones Unidas especializado en educación, ciencia y cultura. En él se señala que el 32% de los estudiantes de todo el mundo, uno de cada tres, han sufrido algún tipo de bullying en la escuela en el mes anterior a la realización de las encuestas. Además, se estima que el 20% de los estudiantes han sido víctimas de acoso en línea, lo que aumenta la presión sobre ellos incluso fuera del entorno escolar.

El informe, que cuenta con algo más de dos años de existencia, supone el mayor estudio realizado sobre la cuestión, aportando datos de 144 países para estudiantes entre los 9 y los 15 años de edad.

El estudio también revela que la intimidación física es la más frecuente en muchas regiones, con la excepción de Norteamérica y Europa donde es más común la intimidación psicológica. Por otro lado, el acoso sexual se manifiesta como el segundo más común. Sufrido por un 11.2% de los niños/as encuestados, se identifica con las bromas, comentarios o gestos hostiles de carácter sexual. A esto hay que añadir el incremento de nuevas formas de violencia sexual asociadas al espacio virtual. Entre el 12% y el 22% de los niños y niñas encuestados aseguraron haber recibido algún mensaje con contenido sexual en el último año.

Uno de los apartados más interesantes presentados por el informe tiene que ver con aquellos factores que influyen en la violencia escolar o bullying. La apariencia física se presenta como una de las causas más presentes, el 15,5% de los estudiantes declaró haber recibido acoso o burlas entorno a su rostro o cuerpo. En segundo lugar, la raza y la nacionalidad son las causas más frecuentes manifestadas por las personas acosadas, pero junto a estas, otras como la desventaja socioeconómica, la condición de inmigrante o el clima escolar del centro educativo, condicionan las probabilidades de que los/las jóvenes sufran acoso en el ámbito escolar.

El impacto del bullying en los niños/as que lo sufren puede ser devastador. Quienes lo sufren pueden experimentar una amplia gama de problemas emocionales como ansiedad, depresión, baja autoestima, miedo o tristeza. Además, el acoso escolar puede tener un impacto negativo en su rendimiento académico y en la capacidad de quienes lo sufren para relacionarse con los demás. En casos extremos, el bullying puede incluso llevar al suicidio elevándolo como principal causa de muerte entre los jóvenes en determinados países.

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Un compromiso internacional

La educación se presenta como una de las prioridades de la UNESCO, organismo encargado de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Este programa se enmarca en la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. La educación, fundamental para avanzar en esa dirección, cuenta con su propio objetivo. El ODS 4, propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

A este objetivo hay que añadir alguna de las metas relacionadas con el ODS 16, en concreto, la meta 16.1 que propone “reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”.

En buena medida, las campañas de sensibilización junto a los muchos programas realizados en la lucha contra el acoso escolar han generado una tendencia que el propio informe, ya en 2019, comienza a registrar. Se observa como en los últimos años se ha producido una disminución paulatina en la prevalencia del acoso escolar en los centros educativos de la mitad de los países del entorno europeo.

Algunos de los factores de éxito en la disminución del bullying tienen que ver con el compromiso político de promover un clima escolar y un entorno de aula seguro; establecer sistemas de denuncia y seguimiento de la violencia eficaces; formación y apoyo a los docentes o empoderamiento y participación de los estudiantes, y todo ello, realizado a través de programas e intervenciones basados en datos empíricos.

A partir de estas experiencias la UNESCO desarrolla un catálogo de recomendaciones para disminuir el acoso escolar. Entre las más relevantes destacamos las siguientes: la confección de un marco normativo en defensa de los derechos de los niños y niñas; la elaboración de investigaciones que permitan trabajar a partir de evidencia empírica; desarrollar proyectos que dispongan del apoyo de toda la comunidad educativa y siempre, en cualquier caso, proporcionar información y apoyo a los/las estudiantes para que puedan reaccionar libremente en caso de sufrir este tipo de situaciones.

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La gestión local del acoso escolar

En anteriores entradas, el blog del FEPSU, presentó alguno de los proyectos realizados en materia de prevención de la discriminación en las aulas. En concreto, un catálogo de recomendaciones elaboradas por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE).

Con el objetivo de materializar los compromisos adoptados en la lucha contra el acoso escolar, los actores locales elaboran numerosas actividades en esa dirección. El pasado mes de enero, la Unidad de Relaciones y Mediación con la Comunidad (URMEC) de la Policía Municipal de Terrassa en colaboración con la Escuela La Granja Ability Training Center, organizó una jornada formativa específica dirigida a cuerpos policiales de toda Cataluña. Con el fin de tratar el acoso y la gestión de las emociones se pusieron en común herramientas y recursos para combatir esta problemática.

El tema central de la jornada giró en torno al trabajo en equipo contra el acoso, entendiendo el sistema emocional desde la vivencia, dotando de los recursos suficientes a los agentes y mandos de las Policías Locales que luchan contra la violencia en las aulas.

La jornada también sirvió para que la Policía Municipal de Terrassa compartiese con los asistentes el funcionamiento del servicio de prevención contra el bullying que ofrece la institución en la ciudad.

A través de los agentes de la URMEC, la Policía Municipal de Terrassa realiza un proyecto de acompañamiento integral a los/las alumnos/as de las escuelas de la ciudad para luchar y prevenir el acoso entre niños/as y jóvenes que se produce tanto dentro como fuera de las aulas.

El proyecto ofrece un servicio personalizado en las escuelas e institutos de Terrassa donde imparten charlas y sesiones formativas personalizadas, ya sea en la fase de primaria y secundaria, ya sea en intervenciones específicas o charlas con las familias. En el período comprendido entre enero y diciembre de 2022 se realizaron más de 70 sesiones a las que asistieron alrededor de 2.200 alumnos/as.

En las sesiones formativas sobre acoso en las aulas, la URMEC adapta el mensaje y los recursos en función de la edad de los alumnos y alumnas, así como la programación y el soporte gráfico. Con ello se busca conseguir que la sesión sea lo más personalizada posible. Asimismo, en todas las etapas educativas introducen y destacan la importancia de la gestión de las emociones para prevenir situaciones de acoso.

Desde el FEPSU compartimos una certeza: aquello que la sociedad ofrece a sus jóvenes es aquello que le devolverán el día de mañana. Es por eso que aplaudimos proyectos como el de nuestro socio en Terrassa, iniciativas que nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, una sociedad libre de violencia.

Ocupación ilegal: falsas creencias y gestión de la convivencia

En los últimos años, el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas ha destacado entre los temas que más preocupan a la opinión pública. A menudo, un tratamiento poco exhaustivo y riguroso por parte de los medios de comunicación, contribuye a generar falsas creencias entorno al hecho aumentando con ello la percepción de inseguridad de la ciudadanía. En este artículo proponemos una breve aproximación al contexto jurídico y social que acompaña al fenómeno de la ocupación ilegal, a la vez que presentamos algunas de las herramientas operativas con las que minimizar el impacto negativo que pueden provocar sobre la convivencia en los espacios comunitarios.

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¿Qué es una ocupación?

El pasado mes de noviembre, el Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU) organizó su conferencia nacional en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias de Madrid. Bajo el lema “Retos para una sociedad con una convivencia pacífica y segura”, algunos de los miembros del FEPSU presentaron proyectos en materia de seguridad y convivencia realizados recientemente. De este modo, durante dos jornadas se trataron temas relacionados con la convivencia en el espacio público y en el espacio comunitario entre los que destacó una mesa monográfica sobre la gestión de las ocupaciones con impacto negativo. En los próximos párrafos concretamos algunas de las cuestiones planteadas.

Es importante destacar que el término ocupación no es una categoría jurídica. No existe como tal el delito de ocupación, sino que usamos la palabra para referirnos a aquellos casos en los que alguien hace uso de un inmueble ajeno fuera de los supuestos previstos por la ley.

Sí se consideran delitos, y como tales están regulados en la legislación penal, el allanamiento de morada (art. 202 y 203 del Código Penal) y la usurpación (art. 245 del Código Penal). En el primero de los casos el bien jurídico protegido es la morada, entendida como aquel espacio que constituye el domicilio de una o varias personas, aquel en el que desarrollan su vida más privada. Es importante destacar que las segundas residencias son consideradas morada, por más que solo se permanezca en ellas durante periodos de vacaciones.

En el segundo supuesto, el delito de usurpación, el bien jurídico a proteger es la propiedad, tratándose de un delito contra el patrimonio. Así pues, estamos ante un delito de usurpación en aquellos casos en los que se ocupe ilegalmente una vivienda deshabitada sin el consentimiento de sus propietarios.

Carlos Rodríguez, Fiscal Decano de Madrid, aseguró en su ponencia en la conferencia nacional del FEPSU que “existe la creencia de que no se dispone de medidas ágiles para hacer frente al problema de las ocupaciones y la recuperación de las viviendas.” Esta creencia contribuye a generar una alarma social que desde un punto de vista jurídico y operativo no estaría justificada.

El allanamiento de morada constituye un delito que permite la actuación policial inmediata desalojando a los ocupantes del inmueble y restituyendo la propiedad al titular de la morada. En el caso de la usurpación, cuando se comete con violencia o intimidación se procede de la misma manera y en los casos que no es así, siempre que los ocupantes no hayan constituido su morada, también podrán ser desalojados rápidamente. Para aquellos supuestos en los que los ocupantes se encuentren desarrollando plenamente su vida en el inmueble, el desalojo necesitará una orden judicial por entrar en juego el derecho a la inviolabilidad de domicilio del artículo 18.2 del texto constitucional. En este sentido, Iván Nogales, miembro de la policía local de Santa Coloma de Gramanet, destaca la importancia de que las comunidades de propietarios conozcan el fenómeno de la ocupación ilegal y lo denuncien cuando sucedan en sus comunidades. 

Cabe destacar que cada vez son más las instancias judiciales que han tenido a bien incluir las usurpaciones, en su versión delictiva leve, dentro del grupo de delitos que pueden ser enjuiciados mediantejuicios rápidos o inmediatos. Este tipo de juicios se celebran en el Juzgado de guardia lo que supone una reducción muy significativa de los plazos para recuperar la vivienda. Por otro lado, podrán celebrarse siempre que concurran las circunstancias siguientes: que los ocupantes puedan ser identificados, que no se haya ejercido violencia contra los propietarios, y que se solicite la recuperación de la vivienda como medida cautelar.

Hasta aquí la vía penal. Fuera de ella pueden existir otros supuestos de ocupación, principalmente, relacionados con casos de impago de rentas del alquiler; finalización de contrato de alquiler; o ejecuciones hipotecarias, entre otros. En cualquiera de estos casos, al encontrarnos fuera de los requisitos necesarios para la causa penal, los procesos de desahucio siguen la vía civil, por lo general, mediante un procedimiento verbal de desahucio.

Llegados a este punto interesa detenerse en el coste temporal de estos procedimientos. La vía penal es la más rápida. En los juicios inmediatos por delitos leves la recuperación de la finca por parte de la víctima es inmediata.  Asumiendo el riesgo de la generalización, estos casos permiten la realización de los desalojos en poco más de una semana. No obstante, cuando no se den los requisitos que permitan tratar la usurpación como un delito leve y por tanto enjuiciarlo mediante un juicio rápido, este tipo de denuncias suelen resolverse en un plazo de entre 1 y 3 meses. Para los casos de allanamiento de morada, como ya dijimos, la actuación policial es inmediata.

En el caso de la vía civil, el procedimiento verbal de desahucio puede variar significativamente dependiendo de si el inquilino o persona ocupante se opone formalmente a la demanda o no lo hace. En cualquier caso, volviendo a generalizar, este proceso puede situarse entre los 3 y 6 meses de media para su resolución en primera instancia.

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Falsas creencias y convivencia

En ese caso, ¿de dónde procede la idea de que tras una ocupación la recuperación de la vivienda es lenta, costosa y muy garantista con los ocupantes? ¿De dónde la idea de que podemos salir el fin de semana y al volver encontrar nuestra casa ocupada no pudiendo acceder de nuevo en mucho tiempo? ¿Qué hay de cierto pues, en el hecho de que transcurridas 48 horas desde la ocupación la policía ya no puede hacer nada?

Indudablemente, alguna de estas ideas puede resultarnos conocida. Ya sea desde medios de comunicación ya sea a través de determinados discursos políticos, este tipo de afirmaciones aumentan el miedo de las personas y tienen una gran incidencia en la construcción de su percepción de inseguridad.

Las falsas creencias alrededor de la ocupación ilegal en España no inventan un problema inexistente, pero distorsionan notablemente sus características y condicionan la percepción ciudadana que de él se tiene. Como confirmó Iván Nogales, sargento de la policía local de Santa Coloma de Gramanet durante su ponencia en la conferencia nacional del FEPSU, “la mayor parte de las ocupaciones en nuestro país se producen por bandas organizadas en inmuebles de entidades bancarias para alquilarlos a terceros”.De este modo, las ocupaciones de domicilios o segundas residencias de particulares suponen un porcentaje residual del total de los bienes inmuebles afectados por el problema. A título de ejemplo, en la última edición de la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya las ocupaciones de segundas residencias no llegaron al 0.2% del total de hechos registrados, y en ningún caso se puede vislumbrar un aumento destacable desde 2015, año en el que se incorporaron a la cesta de hechos registrados por el estudio.

De este modo, actualmente, el principal problema de las ocupaciones es el impacto o alteración que generan en la convivencia de las comunidades que las sufren. A menudo, conllevan riesgos derivados por las conexiones precarias y fraudulentas de los suministros, en otros casos, traen consigo los efectos de una delincuencia asociada: narcopisos, redes de prostitución… En cualquier caso, siempre condicionan la demanda ciudadana en el mercado de la vivienda contribuyendo a la guetificación de determinadas zonas.

Jesús María García Cortijo, intendente de la policía municipal de Madrid, destacó en su ponencia la importancia de la mediación a diferentes niveles. Por un lado, en relación a la comunidad y en todo aquello relativo a los problemas de convivencia que pueden generarse. Por otro lado, orientada a resolver de forma extrajudicial el conflicto jurídico de fondo: “tenemos una figura clave, la del agente mediador que intenta poner en contacto a morador y titular de la vivienda con la finalidad de acercar posturas”. Todo ello sin olvidar la importancia de contar con información fiable sobre las cuestiones de seguridad relacionadas con la ocupación o con el tipo de intervención que vaya a llevarse a cabo.

Queda claro que la ocupación ilegal es un problema complejo, asociado, en buena medida, a déficits estructurales relacionados con el parque de vivienda en España, especialmente en las grandes ciudades. También resulta evidente que se debe seguir trabajando para ofrecer una respuesta policial y judicial que llegue de la manera más rápida y coordinada posible. A pesar de eso, la magnitud del problema recomienda seguir explorando caminos como el de la mediación que a menudo suponen soluciones menos costosas y más rápidas que los procedimientos judiciales. También, la creación de servicios o respuestas municipales con perspectiva transversal, dirigidas a promover y mantener un buen clima de convivencia, en especial en los entornos de fincas que sufren los efectos de las ocupaciones. Hay que tener en cuenta que la finca ocupada va a requerir un determinado tipo de intervención (policial o judicial), pero el vecindario o comunidad adyacentes, también va a necesitar de un apoyo dirigido a restablecer la convivencia que puede haberse visto afectada por la ocupación conflictiva. En el mejor de los casos, dicha comunidad va a requerir una intervención a fin de reducir el impacto negativo de la ocupación.

Desde el FEPSU aplaudimos las soluciones que algunos de nuestros socios han aportado al problema. Con ellas continuamos avanzando en la construcción de sociedades más seguras y fomentando la convivencia en los espacios comunitarios.

El uso de la inteligencia artificial y los riesgos para la seguridad pública

inteligencia artificial y seguridad

“-Escribe un ensayo sobre los riesgos para la seguridad pública asociados al uso de las inteligencias artificiales”

“-La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología que está revolucionando el mundo a un ritmo vertiginoso, ofreciendo soluciones innovadoras en una amplia gama de aplicaciones. Desde el reconocimiento de voz hasta la identificación de objetos en imágenes, la IA está transformando la manera en que interactuamos con la tecnología y cómo resolvemos problemas complejos. Sin embargo, a medida que la IA se vuelve más prevalente en la sociedad, también surgen preocupaciones sobre la seguridad y los riesgos asociados a su uso.

En primer lugar, es importante destacar la importancia de la privacidad y la protección de datos en el uso de la IA. Muchos sistemas de IA dependen de grandes cantidades de datos para entrenarse y mejorar su rendimiento, lo que significa que pueden estar recopilando información personal sensible sobre las personas. Además, la mayoría de los sistemas de IA no están diseñados para proteger la privacidad de los datos, por lo que pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos y robo de datos.

Otro riesgo importante relacionado con el uso de la IA es la deshumanización. A medida que la IA se utiliza para realizar tareas que antes requerían interacción humana, hay preocupaciones sobre la pérdida de empleos y la disminución de la empatía y la compasión. Además, a medida que la IA se utiliza para tomar decisiones críticas, como diagnósticos médicos o selección de candidatos para un trabajo, también hay preocupaciones sobre la falta de responsabilidad y transparencia en la toma de decisiones.

El uso de la inteligencia artificial (IA) está aumentando rápidamente en muchos sectores, incluyendo el gobierno, la banca, la industria, la salud y la educación. A medida que se desarrollen nuevos algoritmos y se mejore la capacidad de procesamiento, la IA se está convirtiendo en una herramienta cada vez más valiosa para resolver problemas complejos y mejorar la eficiencia. Sin embargo, también plantea desafíos importantes en cuanto a seguridad y riesgos.

En primer lugar, la IA es vulnerable a los ataques de hackers y otros delincuentes cibernéticos. Al igual que cualquier otro sistema informático, los sistemas de IA pueden ser objeto de ataques que pueden interrumpir su funcionamiento u obtener información confidencial. Además, los ataques a la IA pueden tener un impacto mucho más significativo que los ataques a los sistemas tradicionales, ya que la IA está involucrada en muchas decisiones críticas y puede tener consecuencias graves si falla.

En segundo lugar, la IA puede ser utilizada para fines malintencionados. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial pueden ser utilizados para realizar vigilancia masiva, mientras que los sistemas de IA pueden ser utilizados para distribuir spam y malware. Además, la IA también puede ser utilizada para manipular información y crear noticias falsas, lo que puede tener graves consecuencias para la democracia y la sociedad en general.

En tercer lugar, la IA puede ser utilizada para discriminar y perpetuar la desigualdad. Muchos sistemas de IA se basan en datos que reflejan las desigualdades existentes en la sociedad, lo que puede perpetuar la discriminación y la desigualdad. Además, los sistemas de IA pueden ser utilizados para tomar decisiones basadas en estereotipos y prejuicios, lo que puede tener graves consecuencias para ciertos grupos de personas.

A pesar de estos desafíos, existen medidas que se toman para minimizar los riesgos y aumentar la seguridad en el uso de la IA. 

En primer lugar, es importante asegurarse de que los sistemas de IA estén diseñados y desarrollados con seguridad en mente. Esto incluye la implementación de medidas de seguridad cibernética, como la autenticación de usuarios y la encriptación de datos, así como la realización de pruebas de seguridad exhaustivas antes de la realización de pruebas de seguridad exhaustivas antes de lanzar el sistema al público. Además, es importante monitorear constantemente los sistemas de IA y tomar medidas rápidas para corregir cualquier vulnerabilidad o problema de seguridad identificado».

En segundo lugar, es crucial garantizar la transparencia en el uso de la IA. Esto incluye explicar cómo se está utilizando la IA, cómo se están tomando decisiones y quién es responsable de ellas. La transparencia también ayuda a garantizar que los sistemas de IA sean responsables y éticos.”

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“¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?”

El pasado mes de noviembre de 2022 se recordará como una fecha importante en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Más de medio siglo después de que el matemático Alan Turing planteara la pregunta clave en el asunto: ¿pueden pensar las máquinas?, la compañía OpenAI lanza su aplicación ChatGPT, un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3.

De forma muy resumida, el sistema GPT-3 se basa en modelos de lenguaje autorregresivo elaborados mediante un entrenamiento con miles de textos que le permiten entender el contexto de una conversación y realizar funciones relacionadas con el lenguaje como puedan ser una traducción, la generación de texto nuevo o la elaboración de código de programación para web o app, entre otros. Actualmente, GPT-3 dispone de 12 capas y 175.000 millones de parámetros, aquellos valores o argumentos que sirven para que la IA defina progresivamente la salida que ofrecerá a los valores de entrada que hemos asignado, en otras palabras, 175.000 millones de criterios de decisión para elaborar una réplica coherente en el contexto de una conversación. La capacidad de desarrollo de estas aplicaciones es especialmente impactante si atendemos al hecho que la compañía ya trabaja en la versión mejorada, ChatGPT-4, un producto que multiplicaría por 600 el volumen de parámetros al servicio de la IA.

El texto íntegro que precede a este apartado ha sido elaborado por ChatGTP-3 tras una única petición: “Escribe un ensayo sobre los riesgos para la seguridad pública asociados al uso de las inteligencias artificiales”.

Resulta inútil intentar quedarse al margen. La inteligencia artificial ya está presente en motores de búsqueda, chats de apoyo en operaciones comerciales, traductores en línea o algoritmos que nos recomiendan qué película ver. Estamos, por lo tanto, en un punto de no retorno que requiere analizar las implicaciones éticas derivadas del uso de la tecnología. En este sentido, algunos profesionales del sector como Eliezer Yudkowskyllevan años proponiendo un modelo basado en la inteligencia artificial amigable (FAI) capaz de situar los valores humanos en un primer plano generando efectos positivos para la humanidad. Irónicamente, en los próximos años, al ser humano le tocará pensar.

Nuevos retos para la protección civil y la gestión de las emergencias

La protección civil es un instrumento de la seguridad pública que persigue la protección de las personas, bienes y medio ambiente ante catástrofes o situaciones de grave riesgo colectivo y emergencias.

El trabajo realizado por las administraciones públicas en materia de protección civil y gestión de las emergencias ha cobrado mucho protagonismo en los últimos tiempos. En buena medida, los efectos de la pandemia por SARS-CoV-2 y la crisis sanitaria derivada han sido el motivo principal de la intensificación del trabajo realizado por los/las profesionales del sector, pero no el único. 

Existe un consenso generalizado en la comunidad científica a la hora de reclamar una acción urgente para salvaguardar el medio ambiente. A raíz de esta situación, el pasado 2020 el Gobierno declaró la emergencia climática y ambiental comprometiéndose al desarrollo de 30 líneas de acción para hacerle frente. El calentamiento del sistema climático es inequívoco y la actividad humana, especialmente desde mediados del SXX, aparece como su causa principal provocando, entre otros muchos efectos, el incremento de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, una realidad fuertemente asociada a los servicios de emergencia ciudadana.

Horizonte 2035: la planificación preventiva

El incremento de episodios catastróficos en los últimos años ha constatado la necesidad de planificar modelos de respuesta eficaces en el campo de la protección civil y las emergencias derivadas del cambio climático. 

En este sentido, el pasado mes de octubre fue presentado el Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres Horizonte 2035. El documento, que cuenta con el acuerdo de representantes de todas las comunidades autónomas y de las administraciones locales, persigue ofrecer una respuesta eficaz a las crecientes emergencias derivadas del cambio climático, garantizando la seguridad integral de las personas y estableciendo el Sistema Nacional de Protección Civil como pilar esencial del Estado y como instrumento de cohesión social.

Horizonte 2035 supone una apuesta para el fortalecimiento de los órganos que configuran el Sistema Nacional de Protección Civil en todos los niveles territoriales estableciendo como eje central el impulso de la cultura preventiva. De este modo, se potencian las actuaciones previas a las emergencias, ya sea identificando y evaluando nuevos riesgos, como incrementando labores de vigilancia que permitan su inmediata detección, minimizando de esta manera el impacto sobre el territorio.

El nuevo plan, bajo la dirección de un Comité con representantes de todos los niveles territoriales, debe garantizar que las distintas administraciones disponen de la capacidad para responder a las emergencias en sus respectivos ámbitos competenciales ofreciendo una “dirección única de las emergencias de Protección Civil”.

PLASEQTA 2020: la gestión desde el territorio

Catalunya mantiene un importante tejido industrial buena parte del cual pertenece al sector químico, muy localizado en comarcas de la provincia de Tarragona. Las medidas de seguridad en materia de prevención del sector son muy exigentes, no obstante, el riesgo cero no existe, y cuando estas industrias se encuentran ubicadas cerca de núcleos de población, conviene diseñar un modelo de respuesta rápida y eficaz que minimice los daños que puedan generarse sobre la población.

EL Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona (PLASEQTA 2020) fue aprobado en el mes de marzo de 2020 por el Govern de la Generalitat i supone el retorno de la gestión de las emergencias químicas al territorio.

Trece años después de que el antiguo PLASEQTA se integrara en el PLASEQCAT, el plan de emergencias para el sector químico en Catalunya, el nuevo plan prevé la respuesta a una emergencia química originada en cualquier establecimiento industrial que manipule sustancias peligrosas en las siguientes comarcas: Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat y Tarragonès. De este modo, el documento supone la recuperación actualizada de un plan específico con entidad propia y autonomía plena para la división territorial de Tarragona, una zona de influencia formada por un total de 29 municipios con una población aproximada de 370.000 personas.

El PLASEQTA 2020 establece una clasificación de los sucesos en incidentes i accidentes graves. Estos últimos, a su vez, se clasifican en tres categorías dependiendo de sus posibles efectos sobre bienes materiales, personales o medioambientales.

Otra de las modificaciones respecto a la versión anterior a 2007 es la simplificación de los escenarios en lo relativo a la activación de las señales de emergencia. El anterior plan dependía en exceso de las informaciones facilitadas por la empresa afectada, por el contrario, el nuevo documento prevé la activación de la fase de emergencia ante cualquier evidencia contrastada de afectaciones, provengan estas de la empresa afectada, de los ayuntamientos o de los ciudadanos a través del teléfono de emergencias 112.

El confinamiento como medida de autoprotección

La explosión en enero de 2020 en las instalaciones de IQOXE (Industrias Químicas del Óxido de Etileno), empresa ubicada en el polígono industrial de La Canonja, en Tarragona, evidenció la necesidad de implementar instrumentos de participación de la ciudadanía con el objetivo de poner en práctica las acciones y las medidas de autoprotección que deben adoptarse en caso de accidente.

El pasado día 2 de noviembre se realizó el primer simulacro de confinamiento por riesgo químico en la zona de Tarragona. La hipótesis del accidente consistió en simular un escape de cloro en una empresa del polígono sur con un radio de afectación de tres kilómetros. 

El ejercicio, promovido por la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior, sirvió para concienciar a la población en el confinamiento como medida de autoprotección. En este tipo de accidentes, la evacuación de la población se considera una práctica demasiado peligrosa por los efectos nocivos que una sobreexposición puede tener sobre las personas. 

De este modo, en caso de accidente en una industria química, estas son las medidas de autoprotección recomendadas desde Protección civil:

  • Refúgiate en el edificio más cercano
  • Cierra bien puertas y ventanas
  • Cierra los aparatos de aire acondicionado
  • No vayas a buscar a los niños a la escuela
  • Sigue la información a través de los canales oficiales de comunicación (radio, televisión, twitter…)
  • No salgas hasta que lo comuniquen las autoridades o hasta que sientas la señal de fin de la alerta

Otras de las medidas previstas en el plan es la instalación de sensores que permitan alertar de la presencia de cloro en el ambiente en caso de accidente químico.

Información a la población

Los principales instrumentos de alerta a la población previstos en el plan son dos: activación de sirenas de riesgo químico y avisos de emergencia al teléfono móvil (Cell Broadcasting) a la población de la zona. En este sentido, el simulacro también permitió practicar el sistema de avisos y las medidas de control de accesos.

Las sirenas activadas durante el simulacro fueron un total de 20, situadas en los municipios de Tarragona, La Canonja, Vilaseca y Salou.

El sonido de alerta se activó a las 18:30 de la tarde. Durante 3 minutos en intervalos de 1 minuto separados por 5 segundos de silencio, la población de la zona escuchó las alarmas que avisan de riesgo químico e indican la orden de confinamiento general. Finalmente, se activó la alarma de fin de alerta que indica el fin de la orden de confinamiento, una señal continua de 30 segundos de duración.

El sistema Cell Broadcasting consiste en el envío inmediato de notificaciones emergentes a los móviles inteligentes que se encuentren en la zona donde se ha producido la emergencia. Por defecto, las versiones más actualizadas de Android y iOS tienen activada la recepción de este tipo de avisos, no obstante, desde Protección Civil, a través de la página web del Departament d’Interior, se publicó la información necesaria para configurar el teléfono y activar los avisos de emergencia dependiendo del fabricante.

Desde el FEPSU entendemos que la seguridad va más allá del simple mantenimiento del orden público. Nuestras sociedades coexisten en un mundo globalizado en el que los nuevos riesgos y amenazas poco entienden de fronteras y soberanías políticas. Garantizar un nivel óptimo de seguridad pasa por realizar diagnósticos integrales que incorporen medidas de protección de personas, bienes y medio ambiente.

Percepciones y actitudes de la ciudadanía: la legitimidad policial

Con más o menos frecuencia, a menudo después de acontecimientos que sacuden a la opinión pública, las autoridades políticas y los profesionales del sector retoman el debate sobre legitimidad policial, tratando de precisar en qué punto se encuentra la confianza que la ciudadanía brinda a sus cuerpos policiales.

A raíz del confinamiento y la posterior desescalada en las restricciones a la movilidad, crece la sensación de que la legitimidad de la policía ha disminuido en algunos sectores de la población, especialmente entre los más jóvenes. Episodios como el de la ciudad de Mataró en el que un grupo de jóvenes se enfrentó a los Mossos d’Esquadra en los accesos a una discoteca, o los vividos en Madrid con motivo de los macrobotellones celebrados durante las fiestas del Pilar, han vuelto a situar el tema en la agenda política.

Sindicatos vinculados a distintos cuerpos policiales han denunciado en diferentes medios el incremento de la violencia sufrida por sus agentes y el sentimiento de impunidad con qué algunos jóvenes protagonizan estas conductas. A estas denuncias hay que añadir los datos publicados por el Ministerio del Interior acreditando un aumento significativo de los delitos de resistencia y desobediencia contra agentes de policía.

En el caso de Catalunya, Mossos d’Esquadra registró durante 2020 un máximo histórico por infracciones administrativas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, relacionadas con la desobediencia y resistencia a la autoridad, una de las infracciones graves recogidas en su artículo 36.

Percepciones y actitudes de los jóvenes

La literatura especializada en percepciones y actitudes frente a la policía es muy abundante, especialmente en Estados Unidos. En el caso europeo también son numerosas las publicaciones, pero son menos los trabajos centrados en la relación entre jóvenes y policia, y a menudo, las conclusiones de los estudios norteamericanos deben trasladarse con cautela al entorno europeo por las diferencias existentes en factores de tipo demográfico y socioeconómico.

Con el objetivo de identificar esa tendencia negativa en las relaciones entre jóvenes y policía y conocer mejor cómo se construyen, la Fundació per a la Seguretat Pública ha liderado un Estudio sobre percepciones y actitudes de la juventud con relación a la policía en Catalunya, publicado el pasado mes de junio.

La legitimidad es una “propiedad psicológica” que se otorga a una autoridad o institución al reconocerla como “apropiada, correcta y justa”. El elemento fundamental para consolidar esa legitimidad es la confianza que, en el contexto de la autoridad legal, debe entenderse como la “expectativa que el ciudadano tiene sobre el comportamiento de un/a agente en condiciones de incertidumbre”.

Uno de los factores decisivos en el reconocimiento de esa legitimidad es la denominada “justicia procesal”, esto es, que los ciudadanos se sientan tratados con respeto, dignidad y neutralidad por los agentes. La experiencia indirecta, cuando el conocimiento de encuentros desagradables con la policía proviene de terceras personas, aunque en menor medida, también influiría en la construcción de esa legitimidad.

Estas dinámicas relacionales son bastante similares entre jóvenes y población adulta. Cuando el trato recibido se considera justo aumenta la legitimidad con qué se percibe a la institución, qué a su vez, incrementa el cumplimiento de la ley. No obstante, sí se observan algunas diferencias en lo relativo a la voluntad de cooperación por parte de los jóvenes. En su caso, el trato recibido por la policía sería más influyente en la predisposición a colaborar con la institución.

Junto a un examen exhaustivo de los estudios en la materia, el informe final presenta los resultados de una aproximación cuantitativa y otra cualitativa para el escenario catalán. En el primer caso, se realizan encuestas a un total de 825 jóvenes entre los 14 i los 30 años. En el segundo, se ha trabajado con distintos grupos de discusión y siguiendo la metodología del abordaje etnográfico espontáneo, un sistema de inmersión grupal en el entorno natural de la población estudiada.

Las conclusiones confirman la teoría de la “justicia procesal” para el caso de Catalunya. Los jóvenes muestran un nivel de satisfacción mayor en sus contactos directos con la policía, 6.77 sobre 10, cuando son tratados con respeto, dignidad y neutralidad. En aquellos casos en los que se ha detectado un abuso de poder o un uso excesivo de la fuerza, la media desciende a un 3.9. Igualmente, ese nivel de satisfacción tras un contacto directo correlaciona de forma positiva con la percepción de la legitimidad policial, del mismo modo que sucede con la variable “confianza en la policía”. Finalmente, los datos parecen confirmar que en aquellos casos en qué la legitimidad otorgada a la policía es mayor, aumenta la voluntad de cooperar con la institución e incrementa el cumplimiento de la ley.

Los botellones i macrobotellones como factor de riesgo

Los grupos de discusión celebrados durante el trabajo de campo sirvieron para evidenciar las muchas modalidades que pueden adoptar los botellones, reuniones de jóvenes que en cualquier caso siempre mantienen un factor común: el consumo de alcohol en espacios públicos.

Los propios jóvenes destacan aspectos positivos como la “diversión”, “estar entre amigos”, “los precios económicos en comparación con discotecas” o “la improvisación en comparación con el ocio que supone comprar entradas anticipadas”. Por otro lado, los aspectos negativos manifestados son “el riesgo de recibir una multa”, “el frio en invierno”, “la inseguridad” o “la falta de espacios para orinar”, entre otros.

Los participantes en los grupos manifiestan detectar un aumento de la violencia desde antes de la pandemia, siendo los jóvenes de entre 16 y 18 años los que muestran mayor afectación por esta realidad.

En este contexto, la policía se percibe como un “agente controlador y represivo”, especialmente en lo relativo a las sanciones de multa que, pese a considerarse baja, a menudo se acompaña de sanciones por otras infracciones.

De este modo, los botellones, más o menos masivos, generan espacios en los que la agresividad en el comportamiento de los jóvenes se intensifica por diferentes factores. Por un lado, las responsabilidades individuales se diluyen en el grupo provocando la impunidad de algunas de las personas que cometen hechos delictivos o inician enfrentamientos con la policía. Por otro, la ausencia de normativa concreta sobre macrobotellones con gran afluencia de participantes complica los operativos policiales.

Los estudios realizados hasta el momento parecen tener claro el mecanismo mediante el que se construye la legitimidad de los cuerpos de seguridad. En adelante, las administraciones tienen el reto de mantener en niveles altos la confianza en la policía, de lo contrario, el mantenimiento del orden público y la protección ciudadana podrían verse afectados.

Puede consultarse el informe completo aquí.

Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer

Como cada 25 de noviembre

Como cada año desde el 2000, el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. La efeméride persigue fomentar la ejecución de políticas públicas para la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, así como generar conciencia sobre las diferentes formas en qué esta se manifiesta.

La fecha, 25 de noviembre, fue elegida para conmemorar los asesinatos de las hermanas Mirabal, activistas contra el régimen de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. En 1999, la reivindicación y el recuerdo de los trágicos sucesos es asumida por la Asamblea General de Naciones Unidas que, mediante una de sus resoluciones, interpela a los gobiernos y organizaciones internacionales para la presentación de iniciativas que permitan avanzar en el terreno de la sensibilización, la prevención, la detección y penalización de este tipo de actuaciones.

La implicación de nuestros socios

Desde el FEPSU nos sumamos a esos objetivos trabajando en la difusión de todos aquellos proyectos e iniciativas que nuestros socios elaboran con la finalidad de visibilizar y hacer frente al problema.

Santa Coloma Red Violeta y Artemis han sido dos de las iniciativas más interesantes presentadas durante este 2022.

Mediante la primera, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha conseguido crear una red de espacios seguros y de referencia a los que las personas puedan dirigirse ante una posible agresión sexista o LGTBIfóbica. Desde esta red de espacios seguros, siempre que sea necesario, se pueda activar el Protocolo para un Espacio Público, de Ocio y Festivo Libre de Violencias machistas y LGTBIfóbicas, protocolo de actuación y coordinación profesional de la ciudad.

En el segundo caso, con la finalidad de facilitar y promover la denuncia por parte de las víctimas de violencia de género, el Ayuntamiento de Dénia decidió crear una falsa revista “femenina” donde se escondían números de teléfono de atención a víctimas, consejos para formalizar las denuncias y tips para poder identificar y prevenir estas agresiones. El proyecto Artemis se consolidó como una iniciativa eficaz demostrando que, a menudo, innovación y originalidad son herramientas fundamentales en el diseño de políticas públicas.

Las violencias sexuales en los entornos de ocio

La violencia ejercida contra la mujer puede manifestarse de distintas formas. La Dirección General de Administración de Seguridad del Departamento de Interior elaboró en 2020 un estudio sobre violencias sexuales en Catalunya. Enmarcado en la Encuesta de violencias machistas en Catalunya, de periodicidad quinquenal, el proyecto persigue centrarse en las violencias sexuales con la finalidad de ampliar y profundizar en esta tipología.

Según los datos presentados, el 24,2% de las mujeres encuestadas sufrió algún tipo de violencia sexual durante 2019, eliminando “los comentarios o gestos de carácter sexual”, el 17%. En relación con los autores de las agresiones, en el 63,4% de los casos se trataba de una persona conocida, y entre estas, el 17,9% de las veces fue la pareja o expareja de la víctima quien realizó la agresión.

Es especialmente relevante conocer en qué lugares se producen estas agresiones, y en ese sentido, un 33,4% de las violencias sexuales suceden en el espacio público, representando los entornos de ocio (bares y discotecas) un 11,5% de los casos.

Datos como los ofrecidos por este estudio han llevado al Departamento de Interior junto con el Departamento de Igualdad y Feminismos a desplegar un Plan de prevención de las violencias sexuales en entornos de ocio. A la vez, desde el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Mesa Ciudadana de Barcelona para una noche cívica y segura, se ha elaborado un plan de acción para trabajar en favor de un abordaje integral del fenómeno del ocio y las actividades nocturnas en la ciudad.

Uno de los ámbitos de actuación más interesantes del plan es la coordinación entre los agentes implicados en la prevención y el mantenimiento de la seguridad, tanto en los espacios públicos como en los establecimientos privados. Junto a estos esfuerzos de coordinación, el plan de acción de la Mesa Ciudadana propone la creación de más Puntos Lilas y el desarrollo y consolidación de itinerarios seguros para reforzar la seguridad en los trayectos desde las paradas de transporte público hacia las zonas de ocio.

Desde el FEPSU trabajamos para dar a conocer los proyectos desarrollados en materia de seguridad y prevención. A través de nuestros socios, participamos del compromiso de avanzar en la erradicación de la violencia de género. Hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, recordamos algunas de las iniciativas que durante todos los días del año contribuyen a construir sociedades más justas, seguras e igualitarias para las mujeres.

El FEPSU ha celebrado su conferencia anual sobre seguridad y convivencia

El FEPSU promueve difusión de experiencias, proyectos y políticas públicas entre las ciudades miembro. Por ello, los días 14 y 15 de noviembre se realizará la conferencia anual del FEPSU en el Centro Integral de Formación en Seguridad y Emergencias de Madrid bajo el lema «Retos para una sociedad con una convivencia pacífica y segura».

Se trata de un congreso en el que los distintos miembros del Fórum presentarán los proyectos que recientemente han realizado en materias de seguridad y convivencia y se debatirá con expertos de la academia la gestión de los problemas derivados de los conflictos en el espacio público. 

Se tratarán temas como la convivencia en el espacio público, con ponencias sobre ocio nocturno y mediación; la convivencia en el espacio comunitario, donde se van a tratar problemáticas en vecindarios, ocupaciones, prevención de la discriminación y maltrato animal; herramientas de respuesta a los retos de convivencia mediante la tecnología y diseño ambiental; y el liderazgo de organizaciones de seguridad.

Este intercambio de experiencias entre ciudades permite mejorar la capacidad de gestión de los distintos problemas de convivencia tomando en consideración fórmulas y experiencias que han funcionado en las ciudades vecinas, a la vez que se contribuye a la generación de conocimiento entre los miembros para la gestión de conflictos.

Programa de la conferencia

9:30 horas. Inauguración Conferencia

  • Pablo Enrique Rodríguez Pérez, director general de la Policía Municipal de Madrid.

9:50 horas. Bienvenida Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.

  • Angels Vila Muntal, secretaria ejecutiva del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.

10:00 horas. Ponencia inaugural: Turistificación y los retos de la seguridad.

  • Juanjo Medina Ariza, Investigador Distinguido del Programa Talentia Senior de la Junta de Andalucía en la Universidad de Sevilla, Catedrático Honorario de Investigación de la Universidad de Manchester y Colaborador Externo del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona.

10:30 horas. Primer bloque: Convivencia en el espacio público.

  • Presentación y moderador: Xavier Pastor, experto en gestión de conflictos y mediador, director del posgrado de Resolución de Conflictos Públicos y Mediación Comunitaria de la Universidad de Girona.
  • Proyecto Noche Cívica y Segura en Barcelona. Maite Casado Cadarso, Gerente de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona.
  • Compatibilidad de usos del espacio público: Red conciliadores comunitarios. Oscar Negredo Carrillo, coordinador del Servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat.

11:30 horas. Pausa café

12:15 horas. Segundo bloque. Convivencia en el espacio comunitario.

  • Presentación y moderador: Javier Guy Scotto di Tella Manresa, 4º teniente de alcalde y concejal delegado en materia de Protección Ciudadana y con delegación especial en materia de Igualdad y Diversidad y Sanidad Pública. Alcalde de la EATIM de Jesús Pobre. Vicepresidencia Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.
  • Comunidades de aprendizaje prevención discriminación: proyecto europeo CLARA. Intendente Marta Fernández Ulloa, responsable de la Comisaría de Policía Judicial y jefa de la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, Menor y Mayor de la Policía Municipal de Madrid.
  • Protocolo Policial de Protección Animal de Terrassa. Intendente Antoni Flores, Jefe de la Policía Local de Terrassa.
  • Intervención en comunidades de vecinos de alta complejidad. Francesc Garrote, Sección de Prevención, Convivencia y Civismo del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat.

13:15 horas. Monográfico: gestión de las ocupaciones con impacto negativo

en la convivencia.

  • Presentación y moderador: Àngels Vila Muntal, secretaria ejecutiva del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.
  • Contextualización del marco legal. Carlos Rodríguez, Fiscal Decano de Madrid.
  • Modelo de gestión de las ocupaciones de Santa Coloma de Gramenet. Iván Nogales, sargento de la Unidad de Soporte e Intervención Rápida de la policía local de Santa Coloma de Gramenet.
  • Modelo de gestión de las ocupaciones de la ciudad de Madrid, Intendente Jesús María García Cortijo, jefe de la Unidad de Coordinación Judicial de la Policía Municipal de Madrid

14:15 a 16:00 horas. Pausa almuerzo.

16:00 a 18:00 horas. Monográfico de drones.

Presentación de la Sección de Apoyo Aéreo: orígenes, funciones y trabajos que realiza, coordinación con otras entidades, tecnologías utilizadas y exposición de medios y demostración práctica.

  • Sesión a cargo del Inspector Esteban Alonso Tejedor, jefe de la Unidad Técnica de Seguridad de la Policía Municipal de Madrid.

Segunda sesión: 15 de noviembre de 2022.

9:30 horas. Bienvenida Fórum Europeo de Prevención y Seguridad Urbana

  • Àngels Vila, secretaria ejecutiva del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.
  • Pablo Enrique Rodríguez Pérez, director general de la Policía Municipal de Madrid.

10:00 horas. Primer bloque. Herramientas para dar respuesta a los retos de

convivencia.

  • Presentación y moderador: Fernando Miró-Llinares, catedrático Derecho Penal, Universidad Miguel Hernández (Alicante).
  • Aplicaciones tecnológicas de relación con la ciudadanía: App M7 Citizen Security. José Antonio Gallego Soto, CEO de M7 Citizen Security y Rubén García, Subinspector Jefe de la Guardia Urbana de Cornellà.
  • Metodologías CPTED, prevención del delito a través del diseño. Laura Vozmediano, profesora agregada del departamento de Psicología Social de la Universidad del País Vasco y miembro del grupo de investigación Crim-Ap.
  • Análisis y gestión de la percepción de inseguridad como herramienta para la mejora de la convivencia. Toni Vegas, coordinador de Administración y Servicios Transversales del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña.

11:15 a 12:00 horas. Pausa café.

12:00 horas. Liderazgo en las organizaciones de seguridad.

  • Presentación y moderadora: Elena Gonzalez Diez, consejera técnica de la Dirección General de la Policía de Madrid, experta en temas de liderazgo en las organizaciones policiales.
  • Pedro Velázquez, intendente mayor jefe de la Guardia Urbana de Barcelona.
  • Luis Rodrigo Fernández Pinedo Quirós, inspector jefe de la Policía de Boadilla del Monte.

12:45 Cierre de la Conferencia

  • Oskar de Santos Tapia, comisario general de la Policía Municipal de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, ciudad que ostenta la Presidencia del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.
  • Inmaculada Sanz Otero, delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, Presidencia del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana.

Presentaciones de la conferencia


Barcelona: Nit Segura i Cívica

Proyecto elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona para contribuir a la seguridad de la ciudad nocturna.


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Terrassa: Protocolo Normalizado de Trabajo de Protección Animal

PNT elaborado por la Policía Local de Terrassa para actuar ante situaciones de maltrato animal.


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Generalitat de Catalunya – Departament d’Interior: la percepción de inseguridad en las encuestas de victimización

Resultados en la encuesta de victimización y percepción de inseguridad y presentación del proyecto europeo «Cutting Crime Impact».


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L’Hospitalet de Llobregat: mediaciones comunitarias

Proyecto elaborado por el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat basado en la mediación comunitaria y la red de conciliadores comunitarios. 


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Apuesta por la prevención a través del diseño

El Ayuntamiento de Terrassa se ha adherido a la Asociación catalana para la prevención de la inseguridad a través del diseño ambiental (ACPIDA), una apuesta clara del municipio con el objetivo de promover una visión integral de la seguridad y de las políticas dirigidas a su prevención y mantenimiento, utilizando el diseño urbanístico como herramienta clave de estas. En FEPSU te explicamos los motivos por los que esta ciudad, socia de nuestra red, se ha comprometido con esta estrategia de prevención, en auge en los últimos años en distintas localidades europeas. 

Búsqueda de la transversalidad

En la actualidad, existen varios estudios que evidencian que el entorno urbano es uno de los factores que condiciona la seguridad y que demuestran que la prevención del delito y la inseguridad se tiene que abordar de manera transversal, no solo con acción policial sino de también a través del diseño ambiental.

En este sentido, la teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad de Terrassa, Lluïsa Melgares, explica que “hay que trabajar la seguridad desde otras perspectivas, no solo la policial, por eso es una buena noticia la adhesión a esta asociación, que tiene la finalidad de difundir e impulsar la prevención del delito y la inseguridad a través del diseño ambiental”.

ACPIDA también tiene la finalidad de hacer seguimiento e implantación de los estándares internacionales en la materia y promover una nueva forma de concebir el diseño urbanístico, incorporando la interdisciplinariedad, para entender el espacio y el factor comunitario, y promover la integración de la diversidad en el diseño urbanístico, especialmente la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad. 

Una visión que se aplicará en el trabajo preventivo de la Unidad de Policía de Barrio de la Policía Municipal de Terrassa, con la voluntad de detectar, en colaboración con la ciudadanía, aquellas deficiencias o espacios que favorezcan la aparición de infracciones.

Trayectoría en seguridad urbana

Hay que destacar que el Ayuntamiento de Terrassa tiene una larga trayectoria y compromiso en la mejora de la seguridad desde la perspectiva urbana. Un ejemplo es su adhesión al FEPSU, donde reunimos a distintas autoridades locales y regionales con la meta de defender y promover las políticas públicas y de prevención. Desde la red buscamos, además, asumir y difundir los planteamientos y metodologías de la Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental.

En este sentido, celebramos que se haya puesto en marcha en Catalunya la ACPIDA, como espacio estructurado para la difusión de los principios y las metodologías de esta metodología de prevención a través del diseño, así como para la preparación de los actores sociales que lo deben poner en práctica. La ACPIDA, además, se constituye como capítulo de la Asociación Internacional para la Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental (CPTED) en Catalunya.

Una metodología contrastada

La prevención a través del diseño ambiental es una metodología de éxito contrastado, que se promueve e implementa desde hace muchos años en distintas localidades de Europa y el resto del mundo. En FEPSU hemos abordado en diversas ocasiones los beneficios de esta estrategia, por ejemplo a través de las aportaciones del proyecto PACTESUR para poder planificar mejor las medidas de seguridad física que se deben implementar en las ciudades para reducir la percepción de inseguridad por parte de la población. 

Además, también hemos resaltado cómo se ha ido avanzando hacia la estandarización del modelo de prevención del delito a través del diseño ambiental, como lo demuestra la aprobación del certificado ISO 22341, que estandariza a nivel mundial los elementos, estrategias y procesos básicos para prevenir y reducir la delincuencia y el miedo a la delincuencia en un entorno nuevo o previamente existente. 

Finalmente, recordamos que en la base del modelo de la CPTED se encuentra la constancia de que los espacios públicos pueden ser, al mismo tiempo, espacios para promover la cohesión social, así como lugares para acentuar la marginación y la exclusión de una parte de la población. Por este motivo, es importante que cada vez más localidades apliquen estas estrategias para mantener la seguridad urbana y conseguir una mejor prevención del delito. 

Foto por Ayuntamiento de Terrassa
Foto por Ayuntamiento de Terrassa

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Diseñar ciudades seguras e inclusivas

Los espacios públicos están en el corazón de cualquier ciudad: pueden ser al mismo tiempo un vehículo para la cohesión social, como pueden también acentuar la marginación y la exclusión de una parte de la población. ¿Cómo pueden las ciudades diseñar y gestionar espacios públicos más seguros e inclusivos? Esta es la pregunta a la que intentaron responder una serie de expertos durante uno de los talleres que se celebraron en la conferencia internacional de Efus, Seguridad, Democracia y Ciudades. En FEPSU te compartimos algunas de sus principales conclusiones. 

Integrar la seguridad en el diseño

El taller dedicado al diseño y la planificación urbana de ciudades más seguras e inclusivas, que se celebró el 21 de octubre en el marco de la conferencia internacional de Efus, estuvo moderado por el fundador del instituto de investigación DSP-Groep (Países Bajos), Paul van Soomeren, y la mesa de debate estuvo presidida por el concejal en materia de Obras Públicas, Centro Histórico y Legalidad de la ciudad de Módena (Italia), Andrea Bosi. 

En el debate participaron los siguientes expertos y expertas en planificación urbana y seguridad: Laetitia Wolff, consultora de estrategia de design impact y profesora de The Sustainable Design School (SDS) en Niza (Francia); Ana Verónica Neves, socióloga y experta en prevención del delito para la Policía Municipal de Lisboa (Portugal); y Umberto Nicolini, director de la organización italiana Laboratorio Qualità Urbana E Sicurezza (LabQUS) y presidente de la iniciativa EU Cost Action TU1203.

Una de las principales conclusiones surgidas a partir del debate es que se deben incorporar características de seguridad en la planificación, el diseño y la gestión urbana. Para ello, el diseño de espacios públicos seguros necesita un enfoque colectivo y una reflexión a largo plazo sobre los aspectos arquitectónicos, pero también sobre los sociales. La arquitectura y el diseño influyen en el comportamiento cotidiano de los ciudadanos, sus relaciones interpersonales y en la percepción general de inseguridad.

En este sentido, los participantes en el debate resaltan el diseño y la planificación de la embajada de Estados Unidos en Londres como un buen ejemplo de integración entre aspectos arquitectónicos, sociales y de seguridad. La embajada fue diseñada como una fortaleza medieval visualmente agradable y muy bien integrada en el paisaje abierto y público. Es un ejemplo perfecto de seguridad sólida combinada con características de seguridad ocultas. Un muro bajo, por ejemplo, proporciona asientos y funciona como un dispositivo anti-choque, mientras que un seto, típico de los parques ingleses, oculta los bolardos.

Participación de los diseñadores

Los diseñadores de espacios públicos deben participar en las etapas iniciales de la planificación urbana para incluir aspectos relacionados con la seguridad si se quiere tener éxito. Para ello, una de las claves es mejorar la formación específica de planificadores, diseñadores y arquitectos en materia de seguridad, ya que muchas veces no tienen en cuenta estas cuestiones a la hora de planificar las ciudades. 

En los últimos años, la prevención del delito a través del diseño ambiental se ha extendido en las ciudades europeas como una forma de hacer más seguras las zonas de alto riesgo. Sin embargo, en el diseño de espacios públicos seguros también se deben considerar otros factores limitantes, como el turismo, en un espíritu de co-creación. Este proceso sigue siendo inusual y no es la corriente principal. Una opción para extender su uso es atribuir otras funciones a los equipos de seguridad y mezclar los diferentes usos del diseño urbano.

Enfoques integrales 

No obstante, el diseño del espacio público es una herramienta que no es suficiente por sí sola. En el proceso de diseño de un entorno seguro e inclusivo, se deben tener en cuenta todas las demandas y necesidades del conjunto de la ciudadanía. En este sentido, se vuelve necesario adoptar un enfoque integral y colectivo de los espacios públicos, pues la planificación urbana por sí sola no fomenta la cohesión social.

Para ello, es fundamental involucrar a la ciudadanía y las comunidades en los proyectos de planificación urbana desde sus primeras etapas de concepción. Es a partir de esto que es posible generar un sentimiento de pertenencia y propiedad en la ciudadanía, que pueda provocar una sensación de protección mutua frente a las vulnerabilidades y promover la cohesión social. La inclusión de la ciudadanía también abre nuevos caminos para definir los problemas y fundamentar el proyecto en un diagnóstico claro.

Como ejemplo de éxito en la humanización del diseño urbano a través de la participación de la ciudadanía, los participantes en el debate resaltan la remodelación de la comisaría de la policía local en el Precinto 71 de Brownsville en Nueva York (Estados Unidos). En su origen, el edificio fue diseñado para disuadir la entrada a los ciudadanos. Sin embargo, los resultados fueron pobres y consiguieron que se estableciera un mal ambiente. Para cambiarlo, se puso en marcha una labor de humanización y apropiación ciudadana: se instalaron cajeros automáticos, se limpiaron cristales y se llevaron a cabo otras reformas, con el fin de promover una mejor relación entre la policía y la ciudadanía.

En este sentido, el principal objetivo de la planificación urbana debe ser que los espacios públicos sigan siendo públicos, sobre la base de un enfoque humano y basado en la colaboración entre iguales. El diseño y la planificación urbana es importante, pues reduce los comportamientos no deseados en los espacios públicos y puede centrarse en numerosas amenazas, como el terrorismo, así como aplicarse a muchos contextos diversos, desde escuelas, hospitales, espacios públicos, barrios residenciales y más. 

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones la importancia de diseñar y planificar ciudades teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados con la seguridad. Por ejemplo, hemos explicado en qué consiste la prevención del delito a través del diseño ambiental, una perspectiva de abordaje de la seguridad que ha ido ganando terreno a nivel institucional en los últimos años. También hemos compartido las conclusiones del proyecto PACTESUR respecto a cómo diseñar infraestructuras de seguridad para proteger espacios públicos, especialmente aquellos de interés turístico, sin que esto dañe el paisaje urbano. 

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Ciudades y justicia restaurativa

Los ‘procesos restaurativos’ permiten prevenir actos de violencia y resolver conflictos de manera amistosa. Los recursos de mediación interpersonal (familiar, vecinal, dentro de las estructuras educativas) son conocidos y desarrollados en la mayoría de los territorios. La justicia restaurativa permite trabajar a nivel social y dentro de la propia comunidad. Además, nos permite enfrentar los conflictos de una manera que va más allá del nivel interpersonal. ¿Cuál es la importancia del papel de las ciudades en el desarrollo de la justicia restaurativa? En FEPSU te compartimos algunas de las reflexiones elaboradas por Efus sobre el tema.

Apostar por la restauración

El día 21 de octubre de 2021, diversos expertos y expertas en justicia restaurativa, así como representantes de instituciones municipales, se reunieron durante la conferencia internacional de Efus, Seguridad, Democracia y Ciudades, para evaluar las necesidades de las ciudades europeas de apostar por los procesos restaurativos para abordar la prevención de la violencia y del conflicto social. 

El debate estuvo moderado por la vicepresidenta de la Metrópoli de Toulouse, Julie Escudier. En él participaron también la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IRS), Cristina Vasilescu; el presidente del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, Tim Chapman; el profesor emérito de criminología de la Universidad de Lovaina (Bélgica), Ivo Aertsen; y el encargado de programas y cualificación de la junta ejectuva del forumZFD de Alemania, Alexander Mauz. 

La primera idea que se abordó en el debate fue la importancia de apoyar la implementación de medidas locales e integrarlas en la gobernanza de la seguridad local, junto con socios públicos y privados (sistema de justicia, policía, asociaciones, ONG, servicios municipales, representantes electos, empleadores, escuelas, etc.). 

Para que estas medidas sean más efectivas y legítimas, los participantes en el taller coincidieron en la necesidad de involucrar a la ciudadanía, tanto a los directamente involucrados en un conflicto como a la comunidad en general. “Las desigualdades sociales y económicas alimentan el resentimiento. Es fundamental que las políticas locales fortalezcan la inclusión social y la igualdad”, señaló Julie Escuder. 

Comunidad y cuidados

Las intervenciones restaurativas a nivel comunitario intentan involucrar también a la comunidad en general, además de las partes directas de un conflicto, y hacerla más responsable del cuidado de la comunidad. Además, la participación de la ciudadanía en tales prácticas debe considerarse como un valor en sí mismo en las sociedades democráticas (ya que puede fortalecer la “ciudadanía”). “Las comunidades deben garantizar la paz, antes de centrarse en los tribunales”, aseguró Tim Chapman. 

El primer objetivo de la justicia restaurativa es no virar hacia la represión (que no siempre es concebible), sino generar conexiones, actividades comunitarias y un diálogo respetuoso entre los actores involucrados en un conflicto.

El proceso de comprensión y tratamiento de los conflictos puede ser largo. Es fundamental que las autoridades locales sean conscientes de que pueden desempeñar un papel integral en estas dificultades. En consecuencia, su participación en el proceso debe ser fuerte y deben ser un modelo de transparencia y comunicación.

Involucrar a la ciudadanía

Para involucrar a los ciudadanos, ciertos miembros de la comunidad local (por ejemplo, personalidades reconocidas como dignas de confianza por la propia comunidad) podrían ser identificados y convertirse en “portavoces” de la justicia restaurativa. La construcción de la justicia restaurativa debe pasar por la autoridad de grupos en situación de igualdad para ganar legitimidad y aceptación.

Las tensiones sociales (por ejemplo, causadas por cambios sociales) y los conflictos deben tratarse de manera proactiva, por ejemplo, a través del asesoramiento local sobre conflictos. Este enfoque implica ayudar a las personas que toman decisiones y que diseñan las políticas locales para que avancen en el desarrollo de una gestión de conflictos constructiva e inclusiva a través de la combinación de herramientas como el asesoramiento sistémico, así como instrumentos de gestión de conflictos y transformación de conflictos.

Buenas prácticas

En Irlanda del Norte, por ejemplo, los ex delincuentes han implementado proyectos de justicia restaurativa a través de informar y educar a su comunidad, así como mediante el trabajo en estrecha colaboración con la policía y la población. Para empezar, eran muy impopulares, ya que las fuerzas del orden siempre fueron vistas como «el enemigo». No obstante, cabe señalar que, para que la acción sea creíble, es imprescindible que sea llevada a cabo por las personas que estuvieron en el centro de los conflictos. 

Otro ejemplo de buenas prácticas es la acción orientada a la justicia restaurativa que se llevó a cabo en Ámsterdam entre 2002 y 2003, tras la muerte de un popular director de cine que fue asesinado a golpes. El programa permitió una recaudación de fondos y la implementación de acciones, pero, lamentablemente, no se ha sostenido en el tiempo.

En FEPSU hemos abordado en distintas ocasiones la necesidad de las ciudades europeas de apostar por la justicia restaurativa para la prevención del delito y la garantía de la seguridad urbana. Por ejemplo, compartimos una entrevista realizada por Efus al presidente del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, Tim Chapman; en el cual abordaba la importancia que ha tenido la justicia restaurativa para resolver y tratar la polarización social en Irlanda del Norte. Además, también hemos explicado cuáles son las herramientas y prácticas clave para poder abordar la polarización en las ciudades, como el fomento de la participación de la ciudadanía y las medidas estructurales para hacer frente a la desigualdad.

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